Personería de Bogotá, D.C.

Una niña de 8 años, padeció un martirio inmisericorde. Ni siquiera la orden de un Juez, fue suficiente para que se le brindara la atención que requería.

El 14 de abril de 2010 Ángela Milena Mojica recibió una llamada a las siete de la mañana de una funcionaria de la Nueva EPS: “Mañana vamos a enviar a un médico domiciliario para que atienda a su hija; queremos coordinar la hora en que lo pueden recibir”. La comunicación, en condiciones normales, sería muy bien recibida por cualquier usuario de una EPS, pero la niña, beneficiaria del servicio, había muerto el día anterior esperando una asistencia integral ordenada hacía cinco meses por los especialistas y por un juez de tutela.

Angie Julieth Rojas Mojica nació sin ninguna dificultad de salud, el 24 de mayo de 2001. No obstante, a los 18 meses la niña empezó a tener problemas de equilibrio. “Cuando gateaba se iba de medio lado”, explica su madre Ángela Milena. Unas semanas después se detectó una desviación en los ojos y meses más tarde permanentes llantos y prematuro desarrollo mamario alertaron a su familia.

Al principio un médico expresó que no había nada anormal, pero una bronquiolitis reveló que podría tener algo más. Se pensaba en un tumor cerebral que estaría causando un proceso degenerativo o que la niña estaría padeciendo algún tipo de epilepsia. Sin embargo, los exámenes no determinaron el origen del problema.

A los cuatro años, el sistema nervioso central y el cerebro de la niña empezaron a ser directamente afectados. Luego hubo una degeneración muscular, perdió el control de esfínteres y en los últimos meses se presentó un deterioro de su columna. Ni el Instituto de Seguro Social (ISS) con sus equipos, ni una médica particular, que de su bolsillo pagó complejos exámenes, pudieron diagnosticar el tipo de enfermedad. La menor no podía caminar ni valerse por sí misma.

Sin costo, por tratarse de una menor de edad y tener una enfermedad catastrófica, el Seguro Social la atendió y le brindó, entre otras, las terapias físicas, ocupacional y del lenguaje para detener su deterioro, dice su familia. Con el cierre del ISS, el caso pasó a la Nueva EPS. Las cosas cambiaron y las terapias desaparecieron.

La atención se fue desmejorando a la par con el deterioro en la salud de la niña. La menor, ahora de ocho años de edad, tenía una leucoencefalopatía multifocal progresiva y los medicamentos no genéricos ordenados por los especialistas no fueron entregados, ni otros elementos como pañales.

Ante la situación, la madre de la menor acudió al módulo de la Personería de Bogotá ubicado en el Supercade de Suba. Los funcionarios del ente de control le redactaron una acción de tutela. El Juez Veinticinco Laboral del Circuito, en octubre de 2009, ordenó entregar en 48 horas los medicamentos, pañales y brindar una atención integral. Los insumos empezaron a ser entregados.

La falta de terapias física y respiratoria suspendidas durante casi dos años por la Nueva EPS ocasionó que la niña perdiera su capacidad de consumir alimentos, deglución, y dificultó su estado pulmonar. Pese a que la madre de la menor en noviembre entregó la orden para las terapias, éstas no se realizaron. El estado de la niña no permitió moverla de su casa. Luego, ordenaron la atención domiciliaria que no concedió la EPS.

Una complicación respiratoria, en enero de 2010, la llevó al Hospital San José. De allí salió con oxígeno. Quince días después se llenó de flemas y sufrió una especie de paro respiratorio. En el Hospital San Ignacio la estabilizaron y tuvieron que colocarle una sonda gástrica para suministrarle los alimentos.

Los galenos solicitaron que la menor fuera beneficiaria del programa de asistencia domiciliaria “Cuidarte”, que incluye la visita de un médico, control de hipertensión, oximetría, control general diario y cambio de sonda gástrica. Esto complementaría las terapias ya prescritas. Sin embargo, ni siquiera con un desacato fue brindada la atención domiciliaria, por eso la Personería solicitó a la Superintendencia de Salud que investigue la actuación de la Nueva EPS.

El 13 de abril, en su casa, murió la menor a sus ocho años de edad esperando la atención domiciliaria. Como no falleció en ningún centro hospitalario, nadie se comprometía a dar el acta de defunción. Ángela Milena se comunicó con la Nueva EPS para ese trámite, y allí, pese a que ni siquiera tenía asignada la atención domiciliaria le contestaron: “dígale al médico domiciliario que le dé el acta de defunción”.


Aumentan desacatos

Ante el incumplimiento de las EPS (régimen contributivo y subsidiado) de los fallos de tutelas, la Personería Distrital tuvo que elaborar 1.001 incidentes de desacato en 2009. De acuerdo con la Delegada para Asuntos Jurisdiccionales, la inobservancia de las sentencias de los jueces de tutela se incrementó en el último trimestre del año pasado, luego de la declaratoria de emergencia social para enfrentar la crisis de la salud.