Viernes 24 de Octubre 2014
“Se volvió normal la burla e impunidad en pensiones”: Personero

Después de las quejas por la deficiente atención en salud, la segunda causa de solicitudes  de orientación y asistencia jurídica de los ciudadanos ante la Personería de Bogotá es el reconocimiento de pensiones por vejez e invalidez.
Ante la avalancha de solicitudes al ente de control en ese sentido, más de mil en los últimos meses, el personero distrital, Ricardo María Cañón, denunció que hay más de 500 mil ciudadanos a los cuales ni con órdenes de los jueces se les está respetando el derecho a la seguridad social.
“Registro con alarma que a cientos de miles de personas les está siendo vulnerando su derecho a la Seguridad Social, de garantía constitucional irrenunciable, situación que es aún más grave cuando se trata de sujetos que, también por disposición constitucional, requieren especial protección, como en los casos de las personas con discapacidad o con alguna enfermedad grave”, dijo el Personero.
Cañón reveló que el 95% de las acciones de tutela que elabora la Personería por pensiones, se interpone contra Colpensiones, entidad que, además, de manera recurrente e impune incumple las decisiones judiciales, lo que hace que el ciudadano deba acudir nuevamente ante la Personería para ser asistido en el trámite del incidente de desacato. El restante 5% de los requerimientos ciudadanos, se dirige contra otros Fondos.  
Ante la situación, el Personero Distrital, en carta al Presidente de Colpensiones, reclamó medidas inmediatas de intervención para hacer efectivo el reconocimiento y el pago de pensiones de vejez e invalidez de más de 260 mil ciudadanos, afiliados allí, cuyas peticiones no han sido atendidas.
El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana, como lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
“Resulta intolerable que como país nos estemos acostumbrando y veamos como normal que cientos de miles de personas sean sometidas al vejamen de sus derechos humanos, bajo el pretexto de las pretensiones tecnocráticas de soluciones óptimas de estrategias, metodologías, controles, validaciones y planes de trabajo que no han funcionado, cuando lo que se requiere son decisiones inmediatas que garanticen el respeto a la dignidad de las personas”, señaló el Personero.
Al ente de control acuden cientos de personas para solicitar la elaboración de demandas por vía de tutela, que buscan la efectividad de los derechos fundamentales a la Seguridad Social, el Mínimo Vital, la Dignidad Humana, el Derecho de Petición y al Debido Proceso, en casos de retardos ultrajantes y negativas injustificadas, en procedimientos de solicitud de reconocimiento y pago de pensiones de vejez e invalidez.
De acuerdo con las cifras, están pendientes más de 260 mil solicitudes de prestaciones económicas provenientes del antiguo ISS, sin contar con 240 mil de otros fondos, datos que sumados, superan la población de una ciudad intermedia, lo que evidencia una situación intolerable de vulneración a los derechos humanos en Colombia.
 
Bogotá, D.C., mayo 31 de 2012

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