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Creado: Viernes, 25 Septiembre 2015 07:10

Acción Popular de la Personería en contra de uso indebido de predios destinados a la ALO

Fachada Personería 24 Horas Fachada Personería 24 Horas
  • Los predios adquiridos para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) mediante enajenación voluntaria directa  o de la expropiación propiamente dicha solamente se pueden destinar para este fin.
  • Dichos terrenos no pueden ser objeto de construcción de jardines infantiles o arrendarse para patios de vehículos, toda vez que, si se propone un proyecto de uso de parqueaderos, se incumpliría la obligación prevista en el artículo 33 de la Ley 9 de 1989 de aplicar el inmueble para el fin que fue adquirido.
  • Para la Personería de Bogotá es inoportuno y, si se quiere, de mala fe que faltando escasas semanas para finalizar el periodo de la actual Administración Distrital se quiera comprometer los predios donde se proyecta la construcción de la ALO, con la única finalidad de impedir su materialización simplemente porque no hacen parte de su plan de Gobierno. 
  • Este ente de control pide, como medida cautelar, se deje sin efectos de manera INMEDIATA los procesos precontractuales, contractuales y administrativos, donde se planee, permita u ordene por parte de las entidades demandadas, construir o realizar una obra o proyecto en los predios y trazados donde está prevista la construcción de la ALO.

 La Personería Distrital presentó una Acción Popular en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad y el Ministerio de Transporte, para que, a través de  medida cautelar, se dejen sin efectos de manera INMEDIATA los procesos precontractuales, contractuales y administrativos en los cuales se planee, permita u ordene por parte de las entidades demandadas, construir o realizar una obra o proyecto en los predios y trazados donde está prevista la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) ya que amenaza y vulnera de los derechos e intereses colectivos.

En la acción constitucional se solicita, como medida preventiva, que sea urgente, por cuanto se reitera que una vez se adopte una decisión de fondo en la sentencia de primera instancia, con alta probabilidad tanto el riesgo como la amenaza estarán materializados, por la construcción o destinación de varios inmuebles que integran el tramo proyectado de la ALO diferente a la prevista al momento de su adquisición por parte del Estado, impidiendo su ejecución por un retraso temporal o definitivo, siendo estas medidas desprovistas de planeación –como muchas otras de esta Administración- producto de la improvisación, y del menosprecio del interés general.  

La Personería explicó que no se opone a la construcción de centros educativos o de patios para el manejo adecuado de los temas propios de la movilidad de la Capital, sin embargo, es completamente inoportuno, y si se quiere, de mala fe, que faltando escasas semanas para finalizar el periodo de la actual Administración, el Alcalde Mayor, de manera afanada quiera comprometer los predios en los que se se proyecta la construcción de la ALO, con la única finalidad de impedir su materialización, torpedeando, como se ha vuelto costumbre, obras que redundan en una mejor calidad de los ciudadanos, simplemente porque no son de su agrado o no hacen parte de su plan de Gobierno.   

Terrenos comprometidos

Recientemente, el Alcalde Mayor de Bogotá inició diferentes procesos administrativos y contractuales, que se tiene previsto, terminen a finales del mes de octubre de 2015, con el fin de seleccionar, a través de licitación pública, al próximo operador para los patios, grúas y parqueaderos de la zona norte, en un predio que hace parte de la ALO de manera “temporal” por cerca de dos años, y ejecutar, de manera conjunta con la Secretaría de Integración Social del Distrito, el proyecto denominado SUBAPAZ para la construcción de centros educativos para menores y adolescentes.    

Esto implica que el futuro Alcalde de Bogotá quedará cruzado de manos sin poder ejecutar la ALO por cuenta de los derechos adquiridos que tendrán, para ese entonces, terceros sobre los predios que fueron comprados exclusivamente para su construcción, y que serán comprometidos a como dé lugar y, en el peor de los casos, si se quiere reversar esta medida con visos de arbitrariedad será necesario indemnizar a los particulares afectados, en los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional.    

Es de anotar que los predios que componen la proyección de la ALO constituyen espacio público futuro en los términos de la Sección Primera del Consejo Estado, los cuales sólo pueden ser modificados por el Concejo de Bogotá como órgano de representación popular, tal como lo indica el artículo 6  de la Ley 9 de 1989 –situación no acreditada en el presente caso-, disposición que además obliga en su artículo 33 a la Administración Distrital, para que los bienes expropiados y adquiridos dentro un proceso de construcción no puedan tener una destinación futura oficial diferente a la prevista por el Distrito o entidad que adelantó el proceso.

Esto significa que si fueron apropiados para la construcción de una vía longitudinal no pueden ser ahora empleados, así sea temporalmente como se sostiene, para la construcción de otras finalidades, sea la de parqueaderos o de centros educativos que, dicho sea de paso, entran en colisión frontal con lo establecido en normas constitucionales y legales.