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Creado: Viernes, 29 Septiembre 2017 09:05

Personería inhabilitó 10 años a exsecretaria de la Mujer y exdirectora de Patrimonio

En segunda instancia

  • Irregularidades en contratación.
  • También fue sancionada una asesora jurídica del Instituto de Patrimonio.

La Personería de Bogotá, en segunda instancia, destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años a la exsecretaria de la Mujer, Martha Lucía Sánchez Segura; a la exdirectora del Instituto de Patrimonio Cultural y a la asesora jurídica de esa entidad, María Eugenia Martínez Delgado y Patricia Vélez Fernández, respectivamente, por irregularidades en contratación.

A la exsecretaria se le sancionó por anomalías en la suscripción de un convenio de asociación con la Corporación Orientar, por cerca de $914 millones para atender en una Casa Refugio a mujeres víctimas de violencia.

Según la investigación, Martha Lucía Sánchez, sin licitación o concurso público, firmó un convenio de asociación en septiembre de 2013, con un plazo de ocho meses.

La servidora pública no realizó una convocatoria pública para escoger el mejor oferente, pues estaba contratando un servicio, no asociándose para apoyar labor de un particular. Además, no buscó a una firma de reconocida trayectoria y solvencia.

En el convenio, el contratista se obligó a conseguir una casa en arriendo en el barrio Samper Mendoza, para atender a madres víctimas de la violencia intrafamiliar y sus hijos, bajo las órdenes precisas de la Secretaría, es decir, la entidad tercerizó la prestación del servicio.

De acuerdo con las normas, los convenios de asociación están contemplados para que el Estado apoye actividades de una firma particular, pero no para cumplir órdenes expresas de una entidad, como contraprestación por el pago de un servicio.

Instituto de Patrimonio

Las dos servidoras públicas del Instituto de Patrimonio Cultural contrataron la realización de un video de televisión, quebrantando la Ley 80.

De acuerdo con la investigación, la firma contratada Ziggurat Records SAS no cumplía el requisito de estar constituida como persona jurídica mínimo tres años antes, como lo estableció el propio pliego de condiciones que fijó el Instituto.

De acuerdo con las normas disciplinarias, la falta se configura cuando se desconocen los principios fundamentales de transparencia, responsabilidad y selección objetiva establecidos, independientemente del monto contratado, pues se limita la participación plural de los interesados.

Contra las decisiones de segunda instancia no procede ningún recurso.

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Modificado por última vez en Viernes, 29 Septiembre 2017 09:09

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