Por: Andrés Castro Franco
Personero de Bogotá, D. C.

El hundimiento en el Congreso de la República, el pasado miércoles 14 de mayo, del proyecto de consulta popular que promovía el Gobierno nacional, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores, se ha convertido en el detonante de una eventual ola de protesta social.

En Colombia ese fenómeno ha adquirido niveles que preocupan y obligan a los agentes del ministerio público locales, como los personeros municipales, a activar todas sus capacidades para garantizar que las movilizaciones ciudadanas sigan el cauce democrático y no se conviertan en un estallido de consecuencias imprevisibles.

No se trata de alarmismo, sino de actuar con sentido preventivo. Quienes defendemos la Constitución Política, garantizamos el respeto de los derechos humanos y contribuimos a sostener la democracia y la institucionalidad, no podemos quedarnos en silencio frente a estos acontecimientos.

Nuestra voluntad es actuar para garantizar los derechos de los colombianos, tanto de quienes protestan como de quienes no lo hacen.

Entendemos, además, que somos un país con más de 60 años de conflicto armado interno, altos niveles de intolerancia y cifras alarmantes de violaciones a los derechos humanos, en donde los violentos buscan suplantar los liderazgos sociales y sus demandas, riesgo que debemos calcular y prevenir. Es lo responsable.

Proteger el país de los violentos es un imperativo democrático. Confiamos en la capacidad de nuestra fuerza pública y su acatamiento irrestricto de la ley.

El llamado del ministerio público a las organizaciones sociales, partidos políticos, lideres sociales, campesinos, estudiantes, indígenas, feministas y población LGBTIQ es a actuar con enorme responsabilidad en medio de la coyuntura. Insistiremos en promover el diálogo antes que la fuerza, la razón antes que la barbarie. Por ello, decimos sí a la protesta social, y no a un escenario que ponga en riesgo la vida, la integridad, la libertad y los derechos de los colombianos.

Aún están frescas en la memoria colectiva las imágenes de un país incendiado durante el estallido social del 2019-2021. Las cifras de víctimas de ese período son una herida abierta en la sociedad. No dejemos que se repita.

La Personería de Bogotá, a través del Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos - GAEPVD-, estará siempre lista para actuar en el marco de la manifestación social. El balance de gestión de ese grupo -que trabaja de la mano con los personeros locales y la personería delegada para la defensa y protección de los derechos humanos-, muestra una radiografía de la ciudad: en 2024 monitoreó 759 escenarios con riesgo de posible vulneración de derechos, en los que el 62,58% fue protesta social y el 5,66%, disturbios, siendo las localidades de Teusaquillo, Santa Fe, Candelaria y Chapinero las más afectadas, precisamente por tener en la Plaza de Bolívar el epicentro del poder nacional y local.

En general, la protesta social en Bogotá, más allá de las imágenes que sacuden los grandes medios, se da en condiciones pacíficas. Lo demuestra el hecho que, el año pasado, solo se evidenció violencia física entre los manifestantes en un 1,47%; se constató violencia física contra funcionarios en un 2,95%; daños voluntarios en bienes muebles e inmuebles en un 7,58% y grafitis, en un 14,11%.

Trabajemos unidos para garantizar que nunca más la historia de dolor del estallido social se repita. Bogotá merece vivir en paz.