• Eludió el principio de planeación al abrir una licitación pública con estudios previos incompletos.
• Adjudicó a la única firma participante sin que llenará los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.
• Después de haber dado de baja unos vehículos, los repararon y les suministraron combustible.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 14 años a la exalcaldesa de Suba, Marisol Perilla Gómez por irregularidades en los procesos de contratación y ejecución del suministro de combustible y reparación de vehículos de propiedad de la administración local.

Según la investigación, la Alcaldía local no sólo realizó dos contratos de forma irregular, sino que pagó el suministro de combustible de 16 vehículos, pese a que tenían sólo 12 y “tanqueó” más de 150 veces cuatro vehículos que habian sido dados de baja. Además, dos camionetas fueron reparadas 12 veces, por más de $19 millones, después haber sido incluidas en un acto administrativo que igualmente las retiraba del servicio.

Contratos

A finales de 2014 la mandataria contrató el mantenimiento de los vehículos por $256 millones, pese a que en la evaluación preliminar y definitiva la única firma participante, no cumplía con las buenas prácticas ambientales de manejo de residuos peligrosos generados por su actividad.

Por la misma época, la Alcaldía contrató el suministro de combustible por $400 millones, durante 10 meses o hasta agotar el presupuesto, el cual utilizó para tanquear hasta por más de $42.000.000. a vehículos dados de baja.

Cargos

Por las irregularidades, a la exalcaldesa se formularon cuatro cargos. En los dos primeros se le demostró que eludió el principio de planeación al abrir la licitación pública para el mantenimiento de vehículos, con estudios previos incompletos, así como adjudicarla sin el cumplimiento de requisitos.

En los otros dos cargos, se le comprobó que desconoció los principios de moralidad y responsabilidad, al no controlar y vigilar la correcta ejecución de los contratos, ni proteger los recursos de la entidad y faltar a las reglas sobre administración de bienes, al permitir el suministro de combustible, así como el mantenimiento y arreglo de vehículos dados de baja por la entidad pública.

Un cargo fue calificado como falta grave y los otros tres como falta gravísima, situación que le generó la sanción disciplinaria, en primera instancia, que puede ser apelada.

Mientras tanto, Miguel Antonio Cortés Garavito, quien estuvo encargado, durante tres meses como alcalde local, y José Humberto Pérez Lozano, auxiliar administrativo fueron absueltos de responsabilidad disciplinaria dentro del mismo proceso.