• La iniciativa fue un trabajo articulado entre entidades del orden distrital y nacional que duró cerca de 12 meses.
• El documento permite orientar y atender oportunamente a personas bajo situaciones de amenaza.
La Personería de Bogotá lanzó la cartilla interinstitucional de Rutas para la Orientación y Acompañamiento en casos de Amenazas, que tiene como objetivo guiar a las personas que manifiestan ser víctimas de ese delito y ven afectada su seguridad e integridad.
La cartilla es un trabajo articulado por cerca de 12 meses con diferentes entidades del orden distrital y nacional, que brinda herramientas a los servidores públicos para orientar y atender oportunamente a la ciudadanía en este tipo de situaciones; desde la recepción de la denuncia, la declaración de los hechos, la ayuda humanitaria inmediata, la valoración de riesgos, la adopción de medidas de protección, hasta la investigación judicial de los hechos para identificar y juzgar a los responsables.
Además, se complementa con una pieza pedagógica dirigida a la comunidad para que esta sepa cómo actuar ante posibles casos de amenaza, la cual podrá ser consultada a través de las páginas web de las diferentes entidades.
Estos materiales contienen rutas dirigidas a personas defensoras de derechos humanos víctimas de amenazas, a población indefensa en medio del conflicto armado, a quienes quieren salir de organizaciones al margen de la ley y deseen rehacer sus vidas, y en general a todos los residentes en el territorio nacional que necesitan protección del Estado.
Las entidades que hicieron parte del proyecto que lideró el Ministerio Público Distrital fueron: la Secretaría de Gobierno, la Unidad Nacional de Protección, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, Policía Metropolitana, Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Fiscalía General de la Nación.
La iniciativa logró materializar los principios del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida, tales como la colaboración armónica, información compartida, coordinación y corresponsabilidad interinstitucional con el fin de afianzar la confianza, credibilidad y legitimidad institucional con la comunidad.
Las instituciones participes de este proceso continuarán trabajando mancomunadamente con el compromiso de fortalecer la prevención y de mitigar el impacto que generan las amenazas en cualquiera de sus manifestaciones, en defensa de los derechos de ciudadanos.
