Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2025. La Personería de Bogotá verifica el cumplimiento de la sentencia T-122 de 2024 de la Corte Constitucional que ordena evaluar más de 1.200 predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá.
La decisión judicial, firmada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, concedió el amparo a cuatro ciudadanos del barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, cuyos derechos fundamentales a la vida, la seguridad personal y la vivienda digna fueron vulnerados por la falta de un concepto técnico sobre la habitabilidad de sus viviendas.
El alto tribunal ordenó a la Secretaría Distrital del Hábitat solicitar de inmediato el concepto al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), quien debe rendirlo en un plazo máximo de 10 días. Si el riesgo no es mitigable, las familias deberán ser incluidas en el programa de reasentamiento del Distrito.
Durante la visita de verificación, en la que estuvo presente la Personería de Bogotá, se confirmó que el IDIGER realizó visitas técnicas y sociales en barrios de Ciudad Bolívar y San Cristóbal.
En Los Alpes, se notificó a cuatro familias su inclusión en el programa de reasentamiento. Se diligenciaron fichas sociales, se levantaron coordenadas de los predios y se tomaron registros fotográficos. También se comprobó la demolición de cinco predios previamente adquiridos, aunque persisten algunas fallas como la falta de señalización y la disposición inadecuada de residuos.
En el barrio Nueva Gloria, en la localidad de San Cristóbal, se acompañó la entrega oficial de un predio y la firma de dos contratos de compraventa. Las familias beneficiarias recibieron orientación jurídica y social. Asimismo, se verificó el estado de otros tres predios: dos se encontraban sellados y uno en proceso de demolición.
Estas acciones reflejan el compromiso institucional con el proceso de reasentamiento y la gestión del riesgo en Bogotá, buscando condiciones seguras y dignas para los ciudadanos.
Uno de los beneficiarios, Lucas Acuña, expresó su satisfacción por el avance logrado: “A nosotros no nos habían incluido en el programa de reasentamiento. Lo expusimos ante la Personería de Bogotá y lo logramos. Me siento muy contento, al igual que mis hermanos y vecinos. Fueron años de reclamar sin ser escuchados. Hoy, por fin, hay respuesta y esperanza.”
El fallo de la Corte Constitucional también revocó dos decisiones judiciales previas que habían negado el amparo. En su nueva decisión, se reconoce que el IDIGER desconoció la gravedad del riesgo geotécnico al no clasificar el tipo de amenaza, lo cual impedía cualquier acción de reparación o reubicación de las familias afectadas.
Según el fallo, “la falta de calificación de la amenaza ha impedido que, en caso de que el riesgo sea susceptible de atenuarse, se realice la reparación o reconstrucción de las viviendas o, si no es mitigable, se reubique a las familias allí asentadas”.
La Personería de Bogotá, como garante de los derechos humanos, continuará acompañando y vigilando estos procesos con una actuación resolutiva, oportuna y humana, en defensa de quienes más lo necesitan.
