- Se encontraron 31 contratos de asesorías técnicas y jurídicas con presuntas irregularidades.
- La Unidad contrató servicios que no estaban incluidos en el plan anual de adquisiciones.
- No realizó la publicación de toda la documentación de los procesos de contratación.
- Habría estudios previos que difieren de lo finalmente contratado.
- No hay claridad en el margen de remuneración a profesionales, unos reciben $17 millones mensuales,otros con calidades similares, $8 millones.
- Supervisores no verificaron cabalmente cumplimiento de contratos.
La Personería de Bogotá encontró que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) realizó contratos directos para asesorías, por cerca de $4.000 millones en 2016, al parecer, desconociendo las más elementales normas y principios rectores de la contratación estatal.
De acuerdo con el informe, la mayoría de los 31 contratos directos revisados, con un valor superior a los $90 millones, no estaban contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones (bienes, obras y servicios), es decir, no obedecen a una planeación o estudio previo que determinara la necesidad para la UAESP de contratar esos servicios.
En algunos contratos se observó que en los estudios previos de la etapa precontractual se exigían requisitos profesionales específicos de estudios y experiencia, pero fueron contratados, presuntamente, sin cumplir las exigencias establecidas por la propia Unidad Administrativa.
Por ejemplo, la UAESP estableció en unos estudios previos que necesitaba una persona jurídica con experiencia en la ejecución de más de 5 proyectos, en temas de servicios públicos. No obstante, la Unidad lo adjudicó a una empresa que ha acompañado estudios y diseños con asesoría técnica y legal, pero que no ha ejecutado ningún proyecto.
Se evidenció que la Unidad no publicó todos los documentos de los procesos contractuales celebrados bajo modalidad de contratación directa, a partir de los $90 millones. En otros casos, algunos estudios previos fueron publicados de manera extemporánea, situaciones que no permitieron a la comunidad tener acceso a toda la información de contratación, especialmente a la justificación de necesidad y pertinencia del gasto.
Todas estas situaciones representan, presuntamente, un incumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad y planeación en materia de contratación. Por lo anterior, la Personería inició una indagación preliminar para determinar los responsables de las presuntas irregularidades.
Honorarios
El organismo de control determinó que en el año 2015 la Unidad estableció una escala de honorarios, sin embargo, no fue renovada para el año 2016. Para 2017, al parecer, sin estudios del sector que determinen las necesidades técnicas de la Unidad, realizó contratos, al parecer, sin criterios específicos que justifiquen el pago de honorarios y sus montos.
Por ejemplo, un abogado con 10 años de experiencia lo contrataron por $17.4 millones mensuales, en otro contrato un abogado con más de 12 años de experiencia le pagan $15.7 millones. Mientras que a un ingeniero ambiental, civil o sanitario con posgrado (Maestría–Especialización) y 7 años de experiencia profesional, le pagaron sólo $8.3 millones y en otros casos $9.5 millones y a un periodista o comunicador social, con más de siete años de experiencia se le fijaron $11.6 millones.
Sin supervisión
Según el informe del Ministerio Público distrital, al parecer, en algunos casos el supervisor asignado, delega sus funciones a otro funcionario sin dejar una resolución administrativa que así lo señale. En otros, los supervisores no documentan, soportan y dejan evidencias del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
