• Con una tutela, Personería busca gestionar un vuelo humanitario hacia Mitú que garantice el retorno de 38 indígenas, dentro de los cuales hay 7 niños.
• Estas personas fueron remitidos a Bogotá para brindarles medicina especializada, algunas antes y al inicio de la declaratoria de la cuarentena obligatoria.
• Ninguna autoridad ha emprendido acciones concretas para atender la situación.
• EPS los tiene alojados contra su voluntad, en albergues con deficientes condiciones higiénico-sanitarias, pese al riesgo de contagio de Covid-19.
• Personería solicita al juzgado ordenar las medidas correctivas inmediatas.

La Personera Distrital (E), Rosalba Cabrales Romero, presentó ante el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Bogotá una acción de tutela para que ordene al Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil autorizar el vuelo humanitario a Mitú de 38 indígenas del departamento de Vaupés, incluidos 7 niños, que se quedaron varados en la ciudad desde de marzo, cuando empezó la cuarentena obligatoria.

El organismo de control pidió que ordenen a la Empresa Promotora de Salud Indígenas Mallamás y la Nueva EPS, a las que están afiliados para que asuman los costos de traslado aéreo hacia Mitú y luego hasta sus comunidades de origen (San Francisco, Taraira, Cararú, Yurupari y Puerto Vaupés). Estas empresas los habían traído para brindarles servicios médicos especializados.

El Ministerio Público Distrital busca garantizar y proteger los derechos de la salud, vida digna, integridad física y étnica, diversidad cultural, unidad familiar, trabajo, libertad de locomoción, mínimo vital y seguridad alimenticia de 38 personas del departamento del Vaupés. Dentro de las personas varadas en la ciudad hay indígenas de las etnias Cubea, Desana, Tucana, Curripaca, Macu, Bara y Guanana.

Atención en Bogotá

De otra parte, en la tutela se solicitó al Ministerio y la Secretaría de Salud realizar en la mayor brevedad el traslado y reubicación provisional de los pacientes indígenas, toda vez que los dos albergues ubicados en la localidad de Antonio Nariño no reúnen las condiciones adecuadas ni cumplen con las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio del Covid-19. Además de la realización de pruebas rápidas de detección del virus antes de proceder a iniciar el vuelo humanitario.

A lo anterior se suma que ninguna entidad ha emprendido acciones para resolver de fondo las solicitudes que en múltiples ocasiones han presentado los indígenas para gestionar el traslado humanitario, toda vez que fueron remitidos a Bogotá no por capricho o decisiones personales sino en estricto cumplimiento de órdenes de sus médicos tratantes para acceder a una atención especializada, y sin justificación debieron permanecer en un entorno ajeno a sus prácticas y costumbres ancestrales.

La historia

Durante los 3 primeros meses del año, antes de la declaratoria de la pandemia por Covid-19, los pacientes indígenas oriundos del departamento del Vaupés fueron remitidos a Bogotá por intermedio de las EPS debido al nivel de complejidad de sus patologías y la precariedad del sistema de atención médica especializada en Mitú.

Debido a que estas personas no cuentan con los recursos económicos para costear su alojamiento y manutención en la ciudad durante el tiempo de sus tratamientos médicos, las EPS contratan los servicios de los albergues “Sukurame” y “Rey de Reyes”, al sur de la ciudad.

Luego de finalizar sus tratamientos desde hace varios meses, incluso antes de declararse oficialmente la cuarentena, algunos de ellos vienen padeciendo síntomas de depresión, inapetencia por el encierro contra su voluntad, pese a las constantes peticiones que han presentado ante las EPS a las que se encuentran afiliados, la Gobernación de Vaupés, la Alcaldía de Mitú y otras entidades del orden nacional para que les autoricen y programen el vuelo humanitario de retorno a su territorio ancestral. Empero hasta la fecha no han recibido de manera oportuna ninguna respuesta oportuna y de fondo.

Ante esta situación, acudieron al Ministerio Público Distrital en busca de orientación, ayuda y una mediación con las autoridades para defender sus derechos.