• El Canal habría realizado un redireccionamiento estratégico, al parecer, sin soporte técnico.
• La decisión generó que no se suscribieran 117 contratos y no se aprovechara de manera óptima la infraestructura.
• El Ministerio Público, encontró presuntas anomalías en materia administrativa y de contratación.

*Bogotá, D.C., 10 de septiembre de 2021 (@PersoneriaBta)*. La Personería de Bogotá, como guardiana de los recursos públicos en el Distrito, inició indagación preliminar por las presuntas irregularidades en el manejo de la contratación y la utilización de la infraestructura instalada en el Canal Capital, las cuales fueron advertidas por la Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública

De acuerdo con el informe rendido por ese eje misional, las directivas del Canal realizaron un redireccionamiento estratégico del accionar de la entidad, sin un documento técnico que diera un verdadero soporte, lo que derivó en varias situaciones, entre ellas: la no suscripción de 117 contratos en los años 2019 y 2020, y que no se aprovechara totalmente la infraestructura de equipos que tiene la entidad.

“Según lo argumentó Canal Capital a partir de 2020, su visión y misión fue dejar de ser un centro dedicado a la preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales para pasar a convertirse en una empresa abierta a contratar los productos terminados que genere el sector privado. Encontramos que este viraje no se dio de manera gradual y esto nos genera una preocupación como guardianes de los recursos públicos”, indicó Sandra García, Personera delegada para la coordinación de Prevención y Control a la Función Pública.

Demandas

La Personería determinó que Canal Capital está pagando cerca de $1.800 millones en indemnizaciones por demandas de personas que llevaban varios años vinculados por contratos de prestación de servicios, con prórrogas o renovaciones sucesivas. Algunos de estos contratistas demandaron a la entidad por la configuración de un contrato laboral, denominado jurídicamente contrato realidad.

“Dentro de la función preventiva nos preocupa esta situación y el viraje que dio el Canal Capital. Detectamos que se decidió no renovar muchos de los contratos de prestación de servicios, sin tener en cuenta el conocimiento y experiencia de estas personas. Tampoco se les dio una solución que brindara bienestar a los trabajadores y, sobre todo, que se evitara un detrimento patrimonial al Distrito por nuevas demandas laborales. Además, tiene previsto para el presente año reducir aún más este tipo contratación”, enfatizó.

Equipos
Según el informe inicial del organismo de control, en el redireccionamiento del Canal no se contempló el uso de la infraestructura que tienen, pues la entidad invirtió en los últimos años importantes recursos en modernización tecnológica, destinada a producir contenidos, los cuales ahora pasarán a ser equipos y elementos sin utilizar.

“El cambio de modelo también causó un abandono del negocio de la logística para eventos, dejando de lado la memoria institucional lo que puede causar un posible detrimento patrimonial”, reveló la funcionaria.

De igual forma, se evidencia que no generó una arquitectura empresarial de transición y que el cambio abrupto en el modelo de negocio ocasiona la no renovación de manera masiva de los contratos de prestación de servicios, desencadenando en la no utilización de la capacidad instalada.

Finalmente, se observó en los anexos técnicos de los contratos, denominados tercerizados (del nuevo modelo), que pese a tener similar objeto contractual, en algunos se permite al contratista hacer uso del recurso tecnológico y acceso a las instalaciones del máster de producción del canal sin costo adicional, lo cual vulnera los principios de igualdad, imparcialidad y equidad en la contratación pública.

Más contratación

Se hallaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, al suscribir contratos bajo la modalidad de contratación directa por cuantías inferiores a 500 salarios mínimos. Estos luego son adicionados superando esos montos, omitiendo el proceso de convocatoria pública.

“La revisión de la justificación de las adiciones determinó que estas carecen de sustento para ser consideradas válidas y para este Ministerio Público, es indispensable tener claridad sobre este asunto específicamente”, conminó.

En cuanto a la modalidad de contratación de prestación de servicios, se determinó que no cuenta con una tabla de honorarios que permita asignar de manera transparente las remuneraciones para los contratistas, de acuerdo con sus estudios, experiencia general y específica.

“Si bien el manual de contratación contempla los procesos, procedimientos y modalidades, según las cuantías, es tan flexible que los contratos de alto monto pueden suscribirse de manera directa, sin que se necesite invitación a varias firmas interesadas, desconociendo la publicidad, igualdad y transparencia en la contratación pública”, puntualizó.