La Personería de Bogotá solicitó al Distrito realizar la caracterización de las personas que habitan en los denominados pagadiarios (habitaciones de alquiler temporal) con el fin de que el Distrito canalice y determine la forma de ayuda humanitaria a esta población.
En sólo las localidades de Santa Fe, la Candelaria, Los Mártires las autoridades visitaron con el acompañamiento del Ministerio Público Distrital más de 120 pagadiarios, especialmente en los barrios Alameda Centro, Santa Barbara y Santa Fe.
Las autoridades seguirán realizando visita en otras localidades, la mayoría con la presencia de la Personería Distrital.

• La utilización de madres gestoras de paz es una irresponsabilidad.
• Fuerza Disponible no está preparada para contener desórdenes.
• Policía demora en forma injustificada traslado de personas al CTP o los lleva a lugares no contemplados en las normas.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar reveló que, a pesar de los anuncios, el Distrito no ha adoptado ningún acto administrativo estableciendo un nuevo protocolo para la atención de las movilizaciones sociales en la ciudad.

Por el contrario, aclaró que sigue vigente el Decreto 563 de 2015, denominado: “Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá: por el Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”.

Si bien se le reconoce al Distrito la legitimidad para proponer y utilizar nuevas estrategias para el acompañamiento de las protestas, éstas no han obtenido resultados satisfactorios, en términos de garantía de derechos de los manifestantes y de terceros.

Por ejemplo, dijo la personera Distrital que “La utilización de madres gestoras de paz es altamente irresponsable, pues ellas no cuentan con la preparación necesaria y se exponen a un alto riesgo, sin que la Administración se haga responsable.

Tampoco es posible comparar los resultados de la marcha del 21 de noviembre pasado, con alrededor de 80.000 personas, con la del 21 de enero en la que participaron unos 5.000 capitalinos.

Se dijo que el ESMAD, en lo posible, no se debería utilizar, pero en lo corrido del año lleva 36 intervenciones, 30 en escenarios universitarios.

La cantidad de personas trasladadas por la fuerza pública y heridas, así como las intervenciones del ESMAD son significativamente mayores a lo informado por la Alcaldía, lo que constituye una restricción para que la ciudadanía acceda a información oportuna y veraz”.

Deficiente utilización de la Fuerza Disponible

La Personera puntualizó que “Los únicos elementos de la Fuerza Disponible (FUDIS) son la tonfa y el escudo, así su intervención es en la práctica, una invitación al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lo que implica un aumento de riesgo para los manifestantes y los uniformados. La FUDIS, dada la alta rotación de su personal y la ausencia de una formación especializada, muestra en terreno que sus miembros en algunas oportunidades desconocen a los funcionarios civiles y se extralimitan en sus procedimientos. Incluso, han agredido verbal y físicamente a los manifestantes, a la prensa y a los funcionarios de otras instituciones, incluidos los representantes del Ministerio Público, impidiendo su labor de verificación y control”.

De igual forma, Castañeda dijo “Es inaceptable la cantidad de personas que han resultado lesionadas en sus ojos, en el marco de escenarios de protesta. Es urgente que se establezca quiénes son los responsables de estas lesiones.

Es preciso que las nuevas estrategias que promueva la Administración Distrital se articulen con los aprendizajes institucionales que se han adquirido durante los últimos años. Nunca se empieza de cero, de manera que esta valiosa experiencia puede contribuir en la orientación y definición de las nuevas estrategias que se propongan”.

Demora en traslados al CTP

La Personería, en forma reiterativa, ha documentado casos en los que se viola el principio de inmediatez en los traslados por protección, tardando hasta 16 horas en llevar una persona al CTP.

Además se han llevado ciudadanos a las estaciones de policía, contrariando los protocolos y la jurisprudencia constitucional, como lo han identificado los ministerios públicos.

• La iniciativa fue un trabajo articulado entre entidades del orden distrital y nacional que duró cerca de 12 meses.
• El documento permite orientar y atender oportunamente a personas bajo situaciones de amenaza.

La Personería de Bogotá lanzó la cartilla interinstitucional de Rutas para la Orientación y Acompañamiento en casos de Amenazas, que tiene como objetivo guiar a las personas que manifiestan ser víctimas de ese delito y ven afectada su seguridad e integridad.

La cartilla es un trabajo articulado por cerca de 12 meses con diferentes entidades del orden distrital y nacional, que brinda herramientas a los servidores públicos para orientar y atender oportunamente a la ciudadanía en este tipo de situaciones; desde la recepción de la denuncia, la declaración de los hechos, la ayuda humanitaria inmediata, la valoración de riesgos, la adopción de medidas de protección, hasta la investigación judicial de los hechos para identificar y juzgar a los responsables.

Además, se complementa con una pieza pedagógica dirigida a la comunidad para que esta sepa cómo actuar ante posibles casos de amenaza, la cual podrá ser consultada a través de las páginas web de las diferentes entidades.

Estos materiales contienen rutas dirigidas a personas defensoras de derechos humanos víctimas de amenazas, a población indefensa en medio del conflicto armado, a quienes quieren salir de organizaciones al margen de la ley y deseen rehacer sus vidas, y en general a todos los residentes en el territorio nacional que necesitan protección del Estado.

Las entidades que hicieron parte del proyecto que lideró el Ministerio Público Distrital fueron: la Secretaría de Gobierno, la Unidad Nacional de Protección, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, Policía Metropolitana, Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Fiscalía General de la Nación.

La iniciativa logró materializar los principios del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida, tales como la colaboración armónica, información compartida, coordinación y corresponsabilidad interinstitucional con el fin de afianzar la confianza, credibilidad y legitimidad institucional con la comunidad.

Las instituciones participes de este proceso continuarán trabajando mancomunadamente con el compromiso de fortalecer la prevención y de mitigar el impacto que generan las amenazas en cualquiera de sus manifestaciones, en defensa de los derechos de ciudadanos.

• Recibe al día 6.900 toneladas de basura, lo que equivale a 170 biarticulados de Transmilenio llenos de pasajeros.
• Pese a esto, el concesionario de 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno tiene 12 abandonadas.
• Hay almacenados 70.397m³ de lixiviados, lo que equivale a 21 piscinas olímpicas. Pero, el contratista no ha tenido la capacidad para tratarlos.
• De 58 parámetros para su manejo cumpliría 27. De 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados operan 5.
• Vierte los líquidos sin permiso al río Tunjuelo. Su mal manejo desestabiliza el relleno y limita aprovechamiento de biogás. Están enterrando desechos aprovechables.
• Hay multas al concesionario, pero no una sanción definitiva. Por el contrario, CGR gestionó un aumento de tarifas para recibir más recursos.

La Personería de Bogotá encontró que la operación de disposición final de 6.900 toneladas diarias de basura en Doña Juana, a cargo del concesionario CGR, continúa relleno de irregularidades por los diversos incumplimientos del contratista, tales como la falta de planificación, gestión, inversión, maquinaria y personal, entre otros.

Las deficiencias empiezan desde la llegada de los camiones al relleno. Pese a que a Doña Juana ingresan en promedio al día para la disposición final de basura 686 vehículos, hay incumplimiento en el arreglo de la vía principal, vías operativas y las temporales, lo que retrasa la disposición de los desechos.

Luego, la obligación contractual del concesionario de cubrir como mínimo el 90% de las basuras no se cumplió en varios periodos del contrato. Los vecinos del sector decían que el contratista espera hasta tener centenares de miles de toneladas de basura regadas para emprender esa labor, aumentado la proliferación de moscas y desagradables olores.

De las 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno (compactadoras, tractor, bulldozer, cargador, camión, entre otras) 12 están abandonadas y sólo funcionan 2 (una a veces y la otra está en mal estado). La maquinaria fue entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hace 8 años al concesionario, pero nunca fue renovada. No las dan de baja.

El contratista ni siquiera ha tramitado ante la autoridad ambiental la autorización de las zonas de contingencia para disposición por mínimo 6 meses, y menos aún tiene un plan de contingencia para la disposición de lodos en el corto plazo.

La mayoría de los incumplimientos del concesionario obedecen a la falta de personal para la cobertura de los desechos, insumos, construcción de chimeneas, elaboración de filtros, cobertura y desarrollo de obras civiles para las terrazas del relleno.

Residuos hospitalarios

Para minimizar el riesgo de los residuos hospitalarios debe realizarse una excavación, luego depositar allí los desechos y cubrirlos con capas de basuras ordinarias, con el fin de evitar su disgregación y esparcimiento, que incluyen elementos cortopunzantes. La interventoría evidenció que a veces nada de esto hace, por el contrario, los residuos se dejan expuestos.

La capacidad de la celda de residuos hospitalarios era de 101.445 m³. El concesionario haciendo uso de su autonomía técnica, pero sin aprobación de las autoridades, subió 2 metros el lleno y así aumentó el volumen total de disposición a 114.836 m³.

Peor los lixiviados

A junio de 2019, el relleno tenía almacenados 70.397,3 m³ de lixiviados, lo que equivale a más de 21 piscinas olímpicas de líquidos de basura. Pese a ello, CGR no ha tenido la capacidad para tratarlos en forma adecuada, evitando que se desestabilice el relleno y no cuenta con un permiso de vertimientos al río Tunjuelo.

Hay un manejo de las aguas lluvias deficiente, permitiendo el aumento de presiones en la masa de residuos y no tienen registros de la estabilidad del área. En octubre de 2015 hubo un deslizamiento y las autoridades han tenido que clausurar algunos sectores de disposición de basura por la inestabilidad del terreno, reduciendo su capacidad.

De los 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados sólo operan 5. Desde inicios de 2019, el concesionario tiene sin operar los principales equipos de este subsistema, sin justificación técnica alguna: 4 sopladores, el sistema de deshidratación, el motor barredor de lodos y las unidades de drenaje flotante. El concesionario no ha realizado el mantenimiento correctivo de las estructuras del subsistema de depuración bioquímico. Hay fugas del sistema de difusión de aire y se requiere la reparación de la geomembrana.

No existe un adecuado mantenimiento del sistema de conducción de lixiviados, hay rebose de líquido y de espuma, que ha venido aumentando. A pesar de múltiples solicitudes de la interventoría se mantienen taponamientos en tramos de líneas de conducción, sin que se sustituyan las tuberías viejas, afectando previamente los recursos naturales cercanos.

El concesionario desde hace varios años no tiene permiso de vertimiento de lixiviados. De 58 parámetros para manejo cumple con 27, incumple 23 y 8 ni los reporta. En otros países hay 70 o más parámetros que se deben cumplir para el tratamiento de estos líquidos. Los resultados de calidad del vertimiento evidencian una alta carga de materia orgánica y nitrogenada no removida. Hay regularmente cloruro, arsénico, cinc, cromo, hierro, níquel, grasas y aceites.

Problemas con el biogás

Con la planta instalada por el contratista Biogás Doña Juana, de septiembre de 2009 a mayo de 2019, fueron capturados y tratados 704.379.558 m³N/h de biogás, con lo que se redujo unas 5.626.206 toneladas de CO2 y comercializó 8313527,82 KW/H. Sin embargo, la falta de planificación en la disposición de residuos y atrasos en la adecuación de las zonas licenciadas por parte de CGR, han repercutido en la reducción en la captación de biogás desde el año 2015.

Además, continua la desconexión de la infraestructura en varias zonas, igualmente no se ha realizado la construcción y realce de las chimeneas y trincheras por parte de CGR. Mientras tanto, hay aumento de brotes de lixigas, es decir, lixiviados con gases, lo que dificulta la captura de biogás. CGR fue sancionado por estos hechos por la UAESP, sin embargo, sigue sin cumplir.

Desde el 16 de julio de 2018 y hasta el 27 de mayo de 2019, CGR Doña Juana en su autonomía técnica dispuso de residuos en la zona denominada Biosólidos, la cual se encuentra por fuera del polígono licenciado.
Gestión social y desechos aprovechables

Una de las medidas de compensación a favor de la comunidad, establecida en el Plan de Gestión Social de la zona de influencia del relleno 2009 - 2013, proyectó una inversión de $28.000 millones, que se recogerían de la venta de los bonos CER (certificados de reducción de emisiones), pero, sólo se recibieron cerca de $5.000 millones, debido a la inadecuada operación del relleno que no permite aprovechar el proceso de la planta de biogás.

La cláusula tercera del contrato con CGR establece que “el concesionario deberá desarrollar los mecanismos de aprovechamiento que considere técnica y económicamente viables hasta del 20% de los residuos sólidos que ingresan al relleno”. Sin embargo, la interventoría evidenció que CGR, después de 8 años, no ha presentado mayores avances en la implementación.

La interventoría indicó que, el porcentaje máximo de residuos que se ha aprovechado al interior del relleno ha sido de 3.55% en un mes y en muchas ocasiones no ha pasado del 0,02%. Mínimo el 20% de desechos no deberían estar enterrándose en Doña Juana y podrían ser recuperados por la población recicladora.

Zona de reserva natural y habitabilidad

Un estudio de la Universidad Nacional de 2016 determinó que Doña Juana está ubicado en contravía de las normas y prohibiciones legales, en un sector de reserva natural, páramo y en 2 zonas de recarga de acuífero. Por el terreno del relleno atraviesan varios cuerpos de agua y la zona es catalogada por las autoridades como de amenaza de remoción en masa alta y media.

Para completar se encuentra a menos de 1 kilómetro del perímetro urbano, es decir, a menos de 10 cuadras de sus vecinos, lo que les genera una gran afectación en materia de salud. La obligación de CGR de construir un dique ambiental para mitigar los impactos ambientales y visuales a la comunidad se encuentra detenida.

Además, la Personería en 2016 encontró que el concesionario, luego de 5 años de operación sólo había sembrado 17 árboles de 10.000 que establece la licencia ambiental. Luego de las solicitudes del ente de control se logró la siembra de 6.666 a julio de 2019, pero después de 8 años de contrato aún faltan 3.334 árboles para cumplir con la medida de compensación.

¿Sanciones sin efectos?

La UAESP ha aplicado 6 multas a CGR que suman unos $700 millones. Dos sanciones por demora en el cumplimiento de sus obligaciones, en 2014 y 2017, al no realizar las coberturas de residuos y el control de vectores. Otros 4 correctivos son por indebida construcción de chimeneas en 2017; incumplimiento parcial de sistema de suplencia eléctrica en 2017, realizar disposición de residuos en la zona de biosólidos en 2019 y por no realizar obras que garanticen la capacidad de operación del relleno por 6 meses en 2019.

Según la UAESP, 2 están en cobro persuasivo, uno está en cobro judicial y en los 4 restantes hay acuerdo de pago. De igual forma, el Distrito indica que han descontado $9.036 millones por afectación de indicadores de calidad pactados. No obstante, los continuos incumplimientos y escasa inversión de CGR, aún no hay un proceso de caducidad del contrato, por el contrario, el concesionario gestionó un aumento de tarifas de aseo para recibir más recursos y el Distrito ampliará la vida útil del relleno por 37 años más.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, informó hoy que durante el operativo de recuperación del espacio público efectuado ayer por parte de la Alcaldía local de Santa Fe en la falda del cerro de Monserrate, no hubo abuso de la fuerza pública, ni vulneración a los derechos de las personas que habitan en cambuches en esa zona de los cerros orientales.

“El Estatuto Orgánico de Bogotá les da la función a los alcaldes de velar por el espacio público, la Personería no se puede oponer a la recuperación de este. Ante un desalojo, nuestra labor es, por un lado garantizar el debido proceso y que no se vulneren los derechos de los ciudadanos y por otro lado, que la institucionalidad lleve la oferta pertinente para estas personas”, explicó la personera y agregó que en el caso de las familias que se identificaron como desplazadas del conflicto, se les dio la orientación pertinente sobre ayudas humanitarias que deben gestionar en la Unidad para las Víctimas.

Además de la Personería, y la Alcaldía Local, también estuvieron presentes la Defensoría del Pueblo, los Bomberos y  la Secretaría de Integración Social, que verificó si en el trabajo previo que se ha hecho en esta zona ya algunas de estas familias habían recibido ayudas.

Si bien la medida fue suspendida de manera temporal por parte de la Alcaldía Local, este tipo de decisiones se toman de manera preventiva  para evitar la apropiación indebida del espacio público y para proteger la vida de quienes habitan en esa zona de los cerros, en condiciones mínimas de seguridad.

“Hemos evidenciado el trabajo de las entidades,  que deben ofrecerles a los ciudadanos las alternativas dentro de sus competencias para mejorar su calidad de vida”, dijo la personera, quien explicó que así como los ciudadanos tienen derechos, también tienen deberes que deben cumplir con la ciudad: “el respeto al espacio público es uno de ellos”.