• Más de tres años de reiteradas advertencias no fueron suficientes.
• Directivos y exdirectivos de la UAESP deberá responder disciplinariamente por presuntas omisiones. En curso hay 4 investigaciones.
• Hay multas al concesionario, pero no una sanción definitiva. Por el contrario, CGR pidió un aumento de tarifas para recibir más recursos y la Nación se la dio.
• Pese a esto, el concesionario de 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno tiene 12 abandonadas.
• Tenían 70.397m³ de lixiviados almacenados, lo que equivale a 21 piscinas olímpicas. Pero, el contratista no tenía la capacidad para tratarlos en su totalidad.
• De 58 parámetros para su manejo cumpliría 27. De 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados operan 5.
• Vierte los líquidos sin permiso al río Tunjuelo. Su mal manejo desestabiliza el relleno y limita aprovechamiento de biogás. Están enterrando desechos aprovechables.

Pese a las reiteradas advertencias de la Personería de Bogotá de las múltiples irregularidades en el manejo del relleno de Doña Juana por parte del concesionario CGR, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (UAESP) no tomó las medidas necesarias para obligar a cumplir el contrato al operador y evitar este desastre anunciado.

Desde mayo de 2016, hasta enero de 2020, la Personería realizó más de una decena de solicitudes y pronunciamientos pidiendo a la Unidad emprender acciones de fondo, sin obtener respuesta real. Teniendo en cuenta que se vienen denunciando más de 30 irregularidades en la operación de la disposición final de unas 7.000 toneladas diarias de basura, por parte del concesionario, los directivos y exdirectivos de la UAESP, deberán rendir explicaciones disciplinarias ante su presunta negligencia en la supervisión del contrato.

Aunado a lo anterior, en mesa de trabajo llevada a cabo en enero del presente año, el concesionario se comprometió a iniciar el proceso de disposición de residuos en la terraza 3A, donde continuaría disponiendo hasta principios de 2021, y no en la zona donde lo están haciendo actualmente y donde se presentó el derrumbe.

Incumplimientos
La obligación contractual del concesionario de cubrir como mínimo el 90% de los residuos no se cumplió en diversos períodos del contrato. Los vecinos del sector decían que el contratista espera hasta tener centenares de miles de toneladas de basura regadas para emprender esa labor, aumentado la proliferación de moscas y desagradables olores.

De las 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno (compactadoras, tractor, bulldozer, cargador, camión, entre otras) 12 están abandonadas y sólo funcionan 2 (una a veces y la otra está en mal estado). La maquinaria fue entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hace 8 años al concesionario, pero nunca fue renovada. No las dan de baja.

La mayoría de los incumplimientos del concesionario obedecen a la falta de personal para la cobertura de los desechos, insumos, construcción de chimeneas, elaboración de filtros, cobertura y desarrollo de obras civiles para las terrazas del relleno, lo que de manera directa repercute en la estabilidad del mismo.

Lixiviados
En 2019, el relleno tenía almacenados 70.397,3 m³ de lixiviados, lo que equivale a más de 21 piscinas olímpicas de líquidos contaminantes. Pese a ello, CGR no ha tenido la capacidad para tratarlos en forma adecuada, evitando que se desestabilice el relleno y no cuenta con un permiso de vertimientos al río Tunjuelo.

Hay un manejo de las aguas lluvias deficiente, permitiendo el aumento de presiones en la masa de residuos y no tienen registros de la estabilidad del área. En octubre de 2015 hubo un deslizamiento y las autoridades han tenido que clausurar algunos sectores de disposición por la inestabilidad del terreno, reduciendo su capacidad.

De los 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados sólo operaban 5. A comienzos de 2019, el concesionario tenía sin operar los principales equipos de este subsistema, sin justificación técnica alguna: 4 sopladores, el sistema de deshidratación, el motor barredor de lodos y las unidades de drenaje flotante. El concesionario no ha realizado el mantenimiento correctivo de las estructuras del subsistema de depuración bioquímico. Hay fugas del sistema de difusión de aire y se requiere la reparación de la geomembrana.

No existe un adecuado mantenimiento del sistema de conducción de lixiviados, hay rebose de líquido y de espuma, que ha venido aumentando. A pesar de múltiples solicitudes de la interventoría se mantienen taponamientos en tramos de líneas de conducción, sin que se sustituyan las tuberías viejas, afectando los recursos naturales cercanos.

El concesionario desde hace varios años no tiene permiso de vertimiento de lixiviados. De 58 parámetros para manejo cumple con 27, incumple 23 y 8 ni los reporta. En otros países hay 70 o más parámetros que se deben cumplir para el tratamiento de estos líquidos. Los resultados de calidad del vertimiento evidencian una alta carga de materia orgánica y nitrogenada no removida. Hay regularmente cloruro, arsénico, zinc, cromo, hierro, níquel, grasas y aceites.

Problemas con el biogás
Con la planta instalada por el contratista Biogás Doña Juana, de septiembre de 2009 a mayo de 2019, fueron capturados y tratados 704.379.558 m³N/h de biogás, con lo que se redujo unas 5.626.206 toneladas de CO2 y comercializó 8313527,82 KW/H. Sin embargo, la falta de planificación en la disposición de residuos y atrasos en la adecuación de las zonas licenciadas por parte de CGR, han repercutido en la reducción en la captación de biogás desde el año 2015.

Además, continua la desconexión de la infraestructura en varias zonas, igualmente no se ha realizado la construcción y realce de las chimeneas y trincheras por parte de CGR. Mientras tanto, hay aumento de brotes de lixigas, es decir, lixiviados con gases, lo que dificulta la captura de biogás. CGR fue sancionado por estos hechos por la UAESP, sin embargo, sigue sin cumplir.
Desde el 16 de julio de 2018 y hasta el 27 de mayo de 2019, CGR Doña Juana en su autonomía técnica dispuso de residuos en la zona denominada Biosólidos, la cual se encuentra por fuera del polígono licenciado.

Residuos hospitalarios
Para minimizar el riesgo de los residuos hospitalarios debe realizarse una excavación, luego depositar allí los desechos y cubrirlos con capas de desechos ordinarias, con el fin de evitar su disgregación y esparcimiento, de elementos que incluyen instrumentos cortopunzantes. La interventoría evidenció que a veces nada de esto hace, por el contrario, estos residuos se dejan expuestos.

La capacidad de la celda de residuos hospitalarios era de 101.445 m³. El concesionario haciendo uso de su autonomía técnica, pero sin aprobación de las autoridades, subió 2 metros el lleno y así aumentó el volumen total de disposición a 114.836 m³.

Gestión social y residuos aprovechables
Una de las medidas de compensación a favor de la comunidad, establecida en el Plan de Gestión Social de la zona de influencia del relleno 2009 - 2013, proyectó una inversión de $28.000 millones, que se recogerían de la venta de los bonos CER (certificados de reducción de emisiones), pero, sólo se recibieron cerca de $5.000 millones, debido a la inadecuada operación del relleno que no permite aprovechar el proceso de la planta de biogás.

La cláusula tercera del contrato con CGR establece que “el concesionario deberá desarrollar los mecanismos de aprovechamiento que considere técnica y económicamente viables hasta del 20% de los residuos sólidos que ingresan al relleno”. Sin embargo, la interventoría evidenció que CGR, después de 8 años, no ha presentado mayores avances en la implementación.

La interventoría indicó que, el porcentaje máximo de residuos que se ha aprovechado al interior del relleno ha sido de 3.55% en un mes y en muchas ocasiones no ha pasado del 0,02%. Mínimo el 20% de residuos no deberían estar enterrándose en Doña Juana y podrían ser recuperados por la población recicladora.

Zona de reserva natural y habitabilidad
Un estudio de la Universidad Nacional de 2016 determinó que Doña Juana está ubicado en contravía de las normas y prohibiciones legales, en un sector de reserva natural, páramo y en 2 zonas de recarga de acuífero. Por el terreno del relleno atraviesan varios cuerpos de agua y la zona es catalogada por las autoridades como de amenaza de remoción en masa alta y media.

Para completar se encuentra a menos de 1 kilómetro del perímetro urbano, es decir, a menos de 10 cuadras de sus vecinos, lo que les genera una gran afectación en materia de salud. La obligación de CGR de construir un dique ambiental para mitigar los impactos ambientales y visuales a la comunidad se encuentra detenida.

Además, la Personería en 2016 encontró que el concesionario, luego de 5 años de operación sólo había sembrado 17 árboles de 10.000 que establece la licencia ambiental y luego de las solicitudes del ente de control se logró la siembra de 6.666 a julio de 2019, pero después de 8 años de contrato aún faltaban 3.334 árboles para cumplir con la medida de compensación.

¿Sanciones sin efectos?
La UAESP ha impuesto multas algunas a CGR, por la demora en el cumplimiento de sus obligaciones, en 2014 y 2017, al no realizar las coberturas de residuos y el control de vectores. Otros 4 correctivos son por indebida construcción de chimeneas en 2017; incumplimiento parcial de sistema de suplencia eléctrica en 2017, realizar disposición de residuos en la zona de biosólidos en 2019 y por no realizar obras que garanticen la capacidad de operación del relleno por 6 meses en 2019.

No obstante, los continuos incumplimientos y escasa inversión de CGR, aún no hay un proceso de caducidad del contrato, por el contrario, el concesionario gestionó un aumento de tarifas de aseo para recibir más recursos con el aval del Distrito. incremento avalado por el Gobierno Nacional y anunció en 2019 que busca ampliar la vida útil del relleno por 37 años más.

• El ataque se presentó con la disculpa del desconocimiento del pico y género.

• Organizaciones de derechos humanos dice que se han presentado 15 incidentes contra estas personas, a partir de la vigencia de la medida de la Alcaldía.

La Personera de Bogotá (e), Rosalba Cabrales Romero constituyó una agencia especial para intervenir como Ministerio Público ante la investigación penal por la presunta tentativa de feminicidio contra Daian Nikol Villalobos Méndez, mujer trans de 24 años, en hechos ocurridos en la localidad Ciudad Bolívar, durante el “pico y género” de la cuarentena.

A partir de la vigencia del Decreto 106 del 8 de abril del presente año, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las organizaciones de derechos humanos dicen que se han presentado en la ciudad 15 incidentes o agresiones a personas transgénero.

Mientras el presunto agresor no ha sido capturado, Daian Nikol está hospitalizada en centro de atención del Distrito y fue intervenida para evitar que pierda la movilidad de tres dedos de su mano. Además, es tratada por una agresiva infección derivada de las heridas.

La agencia especial permite al agente del Ministerio Público, como representante de la sociedad, actuar dentro del proceso para darle impulso e intervenir buscando evitar impunidad en el caso.

La Personería reitera el llamado al respeto y no agresión a personas trans y no binarias, a los capitalinos y a las autoridades de Policía. Entre tanto, las organizaciones defensoras de derechos humanos piden a la Administración Distrital cambiar la disposición por los riesgos y peligros que significan para las personas transgénero. 

• Hábitat aún no precisa cómo será el mecanismo. Mientras tanto, miles de familias están siendo expulsadas a la calle.
• A muchos las autoridades les han evitado su expulsión, pero las dejan sin servicios públicos para obligarlos a salir.
• No brindar una ayuda oportuna agudiza la crisis humanitaria y sanitaria, así como puede generar incidentes que perturben el orden público.

Pese a que terminó el plazo de la primera la cuarentena obligatoria, la Secretaría de Hábitat no reglamentó las ayudas de arrendamiento de menos de 30 días, por eso la Personería de Bogotá solicitó de nuevo al Distrito su adopción y puesta en marcha inmediata para detener el drama que afecta a miles de personas que viven en los paga diarios de la ciudad.

Ante las dificultades de fácil acceso a la línea 123, el Ministerio Público Distrital sugirió a la Secretaría que habilite un canal telefónico para que las personas que vayan a ser desalojadas puedan denunciar fácilmente esta situación.

Los más afectados son vendedores informales, indígenas, ayudantes de la construcción, personas en condición de discapacidad, trans, trabajadoras sexuales, migrantes, entre otros.

Si bien, está prohibido sacar a las personas de estos sitios de habitación, los dueños de estos establecimientos están cortando los servicios públicos como agua, luz y gas para obligar a los moradores a salir de las habitaciones.

La Personería ha recibido múltiples quejas por desalojos en localidades como Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, entre otras, así como sugirió y acompañó la caracterización que han realizado las autoridades distritales, algunas con entregas de mercados, sin que la Secretaría defina una formula expedita que evite la expulsión o maltrato a quienes habitan los paga diarios.

También se solicitó al Distrito que informe con precisión cuáles alojamientos temporales se van a habilitar, especificando la población potencialmente beneficiaria y la fecha de entrada en operación.

• En la localidad no hay presencia de las autoridades para que se cumpla la cuarentena a cabalidad.
• Riña con muerto y herido no fue atenida oportunamente.
• Se presenta presunta venta de licor en algunas veredas.
• Los campesinos necesitan tapabocas, jabón antibacterial y atención del Distrito.

La Personería de Bogotá solicitó a las autoridades Distritales, locales y a la Policía hacer presencia en la localidad de Sumapaz para controlar y verificar el cumplimiento de las medidas de cuarentena obligatoria por el Covid-19.

El Ministerio Público recibió diferentes quejas de personas de los corregimientos y veredas de Sumapaz pidiendo que se realice un control y comprueben la vulneración a las medidas de cuarentena y al Código de Policía y convivencia. Dicen que no hay control en las entradas a la localidad, hay circulación de personas por las calles y de vehículos con pasajeros por las vías, así como tiendas que expenden licor.

Por ejemplo, en estos días, en una tienda de la vereda Peñalisa se presentó venta de licor y una riña que dejó un herido y un fallecido. Pese a la intervención preventiva del corregidor, antes de la pelea y las llamadas urgentes de la Personería a la Policía, está no acudió para evitar la situación. Tampoco hay una vigilancia permanente en la localidad.

Otra queja indica que la Junta de Acción Comunal de las Veredas Las Ánimas y Las Sopas decretó de manera irregular un toque de queda, según dicen como medida de seguridad. Por su parte, los campesinos habían cerrado la vía entre el Corregimiento de San Juan y el municipio de Cabrera, para que no puedan entrar a la localidad. Entre tanto, en la vereda de Nazareth indican que supuestamente el conductor de la ruta de la salud, en su vivienda vende cerveza sin ser un establecimiento comercial formal.

En resumen, como si no fuera una localidad de la ciudad, en Sumapaz sólo hay presencia del Ejército Nacional, pero falta la acción de la Policía para prevenir e imponer orden con comparendos a quienes desconozcan la cuarentena.

Por toda esta situación, la Personería hizo un llamado para que se haga presencia en Sumapaz, se de protección de los campesinos con jabón antibacterial, tapabocas y guantes; se atiendan las demandas sociales de la comunidad y se realice patrullajes de control por parte de la Policía.

Mientras tanto, el Ministerio Público Distrital pide a la población respeto a las recomendaciones y decretos nacionales y distritales que tienen que ver con la pandemia por el corona virus.

• Personera en carta a la Alcaldesa dice que no se justifican las demoras en la entrega de ayudas a los vendedores informales.
• Pregunta cómo se beneficiará las demás personas que viven de la economía informal y no están en ningún tipo de programa social.
• También envió cartas a las Secretarías de Integración Social, Desarrollo Económico y al IPES.
• A ellos les pide que precisen qué recursos públicos se destinarán y quiénes serán los beneficiarios.
• También solicita que indiquen cuál será el manejo con las personas habitantes de calle.
• Que precisen cuántos albergues se habilitarán para la población vulnerable.
• Además, se pide reportar contratación realizada en el marco de la emergencia.

La Personera de Bogotá (E), Rosalba Cabrales Romero, ante las dilaciones en la entrega de ayudas a los vendedores informales por parte del Distrito, solicitó, en una carta a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández que se establezcan de manera inmediata una forma de asistencia concreta.

La jefe del Ministerio Público Distrital le dijo que la situación “es insostenible dado que, por la carencia de ingresos y su alto grado de vulnerabilidad económica y social, están completamente expuestos a la imposibilidad de sostenerse ellos y sus familias, situación crítica que ha sido ampliamente expuesta por la Personería, incluso solicitando el año anterior ante la Corte Constitucional la declaratoria del estado de cosas inconstitucional para esta población”.

En la carta también solicitó que se precise si tiene previsto asistencia o ayudas a las personas que, haciendo parte de la economía informal, no se dedican a las ventas informales ni están incluidos en los criterios de focalización de los programas nacionales ni distritales.

Además, se explica que hay miles de personas que pueden requerir de las ayudas públicas para satisfacer sus necesidades básicas, mientras estén vigentes las medidas de aislamiento ordenadas por el gobierno nacional, como es el caso de pequeños comerciantes y prestadores de servicios por cuenta propia.

De otra parte, la Personera también envió cartas a las Secretarias de Integración Social y de Desarrollo Económico, Xinia Rocío Navarro Prada y María Carolina Durán Peña, respectivamente, así como al Director del Instituto para la Economía Social (IPES), Libardo Asprilla Lara para que indiquen como cobijaran a los vendedores informales no censados, los lustrabotas, los expendedores de chance, estilistas, los estudiantes universitarios y en general a una población pobre o vulnerable que en muchos casos no está focalizada en ninguna base de datos.

Las misivas piden que explique en qué consisten las ayudas en casa, qué recursos tiene, de dónde proviene, cómo identificará a quienes lo necesitan, cómo hará la entrega, en qué montos, que alternativa tienen los vendedores informales, cómo atenderá los habitantes de calle y cuántos albergues móviles tiene, entre otras.

Cambios de servicios y recursos

Lo primero que pide la Personería es que se precise con claridad en qué consiste el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, detallando cuáles han sido las transformaciones que se han hecho en cada uno de los servicios presenciales para la población que atiende la Secretaría de Integración Social e IDIPRON, así como para el resto de la población pobre y vulnerable.

Además, solicita que se defina un mecanismo de reporte de la destinación dada a los recursos de la Secretaría que hacen parte del Sistema y se precise si se han recibido recursos de la nación, donaciones en efectivo o en especie de particulares o de organismos internacionales.

¿Cómo lo focalizan y entregan ayudas?

El Ministerio Público Distrital pide que se informe cómo es el proceso de identificación, selección y asignación de beneficiarios a cargo de la Secretaría, y detallar cuáles son los instrumentos de focalización individual o por hogares, geográficos y comunitarios que se están utilizando.

Así mismo, solicita explicar si hay algún tipo de alternativa para las personas que hacen parte de la economía informal pero no están incluidos en los criterios de focalización y requieren ayuda mientras duren las medidas de aislamiento.

Pide que se precisen los montos que se destinarán para cada uno de los canales del Sistema Solidaria en Casa (transferencias monetarias; bonos canjeables y subsidios en especie) y se envíe un reporte semanal de las personas o grupos familiares a los que ya se les haya entregado la ayuda, para evaluar el avance en la entrega de las ayudas anunciadas.

Contratación

Dadas las facultades dadas por el Decreto Distrital 093 de 2020 para la contratación directa de bienes y servicios para la operación del Sistema, se solicita establecer un mecanismo de reporte de la gestión contractual de la Secretaría y de las modificaciones, suspensiones o terminaciones de los contratos o convenios, en el marco de las acciones adoptadas para atender la contingencia social.

Habitantes de calle

Solicita que se indique cuál es la capacidad instalada para albergar a la población habitante de calle tanto por parte de la Secretaría e IDIPRON durante la medida de aislamiento obligatorio, si se habilitarán espacios adicionales para esta población y qué medidas adoptará la Administración con aquellas personas habitantes de calle que rechacen el aislamiento social, precisando si serán objeto de traslado obligatorio o se les permitirá deambular sin restricción.

Albergues

Adicionalmente, solicitó detallar cuáles serán los albergues que se habilitarán para facilitar el aislamiento preventivo de la población vulnerable, los grupos poblacionales que se beneficiarán y los costos de adaptación y funcionamiento. Además, precisar cómo se articulará el funcionamiento de estos albergues con el sector salud mientras esté en vigencia el aislamiento.

Finalmente, solicitó garantizar la entrega de los elementos de protección personal que requieren los funcionarios y contratistas encargados de las labores de caracterización y atención a la población, detallando cuáles son las necesidades identificadas y cuáles de estos elementos se han entregado hasta el momento.

• Se encontró cupo lleno, espacios reducidos y compartidos con personal administrativo durante la cuarentena.
• Capital Salud EPS retrasa las fórmulas médicas lo que pone en riesgo entrega de medicamentos.
• Desconocen protocolo oficial de medidas higiénico-sanitarias de la Secretaría de Integración Social.

La Personería de Bogotá encontró en el Centro Noche San Luis, ubicado en Teusaquillo, un reducido espacio físico para albergar 50 adultos mayores, en los que también convergen personal administrativo, incumpliendo las medidas impartidas por las autoridades nacionales y distritales durante esta cuarentena obligatoria, derivada del Covid-19.

En la visita del Ministerio Público Distrital, al indagar por el protocolo de medidas higiénico-sanitaras y de autocuidado, que es de implementación obligatoria, los funcionarios de San Luis entregaron un documento de 3 páginas, sin membrete, lo que permite inferir que es algo improvisado o Integración Social no ha socializado tal protocolo.

Para completar, Capital Salud EPS no entrega de manera oportuna las fórmulas médicas para adultos mayores vulnerables que se encuentran en los albergues y los centros día-noche del Distrito, lo que retrasa la entrega de medicamentos por parte de las Subredes, colocando en alto riesgo la salud de esta población altamente vulnerable al Covid-19.

Por esto, la Personería requirió a Capital Salud, en especial durante este confinamiento, enviar a tiempo las fórmulas médicas de los adultos mayores de estos centros y albergues, para que las subredes del Distrito puedan entregar los medicamentos y garantizar el derecho a la salud de esta población vulnerable.

Así mismo, solicitó a la Secretaría de Integración Social tomar medidas inmediatas para articular el protocolo de sus servicios relacionados principalmente con el COVID-19 en todos los centros y albergues de atención al adulto mayor.

• Jóvenes que provienen de diferentes regiones se quedaron en la ciudad sin ninguna ayuda familiar o trabajo informal del que dependían.
• Son invisibles para el Estado, porque no están en ninguna encuesta Sisben o programa oficial para personas vulnerables.
• Hay estudiantes que llevan días sin comida o a punta de pan. A otros los echaron a la calle.
• Personería pide a autoridades incluirlos en las ayudas. También solicita a particulares solidaridad con ellos.

La Personería de Bogotá pidió de manera urgente al Gobierno Nacional y Distrital atender la situación de vulnerabilidad socioeconómica de sinnúmero estudiantes universitarios que provienen de diferentes regiones del país, que viven en la ciudad y no tienen ningún apoyo familiar para su sustento diario, en plena emergencia del Covid-19.

Estos jóvenes, la mayoría de universidades públicas, dependían de trabajos en restaurantes, como docentes de niños u otro tipo de actividades informales, en algunos casos incluso sus familias dependen de estos ingresos, sin embargo, los perdieron por la Cuarentena Obligatoria.

Muchos de estos jóvenes son beneficiarios de los programas de alimentación de sus universidades, que ahora están cerradas, mientras que en otros casos dependen de los recursos que les enviaban sus familias que, en esta coyuntura, no han podido girarles de nuevo, pues también se quedaron sin ingresos.

Es importante anotar que la mayoría de estos estudiantes no se encuentran registrados en el SISBEN como residentes en Bogotá ni están incluidos en los programas sociales distritales, por lo que no están en los instrumentos de focalización de las ayudas del gobierno Nacional ni Distrital.

Toda esta situación los deja en una alta vulnerabilidad social y económica pues ahora no cuentan con los recursos necesarios para pagar el arriendo de las habitaciones en las que viven, los servicios públicos que les cobran sus arrendatarios y sencillamente no tienen con qué alimentarse.

Ayudas iniciales

Con las donaciones de funcionarios y de particulares, la Personería de Bogotá entregó unas ayudas urgentes a 8 universitarios. Tres casos muy dolorosos fueron atendidos por esta entidad, por lo que hacemos un llamado urgente para que se garantice la protección de esta población.

En uno de los casos atendidos hay estudiantes que llevan días alimentándose con sólo pan, mientras que otros los sacaron a la calle sus arrendatarios. Por esta situación, el Ministerio Público Distrital hace un llamado a las universidades, los docentes, estudiantes, egresados y a quienes hoy tienen trabajos e ingresos suficientes para que apadrinen a estudiantes en condiciones de alta vulnerabilidad. Las difíciles circunstancias que atravesamos demandan de toda nuestra solidaridad y empatía. Hoy un estudiante te necesita.

La Personería de Bogotá solicitó al Distrito realizar la caracterización de las personas que habitan en los denominados pagadiarios (habitaciones de alquiler temporal) con el fin de que el Distrito canalice y determine la forma de ayuda humanitaria a esta población.
En sólo las localidades de Santa Fe, la Candelaria, Los Mártires las autoridades visitaron con el acompañamiento del Ministerio Público Distrital más de 120 pagadiarios, especialmente en los barrios Alameda Centro, Santa Barbara y Santa Fe.
Las autoridades seguirán realizando visita en otras localidades, la mayoría con la presencia de la Personería Distrital.

• Exmandataria que firmó el contrato ya había sido destituida, en primera instancia, por irregularidades en otro contrato similar.
• Funcionaria con maniobras dilatorias retrasó sanción.
• Presuntas anomalías en alcaldías locales de Administración anterior superan los $100 mil millones.
• Van 80 fallos sancionatorios, en los últimos 3 años y medio, contra servidores de alcaldías de las últimas 3 administraciones.

La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar contra la exalcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio con el sistema universitario del Eje Cafetero por unos $19.000 millones para intervenir la malla vial de la localidad.

Según la queja, la funcionaria, al parecer, no sólo habría eludido una licitación o concurso público para escoger la mejor oferta, sino que presuntamente pactó un anticipo del 50% del contrato, con la presentación de un plan de trabajo.

El Ministerio Público Distrital, en primera instancia, ya había destituido e inhabilitado por 12 años a la mandataria saliente por irregularidades en contratación. La sanción fue precisamente por la suscripción de un convenio con Fonade, por $9.594 millones, para la intervención de la malla vial local, espacio público, interventoría y el mobiliario de la sede de la Alcaldía.

Demoras

La mandataria fue citada a audiencia para presentar descargos el 11 de enero de 2018, pero no asistió. A lo largo de 2018 fue citada en 31 ocasiones hasta el 11 de diciembre para continuar con el proceso disciplinario verbal.

En sólo 2018, la investigada no asistió en 14 ocasiones a la citación a audiencia y sus abogados defensores en 12 ocasiones. 8 veces ni la mandataria ni abogados asistieron y en 8 citaciones dicen que la alcaldesa no concurre por incapacidad médica, pero en 2 de ellas no anexa certificación. Se verificó con la Secretaría de Gobierno y ninguna de las incapacidades médicas fue presentada ante esa entidad para justificar alguna ausencia laboral.

Durante el proceso, la defensa presentó 4 solicitudes de nulidad, una recusación, 4 solicitudes a la Procuraduría para que asumiera la investigación las cuales fueron negadas y una acción de tutela. La mandataria ha tenido 6 abogados. La decisión, luego de diferentes maniobras dilatorias, está en apelación.

Sanciones de 3 años y medio

La Personería de Bogotá profirió 80 fallos sancionatorios contra alcaldes locales, en los últimos tres años y medio, de servidores de las últimas 3 administraciones. Las decisiones fueron, en su mayoría, por irregularidades en contratación.

De la Administración saliente van 4 alcaldes locales sancionados de 14 investigados. Las irregularidades en contratación superan los $100 mil millones.