• A varios Fondos de Desarrollo Local les faltó planeación, al contratar intervenciones sin estudios previos del estado de los parques.
• Pagaron por obras no realizadas o elementos que aún no habían sido instalados al igual que dotaciones diferentes a las establecidas en el contrato.
• Una alcaldía local hizo efectiva la cláusula penal a dos contratistas por incumplimiento parcial, por el 1 y 2,4% del valor contrato, cuando era por el 10%.
• La diferencia en el porcentaje de las multas representa un presunto detrimento patrimonial superior a los $458 millones.

Bogotá, D. C., 21 de mayo de 2023 @PersoneriaBta. Un total de 21 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, 6 fiscales y uno penal encontró la Personería de Bogotá en la contratación, ejecución de obras de mantenimiento y dotación de 115 parques vecinales y de bolsillo, revisados de manera aleatoria, de los 851 intervenidos por los Fondos de Desarrollo Local, entre 2017 y 2022.

De acuerdo con el informe, se evidenciaron presuntas irregularidades en las alcaldías locales, desde la etapa precontractual, hasta la liquidación de los contratos, por falta de planeación en la contratación e intervención de parques.

Las anomalías tienen que ver con la ausencia de estudio previo de su estado, el pago por obras o elementos que aún no habían sido instalados y por dotaciones diferentes a las pactadas, así como la no publicación de trámites esenciales del proceso de contratación en Secop II, vulnerando el principio de publicidad y transparencia.

En algunas localidades cambiaron la intervención de unos parques establecidos en el contrato por otros, al parecer, sin ninguna justificación, o incluyeron como imprevisto el cambio de un juego para el parque, presuntamente por uno más costoso que cumplía la misma función, además dejaron sinnúmero de parques sin intervenir o con obras parciales.

En Bosa se encontró que fue declarado el incumplimiento parcial a dos contratistas. La cláusula penal establecía un pago del 10% del valor del contrato, pero sólo le cobraron el 1% al interventor y el 2,04% al contratista. Uno debía pagar $57.5 millones aproximadamente y sólo le exigieron $5.7 millones y el otro unos $569 millones y le cobraron únicamente $116 millones. Esto representa un presunto detrimento patrimonial superior a los $458 millones, al favorecer al contratista.

En las localidades de Bogotá hay 3.493 parques vecinales y 1.664 parques de bolsillo aproximadamente, de los cuales 265 no se encuentran certificados o están en revisión por no cumplir con las características y requisitos.

Los 851 parques intervenidos en los últimos seis años por las alcaldías locales, representan el 16.5% del total, lo que indica la urgencia de intervenir centenares de estos escenarios, que limitan la posibilidad de que los ciudadanos tengan entornos en buen estado para la práctica física, deportiva y cultural.

Irregularidades en varias localidades

La primera y frecuente irregularidad que encontró la Personería fue la falta de planeación al suscribir contratos y ejecutarlos sin realizar estudios previos que establecieran su estado o su necesidad de mejora y dotación. Por lo tanto, en varios contratos de las alcaldías locales no se detalla los elementos requeridos, especificaciones técnicas, ni cantidades de obra.

Esa falta de estudios generó que en Ciudad Bolívar contrataran la intervención de 42 parques y sólo realizaron obras en 32, dado que 9 parques no tenían infraestructura a intervenir, había invasión de espacio público o no tenían certificación del DADEP.

En Rafael Uribe Uribe contemplaron arreglar 25 y únicamente alcanzó para 15. En San Cristóbal el interventor encontró 3 parques que no se podían intervenir como se pactó porque no existían o no tenían mobiliario. En Bosa había un listado de 25 parques, pero el presupuesto alcanzaba para 21.

En Barrios Unidos establecieron la necesidad de mantenimiento y dotación de 14 parques, pero el informe de interventoría relaciona 12, luego priorizaron sólo 6 y finalmente hacen una adición al contrato para intervenir 5 más. En otros casos, terminaban incluyendo el arreglo a otros parques diferentes a los establecidos en el contrato, sin ningún sustento.

En algunos casos, pagaron por obras o elementos que aún no habían sido instalados. En Bosa se pagó por desinstalar dos columpios de madera, cuando en realidad sólo había uno.

También en Bosa autorizaron y pagaron algunos equipos, de forma irregular, a través de la figura de obras o actividades no previstas, que no estaban en el contrato, ni eran necesarias para cumplir su objeto. Además, presuntamente, existían unidades que podrían cumplir igual función por un menor costo. Eso ocurrió en siete parques. Dicha situación se presentó también en otras localidades.

A manera de ejemplo, en el parque Villas de Vizcaya se estableció un presupuesto para su intervención de 613 millones 776 mil 651 pesos y se ejecutaron 600 millones 226 mil 492 pesos. Allí se realizó un pago no previsto de $168 millones 664 mil 621 pesos, por la instalación de dos módulos de juegos no contemplados en el contrato, cuando al aparecer, existen diversas unidades que pueden cumplir la función de los instalados a un costo inferior.

En Ciudad Bolívar se encontró en un contrato, que 14 documentos fundamentales del proceso y ejecución no estaban en Secop II, ni otros 15 del contrato de la interventoría. En varias localidades no publicaron trámites esenciales del proceso en el Secop II, incluso en una de ellas el pliego de condiciones, vulnerando el principio de transparencia y publicidad. Algunos contratos revisados en la plataforma registran en ejecución, pero al realizar la revisión en las alcaldías locales aparecen como terminados.

En Bosa un contratista que debía suscribir la póliza de garantía inicial de cumplimiento del contrato por $5.693 millones, sin embargo, la suscribió por $4.269 millones, es decir, $1.423 millones menos, sólo un año y 9 meses después fue corregido en el porcentaje de cobertura, pero no el periodo de vigencia.

La mayoría de los contratos de las alcaldías locales tuvieron varias suspensiones, reinicios, prórrogas y algunos, adiciones, pese a ello, en unos casos no se encontraron planes de contingencia para cumplir el cronograma de actividades, ni multas a los contratistas por los incumplimientos, pese a los reiterados retrasos.