• El delito por el que hay más personas privadas de la libertad es el hurto y Kennedy, Bosa y San Cristóbal las localidades con más detenidos.
• A la fecha se identifican e individualizan 2.895 personas privadas de la libertad y en situación de detención recluidas en estaciones de policía.
• Hay casos de ciudadanos a quienes que no se les pudo indagar su situación procesal o condena dado que el sistema de la rama judicial no registra proceso vigente.

Bogotá, D. C., 9 de agosto de 2023 @Personeriabta Un trabajo articulado entre la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá, en conjunto con la Policía Metropolitana, priorizó las estaciones de policía con el mayor porcentaje de hacinamiento y capacidad mínima de personal que garantice la vida e integridad de la población privada de la libertad y de quienes ejercen su vigilancia y custodia.

En este orden, se analizaron las estaciones de San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Usme, Teusaquillo, Usaquén y Ciudad Bolívar, las que se han identificado como las de mayor hacinamiento en la ciudad, a las que se efectuaron visitas entre los meses de febrero a abril, realizando el diagnóstico de recolección y verificación de documentos que identifican e individualizan a más de 1.116 personas privadas de la libertad y en situación de detención que se encuentran recluidas allí.

Entre los principales hallazgos obtenidos están la posible vulneración al derecho de acceso a la justicia toda vez que, al momento de contrastar la información que se archiva en las carpetas que reposan en estas estaciones de policía con el sistema de información de la rama judicial, se evidenció que la condición jurídica del procesado o condenado no corresponde a la referenciada en dicha carpeta.

Asimismo, respecto de connacionales privados de la libertad, se observan falencias en documentos como la foto-cédula y copias de actas de derechos del capturado indispensables para la solicitud de cupo en los centros penitenciarios y carcelarios.

Se encontraron errores en el nombre, número de radicado del proceso y cédula en las boletas de detención o encarcelación que emiten los centros de servicios judiciales. Lo anterior, impacta negativamente en el hacinamiento, salidas y traslados de los privados de la libertad, además de generar imprecisiones en las consultas. Hay casos de ciudadanos a quienes que no se les pudo indagar su situación procesal o condena dado que al consultar en el sistema de la rama judicial no les registra proceso vigente.

En cuanto al enfoque de administración de justicia, se evidenciaron 553 casos de personas privadas de la libertad condenadas en los centros de detención transitoria, que deberían estar en centros de reclusión para garantizar la resocialización. Hay dilación en los traslados de personas condenadas a centros de reclusión lo que impide la redención de la pena, las visitas íntimas o las visitas familiares.

De acuerdo a la información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, se reportaron 1.215 casos de ciudadanos nacionales y extranjeros sin formulación del escrito de acusación, habiendo superado el término establecido en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal.

Igualmente, se evidenciaron 35 casos de personas privadas de la libertad con beneficio de prisión o detención domiciliaria recluidas en los centros de detención transitoria. Se identificaron casos de personas recluidas en las estaciones de policía con subrogados penales como la suspensión condicional de la pena; lo anterior a causa del no pago de la caución o que tienen vigente otro requerimiento judicial.

Se observaron fallas en la comunicación entre personas privadas de la libertad y los despachos judiciales, toda vez que los centros de detención no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de las audiencias con plenas garantías.

Vulneración de acceso al derecho a la salud

El informe evidenció posibles vulneraciones debido a la ausencia de identificación y en particular con la población privada de la libertad extranjera, lo que implica un obstáculo para ser afiliado al sistema de seguridad social en salud.

La Secretaría de Salud es la encargada de la prestación del servicio de salud a las personas privadas de la libertad, pero al no estar plenamente identificadas, excede su competencia e implica articulación con el Ministerio de Salud quien debe establecer los lineamientos de cómo proceder ante los casos de indocumentados, al igual que la Registraduría y Migración Colombia.

No se conoce el procedimiento para el permiso, factores logísticos o falta de red de apoyo familiar para el acceso al servicio de salud, odontología o medicina especializada ya que es necesaria la salida del centro de detención transitoria a centros de atención odontológicos o especializados, autorizaciones que deben ser tramitados antes jueces de la república.

De igual forma se adolece de un enfoque de política criminal al haber un presunto conflicto de competencias entre Distrito, INPEC, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y Policía Nacional, respecto de las garantías de los derechos a la alimentación, salud, infraestructura; así como el sitio de reclusión, vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad o en situación de detención.

Destaca el informe que el delito por el que hay más personas privadas de la libertad es el hurto. En ese sentido las estaciones con mayores detenidos por el mismo son: Kennedy (147), Bosa (136) y San Cristóbal (91).

En las mesas de trabajo adelantadas con la Policía Metropolitana de Bogotá se tuvo conocimiento de 800 casos de personas privadas de la libertad que, de acuerdo a su perfil de seguridad, no deberían estar en los centros de detención transitoria de baja seguridad, lo cual genera un riesgo a otros detenidos, agentes de policía que fungen como custodios y ciudadanía en general.

El Ministerio Público conoció de casos en los que las personas en situación de detención han sido extorsionadas y amenazadas en su vida e integridad física por parte de otros internos con el fin de constituir rentas criminales dentro de las estaciones de policía; al igual que la ausencia del enfoque de mujer y género en las celdas de femeninas de la URI de Puente Aranda, en particular, en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.