• En la segunda jornada de esta actividad, el funcionario llamó a la ciudadanía a ser más solidaria en el reconocimiento y comprensión de las experiencias vividas por las víctimas.

• Anunció que, en el ejercicio de vigilancia y control, las personerías harán presencia en los territorios en la jornada electoral del próximo 29 de octubre.

Pasto, Nariño, 8 de septiembre de 2023 @Persocapitales_ En el marco del VI Encuentro de la Asociación de Personerías Capitales, Persocapitales, el Personero de Bogotá y presidente de la asociación, Julián Pinilla Malagón, hizo un llamado a las autoridades para prestar atención a las comunidades y a las víctimas del conflicto armado interno, que están siendo desplazadas de sus territorios.

“Les decimos a todas las autoridades, así como a quienes hacen parte del conflicto armado que ¡Queremos y necesitamos vivir en paz en nuestros territorios! Pedimos respeto por nuestras vidas”, afirmó.

El reconocimiento de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia ha sido un proceso gradual que ha cobrado impulso con leyes que han sentado las bases para abordar su sufrimiento proporcionándoles mecanismos necesarios para acceder a sus derechos y buscar la reparación.

A partir del año 2011, en el marco la Ley 1448, hoy Ley 2078 de 2021, se reconocen hechos victimizantes adicionales al desplazamiento forzado, lo cual generó un cambio en la mirada institucional frente al conflicto armado interno. Además, con el Articulo 142 se estableció hacer un reconocimiento simbólico todos los 9 de abril, fecha que se reconoce como “el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas”.

Dicha norma, además, señala que las víctimas son, aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Hechos que han dejado huellas psicosociales, familiares y personales en las víctimas que son incalculables. En nuestra nación las cifras demuestran, que ha sido una verdadera tragedia, con corte al 31 de julio de 2023, existan 9.537.920 personas reconocidas como Víctimas del Conflicto Armado en el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV. Es decir, más de 9 millones de proyectos de vida que se han frustrado a causa de la violencia.

Estos días los principales titulares de los medios de comunicación, tanto los nacionales como los del sur del país, no han dejado de mostrar la difícil situación de orden público que atraviesa el departamento de Nariño, situación que está afectando directamente a la ciudad de Pasto y otras ciudades como Cali, Medellín e incluso Bogotá que son receptoras de población víctimas del conflicto armado desde distintas regiones del país.

Pero cuando vemos este escenario con mayor detenimiento… se puede evidenciar que hay un panorama terrorífico. De acuerdo con las cifras reportadas por la UARIV a través de la Red Nacional de Información, con corte a julio 31 del año en curso, de esas más de 9 millones de víctimas, se tienen registradas 8.498.363 víctimas de desplazamiento forzado, es decir, más del total de la población de la ciudad de Bogotá, que según DANE es de 7.907.281 personas, se han desplazado de sus territorios.

Y el panorama actual acá en el departamento de Nariño no es diferente, de acuerdo con la misma fuente, la UARIV, se reportan 603.579 víctimas del conflicto armado en este territorio, de las cuales 547.711 están registradas por desplazamiento forzado.

En el listado le sigue el departamento de Chocó, en el que se reportan 531.880 víctimas del conflicto armado en ese territorio de las cuales 488.941 están registradas por desplazamiento forzado.

Una situación que además de las afectaciones psicosociales que genera en cada uno de los miembros de las familias que viven en carne propia estos hechos victimizantes, representa un verdadero drama que trasciende fronteras.

En Bogotá se han recibido por el ministerio público, es decir la Procuraduría, la Personería y la Defensoría 4.761 declaraciones de hechos victimizantes; de estas 3.284 fueron recepcionadas por la Personería de Bogotá. Y en Pasto se reportan 941 declaraciones, de las cuales 172 se recibieron a través de la Personería de Pasto.

“Es por eso que, como representante de los personeros de las ciudades capitales, les invito a pensar en lo difícil que resulta ser una víctima por desplazamiento en Colombia, no solo en términos de tierra, sino en términos de respuesta institucional. Es importante comprender lo que significa que miles de personas lo dejen todo por el miedo a morir o a perder a sus seres queridos y en este sentido, tenemos que decir hoy con contundencia, que persisten las amenazas contra la vida e integridad de las víctimas, que las poblaciones siguen abandonando sus territorios con ocasión a las persistentes amenazas, situación que se agrava cuando los niños, niñas y jóvenes están en medio de las inclemencias del conflicto armado”, señaló el funcionario.

A parte de esta difícil situación que vive el departamento de Nariño y la ciudad de Pasto, se ha querido resaltar, en este encuentro de Personeros, la coyuntura electoral que estamos muy cerca a vivir, en la cual se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas – SAT, emitió la Alerta Temprana electoral 030 de 2023, a través de la cual identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre.

113 municipios en 16 departamentos son los que están en riesgo extremo y el listado lo encabeza este departamento, Nariño con 17 municipios, le sigue Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá́ (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).

Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).

Es por eso que, desde Pasto, en este VI Encuentro de Persocapitales, Pasto 2023, se tratarán temas de derechos, infancia, juventud y vejez; al igual que el proceso electoral regional que se realizará en el mes de octubre. “Queremos hacer un llamado de manera conjunta con todos los personeros de las ciudades capitales, para indicar a todas las autoridades del Estado colombiano, que la situación de violencia en el territorio nacional es compleja, que debemos promover y fortalecer la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, para despertar en la ciudadanía el reconocimiento, comprensión y validación de las experiencias vividas y los procesos de resiliencia realizados por ellas, que nos permitan pensar en cómo construir el camino del entendimiento pacífico y una paz duradera”, agregó Pinilla Malagón.

De igual manera, se ha anunciado que en el ejercicio de vigilancia y control que se realiza desde las personerías en la jornada electoral del próximo 29 de octubre en las elecciones territoriales, se hará presencia en los territorios, donde como Ministerio Público estaremos en los diferentes puestos de votación desde la apertura hasta la entrega del material electoral a los delegados de la Registraduría, trabajando de manera articulada con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría y la Policía Metropolitana para orientar a los funcionarios y solucionar las inquietudes que se presenten a lo largo de la jornada.

Finalmente, el Jefe del Ministerio Público Distrital sostuvo que, todos los personeros han unidos  sus voces a las de las víctimas y sus familias, al igual que a las organizaciones que luchan incansablemente por la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición y “exigimos que las víctimas tengan voz, que sean escuchadas, que exista una verdadera participación activa en sus procesos de reparación integral e instamos a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para investigar de manera exhaustiva cada caso, llevar a los responsables ante la justicia y brindar toda la atención psicosocial requerida, a las familias afectadas”.

El evento marcó el derrotero de que el camino hacia una verdadera reconciliación y construcción de una paz sostenible todavía presenta desafíos significativos.