• Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, advierte que el Distrito debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios que se prestan en las Casas de Justicia
• Algunas sedes están ubicadas en barrios de estrato 3 o 4, distantes de la población que más necesita acudir a sus servicios.
• Consultorio Jurídico opera de manera virtual, otro impedimento para el acceso a la Justicia.

Bogotá, D. C., 8 de noviembre de 2023 @personeriabta. Con el propósito de facilitar y acercar a la comunidad el acceso a la justicia, operan en el Distrito Capital 16 Casas de Justicia. Sin embargo, algunos servicios ofertados no funcionan en todas las sedes lo que dificulta la priorización y atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad y zonas marginales de la Capital.

El informe de vigilancia y control, adelantado este año por la Personería de Bogotá, verificó el funcionamiento, gestión y estrategias de atención en las Casas de Justicia en Bogotá, las cuales deberían agrupar servicios prestados por distintos operadores como la Secretaría de la Mujer, el ICBF, Comisarias de Familia, Inspecciones de Policía, Fiscalía General de la Nación, Juzgados de Pequeñas Causas y la Dirección de Acceso a la Justicia y la Secretaría Distrital para la Seguridad, Convivencia y Justicia.

Entre las deficiencias halladas por los profesionales de la Personería de Bogotá se resalta que en ninguna Casa de Justicia de la ciudad se tienen habilitados convenios para contar con inspectores de trabajo, defensores públicos, jueces de paz y mecanismos de justicia de pueblos étnicos.

Las visitas realizadas permitieron confirmar, además, que el servicio de Consultorio Jurídico que ofrecen las Casas de Justicia se realiza casi exclusivamente de manera virtual, con excepción de la Casa de Justicia de Engativá, donde se presta este servicio presencial, una vez a la semana. Aunque todas las Casas cuentan con disponibilidad de espacios para la prestación de este servicio, la virtualidad casi exclusiva se presenta como una barrera de acceso a la justicia, toda vez que el programa prioriza la atención de la población con condiciones de vulnerabilidad y marginalidad, sobre la cual se presumen dificultades de acceso al internet, equipos de cómputo y/o manejo de estos.

Por ejemplo la Casa de Justicia de Puente Aranda tiene una infraestructura cinco pisos, de los cuales solo dos se encuentran habilitados para la atención al público, ya que de momento la Casa cuenta únicamente con los servicios de Centro de Recepción e Información (CRI) y Comisaría de Familia. En la Casa de Justicia deTunjuelito no se encuentran habilitados servicios presenciales prestados por operadores del orden nacional (Fiscalía, Juzgados, ICBF y Medicina Legal).

Otra situación que dificulta el acceso de las comunidades a los servicios de las Casas de Justicia, es la ubicación de su sede física.

En la localidad de Kennedy los servicios para el acceso a la justicia se encuentran ubicados en zonas de estrato tres, principalmente al costado oriental de la Localidad. En contraste, se puede identificar una franja conformada por manzanas pertenecientes al estrato socioeconómico dos hacia el occidente de. Se puede notar que existe una gran distancia entre esta franja y el sector donde se ubican los servicios judiciales. Así mismo, es notorio que las Casas de Justicia de Kennedy y Puente Aranda se encuentran ubicadas en zonas aledañas, pero distantes de los barrios más pobres de cada localidad.

En la Localidad de Usme se evidenció que la Casa de Justicia se ubica en el sector Usme Pueblo, que si bien es principalmente identificado como de estrato dos, queda muy retirado de los sectores que concentran la mayoría de población de la Localidad, los cuales presentan estratificación uno y dos. Por su parte, en la Localidad de Usaquén la Casa de Justicia se ubica en el costado más occidental, mientras que los sectores identificados con estrato uno y dos se localizan en el borde oriental, hacia los cerros.

En localidades como Puente Aranda, Suba y Barrios Unidos las Casas de Justicia se ubican en sectores socioeconómicos que van desde la clase media hasta la clase alta, a pesar de lo cual se encontró que estas localidades se presentan alta comisión de delitos y problemáticas ligadas a la violencia intrafamiliar en contra de mujeres y niños, niñas y adolescentes de menores recursos.Para el Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, este informe es en extremo preocupante, ya que el deficiente funcionamiento de la mayoría de los servicios, así como la distancia que separa a las Casas de Justicia, de los sectores que más requieren de sus servicios, constituyen una amenaza a la garantía de los derechos de los ciudadanos tratándose del acceso a la Justicia.