• La mayor parte de vulneración de derechos se da contra las mujeres migrantes.
• Se busca sumar a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales de los sectores de salud, educación, seguridad, financiero y laboral, con el propósito de determinar las oportunidades de incidencia comunicativa.
• En el 2022 y en lo transcurrido de 2023, las peticiones relacionadas con asuntos laborales y garantía del derecho a la salud se encuentran entre los diez principales motivos de consulta.

Bogotá, D. C, 14 de noviembre de 2023 @PersoneriaBta - Entre julio de 2022 y junio de 2023 la Personería de Bogotá atendió 2.509 peticiones de personas de nacionalidad venezolana y colombo-venezolana relacionadas con la garantía de sus derechos. Muchas de estas solicitudes están relacionadas a asuntos laborales y garantía del derecho a la salud.

Por tal razón, el Ministerio Público Distrital, en alianza con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, lanza la campaña ´Somos Guardianes de los Derechos Refugiados y Migrantes´, la que busca contrarrestar el fenómeno de la xenofobia y reconocer y visibilizar los aportes de las personas refugiadas y migrantes al crecimiento socioeconómico y la diversidad cultural en Bogotá.

La estrategia busca sumar a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales de los sectores de salud, educación, seguridad, financiero y laboral, con el propósito de determinar las oportunidades de incidencia comunicativa y en atención que cada una de ellas realiza donde tiene incidencia la población migrante y refugiada en la transformación de imaginarios y prácticas que sostienen la desigualdad y discriminación de esta población.

Algunas de las problemáticas identificadas en la atención prioritaria son:
- En el 2022 y en lo transcurrido de 2023, las peticiones relacionadas con asuntos laborales y garantía del derecho a la salud se encuentran entre los diez principales motivos de consulta de la población y corresponden al 19% del total de solicitudes.

- Acoso laboral, discriminación en el trabajo o en el ejercicio de una actividad económica informal, búsqueda de empleo, negación del pago de salarios o prestaciones sociales, son las situaciones más frecuentes en las peticiones de asuntos laborales, de las cuales las mujeres formularon el 53% de solicitudes.

Esta situación se torna más compleja desde una perspectiva de género. En el sondeo realizado por la Personería a las mujeres extranjeras venezolanas que acudieron a la entidad entre los años 2022 y 2023, se identificaron situaciones de déficit de garantía de derechos humanos que pueden verse agravadas por discriminación hacia la población.

- El 88% de las mujeres entrevistadas manifiesta que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos básicos y los de las personas a su cargo. En ese sentido, el 59% de las encuestadas informó que por falta de dinero ellas o sus familias tuvieron que dejar de consumir una o varias de las comidas principales uno o más días de la semana previa a la encuesta. Lo que es considerado como una amenaza a la seguridad alimentaria de las mujeres y la de sus familias.

- El 78% manifiesta ser cuidadora o tener personas a su cargo, siendo una carga de trabajo no remunerado, que dificulta la inserción en el mercado laboral en condiciones dignas y un obstáculo en la obtención de medios de vida básicos.

- En derecho a la salud, el 82% de las mujeres extranjeras entrevistadas manifestaron estar afiliadas a entidades prestadoras de salud, sin embargo, las familias del 30% de las entrevistadas, no hacen parte del sistema de seguridad social en salud y el 61% de las diagnosticadas con enfermedades como diabetes, obesidad, anemia o afecciones de tiroides no ha recibido tratamientos por parte del Estado.

- El 19% manifestó haber estado en embarazo en los 2 últimos años; sin embargo, el 45% solo accedió a menos de cuatro controles prenatales. Esta situación es preocupante ya que aumenta el riesgo de morbilidad materna extrema y mortalidad materna.

- El 18% tiene atención anticonceptiva insatisfecha, sumado a que el 32% de ellas no ha accedido a un control citológico en los últimos dos años.

- El 16% de las encuestadas manifestó haber vivido, desde su llegada a Colombia, algún tipo de violencia: psicológica, emocional, sexual, económica o física, contempladas en la Ley 1257 de 2008.

- Al indagar por el tipo de agresor del que fueron víctimas, el 36% manifestó que fue victimizada por una persona desconocida, el 29% por empleadores o compañeros de trabajo; el 29% por su pareja o expareja, el 14% por integrantes de la fuerza pública y otro 14% por funcionarios(as) de entidades gubernamentales.

- El hecho de que actores estatales y empleadores(as) destaquen entre los principales agresores de las mujeres pone en evidencia los altos niveles de violencia institucional y de discriminación laboral a los que se enfrenta esta población que guardan relación con prejuicios xenofóbicos.

Ante este panorama, la Personería de Bogotá invita a entidades públicas y privadas en el Distrito para que frente a las situaciones de desprotección de derechos estas sean atendidas desde una óptica de política social para la integración y no de respuesta humanitaria o de emergencia. Lo anterior permitirá sumarse en la transformación de estereotipos y prácticas discriminatorias para que en Bogotá seamos ‘Guardianes de Derechos Refugiados y Migrantes’.