Bogotá, D. C., 19 de julio de 2024. El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, le solicitó, en una carta, a la nueva ministra de justicia, Ángela María Buitrago, su intervención urgente para reubicar a las personas condenadas en estaciones de Policía y URI de la ciudad, así como trasladar a su lugar de residencia a las cobijadas con la medida de prisión domiciliaria -una vez sea instalado el mecanismo de seguridad electrónica- como un primer paso para disminuir los indicadores de hacinamiento, que hoy superan el 168%.

Actualmente, estos centros de detención transitoria albergan 3.296 privados de la libertad, cuando su máxima capacidad es para 1.227 personas.

“Dicha situación genera mayor preocupación, si se tiene en cuenta que durante lo corrido de 2024 los niveles de hacinamiento de esta población van aumentando mes a mes, agravando aún más la vulneración de sus derechos humanos”, advierte el personero distrital en la misiva.

De los privados de la libertad, hay 611 condenados, los cuales deben estar en establecimientos penitenciarios, dado que son responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Además, hay 42 personas cobijadas con prisión domiciliaria.

“La falta de traslado de las personas privadas de la libertad a los establecimientos penitenciarios o carcelarios conlleva que se sobrepase la capacidad logística, presupuestal y humana de la Policía Nacional, debiendo disponer de más de 400 hombres y mujeres del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, día y noche, para cumplir labores de custodia, debilitando la disponibilidad de personal en la prestación del servicio de vigilancia en la ciudad”, puntualiza el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.