Bogotá, D. C., 28 de mayo de 2025. La Personería de Bogotá realizó este martes una audiencia pública sobre la Asociación Público Privada de la Unidad Deportiva el Campín, cuya acta de inicio se firmó el 30 de octubre de 2024.
A la audiencia asistieron más de cien personas, entre ellas directivos del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte -IDRD-, concejales, congresistas, representantes de los vecinos del estadio El Campín, voceros del concesionario Sencia, líderes de juntas de acción comunal, miembros de veedurías ciudadanas, comerciantes, vendedores de alimentos y ligas deportivas.
“En la Personería hemos realizado mesas de trabajo sobre este tema y hemos recibido una serie de solicitudes de las comunidades, de los residentes, de las organizaciones que llevan muchos años en el entorno del estadio El Campín y por eso estamos haciendo esta audiencia para escuchar a la ciudadanía y poder atender sus requerimientos”, explicó el personero Distrital, Andrés Castro Franco.
La Asociación Público Privada -APP- que se ganó la concesión por 29,2 años se comprometió a ampliar el estadio, a construir zonas comerciales y un hotel, entre otras obras.
El abogado Andrés Forero, apoderado de la familia Camacho, que donó los terrenos para el estadio, advirtió que la donación solo se hizo para fines deportivos y una zona de parques. “Nosotros rechazamos el uso indebido que ahora se le pretende dar al terreno, donde un 64 por ciento del área será comercial”, afirmó Forero. Por esa razón, dijo, el contrato de concesión “debe ser revisado”.
Frente a la APP hay dos acciones populares en curso, una de las cuales falló en contra de los demandantes y está a la espera de una decisión EN segunda instancia.
Por su parte, Mauricio Prieto, promotor de una de las acciones populares, señaló que “el contrato (de concesión) está viciado de nulidad absoluta”.
A su turno, Fernando Rozo, presidente de la corporación club de tenis El Campín, se quejó de que hayan sido desalojados de la unidad deportiva después de 72 años y que hayan desaparecido siete campos de tenis para la ciudad.
Por su parte, la concejal María Victoria Vargas señaló que, gracias a la APP, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) pasará de recibir 10.000 millones de pesos a solo 235 millones de pesos al año por el aprovechamiento de la unidad deportiva. “Esa APP no es un buen negocio para la ciudad”, dijo y agregó que un exasesor del IDRD es hoy representante legal del concesionario Sencia.
Angélica Barrero, vocera de los vendedores que trabajan en el interior del estadio El Campín, afirmó que ellos (el 70 por ciento personas mayores) han sido maltratados verbal y sicológicamente por el concesionario.
De otra parte, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Campín, Gloria Liévano, sostuvo que la APP “ha ocasionado problemas de inseguridad” en la zona, mientras que el profesor Alan Zabala se quejó de que el concesionario haya invadido el espacio público de los alrededores del estadio.
Mientras tanto, el veedor ciudadano Armando Villarraga le pidió a la Personería que abra las investigaciones disciplinarias correspondientes en relación con la APP El Campín.
“La comunidad quiere que se anule el contrato de la APP Campín”, añadió Ana María Ortega, veedora de esa concesión.
Al responder a los cuestionamientos, el director del IDRD, Daniel García, dijo que el Distrito comenzará a recibir el 23 por ciento de los ingresos de la concesión a partir del año 23 o 24 de la misma.
Por su parte, Jenifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, sostuvo que las condiciones de la APP “son injustas para la ciudad”, teniendo en cuenta que habrá 114.000 metros cuadrados de zonas comerciales. Según la congresista, en la APP el Distrito aporta el 60 por ciento de los recursos y el concesionario, el 40 por ciento.
Diana Bonilla, Secretaria General del concesionario Sencia, defendió la APP y dijo que el contrato se firmó después de cinco años de análisis del proyecto
Finalmente, el personero Distrital, Andrés Castro, señaló que la audiencia permitió recoger “los insumos necesarios para el ejercicio de nuestra veeduría a la APP”.
