• “No podemos darnos el lujo de tener una generación perdida por las drogas”, afirma Carmen Teresa Castañeda Villamizar
• El Distrito necesita construir una verdadera política de prevención desde la escuela y en conjunto con la familia.
• Para los habitantes de calle “la solución no es llevarlos a guetos”.
• En el país, Bogotá es la pionera en establecer una política integral de rehabilitación, inclusión y restablecimiento de derechos del habitante de calle.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, expresó que no está de acuerdo con las propuestas de campamentos humanitarios para habitantes de calle u otras iniciativas discriminatorias, porque van en contravía de un Estado que respeta la libertad, la dignidad humana y la libre determinación.

“No se pueden imponer modelos de perfección y forzar por encima del consentimiento, tal como lo establece la sentencia de tutela 043 de 2015 de la Corte Constitucional. Lo que sí se debe construir es una política de prevención desde la escuela. No puede ser que a los 8 años tengamos casos de consumo de sustancias sicoactivas y estemos ad portas de crear  una generación perdida”, alertó.

Por el contrario, “lo que hay que pedirle al Distrito es que adopte de forma urgente una cátedra para prevenir el consumo de droga, desde temprana edad. Una fórmula que involucre a la familia con Escuelas de Padres en los establecimientos oficiales. La educación es fundamental”.

La Personera añadió que frente a los habitantes de calle se deben tomar acciones positivas que rescaten de manera especial, integral e incluyente a quienes tienen unas condiciones de vulnerabilidad. “Dejar el discurso y materializar acciones concretas para atender a los habitantes de calle. Un Estado social como el nuestro, pluralista y de derecho no aísla, ni discrimina ni estigmatiza. Por el contrario, incluye, integra, apoya y atiende ”, dijo.

Distrito pionero

Bogotá fue la primera ciudad del país en implementar una política pública Distrital para los habitantes de calle que rehabilita, incluye y reincorpora a la sociedad a esta población.

El diseño institucional del Distrito y sus acciones concretas, en materia social, están acorde con las reglas y principios de la Ley 1641 de 2013, que ordena la implementación de una política pública para el habitante de calle.

“No puede haber una coerción sin consentimiento libre e informado, por altruista que parezca la iniciativa. Sin embargo, eso no significa que la sociedad, el Estado y la familia no tengan un deber solidario para intervenir y proteger los derechos de personas en manifiesta vulnerabilidad”, aclaró.

El Estado debe entrar a actuar para eliminar las condiciones de marginalidad mediante acciones afirmativas que garanticen, protejan, mantengan y logren la inclusión social. “Se necesita que el Distrito no sólo brinde todas las ayudas y programas que tiene, sino que busque e involucre a las familias de los habitantes de calle que quieran colaborar y contribuir con su afecto, con su vínculo a la recuperación de estas personas; eso los fortalece”, recomendó.

“Acompañamos el proceso de intervención Distrital, siempre que se ajusten a los principios y rutas que se implementan en el Decreto 560 del 2015. Nos oponemos a las formas ocultas y alternas de supuesta socialización que discriminen, releguen o marginen a personas que se encuentren en máximas condiciones de vulnerabilidad como son los habitantes de calle”, puntualizó.

Delito

Otra cosa es que estas personas sean instrumentalizadas y que aprovechen su adicción para fomentar actividades criminales. Allí se necesita de una acción de inteligencia para identificar los expendedores camuflados en la indigencia y una intervención rápida de las autoridades judiciales y de Policía Nacional.

Agregó que “no se puede dejar espacio a justicia por mano propia; no debe existir, ni se pueden admitir avisos amenazantes y supuestas iniciativas de limpieza social. La solidaridad de la sociedad implica respeto, ayuda y denuncia, no intimidación”.