• Según las quejas, Juan Pablo Bocarejo desacató las instrucciones del Fiscal General para retirar automotores inmovilizados que invaden el espacio público.
• Se incrementó de inseguridad, insalubridad e incluso obstaculización de actividades económicas de comerciantes del sector.
• Algunos particulares se apoderaron del espacio público para cobrar por el cuidado de vehículos y amenazan para que no les dañen el negocio.
• Problema lleva más de un año sin solución por parte de las autoridades.

La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar en contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún por presuntamente, desconocer y desacatar las instrucciones impartidas por el Fiscal General de la Nación, para que se diera solución inmediata a la invasión del espacio público por parte de vehículos inmovilizados por las autoridades en el sector de la URI, UPJ y Estación de Policía de Puente Aranda.

El Ministerio Público Distrital solicitó a la Alcaldía Local de Puente Aranda impulsar el proceso por la ocupación de espacio público en la Carrera 40 con 10A, Carrera 32 con 14, Carrera 34 con 3B y alrededores del sector de San Andresito de la 38.

De acuerdo con las quejas, un grupo de particulares asumió la explotación del espacio público y lo destinó al cuidado de vehículos, por cada uno de los cuales llegaban a cobrar hasta $300 mil semanales.

Algunos comerciantes explicaron  que muchos vehículos son parqueados frente a sus establecimientos, obstaculizando el ingreso de clientes y camiones con mercancías, lo que los ha obligado a cerrar sus negocios. Además, manifestaron que el abandono de vehículos estaba ocasionando problemas de inseguridad.

Sin solución

El órgano de control distrital luego de varias visitas al lugar convocó a una audiencia pública a la que citó a funcionarios de la Fiscalía y del Distrito, para presntar soluciones que permitieran darle tranquilidad a la comunidad.

En nueva audiencia, la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, recordó que el Código Nacional de Tránsito dispone que los alcaldes, organismos de tránsito distrital, la policía de tránsito, inspectores de policía y agentes de tránsito, entre otros, tienen facultades de Policía Judicial y que su omisión constituye causal de mala conducta, contemplada en el Código Único Disciplinario.

La Personera lamentó que la Secretaría de Movilidad haya querido trasladar su responsabilidad a otros funcionarios, dicha dependencia solicitó a la Contraloría Distrital una orientación y luego surgió la idea de llegar a un ´acuerdo buena voluntad’, ante lo cual la Personera dijo que “La única buena voluntad que puede haber en los servidores públicos, es la de cumplir la ley”.

Destacó que quien dirige y coordina la función de policía judicial en el país es el Fiscal General de la Nación. Añadió que a la ciudad le han venido ‘tomando del pelo’ desde hace más de un año a la solución del problema. “No se puede dar más largas en la solución del problema, buscando dilatar con demandas y recursos ante el Tribunal, mientras se agrava la situación en el sector. Hay que emprender acciones”.

Agregó que, incluso, un funcionario de la Personería que acudió al lugar a practicar una visita administrativa, fue amenazado por sujetos que le aseguraron que no iban a permitir que les dañaran el negocio que tienen allí.

Con base en esas razones, la Personería inició una indagación preliminar contra el secretario de Movilidad del Distrito y evalúa la actuación de la Alcaldía Local.