• Funcionarios no iniciaron las acciones contra responsables de millonarias condenas contra el Distrito.
• De $52.241 millones que el erario capitalino tuvo que pagar, sólo iniciaron acciones para rescatar 6.108 millones, es decir el 11,69%. El resto se perdió.
• En sólo el IDU se dilapidaron $45.000 millones, el 97%.

La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar para determinar a los funcionarios del sector de Movilidad que dejaron caducar las acciones de repetición contra servidores públicos y particulares con funciones públicas, responsables de condenas contra el Distrito por $46.133 millones, del primero de octubre de 2011 al primero de octubre de 2016.

El estudio del Ministerio Público Distrital encontró que la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UARMV), Transmilenio y la Empresa Terminal de Transporte han tenido que pagar por sentencias, conciliaciones y transacciones, la suma de $52.241 millones.

De acuerdo con las normas, una vez el Estado es condenado o se compromete a responder por actuaciones de dolo o culpa gravísima de algún funcionario o de particulares con funciones públicas, tiene un plazo máximo de dos años para iniciar las acciones de repetición contra los responsables para recuperar los recursos.

Pese al deber legal de repetir contra los responsables, la Personería encontró que sólo iniciaron acciones para rescatar $6.108 millones, es decir el 11,69% del total perdido.

IDU el peor

El IDU, responsable del 97% de las condenas contra el sector Movilidad, tuvo que pagar más de $50.538 millones, para cuya recuperación inició acciones de sólo $5.215, lo cual generó una pérdida superior a los $45.322 millones.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad ha tenido que pagar $883 millones, de los cuales están en recuperación $419 millones; los restantes $464 millones, más del 50%, ya se perdieron.

La Terminal de Transporte pagó $346 millones, pero no ejerció ninguna acción de repetición con el argumento de que es una Empresa de Economía Mixta que se rige por el derecho privado y no por la Ley 678 de 2001.

Por último, Transmilenio tuvo que pagar $289 millones y la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial $37 millones; ambas iniciaron acciones para recuperar esos dineros.