• La señora quedó embarazada y dio a luz a un bebé que fue entregado al ICBF.
• Pese a que se conoce al presunto responsable, Distrito sólo casi un año después y por solicitud de la Personería, informó del hecho a la Fiscalía.
• Responsables no trasladaron a la víctima a otro centro para protegerla.

La Personería de Bogotá descubrió que una persona en condición de discapacidad fue presuntamente abusada en el Centro de Protección Integrarte, ubicado en fuera del perímetro urbano del Distrito, adscrito a la Secretaría de Integración Social (SIS).

Profesionales del Hospital Simón Bolívar, el 23 de agosto de 2016, encontraron embarazada a Giovana*, una mujer con diagnóstico de esquizofrenia. La señora, de más de 40 años de edad y en condición de discapacidad, tenía más de 30 semanas de gestación, sin que nadie del Centro de Protección ni personal médico, al parecer, se hubiera percatado de su estado.

La señora, presuntamente víctima de abuso sexual, indicó en la entrevista con el psicólogo que el padre del bebé era “el doctorcito de blanco Wilson”; al revisar la nómina del Centro de Protección, el nombre coincide con el de un auxiliar de enfermería. El abuso debió ocurrir a principios de 2016.

¿Nadie se dio cuenta?

En la historia social de la señora aparecen cinco consultas médicas en el Hospital Simón Bolívar. El 29 de abril de 2016 le practicaron una citología, el 6 de junio una radiografía de tórax; el 16 de ese mes asistió a cita médica y el 5 de julio le ordenaron una ecografía pélvica por dolor abdominal, aunque ésta no se realizó. Curiosamente, después de cuatro consultas, nadie detectó su estado de embarazo.

Finalmente, el 23 de agosto de 2016, a través de una ecografía, se determinó que Giovana tenía más de 30 semanas de gestación y los médicos consignaron la sospecha de un abuso sexual. En otra palabras, durante 8 meses la paciente no recibió atención médica como madre gestante de alto riesgo; por el contrario, continuó siendo presuntamente medicada y sometida incluso a un examen de rayos X, con el peligro que eso representa para el bebé y para ella.

El 13 de octubre Giovana dio a luz a una niña, que fue entregada en adopción a la Dirección Seccional de Usaquén del ICBF.

La Ley del silencio

La víctima, que estaba desde enero de 2013 en ese centro, ante los abusos pidió traslado del lugar. La Personería descubrió el hecho en noviembre de 2016 durante una visita al lugar, e inmediatamente pidió el traslado de la afectada o retirar al presunto responsable, pero ni la solicitud de la afectada ni las de la Personería fueron atendidas.

Pese a la gravedad del hecho, los funcionarios de la Secretaría de Integración Social no presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunto abuso sexual y tampoco solicitaron una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal.

En concepto de la Personería, hubo incumplimiento por parte de la Secretaría en la ruta de atención a la afectada, pero, sobre todo, desconocimiento del deber establecido en las normas para todo servidor público de denunciar en forma oportuna los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tenga conocimiento.

Pasado casi un año de la presunta violación, el 7 de diciembre de 2016, el supervisor del convenio suscrito con el Centro de Protección, luego de la visita del Ministerio Público Distrital, presentó la denuncia ante las autoridades, sin precisar a ningún responsable ni solicitar la evaluación de Medicina Legal. Por su parte, la Personería remitió oficios con los soportes de la historia social de la señora a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Seccional del ICBF.

El Organismo de Control encontró, además, que la señora se encontraba aún institucionalizada en el mismo Centro de Protección y no evidenció ninguna medida de protección para salvaguardar sus derechos y seguridad.

La Personería inició una indagación preliminar para determinar los servidores públicos del Distrito responsables del proteger a la adulta en condición de discapacidad, quien, por el contrario, presuntamente fue vulnerada dentro de las instalaciones del Centro de Protección.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la afectada.