• Administración distrital ha sido negligente en renta y compraventa de vehículos afiliados al SITP, en favor de propietarios del transporte público.
• Hacienda tampoco ha resuelto solicitudes pendientes.
• Centenares de familias derivan su sustento de vehículos que pasaron al SITP, pero el Distrito ha incumplido su obligación de acatar el Plan de Desarrollo.
• Personería dispuso iniciar acción disciplinaria contra responsables.

 La desaparición del antiguo Transporte Público Colectivo (TPC) y su reemplazo por el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), llevó a la crisis económica a numerosos pequeños propietarios de buses, cuyas familias derivaban su sustento de los vehículos del TPC.

 Así lo dejó ver un informe de la Personería de Bogotá, según el cual la presunta negligencia del Distrito sería la causante de la crisis que hoy agobia a muchos antiguos transportadores del TPC no sólo en lo económico, sino en su salud física y hasta emocional.

 La puesta en marcha del SITP implicó la entrega en concesión de diferentes zonas de la ciudad a empresas operadoras que estaban en la obligación de comprar a sus propietarios los vehículos del TPC, para continuar operándolos o chatarrizarlos.

 Sin embargo, ese proceso de chatarrización se ha venido desarrollando de manera paulatina y lenta porque, de un lado, los concesionarios no solicitan a los propietarios los vehículos para comprarlos y, de otro, muchos de los adquiridos aún no han sido pagados, como tampoco se han cancelado las rentas mensuales acordadas.

 Por su parte, la Secretaría de Movilidad (SM), de un tiempo hacia acá, ha venido cancelando las tarjetas de operación de esos vehículos sin resolver la situación a sus propietarios, por lo que los mismos no los pueden poner a trabajar en la modalidad de SITP provisional. Eso los ha obligado a dejar los vehículos en parqueaderos, en absoluto lucro cesante, en grave afectación especialmente para su sustento y su salud emocional y física.

 Para subsanar la problemática, la Administración anterior expidió el Decreto 580 de 2014 para autorizar a Transmilenio a adquirir y pagar los vehículos, con posterior recobro a los concesionarios, bajo la figura de Cesión Económica de Derechos. En consecuencia, recibió 2.109 solicitudes con base en las cuales suscribió 1.263 contratos y desembolsó $128.000 millones.

 Al finalizar dicha Administración, se expidió el Decreto 526 de diciembre 15 de 2015, que reasignó a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de resolver las solicitudes pendientes y recepcionar nuevas, pero, a la fecha, el citado despacho no ha efectuado trámite alguno.

 El plan de desarrollo Bogotá mejor para todos ordena al Gobierno distrital, en su Artículo 78, asumir las obligaciones de renta o compraventa de vehículos afiliados al SITP, en favor de los propietarios de vehículos del TPC. A la fecha eso tampoco se ha cumplido.

 Existe una certificación según la cual, en junio de 2016, había 716 vehículos sin Tarjeta de Operación, de los cuales 313 operaban en el SITP provisional; es decir, en ese momento 403 familias vivían sin poder operar el mismo número de vehículos. El problema se agrava si se tiene en cuenta que no hay a la vista una solución por parte de la Administración y, al contrario, la Secretaría de Movilidad continúa cancelando las tarjetas de operación que se van venciendo.

 La Personería verificó las acciones de la Administración, en cabeza de Transmilenio, como gestor del SITP, y de la Secretaría de Hacienda como responsable del trámite de cesión de derechos y pago de vehículos, para garantizar la protección de los derechos de los cientos de familias que derivan su sustento de la operación de vehículos del transporte tradicional.

 Como quiera que se evidenció negligencia al no dar solución alguna a la problemática durante 2016, el ente de control inició una acción disciplinaria y exhortó a la Administración para que, con carácter urgente, reglamente lo pertinente y cumpla lo ordenado por el Plan de Desarrollo.