En contravía de las normas contrataron directamente un servicio que debieron hacer por convocatoria pública.

A través de un convenio de asociación por más de $96 millones, vulneraron los principios de contratación.

La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años al exdirector del Instituto de Economía Social (IPES), Armando Aljure Ulloa y a la exsubdirectora Jurídica de esa entidad, Sandra Victoria Vargas Castillo por irregularidades en contratación relacionadas con un convenio de asociación por más de $96 millones.

La investigación determinó que los exfuncionarios firmaron un convenio de asociación con la Fundación Construyendo Nación, en cambio de realizar una convocatoria pública para escoger la mejor oferta para el suministro de insumos y el fortalecimiento comercial y financiero de vendedores informales. Para el convenio de asociación el IPES aportó cerca de $88 millones y la firma privada $8.7 millones, con un plazo de ejecución de tres meses.

De acuerdo con el fallo, el director del Instituto suscribió el contrato sin verificar que el objeto del contrato y sus obligaciones no están acordes a los parámetros legales establecidos para realizar los convenios de asociación con entidades privadas, sin ánimo lucro.

En cuanto a Sandra Victoria Vargas Castillo, exsubdirectora Jurídica dio la aprobación de la minuta del mencionado convenio, sin tener en cuenta que el objeto y las obligaciones contractuales constituían un contrato de suministro que debió celebrarse por las normas del estatuto de contractual.

Según la decisión de segunda instancia, con la firma del convenio se eludieron los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva de la contratación estatal, además se desconocieron otros mecanismos legales para escoger la mejor propuesta contractual.