• Existe un subregistro de esta población.
• Personera pide realizar un censo real de personas dedicadas a este oficio.
• Distrito no tiene ni capacidad económica ni administrativa para atender el fenómeno.
• Policía debe revisar directiva que no contempla la presencia de Ministerio Público en operativos de recuperación de espacio público.
• Bogotá Humana infló cifras de atención.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar reveló que no existe una política seria para atender a los vendedores informales de la ciudad, ni hay cifras reales del número de personas dedicadas a esa actividad, y tampoco el Distrito cuenta con la capacidad económica y administrativa para brindar ofertas reales de formalización.

De acuerdo con un informe del Ministerio Público Distrital, el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto para la Economía Social (IPES), a 9 de agosto de 2018, reporta 51.605 personas reconocidas por las Alcaldías Locales. El propio IPES, en otra base de datos incluye a 29.992 vendedores más, para un total de 81.597.

Sin embargo, lo único claro es que existe un subregistro, dice el estudio. Muchas personas, nunca se han acercado a solicitar los servicios, pues no encuentran alternativas para su reubicación, mientras que la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del DANE, establece que hay unos 176.000 vendedores informales en la ciudad.

Si bien, la Personería reconoce el esfuerzo que el IPES realiza para atender a esta población, el Instituto no cuenta con la capacidad económica y administrativa suficiente para atender sus necesidades. La oferta institucional sigue siendo mínima para enfrentar el fenómeno, agregó la jefe del Ministerio Público.

A pesar del aumento en la cantidad de vendedores informales, desde hace varios años no se han habilitado nuevos espacios para su reubicación ni ha crecido la oferta institucional. Al comparar la asignación presupuestal en pesos constantes, se encuentra que han estado prácticamente congelados durante las dos últimas administraciones, siendo a todas luces insuficientes los recursos apropiados. Pasó de $142.7 millones a $144.4 millones, es decir, creció solo el 1,2%.

En el segundo semestre del año 2018 se tiene previsto ampliar la cantidad de puestos en 35 quioscos nuevos y en 343 mobiliarios itinerantes, para un total de 378 nuevos espacios. Sin embargo, pese a este esfuerzo, el aumento resulta insuficiente para las demandas por alternativas de reubicación dados los múltiples procedimientos de recuperación y restablecimiento del espacio público.

En resumen, Bogotá no tiene una política pública para atender los vendedores informales, por eso la Personería hace un llamado a la Administración para atender verdaderamente el problema y propuso la creación de un Comité para generar soluciones concretas para esta población.

El llamado también es para la Policía, dijo la Personera. Se debe revisar la implementación de sus procedimientos y solicitó la modificación de la directiva 006 que no contempla la presencia del Ministerio Público en los operativos de recuperación del espacio público.

Por último, se reveló que la Bogotá Humana infló las cifras de atención a los vendedores informales. Según la Administración anterior fueron 12.000 personas beneficiadas con los programas, cuando la realidad muestra que solo se atendieron 3.000.