• Adolescentes infractores tienen acceso a drogas y armas cortopunzantes. En 2018 se registraron dos víctimas fatales.
• Vacío normativo permite que adolescentes y mayores de edad retenidos compartan el mismo espacio, hecho que interfiere el proceso educativo.
• No existe una política pública que regule el proceso restaurativo de jóvenes infractores. El modelo pedagógico es arcaico.
• Personería ha venido advirtiendo, pero autoridades competentes no han tomado medidas a fondo para solucionar la problemática.

La muerte dos jóvenes este año, sinnúmero de intentos de evasión, armas blancas y droga en el Centro de Atención Especializada El Redentor, son parte de los hechos que muestran el caos y la problemática del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, reveló la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar.

Según un informe del Ministerio Público Distrital, si una persona que hoy tiene 25 ó 30 años es sancionada por un delito que cometió cuando tenía entre 14 y 18 años, la norma obliga a que la privación de la libertad por ese hecho se realice en un centro para adolescentes y no en un centro penitenciario para adultos. Incluso algunas personas que han estado en cárceles para mayores por otro delito son trasladadas a El Redentor cuando se dan cuenta de que tiene una sanción anterior por hechos cometidos cuando era adolescente.

Esa situación permite que convivan personas adultas involucradas en gravísimos crímenes, con adolescentes en algunos casos acusados de infracciones menores, lo que genera una ruptura en el proceso formativo al que los jóvenes deberían incorporarse, situación que va en contravía del propósito teórico de proteger, educar y restaurar.

La Personería encontró que los adolescentes tienen fácil acceso a armas cortopunzantes y a sustancias psicoactivas, debido a la falta de control del personal encargado de la vigilancia, lo que hace reiterativos los episodios de amotinamientos y evasiones en los que muchas veces se presentan violaciones a los Derechos Humanos, como los casos de quienes han perdido la vida en riñas, o el de una persona que murió por inhalación del químico de un extintor, al parecer para drogarse.

Para completar existe un grave vacío legal, pues no existe un código de procedimiento para adolescentes infractores; los jueces tienen que acudir al Código de Procedimiento Penal que se aplica a los mayores de edad.

Durante 2018, la Personería ha enviado cerca de 20 comunicaciones a las autoridades competentes para exponer la problemática que se viene presentando en los centros de atención especializada, a fin de que se cumpla el fin educativo de la privación de la libertad establecido en las normas, pero aún no ha obtenido una respuesta clara y contundente. Incluso desde 2017 se viene alertando a las autoridades nacionales y distritales, sin que se tenga eco de ninguna de ellas.

Este tipo de situaciones evidencia la inexistencia de una política pública integral para el manejo del proceso restaurativo de los infractores, que se suma a la imposición de un modelo pedagógico arcaico ante la realidad que enfrentan los jóvenes hoy.

Salud y educación

Se observaron problemas de salud mental y un alto consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes infractores, sin que se les esté brindando una atención especializada que permita una rehabilitación eficaz. No hay un protocolo para la atención en salud que dé respuesta a las necesidades de esa población; todo queda a la buena voluntad de alguna EPS.

Por otra parte, el modelo educativo implementado presenta falencias; los encargados de impartir pedagogía tienen la educación, pero carecen de experiencia y se ven obligados a ejercer actividades de vigilancia que no hacen parte de sus funciones ni de su fortaleza.

Procedimientos, logística y personal

Los operadores del servicio en los centros especializados desconocen los procedimientos que deben aplicarse en el manejo de la cadena de custodia; tampoco conocen sus responsabilidades cuando proceden a la incautación de estupefacientes, armas cortopunzantes y elementos no permitidos.

Existe falta de logística y de personal de la Policía de Infancia y Adolescencia para impedir evasiones y realizar los traslados que los privados de la libertad necesitan para cumplir citas médicas y audiencias ante los jueces. En muchos casos, los infractores son trasladados a pie desde el centro preventorio hasta el centro de internamiento, vulnerando la reserva de sus identidades.

Así mismo, hay pocos funcionarios de la Policía Judicial para evacuar los procesos del sistema penal adolescente, por lo que se presentan represamientos en los despachos. Tampoco hay suficiente personal de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, para cubrir las audiencias de control de garantías.

Responsables

El Ministerio Público Distrital exhortó al Ministerio de Justicia para que proponga una ley en la que los infractores que adquieren la mayoría de edad cumplan su sanción en centros penitenciarios para adultos, y no en lugares para adolescentes.

Así mismo, instó al ICBF a revisar el modelo pedagógico de atención, para que se ajuste a perfiles adecuados a las realidades de los jóvenes y en garantía de sus derechos. Hizo también un llamado a implementar una estrategia de seguridad para mejorar la convivencia de los infractores y prevenir episodios fatales. Además, solicitó que se contrate personal de vigilancia y se revalúe el perfil profesional del educador.

Finalmente, pidió agilidad en la implementación de los protocolos de atención especializada en salud física y mental, y recomendó a las autoridades realizar una veeduría exhaustiva a las obligaciones contractuales de los operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.