En primera instancia
• Adquirió un sistema de cámaras de vigilancia que no se pudo activar por falta de un registro fotográfico previo para la comparación de los rostros.
• El Convenio fue pactado por $7.753 millones y luego tuvo una adición de $4.004 millones, en total $11.758 millones.
La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por 12 años, en primera instancia, a Ricardo Roberto Ramírez Moreno, exsubgerente Técnico del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), en liquidación, por suscribir un convenio para la instalación y puesta en servicio de un sistema integrado de cámaras de vigilancia para Transmilenio, por más de $7.753 millones, en diciembre de 2014, que no se pudo activar.
El convenio interadministrativo de cooperación con EMTEL, de Popayán, tenía como objetivo desarrollar una solución integral en tecnología, información y comunicaciones que permitiera la implementación, diseño y puesta en funcionamiento de un sistema integrado de video-vigilancia inteligente para Transmilenio, con técnicas biométricas de reconocimiento facial. El convenio pactado inicialmente por más de $7.753 millones, se adicionó por $4.004 millones.
Sin embargo, el sistema no se pudo activar debido a la falta de una base de datos que tuviera un registro previo fotográfico necesario para la comparación del rostro actual de las personas requeridas por las autoridades de policía o judiciales.
Le advirtieron
El FVS desde los estudios previos que se elaboraron para el proceso contractual, así como en su invitación a participar en la convocatoria pública para la adquisición de las cámaras de vigilancia fue explícito y describió con detalle lo que necesitaba: una base de datos de registros fotográficos para que el sistema de video vigilancia inteligente realizara la identificación biométrica de los individuos requeridos por la justicia.
Incluso EMTEL en su propuesta, indicó que el objeto del contrato no comprendía el suministro de la base de datos y en caso de requerirse, debería tenerse como un adicional para lo cual se presentaría la cotización para su aprobación.
Eso no es todo, existe un oficio mediante el cual la jefe del área de la policía científica y criminalística de Policía Nacional informa que ese organismo no cuenta con una base de datos de registros fotográficos para consulta biométrica.
Pese a las advertencias, de forma negligente y con una evidente falta de análisis razonable, el exsubgerente no consideró ese insumo por lo que a la postre, la solución para la seguridad de los usuarios de Transmilenio no operó, con las consecuencias y perjuicios patrimoniales para la ciudad.
La decisión de primera instancia fue apelada por la apoderada del funcionario y será resuelta por la Personera de Bogotá, en segunda instancia.
