María Victoria Leguizamo, la primera mujer trans que trabajó en la Personería de Bogotá y quien desde hace más de un año labora en Arauca como lideresa defensora de derechos humanos, está siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales en la capital de ese departamento.

Ante las llamadas y mensajes intimidantes contra ella y su familia, por su labor en defensa de personas trans y población que realiza actividades sexuales pagas, a través de una organización defensora de derechos humanos en ese municipio, la Personería de Bogotá solicitó a las autoridades nacionales tomar las medidas necesarias para proteger su vida y la de su hogar.

De acuerdo a las denuncias, María Victoria ha recibido llamadas de un supuesto integrante del Bloque Oriental del ELN quien la amenazó de muerte a ella y a su familia, así como ha sido objeto de seguimiento y advertencias para que no informe de los hechos a las autoridades.

El relato frente a las amenazas recibidas por la lideresa evidencia una forma de sanción a la visibilidad que han adquirido ella y el colectivo del que hace parte. Estos hechos se inscriben en las situaciones de riesgo señaladas por la Defensoría del Pueblo.

En la Alerta Temprana 018 de 2020, la Defensoría señala que entre 2019 y la fecha, se ha observado un fortalecimiento de los grupos y estructuras de crimen organizado de alcance regional, binacional y transnacional, los cuales cuentan con importante capacidad de daño sobre la población civil.

Entre los grupos poblacionales en mayor exposición al riesgo derivado del accionar de los actores armados ilegales parte del conflicto y estructuras de crimen organizado están las lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

El accionar de estos actores armados exacerba y reinventa unas violencias estructurales preexistentes en contra de la población que representa María Victoria. La Personería de Bogotá hace un llamado a la celeridad en la actuación de las autoridades locales en la protección de la lideresa y el colectivo que representa.