“Nos preocupa la situación de 400 personas asentadas en el Parque Nacional y 1.460 en el Parque La Florida UPI, porque el 70% son niños, niñas, mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores”, afirmó Patricia Villegas, Personera delegada para la protección de las víctimas del conflicto armado interno.
• Por instrucciones del Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, los equipos de derechos humanos, familia, víctimas, personerías locales y el GAEPVD han realizado un acompañamiento permanente a estas comunidades indígenas.
Bogotá D.C., 19 de octubre de 2021 (@PersoneriaBta). - La Personería de Bogotá como guardiana de los derechos de los ciudadanos en la Capital de la República hizo hoy un llamado al diálogo armónico y empático entre la Administración Distrital, la población indígena Embera y otros pueblos indígenas, que permita avanzar en una efectiva participación conjunta, respeto mutuo, progresividad, gradualidad y sostenibilidad encaminada hacia la reparación integral y goce efectivo los derechos de estos ciudadanos.
“Reiteramos nuestro permanente llamado a la corresponsabilidad, a la efectiva articulación entre lo Nacional y lo Distrital en especial respecto a los retornos a los territorios de origen y la reubicación, ratificamos nuestra presencia en garantía y protección de derechos con enfoque diferencial étnico en el marco ciudad Bogotá Distrito Capital”, afirmó Patricia Villegas, Personera delegada para la protección de las víctimas del conflicto armado interno.
Los guardianes de los derechos han permanecido con esta comunidad, escuchando a los líderes indígenas, voceros y a todas las personas en el Parque Nacional y el Parque La Florida UPI recogiendo sus necesidades con el fin de efectuar requerimientos, seguimientos y alertar a las instituciones competentes.
“Hoy ya se hace necesario exigir acciones concretas con inmediatez en la vía de la garantía de derechos. Hemos enfatizado de manera reiterada, en la necesidad de la protección reforzada de los sujetos de especial protección constitucional y la efectiva coordinación interinstitucional, insistimos en las competencias y armonización del orden Nacional y Distrital dirigida a mitigar los riesgos y restablecer sus derechos individuales y colectivos”, explicó Villegas.
Para este Ministerio Público y como defensores de derechos humanos se hace indispensable que se implementen acciones inmediatas y duraderas para cubrir las necesidades fundamentales de salud, hospedaje, alimentos, educación y que permita la reconstrucción de sus proyectos de vida familiares y colectivos, para una efectiva reparación integral y garantías de no repetición.
“Hoy, en el Parque Nacional y en el Parque La Florida UPI se encuentran aproximadamente 1.860 personas, de las cuales el 70% son niños, niñas, mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores. De estas familias indígenas, algunas son víctimas desplazadas del conflicto armado, hay Embera katío, chamí y dóbida, están acompañados de representantes de otros pueblos indígenas”, agregó la funcionaria.
Es importante recordar que la Constitución Política de Colombia reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, no obstante, la realidad indica que el conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país. En este contexto, atendiendo la normatividad nacional e internacional, se dictan medidas de especial protección del estamento institucional dirigidas, entre otros al pueblo indígena Embera.
“Estos riesgos siguen latentes y otros se han materializado, generando el desplazamiento forzado de muchas familias unido a la especial situación de pandemia por coronavirus covid-19 que visibiliza la situación en territorio ciudad de la población indígena, siendo el Distrito Capital un centro receptor en el que confluye la institucionalidad distrital y nacional como garantes de sus derechos”, puntualizó.
