• Pérdidas técnicas por fugas en tuberías que se rompen, conexiones ilegales y pérdidas comerciales inciden en este porcentaje.
• Si se redujera en un 10% esta pérdida, la entidad recuperaría cerca de 300 mil millones, lo que equivale a 56 millones de metros cúbicos.
• En los últimos 20 años se han hecho inversiones superiores a los 2,5 billones de pesos para frenar esta pérdida, sin embargo, no se ha logrado el efecto esperado.

Bogotá, 18 de septiembre de 2024 - @personeriabta. A raíz de la crítica situación que vive la ciudad por cuenta del abastecimiento de agua, la Personería de Bogotá hizo un llamado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB-ESP para que revise la infraestructura, tecnología y estudios disponibles a fin de controlar y reducir el índice de agua no contabilizada, que hoy se acerca al 40%.

“Pérdidas técnicas por fugas en las tuberías que se rompen, falta de atención inmediata a estas, pero, particularmente, conexiones ilegales y pérdidas comerciales de la empresa inciden en este porcetaje. Hoy, por cada 100 metros cúbicos, se están perdiendo o robando cerca de 40 metros cúbicos, lo cual es preocupante”, afirma el personero distrital, Andrés Castro Franco.

En los últimos 20 años se han hecho inversiones superiores a los 2,5 billones de pesos para frenar esta pérdida, sin embargo, no se ha obtenido el efecto esperado.

“Si se lograra reducir un 10% esta pérdida, la entidad recuperaría cerca de 300 mil millones, lo que equivale a 56 millones de metros cúbicos, es decir, la capacidad de un embalse por año”, agrega el jefe del Ministerio Público Distrital.

La Personería reiteró la importancia de realizar las intervenciones necesarias para recuperar el agua que no se está contabilizando, y hacer los seguimientos e inversiones requeridas encaminadas a evitar las conexiones fraudulentas.

Obras en planta Wiesner

El organismo de control también le solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB información sobre acciones concretas para destrabar la ejecución de las obras siniestradas en la planta de tratamiento Wiesner, cruciales para el cumplimiento del Plan maestro de abastecimiento de agua potable.

Dichas obras se contrataron, inicialmente, en 2017, por un valor de $ 93 mil millones, con el consorcio EPIC PTFW, de los cuales el contratista recibió $53 mil millones. Después de casi 4 años, y dos prórrogas, las obras apenas llegaron al 40%.

Debido al incumplimiento del primer contratista fue necesario suscribir un segundo contrato por valor de $141 mil millones. Este último tuvo una prórroga de 6 meses y una adición cercana a los $3 mil millones.

Las obras que se están ejecutando van a permitir monitorear la calidad del recurso hídrico y aumentar el caudal de agua potable que se suministra a la capital

Por último, la Personería le solicitó a la empresa hacer seguimiento a la ejecución del contrato, de manera que las obras se entreguen en febrero de 2025, tal como se encuentra establecido en el cronograma.

INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO DE SELECCIÓN DE ARL

LA PERSONERIA DE BOGOTA D.C. pone a disposición de los interesados invitación para SELECCIONAR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) QUE SE ENCARGARA DEL ASEGURAMIENTO DE LOS RIESGOS LABORALES DE LOS SERVIDORES.

OBJETO: Seleccionar una Administradora de Riesgos Laborales que permita mejorar el acompañamiento y asesoria para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la Personería de Bogotá, con el objetivo de controlar y minimizar la ocurrencia de ATEL en bienestar de los funcionarios, colaboradores y contratistas de la entidad.

ALCANCE: La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) deberá prestar los servicios médicos asistenciales que se deriven de la atención de los accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL), así mismo, deberá prestar servicios de prevención, promoción, asesoría, capacitación, entrenamiento y evaluación de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado por los funcionarios, colaboradores y contratistas de la Personería de Bogotá D.C.

AVISO INFORMATIVO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA

SELECCIONAR UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

TÉRMINOS INVITACIÓN PÚBLICA PARA SELECCIONAR LA

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES(ARL)

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

     • La Secretaría Distrital de Salud denunció que los casos ocurrieron en una bebé de 23 días de nacida y en una niña de 13 años.

     • El ente de control pide activar las rutas de atención correspondientes y hace un llamado a la protección integral de la comunidad

Bogotá, D. C., 7 de junio de 2024 - @personeriabta. Ante la denuncia de la mutilación genital femenina a dos niñas indígenas Emberá, en la capital, la Personería de Bogotá solicitó al Distrito y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF proteger y restablecer, de manera inmediata, los derechos de las menores de edad afectadas con esta práctica, dado que no solo pone en riesgo su vida, salud e integridad física, sino que vulnera sus derechos sexuales y reproductivos.

Según la Secretaría Distrital de Salud, una bebé de 23 días de nacida y una niña de 13 años fueron víctimas de este tipo de violencia, aunque no se precisó el lugar.

Por lo anterior, la Personería reitera la importancia de articular esfuerzos institucionales, entre la Nación y el Distrito, para atender las necesidades de la comunidad indígena Emberá que reside en la ciudad, particularmente de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales y protección integral, al ser sujetos de especial protección constitucional.

“Es necesario concertar con los líderes de la comunidad indígena la eliminación de este tipo de prácticas, que afectan los derechos humanos de las niñas y las mujeres. De igual forma, es importante continuar brindándoles acceso a todos los servicios de salud, en las diferentes especialidades”, afirma el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

El Ministerio Público Distrital recordó la importancia de priorizar la activación de las rutas de atención para esta población vulnerable, en aras de garantizarle condiciones de vida digna y segura frente a la actual crisis humanitaria.

• Defender de los derechos y orientar a los ciudadanos por el aumento de problemas sociales durante la pandemia por COVID-19 es parte de la misión en la Personería de Bogotá.
• La Personería vigila ejecución de cerca de 24 billones de la Administración Distrital y a unos 60 mil servidores en la Capital de la República.
• La adición de $2.000 millones, disminuirá déficit respecto a 2019, en sólo 10%.
• Es indispensable la atención de 150 mil peticiones al año, entre ellas 10 mil solicitudes de tutelas y 15 mil peticiones de conciliación que hacen parte del servicio ciudadano que presta la entidad.

Bogotá, D.C., 20 de agosto de 2021 (@PersoneriaBta). La Personería de Bogotá como guardiana de los derechos de los capitalinos ha permanecido con la comunidad durante la pandemia por el virus COVID-19 y ha desarrollado una gestión permanente para atender los problemas sociales, pese a la significativa reducción en el presupuesto de inversión de un 71.3%, para la vigencia 2021, pasando de $21.205 millones destinados en 2019, a $6.076 millones en la vigencia actual.

El Distrito cuenta con un presupuesto, en 2021, cercano a los $24 billones, mientras que este ente de control solo dispone del presupuesto de inversión $6.076 millones para velar la ejecución, vigilar cerca de 60 mil servidores, defender los derechos de millones de capitalinos, intervenir en procesos administrativos y judiciales.

Debido a la emergencia sanitaria en el país por el COVID-19, las afectaciones sociales y de orden público de los últimos meses, la Personería de Bogotá busca fortalecer la presencia en el territorio y poder continuar con la elaboración de unas 10 mil tutelas y atender 15 mil solicitudes de conciliación que se atienden en promedio cada año.

También la intervención en 25.000 quejas por violencia intrafamiliar en las Comisarías de Familia y en miles de procesos ante los juzgados civiles y penales municipales, así como ante la Fiscalía y las querellas en las inspecciones de Policía y autoridades de tránsito que atendemos con el apoyo en las 20 localidades y la confianza que nos ha dado la ciudadanía.

Contar con mayores recursos para fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH) y el derecho internacional humanitario (DIH), es buscar la continuidad de la sensibilización en prevención de violencia basada en género, abordando temáticas como el feminicidio, derechos y equidad de género, atención a población vulnerable y ruta de atención de violencia intrafamiliar.

De otro lado, la ciudad ha reconocido que a través de los miembros del Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos (GAEPVD), se ha brindado un seguimiento más oportuno, adecuado y cercano de cara a la ciudadanía durante las marchas y concentraciones que se vienen adelantando en la Capital desde el 28 de abril. Fortalecer al Grupo Élite es fundamental para atender las crecientes demandas de la sociedad.

De igual manera, se busca fortalecer la vigilancia disciplinaria de los servidores públicos del Distrito para prevenir, denunciar y sancionar hechos de corrupción. Este desafío se presenta en forma permanente y existen situaciones que ameritan una investigación disciplinaria, los cuales exceden los niveles de evacuación óptimo de casos que ha llevado a la entidad a ejecutar planes de descongestión anuales y priorizar los temas de mayor impacto para el Distrito Capital, debido al cúmulo de expedientes.

Con el fin de mejorar los tiempos de respuesta en un mundo digital y ofrecer una óptima calidad en la información que suministra a los ciudadanos, la Personería inició un proceso de transformación y fortalecimiento de sus herramientas tecnológicas de la información y comunicación, de cara a la ciudadanía.

La transparencia en la ejecución de recursos es vital para la ciudadanía y es deber de la Personería guardar los recursos públicos. Un organismo de control fortalecido es una garantía para todos los capitalinos

• Más de tres años de reiteradas advertencias no fueron suficientes.
• Directivos y exdirectivos de la UAESP deberá responder disciplinariamente por presuntas omisiones. En curso hay 4 investigaciones.
• Hay multas al concesionario, pero no una sanción definitiva. Por el contrario, CGR pidió un aumento de tarifas para recibir más recursos y la Nación se la dio.
• Pese a esto, el concesionario de 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno tiene 12 abandonadas.
• Tenían 70.397m³ de lixiviados almacenados, lo que equivale a 21 piscinas olímpicas. Pero, el contratista no tenía la capacidad para tratarlos en su totalidad.
• De 58 parámetros para su manejo cumpliría 27. De 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados operan 5.
• Vierte los líquidos sin permiso al río Tunjuelo. Su mal manejo desestabiliza el relleno y limita aprovechamiento de biogás. Están enterrando desechos aprovechables.

Pese a las reiteradas advertencias de la Personería de Bogotá de las múltiples irregularidades en el manejo del relleno de Doña Juana por parte del concesionario CGR, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (UAESP) no tomó las medidas necesarias para obligar a cumplir el contrato al operador y evitar este desastre anunciado.

Desde mayo de 2016, hasta enero de 2020, la Personería realizó más de una decena de solicitudes y pronunciamientos pidiendo a la Unidad emprender acciones de fondo, sin obtener respuesta real. Teniendo en cuenta que se vienen denunciando más de 30 irregularidades en la operación de la disposición final de unas 7.000 toneladas diarias de basura, por parte del concesionario, los directivos y exdirectivos de la UAESP, deberán rendir explicaciones disciplinarias ante su presunta negligencia en la supervisión del contrato.

Aunado a lo anterior, en mesa de trabajo llevada a cabo en enero del presente año, el concesionario se comprometió a iniciar el proceso de disposición de residuos en la terraza 3A, donde continuaría disponiendo hasta principios de 2021, y no en la zona donde lo están haciendo actualmente y donde se presentó el derrumbe.

Incumplimientos
La obligación contractual del concesionario de cubrir como mínimo el 90% de los residuos no se cumplió en diversos períodos del contrato. Los vecinos del sector decían que el contratista espera hasta tener centenares de miles de toneladas de basura regadas para emprender esa labor, aumentado la proliferación de moscas y desagradables olores.

De las 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno (compactadoras, tractor, bulldozer, cargador, camión, entre otras) 12 están abandonadas y sólo funcionan 2 (una a veces y la otra está en mal estado). La maquinaria fue entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hace 8 años al concesionario, pero nunca fue renovada. No las dan de baja.

La mayoría de los incumplimientos del concesionario obedecen a la falta de personal para la cobertura de los desechos, insumos, construcción de chimeneas, elaboración de filtros, cobertura y desarrollo de obras civiles para las terrazas del relleno, lo que de manera directa repercute en la estabilidad del mismo.

Lixiviados
En 2019, el relleno tenía almacenados 70.397,3 m³ de lixiviados, lo que equivale a más de 21 piscinas olímpicas de líquidos contaminantes. Pese a ello, CGR no ha tenido la capacidad para tratarlos en forma adecuada, evitando que se desestabilice el relleno y no cuenta con un permiso de vertimientos al río Tunjuelo.

Hay un manejo de las aguas lluvias deficiente, permitiendo el aumento de presiones en la masa de residuos y no tienen registros de la estabilidad del área. En octubre de 2015 hubo un deslizamiento y las autoridades han tenido que clausurar algunos sectores de disposición por la inestabilidad del terreno, reduciendo su capacidad.

De los 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados sólo operaban 5. A comienzos de 2019, el concesionario tenía sin operar los principales equipos de este subsistema, sin justificación técnica alguna: 4 sopladores, el sistema de deshidratación, el motor barredor de lodos y las unidades de drenaje flotante. El concesionario no ha realizado el mantenimiento correctivo de las estructuras del subsistema de depuración bioquímico. Hay fugas del sistema de difusión de aire y se requiere la reparación de la geomembrana.

No existe un adecuado mantenimiento del sistema de conducción de lixiviados, hay rebose de líquido y de espuma, que ha venido aumentando. A pesar de múltiples solicitudes de la interventoría se mantienen taponamientos en tramos de líneas de conducción, sin que se sustituyan las tuberías viejas, afectando los recursos naturales cercanos.

El concesionario desde hace varios años no tiene permiso de vertimiento de lixiviados. De 58 parámetros para manejo cumple con 27, incumple 23 y 8 ni los reporta. En otros países hay 70 o más parámetros que se deben cumplir para el tratamiento de estos líquidos. Los resultados de calidad del vertimiento evidencian una alta carga de materia orgánica y nitrogenada no removida. Hay regularmente cloruro, arsénico, zinc, cromo, hierro, níquel, grasas y aceites.

Problemas con el biogás
Con la planta instalada por el contratista Biogás Doña Juana, de septiembre de 2009 a mayo de 2019, fueron capturados y tratados 704.379.558 m³N/h de biogás, con lo que se redujo unas 5.626.206 toneladas de CO2 y comercializó 8313527,82 KW/H. Sin embargo, la falta de planificación en la disposición de residuos y atrasos en la adecuación de las zonas licenciadas por parte de CGR, han repercutido en la reducción en la captación de biogás desde el año 2015.

Además, continua la desconexión de la infraestructura en varias zonas, igualmente no se ha realizado la construcción y realce de las chimeneas y trincheras por parte de CGR. Mientras tanto, hay aumento de brotes de lixigas, es decir, lixiviados con gases, lo que dificulta la captura de biogás. CGR fue sancionado por estos hechos por la UAESP, sin embargo, sigue sin cumplir.
Desde el 16 de julio de 2018 y hasta el 27 de mayo de 2019, CGR Doña Juana en su autonomía técnica dispuso de residuos en la zona denominada Biosólidos, la cual se encuentra por fuera del polígono licenciado.

Residuos hospitalarios
Para minimizar el riesgo de los residuos hospitalarios debe realizarse una excavación, luego depositar allí los desechos y cubrirlos con capas de desechos ordinarias, con el fin de evitar su disgregación y esparcimiento, de elementos que incluyen instrumentos cortopunzantes. La interventoría evidenció que a veces nada de esto hace, por el contrario, estos residuos se dejan expuestos.

La capacidad de la celda de residuos hospitalarios era de 101.445 m³. El concesionario haciendo uso de su autonomía técnica, pero sin aprobación de las autoridades, subió 2 metros el lleno y así aumentó el volumen total de disposición a 114.836 m³.

Gestión social y residuos aprovechables
Una de las medidas de compensación a favor de la comunidad, establecida en el Plan de Gestión Social de la zona de influencia del relleno 2009 - 2013, proyectó una inversión de $28.000 millones, que se recogerían de la venta de los bonos CER (certificados de reducción de emisiones), pero, sólo se recibieron cerca de $5.000 millones, debido a la inadecuada operación del relleno que no permite aprovechar el proceso de la planta de biogás.

La cláusula tercera del contrato con CGR establece que “el concesionario deberá desarrollar los mecanismos de aprovechamiento que considere técnica y económicamente viables hasta del 20% de los residuos sólidos que ingresan al relleno”. Sin embargo, la interventoría evidenció que CGR, después de 8 años, no ha presentado mayores avances en la implementación.

La interventoría indicó que, el porcentaje máximo de residuos que se ha aprovechado al interior del relleno ha sido de 3.55% en un mes y en muchas ocasiones no ha pasado del 0,02%. Mínimo el 20% de residuos no deberían estar enterrándose en Doña Juana y podrían ser recuperados por la población recicladora.

Zona de reserva natural y habitabilidad
Un estudio de la Universidad Nacional de 2016 determinó que Doña Juana está ubicado en contravía de las normas y prohibiciones legales, en un sector de reserva natural, páramo y en 2 zonas de recarga de acuífero. Por el terreno del relleno atraviesan varios cuerpos de agua y la zona es catalogada por las autoridades como de amenaza de remoción en masa alta y media.

Para completar se encuentra a menos de 1 kilómetro del perímetro urbano, es decir, a menos de 10 cuadras de sus vecinos, lo que les genera una gran afectación en materia de salud. La obligación de CGR de construir un dique ambiental para mitigar los impactos ambientales y visuales a la comunidad se encuentra detenida.

Además, la Personería en 2016 encontró que el concesionario, luego de 5 años de operación sólo había sembrado 17 árboles de 10.000 que establece la licencia ambiental y luego de las solicitudes del ente de control se logró la siembra de 6.666 a julio de 2019, pero después de 8 años de contrato aún faltaban 3.334 árboles para cumplir con la medida de compensación.

¿Sanciones sin efectos?
La UAESP ha impuesto multas algunas a CGR, por la demora en el cumplimiento de sus obligaciones, en 2014 y 2017, al no realizar las coberturas de residuos y el control de vectores. Otros 4 correctivos son por indebida construcción de chimeneas en 2017; incumplimiento parcial de sistema de suplencia eléctrica en 2017, realizar disposición de residuos en la zona de biosólidos en 2019 y por no realizar obras que garanticen la capacidad de operación del relleno por 6 meses en 2019.

No obstante, los continuos incumplimientos y escasa inversión de CGR, aún no hay un proceso de caducidad del contrato, por el contrario, el concesionario gestionó un aumento de tarifas de aseo para recibir más recursos con el aval del Distrito. incremento avalado por el Gobierno Nacional y anunció en 2019 que busca ampliar la vida útil del relleno por 37 años más.

• En la localidad no hay presencia de las autoridades para que se cumpla la cuarentena a cabalidad.
• Riña con muerto y herido no fue atenida oportunamente.
• Se presenta presunta venta de licor en algunas veredas.
• Los campesinos necesitan tapabocas, jabón antibacterial y atención del Distrito.

La Personería de Bogotá solicitó a las autoridades Distritales, locales y a la Policía hacer presencia en la localidad de Sumapaz para controlar y verificar el cumplimiento de las medidas de cuarentena obligatoria por el Covid-19.

El Ministerio Público recibió diferentes quejas de personas de los corregimientos y veredas de Sumapaz pidiendo que se realice un control y comprueben la vulneración a las medidas de cuarentena y al Código de Policía y convivencia. Dicen que no hay control en las entradas a la localidad, hay circulación de personas por las calles y de vehículos con pasajeros por las vías, así como tiendas que expenden licor.

Por ejemplo, en estos días, en una tienda de la vereda Peñalisa se presentó venta de licor y una riña que dejó un herido y un fallecido. Pese a la intervención preventiva del corregidor, antes de la pelea y las llamadas urgentes de la Personería a la Policía, está no acudió para evitar la situación. Tampoco hay una vigilancia permanente en la localidad.

Otra queja indica que la Junta de Acción Comunal de las Veredas Las Ánimas y Las Sopas decretó de manera irregular un toque de queda, según dicen como medida de seguridad. Por su parte, los campesinos habían cerrado la vía entre el Corregimiento de San Juan y el municipio de Cabrera, para que no puedan entrar a la localidad. Entre tanto, en la vereda de Nazareth indican que supuestamente el conductor de la ruta de la salud, en su vivienda vende cerveza sin ser un establecimiento comercial formal.

En resumen, como si no fuera una localidad de la ciudad, en Sumapaz sólo hay presencia del Ejército Nacional, pero falta la acción de la Policía para prevenir e imponer orden con comparendos a quienes desconozcan la cuarentena.

Por toda esta situación, la Personería hizo un llamado para que se haga presencia en Sumapaz, se de protección de los campesinos con jabón antibacterial, tapabocas y guantes; se atiendan las demandas sociales de la comunidad y se realice patrullajes de control por parte de la Policía.

Mientras tanto, el Ministerio Público Distrital pide a la población respeto a las recomendaciones y decretos nacionales y distritales que tienen que ver con la pandemia por el corona virus.

La Personería de Bogotá solicitó al Distrito realizar la caracterización de las personas que habitan en los denominados pagadiarios (habitaciones de alquiler temporal) con el fin de que el Distrito canalice y determine la forma de ayuda humanitaria a esta población.
En sólo las localidades de Santa Fe, la Candelaria, Los Mártires las autoridades visitaron con el acompañamiento del Ministerio Público Distrital más de 120 pagadiarios, especialmente en los barrios Alameda Centro, Santa Barbara y Santa Fe.
Las autoridades seguirán realizando visita en otras localidades, la mayoría con la presencia de la Personería Distrital.

• Exmandataria que firmó el contrato ya había sido destituida, en primera instancia, por irregularidades en otro contrato similar.
• Funcionaria con maniobras dilatorias retrasó sanción.
• Presuntas anomalías en alcaldías locales de Administración anterior superan los $100 mil millones.
• Van 80 fallos sancionatorios, en los últimos 3 años y medio, contra servidores de alcaldías de las últimas 3 administraciones.

La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar contra la exalcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio con el sistema universitario del Eje Cafetero por unos $19.000 millones para intervenir la malla vial de la localidad.

Según la queja, la funcionaria, al parecer, no sólo habría eludido una licitación o concurso público para escoger la mejor oferta, sino que presuntamente pactó un anticipo del 50% del contrato, con la presentación de un plan de trabajo.

El Ministerio Público Distrital, en primera instancia, ya había destituido e inhabilitado por 12 años a la mandataria saliente por irregularidades en contratación. La sanción fue precisamente por la suscripción de un convenio con Fonade, por $9.594 millones, para la intervención de la malla vial local, espacio público, interventoría y el mobiliario de la sede de la Alcaldía.

Demoras

La mandataria fue citada a audiencia para presentar descargos el 11 de enero de 2018, pero no asistió. A lo largo de 2018 fue citada en 31 ocasiones hasta el 11 de diciembre para continuar con el proceso disciplinario verbal.

En sólo 2018, la investigada no asistió en 14 ocasiones a la citación a audiencia y sus abogados defensores en 12 ocasiones. 8 veces ni la mandataria ni abogados asistieron y en 8 citaciones dicen que la alcaldesa no concurre por incapacidad médica, pero en 2 de ellas no anexa certificación. Se verificó con la Secretaría de Gobierno y ninguna de las incapacidades médicas fue presentada ante esa entidad para justificar alguna ausencia laboral.

Durante el proceso, la defensa presentó 4 solicitudes de nulidad, una recusación, 4 solicitudes a la Procuraduría para que asumiera la investigación las cuales fueron negadas y una acción de tutela. La mandataria ha tenido 6 abogados. La decisión, luego de diferentes maniobras dilatorias, está en apelación.

Sanciones de 3 años y medio

La Personería de Bogotá profirió 80 fallos sancionatorios contra alcaldes locales, en los últimos tres años y medio, de servidores de las últimas 3 administraciones. Las decisiones fueron, en su mayoría, por irregularidades en contratación.

De la Administración saliente van 4 alcaldes locales sancionados de 14 investigados. Las irregularidades en contratación superan los $100 mil millones.

• Se encontraron presuntas irregularidades en licitación para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la malla vial.
• El contrato fue adjudicado sin cumplir con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
• Deberá responder en audiencia pública dentro de un proceso disciplinario verbal.

La Personería de Bogotá formuló cargos a la alcaldesa Local de Sumapaz, Francy Liliana Murcia Díaz, por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la malla vial por más de $13.199 millones.

El contrato fue adjudicado a la firma Consorcio Vial Sumapaz 2017, único proponente que se presentó al proceso licitatorio, sin cumplir con los requisitos técnicos habilitantes exigidos, como la experiencia del personal para realizar la obra, que debían ser de 10 a 15 años, según el pliego de condiciones de la licitación.

Los investigadores encontraron que los documentos del proceso licitatorio de la oferta del adjudicatario fueron publicados a destiempo, en la plataforma de contratación estatal Secop II, esto es, 9 meses después de entregados, en contravía de las normas de la contratación pública.

De acuerdo con el Ministerio Público Distrital, la alcaldesa de Sumapaz con su forma de proceder durante el proceso licitatorio, al parecer, vulneró los principios de transparencia, igualdad, publicidad y moralidad que rigen la contratación estatal. Por eso calificaron la falta de manera provisional como falta gravísima.

La servidora deberá continuar asistiendo a las citaciones dentro del proceso disciplinario verbal, hasta que se decida si es responsable o no de una conducta irregular.

La Personería de Bogotá y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) firmaron una Carta de Entendimiento para trabajar, de manera conjunta, en favor de los refugiados y migrantes venezolanos y colombianos retornados que se encuentran en el Distrito Capital.

El trabajo articulado se centrará en el fortalecimiento del rol de la Personería, particularmente en cuanto a la garantía y protección de Derechos Humanos de las personas que se están asentando en la Capital.

El propósito de la alianza es brindar mayores herramientas en la labor de orientación que cumple la Entidad, y generar recomendaciones para los diferentes aliados distritales respecto a los derechos y deberes de los venezolanos refugiados y los migrantes más vulnerables.

De acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia, a junio del presente año más de 1 millón 408 mil venezolanos se encontraban dentro del territorio nacional, siendo Bogotá la ciudad de mayor concentración de población del vecino país con 313.528 personas, equivalentes al 22% del total del país, seguida por los departamentos de Norte de Santander, Guajira, Atlántico y Antioquia.

“La población venezolana que se encuentra en Bogotá ha venido aumentando significativamente; no es sólo un tema de frontera, lo que representa un enorme reto para la Ciudad. ACNUR está muy interesado en trabajar con la Personería, así como con la Alcaldía y otros socios, para fortalecer la respuesta no sólo a la población venezolana sino a las comunidades de acogida”, aseguró Jozef Merkx, representante de la ACNUR en Colombia.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, manifestó que “el creciente ingreso de personas procedentes de Venezuela nos enfrenta a retos y oportunidades para fortalecer el trato digno, la convivencia respetuosa y libre de discriminación, con cero tolerancia a posibles manifestaciones de xenofobia. Nuestra tarea es empoderar a las personas en la exigibilidad de sus derechos y el reconocimiento de sus deberes, construyendo una Cultura de Paz”.