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● Personería realiza seguimiento al regreso de público a losl Estadios “El Campín” y Metropolitano de Techo.

Bogotá, D.C., septiembre 4 del 2021 (@PersoneriaBta). El Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, junto con todo su equipo de guardianes ha realizado un seguimiento especial a las medidas para el regreso seguro y en paz a los escenarios deportivos de la capital. También ha participado en el ejercicio del diálogo empático en mesas con los diferentes actores para garantizar el respeto de los derechos de todos los capitalinos en los encuentros deportivos.

El Personero quien estuvo en el primer encuentro deportivo con espectadores, y de primera mano evidenció fallas en la seguridad durante el incidente ocurrido entre los hinchas de los equipos Santafé y Nacional propuso trabajar en un protocolo Interinstitucional que permita superar las fallas presentadas y avanzar en el regreso oportuno de los hinchas a los estadios.

"Los aficionados deben sentirse seguros dentro de los estadios y debemos generar confianza en estos escenarios como territorios de paz. Somos equipo por un fútbol en paz", enfatizó.

Además, el funcionario ha sostenido diferentes encuentros con las autoridades del Distrito Capital, para conocer las medidas que se adoptarán en el corto, mediano y largo plazo. Destacó el diálogo con la Policía Metropolitana en cabeza del General, Eliécer Camacho, quien le mostró el dispositivo de la Fuerza Pública para compartir los diferentes espacios en los escenarios deportivos. "El grupo élite GAEPVD estará en los estadios realizando acompañamiento a la comunidad", anunció el Personero, para fortalecer el diálogo empático con todos los actores, adelantar labores de mediación y gestión del conflicto, siempre comprometidos con la No Violencia y la Cultura de Paz, como presupuesto de construcción ciudadana.

De otro lado, la Personería destaca los encuentros con los presidentes de los equipos de la capital, Santafé, Millonarios y La Equidad y algunos representantes de las barras populares y tradicionales para escuchar la socialización de las medidas de regreso, evaluar la situación actual del Fútbol Colombiano e impulsar un trabajo mancomunado para transmitir el respeto a los Derechos Humanos a través del deporte.

La Personería de Bogotá lamenta profundamente la muerte del anestesiólogo William Gutiérrez y el médico general Carlos Fabián Niño, por afecciones derivadas del Covid-19. Estos héroes representan el sacrificio que está haciendo todo el personal sanitario en el país para enfrentar la grave pandemia que se propagó por el mundo.

Ante esta situación, desde hace días el Ministerio Público de la Capital está realizando el control y seguimiento a la dotación e insumos dados al personal médico, de enfermeras y administrativo de la red de hospitales y centros de atención de la Administración Distrital con el fin de proteger la vida de quienes están dando la suya por nuestra salud y bienestar.

Entre tanto, la Personería hace un llamado al Distrito a reforzar y proteger la bioseguridad del personal sanitario de la red centros de atención oficial en salud de ciudad, con dotación recomendada para la prevenir el contagio del Covid-19.

• Sector histórico está siendo depredado por actividades derivadas del funcionamiento de instituciones educativas y obras urbanas.
• Esas actividades generan ocupación de espacio público y establecimientos de comercio en zonas residenciales.
• El Distrito ni siquiera cuenta con un listado confiable de las instituciones que operan en el sector de interés cultural y mucho menos de los impactos.
• Alcaldía Local dice que tiene limitaciones para sancionar el daño al patrimonio.
• Ninguna entidad de Administración anterior hizo nada para evitar el daño.
• De 13.800 predios de patrimonio, sólo hay en trámite del Plan de Regulación y Manejo (PRM) 16 inmuebles, de los cuales, 7 lo han adoptado.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, presentó una acción popular en la que solicita que se detenga la destrucción del patrimonio de conservación arquitectónico y cultural de Teusaquillo, depredado por actividades comerciales derivadas del funcionamiento de instituciones educativas y obras urbanas que vulneran los derechos colectivos a un ambiente sano, goce del espacio público y la memoria urbana de la ciudad.

En la demanda, admitida por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Teusaquillo, las secretarías de Planeación, Movilidad, y Cultura, Recreación y Deporte, así como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se solicita que se declaren responsables de violar los derechos colectivos de los capitalinos, en especial de los habitantes del sector, por no hacer respetar las normas de control urbano y afectar su calidad de vida.

El Ministerio Público Distrital pide que se vinculen a la demanda, en principio, a 12 instituciones educativas: la Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI), la Corporación Universal de Investigación y Tecnológica (Coruniversitec), la Corporación Educativa Indoamericana; las universidades Innca, Católica, Cooperativa y Colegio Mayor de Cundinamarca; las fundaciones Inpahu, San Mateo, Panamericana, San Alfonso (FUSA) y Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa.

Los establecimientos educativos sin una infraestructura urbana adecuada generan a su alrededor ocupación indebida de espacio público por el parqueo de motos y vehículos, así como el surgimiento de ventas informales, bares, tabernas, restaurantes, casinos, entre otros, que causan desorden urbanístico en ese sector emblemático de la capital.

De esa forma, se vulneran los derechos colectivos, al patrimonio cultural con el daño de las viviendas de conservación, al goce del espacio público con el funcionamiento de instituciones educativas sin la instalaciones dotacionales para prestar el servicio y la vulneración del ambiente sano con establecimientos comerciales prohibidos en la zona que impactan la tranquilidad de sus habitantes y el mobiliario urbano.

UPZ
Tres áreas de la Unidad de Planificación Zonal (UPZ) 101 de Teusaquillo fueron declaradas como sector de interés cultural. Allí están barrios tradicionales como Teusaquillo, Palermo, La Soledad, La Magdalena, Santa Teresita, Américas y Armenia, que tenían a 2012 más de 13.800 predios de conservación.

La UPZ Teusaquillo admite, con una serie de condicionamientos, el funcionamiento de universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación, y prohíbe la actividad de tabernas, discotecas, casinos, entre otros establecimientos de comercio que aumentan los decibeles permitidos para la zona, lo que perturba la tranquilidad de quienes habitan este lugar, sin que el Distrito hagan nada para impedirlo.

Según la comunidad, el daño arquitectónico, ambiental y patrimonial del Distrito y la Nación cobija algunos parques como el Brasil, del barrio la Magdalena, que al ser ocupados como campus universitarios alternativos, ocasionan la destrucción de jardines a cargo del Jardín Botánico de Bogotá, sin que se haya realizado ninguna acción de las autoridades distritales para evitarlo o recuperarlos.

Sin control ni articulación
La comunidad de la UPZ y la Corporación Cívica de Propietarios para la Defensa de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural (Corpopatrimonio), han buscado que cese la afectación al sector patrimonial, solicitando a la Alcaldía Local y otras autoridades distritales el cierre o traslado de los establecimientos que contrarían las normas.

No obstante, la Alcaldía de Teusaquillo dice que carece de competencia para ejercer facultades sancionatorias sobre esas instituciones y propietarios, pues no hay una claridad en las normas que están vulnerando. Agrega que tiene limitaciones para realizar el control urbano y de uso del suelo en la localidad.

La Secretaría de Planeación afirma que creó el Plan de Regularización y Manejo (PRM) para mitigar los impactos urbanísticos negativos, con el fin de generar espacio público, soluciones viales, de estacionamientos y otros servicios para su funcionamiento. Sin embargo, los planes tienen dos dificultades para constituirse en una solución real. Primero, se activan únicamente por solicitud de las instituciones interesadas, segundo el plan no es un requisito para poner a funcionar el establecimiento. Además, el poco interés de las instituciones es tal, que de los 13.800 predios de conservación del sector, hay en trámite de PRM 16, de ellos, sólo 7 lo adoptaron.

Para completar, el Distrito no ha expedido el plan maestro de instituciones de educación superior, a pesar de que el POT lo contempló y dispuso que se adoptaran desde 2004.

El Sistema Distrital de Patrimonio Cultural no está funcionando para salvaguardar los inmuebles declarados de interés cultural y patrimonial. En los últimos años, en sus reuniones ni siquiera trató el tema de inclusión de más predios de conservación.
La Secretaría de Ambiente responsable de mantener jardines y plantas de varios parques y espacios verdes del sector, no se conoce que haya realizado actividad alguna para protegerlos.

En resumen, las dependencias distritales no cuentan con información unificada. Los datos difieren desde el nombre del establecimiento, hasta la identificación predial. Todos se pasan la responsabilidad de uno al otro, sin que ninguno asuma como Administración su tarea. No hay articulación entre ellas.

Hasta la Alcaldía Mayor, de la Administración anterior, no emitió respuesta alguna a una solicitud de la Personería, y sólo envió copia de los oficios a cada una de las entidades del orden distrital, sin que ninguna atendiera el problema.

POT acababa con el patrimonio
Incluso la Administración anterior, en 2019, propuso un nuevo POT, en el que dijo, sin ninguna pena, que la UPZ 101 había perdido su “homogeneidad”, es decir, que se convirtió en una zona mixta que admitiría cualquier tipo de uso de suelo. Eso significa que la Administración conocía la problemática de la zona, y en ese sentido, desprotegieron el patrimonio cultural de la Nación, y en específico, el del Distrito, desatendiendo las necesidades de la UPZ Teusaquillo.

Por lo anterior y para mayor claridad, la Personería pidió al juez que se decrete que de la UPZ 101 Teusaquillo debe ser protegida por su valor arquitectónico y patrimonial ordenando que se expida una normatividad fuerte respecto de su uso y sanciones por su violación.

Más peticiones
El ente de control pidió que se ordene a las entidades demandas para que máximo en un año actualicen el listado de los bienes de interés cultural, a través del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural con representantes de la comunidad.

También que se declare la UPZ 101 Teusaquillo como una zona de especial protección por sus características arquitectónicas y patrimoniales. Que se les exija a todas las instituciones educativas y demás establecimientos la adopción del Plan de Regulación y Manejo para mitigar los impactos urbanísticos negativos. Se ordene a la Secretaría de Movilidad a que realice una intervención constante para garantizar el debido uso de espacio público y la movilidad en la zona.

Así mismo, se ordene al Distrito que intervenga de forma precisa, directa y efectiva en la toma de medidas inmediatas para la preservación de un ambiente sano, y conservación de los bienes declarados patrimonio cultural en Teusaquillo.

Esperamos que la nueva Administración Distrital tome medidas efectivas

• Movilidad incumplió con su deber de notificar en debida forma a los capitalinos los comparendos impuestos.
• Inconsistencias perjudican a los ciudadanos, generan un desgaste administrativo y congestionan la rama judicial.
• Entre 2016 y julio de 2019, Movilidad gestionó 722.398 notificaciones por correspondencia, el 48% fueron devueltas por inconsistencias.
• Los 352.686 comparendos devueltos fueron notificados por aviso físico o la página web, es decir, los usuarios no se enteraron.
• De 709.718 cobros coactivos sólo el 20% fueron notificados efectivamente. El 80% se enteraron cuando los embargaron. No hubo cobro persuasivo en 2018.
• Fueron 668.607 embargos en 3 años y medio, que buscó un cuantioso recaudo de $551.567 millones. Se reportaron 397.545 procesos sin desembargo.
• No se garantizó el derecho al debido proceso ni a la defensa.

La Personería de Bogotá encontró fallas en la notificación de comparendos, el trámite de procesos, recaudo y cobro de cartera de las infracciones por parte de Secretaría de Movilidad; falta de articulación con la Policía de Tránsito para incorporar los reportes y graves dificultades de acceso a la información por parte de los usuarios, que les obstaculiza defender sus derechos y hasta solicitar el desembargo de sus sueldos, bienes o cuentas.

Entre enero de 2016 y julio de 2019, se notificaron personalmente 369.712 órdenes de comparendo, las otras 352.686, equivalentes al 48,82% de las infracciones fueron devueltas, notificándolas por aviso, en resumen más del 52% de las personas no se enteraron de comparendos en su contra.

Tampoco se evidenció una debida gestión persuasiva con los deudores y menos aún una debida notificación del 80% de 709.718 procesos de cobro coactivo, al punto que muchos de los afectados terminaron enterándose de la existencia de un comparendo y la falta de pago de la infracción, cuando fueron embargados sus bienes o cuentas bancarias.

Toda esta situación afecta no solo el bolsillo de los usuarios, sino que genera engorrosos trámites administrativos para los ciudadanos y la propia Secretaría. Esas dificultades terminan direccionándolos a los tramitadores, a presentar reiterados derechos de petición y a acudir a la tutela o demandas que desgastan el sistema judicial, por asuntos que deberían ser resueltos por Movilidad con eficacia.

Notificaciones

La Secretaría de Movilidad para las miles de órdenes de comparendo tiene procesos automatizados que utilizan bases de datos, entre ellas, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de forma que el Distrito, apoyado en la aplicación literal de la ley, se limita a informar masivamente a la dirección de ese Registro, lo cual resulta insuficiente porque muchas veces está mal registrada. Ante la imposibilidad de que la agencia de correos logre la entrega de la comunicación, en aplicación de la norma de procedimiento, opta por notificar en forma oficial una publicación a través de un aviso.

Los avisos de notificación se fijan en carteleras de la entidad que nadie lee y en sitios web de la página de internet de la Secretaría, difíciles de localizar. Para que un ciudadano pueda constatar que le fue notificado un comparendo por ese medio tendría que rebuscar, no se sabe cada cuánto tiempo, las decisiones que se publican entre cientos de archivos descargables y miles de números que allí se citan.

Barreras de acceso

El sistema dispuesto por Movilidad no tiene previsto un mecanismo de advertencia de las notificaciones de comparendo. La página web de consulta de comparendos tampoco permite descargar las resoluciones que los declaran infractores, ni las respuestas a sus derechos de petición.

No sólo hay graves barreras de acceso a la información sino a la consulta de los expedientes (personal y virtual), situación que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos.

Indefensos

La persona que no se entera de la imposición de un comparendo tiene varias desventajas: no comparece a la audiencia para ejercer su derecho a la defensa; pierde la oportunidad de pagar la multa con descuento; luego lo pueden requerir a pagar la multa con intereses de mora y puede resultar con una orden de embargo de su sueldo, cuentas bancarias o bienes. Además, tendría que pagar las costas del proceso coactivo y no tendrá la posibilidad de renovar sus licencias de conducción o realizar otros trámites administrativos. También se afecta su nombre e información crediticia.

Sólo diligentes para embargar y recaudar

Como la Secretaría de Movilidad registraba riesgos importantes de prescripción de su cartera por concepto de comparendos, al parecer, optó por embargar masivamente a los ciudadanos, descuidando dar aplicación cabal a las actuaciones de carácter persuasivo.

Esos embargos, registran su mayor pico en el año 2018, con 496.911 ordenes, que lograron una relativa elevación del recaudo, pero se realizaron en una proporción tal, que desbordaron la capacidad administrativa de la entidad distrital, en perjuicio de los derechos de los usuarios de acceder a una resolución pronta y de fondo a cada una de sus peticiones.

La notificación oficial en la fase coactiva también fue poco efectiva, de 709.718 mandamientos de pago librados, la Secretaría de Movilidad efectuó 333.911 citaciones que hicieron efectivas 142.775 notificaciones, es decir, solo un 20% de lo esperado. De esa forma, el 80% de las ordenes libradas, resultaron conociéndolas los ciudadanos al momento de afrontar sorpresivamente los embargos de sus cuentas, sueldos e incluso bienes.

La Secretaría de Movilidad fue muy diligente para embargar a los ciudadanos, pero no para indicarle que la ley le concede beneficios para que pague sus multas con descuento o ejerza su derecho de defensa. Entre 2016 y julio de 2019, los capitalinos fueron embargados por $551.576 millones. Aún hay cerca de 397.545 personas que no han sido desembargadas.

Omisiones y cursos sin actualización en el sistema

En visitas y operativos con las autoridades, la Personería encontró omisiones en el reporte de comparendos electrónicos en el Sistema Distrital de Información de Movilidad.

Así mismo encontró que personas que realizaron el curso sobre normas de tránsito con el operador CIATRAN S.A. (que ejerce la función en Bogotá) y en Centros de Atención Integral de otras jurisdicciones, no les fue reportada la capacitación en la plataforma de información de manera inmediata, con lo cual automáticamente el sistema de información de la Movilidad les inició procesos de cobro coactivo, al suponer un pago inferior al obligado o ante la presunción de montos dejados de pagar por los infractores.

La Personería intervino en aras de que se actúe con diligencia y se resuelvan de manera urgente cada uno de los casos en los que los ciudadanos se hayan visto perjudicados.

Atención desconsiderada y recomendaciones

Para completar el personal de la Secretaría de Movilidad es indolente en la atención a los capitalinos. En el Supercade de la Calle 13 y en la sede de Paloquemao (Jurisdicción Coactiva), las personas se ven obligadas a realizar largas y demoradas filas desde las horas de la madrugada, hasta la tarde, incluso, sin obtener una solución expedita a su problema, situación que discrepa con el trato respetuoso y digno que se debe tener para con los capitalinos.

Ante todas estas situaciones, la Personería pidió a la nueva Administración adoptar medidas correctivas que lleven a la optimización del sistema informativo y de sus procesos internos para que las personas se enteren de las decisiones administrativas de Movilidad, puedan ejercer sus derechos sin obstáculos y se brinde una atención digna, en la que se ponga en primer lugar al ser humano, y no se priorice solamente el recaudo de recursos.

Hay 514 investigaciones

• En segunda instancia, fueron confirmadas sanciones contra 27 mandatarios.

La Personería de Bogotá profirió 56 sanciones, en primera instancia, en los últimos 3 años, contra mandatarios locales que ejercieron el cargo entre 2010 y 2019. En la actualidad se adelantan 514 investigaciones contra funcionarios de las alcaldías locales.

De dichas investigaciones, 232 corresponden al periodo 2010-2015 y por irregularidades durante ese lapso hubo 47 sanciones contra alcaldes locales. Correspondientes al periodo 2016-2019 van 9 sanciones contra mandatarios.

Del total de sanciones, 27 están en firme, es decir, fueron confirmadas en segunda instancia. De ellas, 22 fueorn por irregularidades en contratación, 3 por vulnerar el derecho de petición, 1 por mora en el trámite de una querella y 1 por anomalías administrativas en el desempeño del cargo.

Por localidades, los más sancionados son: 6 de Suba, 4 de Teusaquillo, 3 de Puente Aranda, 3 de Kennedy, 2 de La Candelaria, 2 de Usme, 2 de Fontibón, 2 de Bosa, 1 de San Cristóbal, 1 de Rafael Uribe Uribe y 1 de Tunjuelito.

Ante el Concejo de Bogotá asumió hoy como primera Personera Distrital la abogada santandereana Carmen Teresa Castañeda Villamizar quien llegó al cargo luego de haber ganado un concurso de méritos entre abogados de todo el país.

La nueva personera es especialista en procesal penal con énfasis en el sistema acusatorio, derecho disciplinario, derecho constitucional y administrativo y en la actualidad es candidata a Magister en derecho penal y ciencias criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. La funcionaria se ha desempeñado como juez de instrucción criminal y fiscal delegada ante los jueces penales del circuito de Barrancabermeja y como asesora del despacho del Procurador General de la Nación.

En un emotivo discurso, acompañada por sus padres, hermanos e hijos, la Personera  de los bogotanos dijo ante la plenaria del Concejo Distrital que “(…) hay mujeres que viven sufriendo la violencia en el anonimato, por esas mujeres estoy aquí”, destacando la dignidad de las mujeres en el país.

Además, resaltó su compromiso de trabajo por la ciudad y recalcó la frase de la Madre  Teresa de Calcuta: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, en clara referencia al trabajo que deben realizar los servidores públicos.

La Personera una vez posesionada, agradeció  al Concejo en pleno por su elección y se comprometió en la defensa de los derechos de los capitalinos: “Gracias por haberme acogido y darme su voto de confianza” y subrayó que “entre hombres y mujeres podemos construir este país, en ese orden de ideas la batalla tiene que ser conjunta”.