• En siete localidades y Corferias el Ministerio Público Distrital hace presencia.
• El Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, hace un llamado para que en esta jornada prime la transparencia como factor principal.

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2022 @Personeriabta Un total de 4.145 mesas de votación, distribuidas en 253 puestos, son las que vigila y acompaña la Personería de Bogotá en esta jornada electoral legislativa y de consultas internas de los partidos.

Con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio, la transparencia y la participación ciudadana, el Ministerio Público Distrital hace vigilancia y control a la jornada electoral en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Bosa, Usme, Teusaquillo, Sumapaz, Barrios Unidos y Corferias.

En el ejercicio democrático que elegirá un nuevo legislativo para el país, el Personero de Bogotá, Julián Enrique Pinilla Malagón, hace un llamado a que haya una jornada donde la transparencia sea el principal factor y que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto sin presiones de ninguna índole para que la fiesta de la democracia se cumpla en paz manteniendo los respectivos cuidados de bioseguridad.  

Los funcionarios de la Personería se encuentran desde las 7 de la mañana verificando que todo esté dispuesto para que esta jornada se constituya en una verdadera fiesta de la democracia propendiendo por los derechos de las personas que se acercan a cada una de las mesas de votación dispuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

● Preocupa al Ministerio Público Distrital la situación de los retenidos, un balance de vacunación, atención de salud, alimentación, visitas, entre otros temas.
● Se evidencia alarmante situación de hacinamiento en las estaciones de Policía.

Bogotá, D.C., 22 de septiembre de 2021 (@PersoneriaBta). El Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, junto con todo su equipo de Personeros locales y la Delegada de Derechos Humanos, como guardián y defensor de los derechos humanos, realizó el día de hoy una visita administrativa simultánea a las 19 estaciones de Policía para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Los guardianes de tus derechos evidenciaron en las visitas, temas recurrentes como el hacinamiento en todas las estaciones de Policía del Distrito Capital.

Preocupa al Ministerio Público Distrital que en su gran mayoría, tienen elevados índices de hacinamiento: Bosa que tiene una capacidad para 30 personas, actualmente se encuentra con una ocupación de 206 retenidos (hacinamiento de 586%); Chapinero con capacidad para 15, tiene 93 (hacinamiento de 520%); y Teusaquillo con capacidad para 10, cuenta con 61 privados de la libertad (hacinamiento de 510%).

"Las condiciones de dignidad humana se ven gravemente vulneradas cuando se quintuplica la capacidad de cobertura y atención", afirmó Pinilla Malagón.

Agregó que la Personería de Bogotá ha realizado reiterados requerimientos tanto en sus visitas, como desde sus dependencias y ha recibido quejas por parte de familiares y abogados, tanto así que se hizo necesaria una jornada de inspección en simultánea para escuchar a los retenidos.

Se recibieron nuevamente quejas de diferentes temas en los cuales la Personería hoy realiza especial seguimiento: aspectos de salud, como el balance de la vacunación de Covid–19, atención médica, suministro de medicamentos, agua potable y protocolos de bioseguridad con el respectivo suministro de elementos de protección.

"Además, quejas recurrentes sobre la alimentación, porciones pequeñas, sin ningún criterio de nutrición, alimentos en descomposición; y régimen de visitas; entre otros aspectos", señaló.

Después de una reunión entre la directora de la Cárcel Distrital y la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos con el fin de revisar el tema, desde las 5:30 am., se está acompañando el ingreso de hasta 100 personas a la Distrital después de la revisión médica.

"Es necesario un trabajo articulado entre Secretaría de Seguridad (cárcel distrital), INPEC y el Ministerio de Justicia para liberar cupos y que se descongestionen las estaciones de policía", precisó.

Mientras se soluciona con medidas de fondo la Personería de Bogotá solicita a las autoridades que, conforme a las normas internacionales, se les brinde a los privados de la libertad:

- Agilidad en los trámites de traslado a establecimientos penitenciarios, garantizar la hora de sol, lavado de manos y acceso al agua potable.

- Separación por categorías entre sindicados y procesados.

- Atención medica permanente y preventiva a fin de mitigar posibilidad de contagio.

- Alimentación de calidad y luz natural o artificial en las celdas.

- Suministro inmediato y continuo de elementos de bioseguridad (tapabocas, geles, agua, jabón, entre otros), tanto para las personas privadas de la libertad como el personal de la policía que ejercen función de custodia.

- Generar protocolos para el aislamiento en casos de brotes.

• Con el lema “Los niños, niñas y adolescentes se toman a Bogotá”, se facilita y garantiza el derecho a la participación de los menores, víctimas del conflicto armado en Colombia.

• “Como guardianes de los derechos nos unimos a este pacto para avanzar en el cumplimiento del derecho a la participación efectiva y plena encaminada a la reparación integral”: Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón.

• La Personería delegada para la Protección de Víctimas del Conflicto Armado Interno del Distrito Capital ejerce la Secretaría Técnica en la implementación de este Protocolo.

Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2021 (@PersoneríaBta) En vía de la reparación integral, el Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, firmó el Pacto que sella el compromiso y protección del derecho a la participación efectiva y plena de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado interno residentes en el Distrito Capital.

“Como guardianes de los derechos nos unimos a este pacto para avanzar en el cumplimiento del derecho a la participación efectiva y plena encaminada a la reparación integral”, dijo el Personero en la presentación del Protocolo.

Asimismo, señaló que a todos estos menores de edad debemos empoderarlos en la exigibilidad de sus derechos, encaminándolos a la reparación integral, aportando a la verdad, la justicia y la memoria histórica, manteniendo fines sociales, culturales, deportivos, recreativos y políticos.

“Lo que buscamos es producir una transformación social soportada en derechos, aprendiendo de sus aportes. Esta efectiva participación estaba pendiente de hacerse desde hace más de 7 años y hoy es una realidad”, enfatizó.

En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el jefe del Ministerio Público Distrital, invitó a los niños, niñas y adolescentes a usar herramientas lúdicas, artísticas, culturales, deportivas que permitan superar las dolorosas experiencias que el conflicto armado interno ha dejado en sus cuerpos, mentes, vidas, costumbres y en sus familias, para proponer y desempeñar un rol activo en la toma de decisiones del proceso de diseño, construcción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de prevención, protección, atención y reparación integral a víctimas.

“Con el lanzamiento e implementación de este protocolo, avanzamos en la obligación de asistir y proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado interno garantizando su derecho a participar, proponer y decidir. Les decimos que creemos en ustedes y nos comprometemos, como guardianes de sus derechos, a defender su derecho a participar”, finalizó.

En la implementación del Protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado intervienen, la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; IDARTES, ICBF (Regional Bogotá), las Secretarías Distritales de Educación, Salud, Integración Social y el IDPAC, destacando que la Personería delegada para la Protección de Víctimas del Conflicto Armado Interno de Bogotá ejerce la Secretaría Técnica.

- La Personería de Bogotá conmemora hoy, 30 de agosto, el Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada.

-En la última década se han recibido 1.802 declaraciones de personas desaparecidas forzadas en el marco del conflicto armado interno, 27 de ellas en el 2021.

- “Las personas que realizan sus declaraciones en la Personería refieren que los miembros de grupos armados legales e ilegales son los principales responsables de la mayoría de los casos de desaparición forzada”, Julián Pinilla Malagón, Personero de Bogotá.

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2021. @PersoneriaBta. – Durante los últimos diez años se han recibido, en la Personería de Bogotá, 1.802 declaraciones que dan cuenta de personas desaparecidas de manera forzada en el marco del conflicto armado interno, 27 de ellas en 2021. Estas afirmaciones las han hecho personas que llegan a la ciudad procedentes de distintos lugares del país.
“Hoy 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada, honramos el buen nombre y dignidad de cada una de las personas desaparecidas, recordamos de manera especial a los desaparecidos en el marco del conflicto armado en Colombia y acompañamos los procesos de protección y defensa de los derechos humanos, la garantía del derecho a la vida, a la verdad y a la memoria, ya que es un reto avanzar con los santuarios de la memoria en Bogotá”, dijo el Personero Julián Pinilla Malagón.
El funcionario recordó que Bogotá se ha convertido en la ciudad donde llegan a diario familias de desplazados por el conflicto armado, procedentes de distintas partes de Colombia, quienes cargan sobre sus hombros, en muchos casos, el dolor de la desaparición forzada de algún miembro de su núcleo familiar.
“Las personas que realizan sus declaraciones en la Personería refieren que los miembros de grupos armados legales e ilegales son los principales responsables de la mayoría de los casos de desaparición forzada e identifican como principal intencionalidad la de generar miedo para perpetuar su poder en los territorios”, agregó Pinilla Malagón.
Este crimen que sigue manteniendo un manto de invisibilidad al confundirse con secuestro u homicidio, minimiza su impacto en la sociedad por la dificultad existente para llamarlo por su nombre real y mantenerlo como secuestro, masacre, magnicidio y otras acciones bélicas. Asimismo, persiste una férrea dificultad para realizar la denuncia por las constantes amenazas que reciben los familiares de las víctimas.
El Personero agregó que “la desaparición forzada es una violación múltiple y continua de derechos humanos, con acciones iniciadas en la negativa del Estado o de particulares de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, provocando intimidación y anulación de derechos”.

Con el objetivo de que los Estados miembros de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales, así como la sociedad civil, reconozcan la desaparición forzada como una problemática y adopten medidas para finalizar la violación sistemática a los derechos humanos, se declaró el 30 de agosto como el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, en Colombia, la ley 1408 de 2010 reglamentada por el Decreto 303 de 2015 refiere a esta.

• El galeno, al parecer, compartió con sus compañeros de trabajo y atendió pacientes sin elementos de bioseguridad, a sabiendas de la enfermedad.
• Estuvo en el hospital de Bosa.
• Se enviará caso a la Procuraduría, Fiscalía y Tribunal de Ética Médica.

La Personería de Bogotá solicitó a la Fiscalía y la Procuraduría investigar en materia penal y disciplinaria, respectivamente, al médico David Alexander Arango Román, quien se presentó a laborar el 5 de abril en el hospital Bosa, pese a saber que había resultado positivo en la prueba (SARS-COV2) de Covid-19. En Bosa, en la Subred Sur, el cirujano realiza turnos nocturnos, en su calidad de contratista.

Un funcionario del centro de atención presentó una queja ante el ente de control, en la que informó que el doctor se presentó en Bosa sin ninguno de los elementos de protección personal y de bioseguridad, establecidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud y expuso al personal médico, administrativo del hospital y a todos sus pacientes. También informó que esa situación similar se habría dado en el hospital Simón Bolívar.

En forma inmediata la Personería solicitó a la Secretaría de Salud tomar las medidas necesarias para evitar que el médico regrese enfermo al hospital. Además, pidió realizar las pruebas del Covid-19 a los servidores que trabajaron y compartieron con él, así como colocarlos en cuarentena y revisar la situación de los pacientes que atendió el cirujano.

El Ministerio Público Distrital también le pedirá a Tribunal de Ética Médica investigar al galeno, quien tendrá que responder ante la Fiscalía y Procuraduría.

• Más de tres años de reiteradas advertencias no fueron suficientes.
• Directivos y exdirectivos de la UAESP deberá responder disciplinariamente por presuntas omisiones. En curso hay 4 investigaciones.
• Hay multas al concesionario, pero no una sanción definitiva. Por el contrario, CGR pidió un aumento de tarifas para recibir más recursos y la Nación se la dio.
• Pese a esto, el concesionario de 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno tiene 12 abandonadas.
• Tenían 70.397m³ de lixiviados almacenados, lo que equivale a 21 piscinas olímpicas. Pero, el contratista no tenía la capacidad para tratarlos en su totalidad.
• De 58 parámetros para su manejo cumpliría 27. De 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados operan 5.
• Vierte los líquidos sin permiso al río Tunjuelo. Su mal manejo desestabiliza el relleno y limita aprovechamiento de biogás. Están enterrando desechos aprovechables.

Pese a las reiteradas advertencias de la Personería de Bogotá de las múltiples irregularidades en el manejo del relleno de Doña Juana por parte del concesionario CGR, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (UAESP) no tomó las medidas necesarias para obligar a cumplir el contrato al operador y evitar este desastre anunciado.

Desde mayo de 2016, hasta enero de 2020, la Personería realizó más de una decena de solicitudes y pronunciamientos pidiendo a la Unidad emprender acciones de fondo, sin obtener respuesta real. Teniendo en cuenta que se vienen denunciando más de 30 irregularidades en la operación de la disposición final de unas 7.000 toneladas diarias de basura, por parte del concesionario, los directivos y exdirectivos de la UAESP, deberán rendir explicaciones disciplinarias ante su presunta negligencia en la supervisión del contrato.

Aunado a lo anterior, en mesa de trabajo llevada a cabo en enero del presente año, el concesionario se comprometió a iniciar el proceso de disposición de residuos en la terraza 3A, donde continuaría disponiendo hasta principios de 2021, y no en la zona donde lo están haciendo actualmente y donde se presentó el derrumbe.

Incumplimientos
La obligación contractual del concesionario de cubrir como mínimo el 90% de los residuos no se cumplió en diversos períodos del contrato. Los vecinos del sector decían que el contratista espera hasta tener centenares de miles de toneladas de basura regadas para emprender esa labor, aumentado la proliferación de moscas y desagradables olores.

De las 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno (compactadoras, tractor, bulldozer, cargador, camión, entre otras) 12 están abandonadas y sólo funcionan 2 (una a veces y la otra está en mal estado). La maquinaria fue entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hace 8 años al concesionario, pero nunca fue renovada. No las dan de baja.

La mayoría de los incumplimientos del concesionario obedecen a la falta de personal para la cobertura de los desechos, insumos, construcción de chimeneas, elaboración de filtros, cobertura y desarrollo de obras civiles para las terrazas del relleno, lo que de manera directa repercute en la estabilidad del mismo.

Lixiviados
En 2019, el relleno tenía almacenados 70.397,3 m³ de lixiviados, lo que equivale a más de 21 piscinas olímpicas de líquidos contaminantes. Pese a ello, CGR no ha tenido la capacidad para tratarlos en forma adecuada, evitando que se desestabilice el relleno y no cuenta con un permiso de vertimientos al río Tunjuelo.

Hay un manejo de las aguas lluvias deficiente, permitiendo el aumento de presiones en la masa de residuos y no tienen registros de la estabilidad del área. En octubre de 2015 hubo un deslizamiento y las autoridades han tenido que clausurar algunos sectores de disposición por la inestabilidad del terreno, reduciendo su capacidad.

De los 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados sólo operaban 5. A comienzos de 2019, el concesionario tenía sin operar los principales equipos de este subsistema, sin justificación técnica alguna: 4 sopladores, el sistema de deshidratación, el motor barredor de lodos y las unidades de drenaje flotante. El concesionario no ha realizado el mantenimiento correctivo de las estructuras del subsistema de depuración bioquímico. Hay fugas del sistema de difusión de aire y se requiere la reparación de la geomembrana.

No existe un adecuado mantenimiento del sistema de conducción de lixiviados, hay rebose de líquido y de espuma, que ha venido aumentando. A pesar de múltiples solicitudes de la interventoría se mantienen taponamientos en tramos de líneas de conducción, sin que se sustituyan las tuberías viejas, afectando los recursos naturales cercanos.

El concesionario desde hace varios años no tiene permiso de vertimiento de lixiviados. De 58 parámetros para manejo cumple con 27, incumple 23 y 8 ni los reporta. En otros países hay 70 o más parámetros que se deben cumplir para el tratamiento de estos líquidos. Los resultados de calidad del vertimiento evidencian una alta carga de materia orgánica y nitrogenada no removida. Hay regularmente cloruro, arsénico, zinc, cromo, hierro, níquel, grasas y aceites.

Problemas con el biogás
Con la planta instalada por el contratista Biogás Doña Juana, de septiembre de 2009 a mayo de 2019, fueron capturados y tratados 704.379.558 m³N/h de biogás, con lo que se redujo unas 5.626.206 toneladas de CO2 y comercializó 8313527,82 KW/H. Sin embargo, la falta de planificación en la disposición de residuos y atrasos en la adecuación de las zonas licenciadas por parte de CGR, han repercutido en la reducción en la captación de biogás desde el año 2015.

Además, continua la desconexión de la infraestructura en varias zonas, igualmente no se ha realizado la construcción y realce de las chimeneas y trincheras por parte de CGR. Mientras tanto, hay aumento de brotes de lixigas, es decir, lixiviados con gases, lo que dificulta la captura de biogás. CGR fue sancionado por estos hechos por la UAESP, sin embargo, sigue sin cumplir.
Desde el 16 de julio de 2018 y hasta el 27 de mayo de 2019, CGR Doña Juana en su autonomía técnica dispuso de residuos en la zona denominada Biosólidos, la cual se encuentra por fuera del polígono licenciado.

Residuos hospitalarios
Para minimizar el riesgo de los residuos hospitalarios debe realizarse una excavación, luego depositar allí los desechos y cubrirlos con capas de desechos ordinarias, con el fin de evitar su disgregación y esparcimiento, de elementos que incluyen instrumentos cortopunzantes. La interventoría evidenció que a veces nada de esto hace, por el contrario, estos residuos se dejan expuestos.

La capacidad de la celda de residuos hospitalarios era de 101.445 m³. El concesionario haciendo uso de su autonomía técnica, pero sin aprobación de las autoridades, subió 2 metros el lleno y así aumentó el volumen total de disposición a 114.836 m³.

Gestión social y residuos aprovechables
Una de las medidas de compensación a favor de la comunidad, establecida en el Plan de Gestión Social de la zona de influencia del relleno 2009 - 2013, proyectó una inversión de $28.000 millones, que se recogerían de la venta de los bonos CER (certificados de reducción de emisiones), pero, sólo se recibieron cerca de $5.000 millones, debido a la inadecuada operación del relleno que no permite aprovechar el proceso de la planta de biogás.

La cláusula tercera del contrato con CGR establece que “el concesionario deberá desarrollar los mecanismos de aprovechamiento que considere técnica y económicamente viables hasta del 20% de los residuos sólidos que ingresan al relleno”. Sin embargo, la interventoría evidenció que CGR, después de 8 años, no ha presentado mayores avances en la implementación.

La interventoría indicó que, el porcentaje máximo de residuos que se ha aprovechado al interior del relleno ha sido de 3.55% en un mes y en muchas ocasiones no ha pasado del 0,02%. Mínimo el 20% de residuos no deberían estar enterrándose en Doña Juana y podrían ser recuperados por la población recicladora.

Zona de reserva natural y habitabilidad
Un estudio de la Universidad Nacional de 2016 determinó que Doña Juana está ubicado en contravía de las normas y prohibiciones legales, en un sector de reserva natural, páramo y en 2 zonas de recarga de acuífero. Por el terreno del relleno atraviesan varios cuerpos de agua y la zona es catalogada por las autoridades como de amenaza de remoción en masa alta y media.

Para completar se encuentra a menos de 1 kilómetro del perímetro urbano, es decir, a menos de 10 cuadras de sus vecinos, lo que les genera una gran afectación en materia de salud. La obligación de CGR de construir un dique ambiental para mitigar los impactos ambientales y visuales a la comunidad se encuentra detenida.

Además, la Personería en 2016 encontró que el concesionario, luego de 5 años de operación sólo había sembrado 17 árboles de 10.000 que establece la licencia ambiental y luego de las solicitudes del ente de control se logró la siembra de 6.666 a julio de 2019, pero después de 8 años de contrato aún faltaban 3.334 árboles para cumplir con la medida de compensación.

¿Sanciones sin efectos?
La UAESP ha impuesto multas algunas a CGR, por la demora en el cumplimiento de sus obligaciones, en 2014 y 2017, al no realizar las coberturas de residuos y el control de vectores. Otros 4 correctivos son por indebida construcción de chimeneas en 2017; incumplimiento parcial de sistema de suplencia eléctrica en 2017, realizar disposición de residuos en la zona de biosólidos en 2019 y por no realizar obras que garanticen la capacidad de operación del relleno por 6 meses en 2019.

No obstante, los continuos incumplimientos y escasa inversión de CGR, aún no hay un proceso de caducidad del contrato, por el contrario, el concesionario gestionó un aumento de tarifas de aseo para recibir más recursos con el aval del Distrito. incremento avalado por el Gobierno Nacional y anunció en 2019 que busca ampliar la vida útil del relleno por 37 años más.

• El ataque se presentó con la disculpa del desconocimiento del pico y género.

• Organizaciones de derechos humanos dice que se han presentado 15 incidentes contra estas personas, a partir de la vigencia de la medida de la Alcaldía.

La Personera de Bogotá (e), Rosalba Cabrales Romero constituyó una agencia especial para intervenir como Ministerio Público ante la investigación penal por la presunta tentativa de feminicidio contra Daian Nikol Villalobos Méndez, mujer trans de 24 años, en hechos ocurridos en la localidad Ciudad Bolívar, durante el “pico y género” de la cuarentena.

A partir de la vigencia del Decreto 106 del 8 de abril del presente año, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las organizaciones de derechos humanos dicen que se han presentado en la ciudad 15 incidentes o agresiones a personas transgénero.

Mientras el presunto agresor no ha sido capturado, Daian Nikol está hospitalizada en centro de atención del Distrito y fue intervenida para evitar que pierda la movilidad de tres dedos de su mano. Además, es tratada por una agresiva infección derivada de las heridas.

La agencia especial permite al agente del Ministerio Público, como representante de la sociedad, actuar dentro del proceso para darle impulso e intervenir buscando evitar impunidad en el caso.

La Personería reitera el llamado al respeto y no agresión a personas trans y no binarias, a los capitalinos y a las autoridades de Policía. Entre tanto, las organizaciones defensoras de derechos humanos piden a la Administración Distrital cambiar la disposición por los riesgos y peligros que significan para las personas transgénero. 

• Hábitat aún no precisa cómo será el mecanismo. Mientras tanto, miles de familias están siendo expulsadas a la calle.
• A muchos las autoridades les han evitado su expulsión, pero las dejan sin servicios públicos para obligarlos a salir.
• No brindar una ayuda oportuna agudiza la crisis humanitaria y sanitaria, así como puede generar incidentes que perturben el orden público.

Pese a que terminó el plazo de la primera la cuarentena obligatoria, la Secretaría de Hábitat no reglamentó las ayudas de arrendamiento de menos de 30 días, por eso la Personería de Bogotá solicitó de nuevo al Distrito su adopción y puesta en marcha inmediata para detener el drama que afecta a miles de personas que viven en los paga diarios de la ciudad.

Ante las dificultades de fácil acceso a la línea 123, el Ministerio Público Distrital sugirió a la Secretaría que habilite un canal telefónico para que las personas que vayan a ser desalojadas puedan denunciar fácilmente esta situación.

Los más afectados son vendedores informales, indígenas, ayudantes de la construcción, personas en condición de discapacidad, trans, trabajadoras sexuales, migrantes, entre otros.

Si bien, está prohibido sacar a las personas de estos sitios de habitación, los dueños de estos establecimientos están cortando los servicios públicos como agua, luz y gas para obligar a los moradores a salir de las habitaciones.

La Personería ha recibido múltiples quejas por desalojos en localidades como Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, entre otras, así como sugirió y acompañó la caracterización que han realizado las autoridades distritales, algunas con entregas de mercados, sin que la Secretaría defina una formula expedita que evite la expulsión o maltrato a quienes habitan los paga diarios.

También se solicitó al Distrito que informe con precisión cuáles alojamientos temporales se van a habilitar, especificando la población potencialmente beneficiaria y la fecha de entrada en operación.

La Personería de Bogotá lamenta profundamente la muerte del anestesiólogo William Gutiérrez y el médico general Carlos Fabián Niño, por afecciones derivadas del Covid-19. Estos héroes representan el sacrificio que está haciendo todo el personal sanitario en el país para enfrentar la grave pandemia que se propagó por el mundo.

Ante esta situación, desde hace días el Ministerio Público de la Capital está realizando el control y seguimiento a la dotación e insumos dados al personal médico, de enfermeras y administrativo de la red de hospitales y centros de atención de la Administración Distrital con el fin de proteger la vida de quienes están dando la suya por nuestra salud y bienestar.

Entre tanto, la Personería hace un llamado al Distrito a reforzar y proteger la bioseguridad del personal sanitario de la red centros de atención oficial en salud de ciudad, con dotación recomendada para la prevenir el contagio del Covid-19.