• En la localidad no hay presencia de las autoridades para que se cumpla la cuarentena a cabalidad.
• Riña con muerto y herido no fue atenida oportunamente.
• Se presenta presunta venta de licor en algunas veredas.
• Los campesinos necesitan tapabocas, jabón antibacterial y atención del Distrito.

La Personería de Bogotá solicitó a las autoridades Distritales, locales y a la Policía hacer presencia en la localidad de Sumapaz para controlar y verificar el cumplimiento de las medidas de cuarentena obligatoria por el Covid-19.

El Ministerio Público recibió diferentes quejas de personas de los corregimientos y veredas de Sumapaz pidiendo que se realice un control y comprueben la vulneración a las medidas de cuarentena y al Código de Policía y convivencia. Dicen que no hay control en las entradas a la localidad, hay circulación de personas por las calles y de vehículos con pasajeros por las vías, así como tiendas que expenden licor.

Por ejemplo, en estos días, en una tienda de la vereda Peñalisa se presentó venta de licor y una riña que dejó un herido y un fallecido. Pese a la intervención preventiva del corregidor, antes de la pelea y las llamadas urgentes de la Personería a la Policía, está no acudió para evitar la situación. Tampoco hay una vigilancia permanente en la localidad.

Otra queja indica que la Junta de Acción Comunal de las Veredas Las Ánimas y Las Sopas decretó de manera irregular un toque de queda, según dicen como medida de seguridad. Por su parte, los campesinos habían cerrado la vía entre el Corregimiento de San Juan y el municipio de Cabrera, para que no puedan entrar a la localidad. Entre tanto, en la vereda de Nazareth indican que supuestamente el conductor de la ruta de la salud, en su vivienda vende cerveza sin ser un establecimiento comercial formal.

En resumen, como si no fuera una localidad de la ciudad, en Sumapaz sólo hay presencia del Ejército Nacional, pero falta la acción de la Policía para prevenir e imponer orden con comparendos a quienes desconozcan la cuarentena.

Por toda esta situación, la Personería hizo un llamado para que se haga presencia en Sumapaz, se de protección de los campesinos con jabón antibacterial, tapabocas y guantes; se atiendan las demandas sociales de la comunidad y se realice patrullajes de control por parte de la Policía.

Mientras tanto, el Ministerio Público Distrital pide a la población respeto a las recomendaciones y decretos nacionales y distritales que tienen que ver con la pandemia por el corona virus.

• Personera en carta a la Alcaldesa dice que no se justifican las demoras en la entrega de ayudas a los vendedores informales.
• Pregunta cómo se beneficiará las demás personas que viven de la economía informal y no están en ningún tipo de programa social.
• También envió cartas a las Secretarías de Integración Social, Desarrollo Económico y al IPES.
• A ellos les pide que precisen qué recursos públicos se destinarán y quiénes serán los beneficiarios.
• También solicita que indiquen cuál será el manejo con las personas habitantes de calle.
• Que precisen cuántos albergues se habilitarán para la población vulnerable.
• Además, se pide reportar contratación realizada en el marco de la emergencia.

La Personera de Bogotá (E), Rosalba Cabrales Romero, ante las dilaciones en la entrega de ayudas a los vendedores informales por parte del Distrito, solicitó, en una carta a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández que se establezcan de manera inmediata una forma de asistencia concreta.

La jefe del Ministerio Público Distrital le dijo que la situación “es insostenible dado que, por la carencia de ingresos y su alto grado de vulnerabilidad económica y social, están completamente expuestos a la imposibilidad de sostenerse ellos y sus familias, situación crítica que ha sido ampliamente expuesta por la Personería, incluso solicitando el año anterior ante la Corte Constitucional la declaratoria del estado de cosas inconstitucional para esta población”.

En la carta también solicitó que se precise si tiene previsto asistencia o ayudas a las personas que, haciendo parte de la economía informal, no se dedican a las ventas informales ni están incluidos en los criterios de focalización de los programas nacionales ni distritales.

Además, se explica que hay miles de personas que pueden requerir de las ayudas públicas para satisfacer sus necesidades básicas, mientras estén vigentes las medidas de aislamiento ordenadas por el gobierno nacional, como es el caso de pequeños comerciantes y prestadores de servicios por cuenta propia.

De otra parte, la Personera también envió cartas a las Secretarias de Integración Social y de Desarrollo Económico, Xinia Rocío Navarro Prada y María Carolina Durán Peña, respectivamente, así como al Director del Instituto para la Economía Social (IPES), Libardo Asprilla Lara para que indiquen como cobijaran a los vendedores informales no censados, los lustrabotas, los expendedores de chance, estilistas, los estudiantes universitarios y en general a una población pobre o vulnerable que en muchos casos no está focalizada en ninguna base de datos.

Las misivas piden que explique en qué consisten las ayudas en casa, qué recursos tiene, de dónde proviene, cómo identificará a quienes lo necesitan, cómo hará la entrega, en qué montos, que alternativa tienen los vendedores informales, cómo atenderá los habitantes de calle y cuántos albergues móviles tiene, entre otras.

Cambios de servicios y recursos

Lo primero que pide la Personería es que se precise con claridad en qué consiste el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, detallando cuáles han sido las transformaciones que se han hecho en cada uno de los servicios presenciales para la población que atiende la Secretaría de Integración Social e IDIPRON, así como para el resto de la población pobre y vulnerable.

Además, solicita que se defina un mecanismo de reporte de la destinación dada a los recursos de la Secretaría que hacen parte del Sistema y se precise si se han recibido recursos de la nación, donaciones en efectivo o en especie de particulares o de organismos internacionales.

¿Cómo lo focalizan y entregan ayudas?

El Ministerio Público Distrital pide que se informe cómo es el proceso de identificación, selección y asignación de beneficiarios a cargo de la Secretaría, y detallar cuáles son los instrumentos de focalización individual o por hogares, geográficos y comunitarios que se están utilizando.

Así mismo, solicita explicar si hay algún tipo de alternativa para las personas que hacen parte de la economía informal pero no están incluidos en los criterios de focalización y requieren ayuda mientras duren las medidas de aislamiento.

Pide que se precisen los montos que se destinarán para cada uno de los canales del Sistema Solidaria en Casa (transferencias monetarias; bonos canjeables y subsidios en especie) y se envíe un reporte semanal de las personas o grupos familiares a los que ya se les haya entregado la ayuda, para evaluar el avance en la entrega de las ayudas anunciadas.

Contratación

Dadas las facultades dadas por el Decreto Distrital 093 de 2020 para la contratación directa de bienes y servicios para la operación del Sistema, se solicita establecer un mecanismo de reporte de la gestión contractual de la Secretaría y de las modificaciones, suspensiones o terminaciones de los contratos o convenios, en el marco de las acciones adoptadas para atender la contingencia social.

Habitantes de calle

Solicita que se indique cuál es la capacidad instalada para albergar a la población habitante de calle tanto por parte de la Secretaría e IDIPRON durante la medida de aislamiento obligatorio, si se habilitarán espacios adicionales para esta población y qué medidas adoptará la Administración con aquellas personas habitantes de calle que rechacen el aislamiento social, precisando si serán objeto de traslado obligatorio o se les permitirá deambular sin restricción.

Albergues

Adicionalmente, solicitó detallar cuáles serán los albergues que se habilitarán para facilitar el aislamiento preventivo de la población vulnerable, los grupos poblacionales que se beneficiarán y los costos de adaptación y funcionamiento. Además, precisar cómo se articulará el funcionamiento de estos albergues con el sector salud mientras esté en vigencia el aislamiento.

Finalmente, solicitó garantizar la entrega de los elementos de protección personal que requieren los funcionarios y contratistas encargados de las labores de caracterización y atención a la población, detallando cuáles son las necesidades identificadas y cuáles de estos elementos se han entregado hasta el momento.

• Se encontró cupo lleno, espacios reducidos y compartidos con personal administrativo durante la cuarentena.
• Capital Salud EPS retrasa las fórmulas médicas lo que pone en riesgo entrega de medicamentos.
• Desconocen protocolo oficial de medidas higiénico-sanitarias de la Secretaría de Integración Social.

La Personería de Bogotá encontró en el Centro Noche San Luis, ubicado en Teusaquillo, un reducido espacio físico para albergar 50 adultos mayores, en los que también convergen personal administrativo, incumpliendo las medidas impartidas por las autoridades nacionales y distritales durante esta cuarentena obligatoria, derivada del Covid-19.

En la visita del Ministerio Público Distrital, al indagar por el protocolo de medidas higiénico-sanitaras y de autocuidado, que es de implementación obligatoria, los funcionarios de San Luis entregaron un documento de 3 páginas, sin membrete, lo que permite inferir que es algo improvisado o Integración Social no ha socializado tal protocolo.

Para completar, Capital Salud EPS no entrega de manera oportuna las fórmulas médicas para adultos mayores vulnerables que se encuentran en los albergues y los centros día-noche del Distrito, lo que retrasa la entrega de medicamentos por parte de las Subredes, colocando en alto riesgo la salud de esta población altamente vulnerable al Covid-19.

Por esto, la Personería requirió a Capital Salud, en especial durante este confinamiento, enviar a tiempo las fórmulas médicas de los adultos mayores de estos centros y albergues, para que las subredes del Distrito puedan entregar los medicamentos y garantizar el derecho a la salud de esta población vulnerable.

Así mismo, solicitó a la Secretaría de Integración Social tomar medidas inmediatas para articular el protocolo de sus servicios relacionados principalmente con el COVID-19 en todos los centros y albergues de atención al adulto mayor.

• Jóvenes que provienen de diferentes regiones se quedaron en la ciudad sin ninguna ayuda familiar o trabajo informal del que dependían.
• Son invisibles para el Estado, porque no están en ninguna encuesta Sisben o programa oficial para personas vulnerables.
• Hay estudiantes que llevan días sin comida o a punta de pan. A otros los echaron a la calle.
• Personería pide a autoridades incluirlos en las ayudas. También solicita a particulares solidaridad con ellos.

La Personería de Bogotá pidió de manera urgente al Gobierno Nacional y Distrital atender la situación de vulnerabilidad socioeconómica de sinnúmero estudiantes universitarios que provienen de diferentes regiones del país, que viven en la ciudad y no tienen ningún apoyo familiar para su sustento diario, en plena emergencia del Covid-19.

Estos jóvenes, la mayoría de universidades públicas, dependían de trabajos en restaurantes, como docentes de niños u otro tipo de actividades informales, en algunos casos incluso sus familias dependen de estos ingresos, sin embargo, los perdieron por la Cuarentena Obligatoria.

Muchos de estos jóvenes son beneficiarios de los programas de alimentación de sus universidades, que ahora están cerradas, mientras que en otros casos dependen de los recursos que les enviaban sus familias que, en esta coyuntura, no han podido girarles de nuevo, pues también se quedaron sin ingresos.

Es importante anotar que la mayoría de estos estudiantes no se encuentran registrados en el SISBEN como residentes en Bogotá ni están incluidos en los programas sociales distritales, por lo que no están en los instrumentos de focalización de las ayudas del gobierno Nacional ni Distrital.

Toda esta situación los deja en una alta vulnerabilidad social y económica pues ahora no cuentan con los recursos necesarios para pagar el arriendo de las habitaciones en las que viven, los servicios públicos que les cobran sus arrendatarios y sencillamente no tienen con qué alimentarse.

Ayudas iniciales

Con las donaciones de funcionarios y de particulares, la Personería de Bogotá entregó unas ayudas urgentes a 8 universitarios. Tres casos muy dolorosos fueron atendidos por esta entidad, por lo que hacemos un llamado urgente para que se garantice la protección de esta población.

En uno de los casos atendidos hay estudiantes que llevan días alimentándose con sólo pan, mientras que otros los sacaron a la calle sus arrendatarios. Por esta situación, el Ministerio Público Distrital hace un llamado a las universidades, los docentes, estudiantes, egresados y a quienes hoy tienen trabajos e ingresos suficientes para que apadrinen a estudiantes en condiciones de alta vulnerabilidad. Las difíciles circunstancias que atravesamos demandan de toda nuestra solidaridad y empatía. Hoy un estudiante te necesita.

• La atención y orientación a los ciudadanos se hará principalmente a través de la Línea gratuita 143.
• También servicios de quejas, reclamos y denuncias, así como la expedición de antecedentes disciplinarios será a través de la página de la Personería.
• Evite salir de su vivienda, la Personería le brinda sus habituales servicios personalizados por teléfono y de manera virtual.

Ante la emergencia derivada por el Coronavirus (Covid-19), la Personería de Bogotá atenderá de manera virtual la elaboración de tutelas y derechos de petición a los ciudadanos, a través de su página Web www.personeriabogota.gov.co, así como podrán acceder a orientación y atención de manera telefónica, con la Línea gratuita 143.

El Ministerio Público Distrital reforzó la atención en la Línea 143, para que los capitalinos llamen y accedan a las orientaciones que requieran y no se desplacen a las personerías locales, ni a la sede principal (7 No. 21-24), ni al Centro de Atención a la Comunidad (CAC), carrera 43 No. 25B-17, entre otras.

También las quejas, reclamos o denuncias por irregularidades en servicios o contra servidores públicos podrán realizarse en línea, así como la solicitud de antecedentes disciplinarios.

En la página Web se habilitó una ventana emergente y 5 botones para que el ciudadano previa orientación telefónica llene un formulario con la información necesaria para elaborar su tutela o derecho de petición en 24 horas, así como para solicitar copias de la audiencia o constancias de la conciliación.

La recomendación para todos nuestros usuarios es quedarse en casa, primero comunicarse a través de la línea 143 y recibir la orientación necesaria de acuerdo a su petición, si es necesario se le dará un paso a paso para que radiquen documentos de manera virtual, por correo electrónico o físico, evitando su asistencia a las sedes de la Personería. También puede pedir orientación en nuestras redes sociales.

 Julián Enrique Pinilla Malagón ha accedido a los cargos más importante a través de concurso público, por mérito.

La Personería de Bogotá tiene que convertirse en el ángel guardián de los bogotanos dijo Julián Enrique Pinilla Malagón, al posesionarse ante el Concejo capitalino como el nuevo jefe del Ministerio Público Distrital.

“Vamos a reforzarla a la Personería en el tema tecnológico para que todas las personas puedan acceder a nuestros servicios. Será una entidad de cara a la ciudad, de tal manera que puedan acercarse, llegar por todos los canales que tenemos para orientarlos y defender sus derechos”, dijo Pinilla Malagón.

El personero realizará un trabajo especial para la promoción y protección de los derechos de las mujeres, niños, personas mayores, víctimas del conflicto armado, discapacitados, migrantes y en general personas en situación de vulnerabilidad. También tendrá relevancia el tema ambiental, la lucha contra el maltrato animal, entre otros.

Expresó que ejercerá una especial vigilancia de las empresas de servicios públicos para garantizar el derecho primordial al agua y establecerá rutas de protección efectiva de los derechos de las mujeres y niños, con la designación de un agente del Ministerio Público en cada Comisaría de Familia para que intervengan en su defensa, además, emprenderán las acciones judiciales efectivas para su protección y prevención.

En cuanto a seguridad buscará que las autoridades refuercen su trabajo para proteger a los capitalinos, así como para el fortalecimiento de las políticas públicas y servicios sociales de los más vulnerables. También promoverá la participación ciudadana en la construcción del POT.

Premio al mérito

El jefe del Ministerio Público Distrital es abogado egresado de la Universidad Republicana, Magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Tiene también cuatro especializaciones: Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Público y la última en Docencia Universitaria. Además, actualmente se encuentra realizando un doctorado de la Universidad de Buenos Aires.

Este bogotano de 35 años se ha desempeñado como Procurador Judicial, asesor de la Procuraduría General de la Nación, profesional de la Contraloría General de la República, juez de la República y docente universitario, entre otras. A los cargos más importantes ha accedido a través de concurso público, por mérito.

“Fortaleceremos el mérito, que los servidores que trabajen en la Personería para los capitalinos están bien capacitados, sea el mejor personal, sean promocionados por su competencia y por su compromiso con la defensa de los derechos humanos”, agregó.

Informe de la Personería de Bogotá, con apoyo de ACNUR

• La mayoría están en las localidades del occidente y sur de la ciudad.
• Las principales dificultades para los migrantes cuando llegan a la Capital son el acceso al empleo 47.8% y a la salud 38,67%.
• El 60% vive en estratos 1 y 2.
• Personería presentó recomendaciones para atender la problemática.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), presentó la radiografía del informe sobre la situación de las personas provenientes de Venezuela en Bogotá “Vacíos de protección y barreras de acceso de la población refugiada, migrante y retornada colombiana como un aporte a la reflexión y discusión distrital”.

Según el informe, las principales dificultades que tienen los, refugiados, migrantes y colombianos retornados de Venezuela que llegan a Bogotá es el acceso al trabajo, 47.8%, a la salud 38,67%, a la vivienda 7.73% y a la educación 4,7%. Del total de la población un 52% son hombres, un 47% mujeres y un 1% son personas LGBTI.

El 75% de esta población se ubica en las localidades del sur y occidente de la ciudad, en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa, Engativá, seguidas de Fontibón y Ciudad Bolívar. También se pudo establecer que el 60% viven en estratos 1 y 2.

Las zonas de mayor concentración de población proveniente del vecino país corresponden a zonas con mayores limitaciones en infraestructura para el acceso a servicios, lugares en los cuales también se han asentado víctimas del conflicto y en algunas localidades incluidas en las alertas tempranas de la Defensoría.

El 40% de la población consultada dice haber sido víctima de robos, 8% vivieron situaciones de violencia como amenazas o intimidaciones por su nacionalidad y 6,67% han sido víctimas de acoso sexual.

De la población atendida por la Personería, se evidencia las principales casusas de salida de personas Venezuela son por falta de alimentos, altos costos de bienes y servicios e inseguridad en el país. Esto se traduce en que un 88,29% considera que no podría regresar a su país y posiblemente estaría en necesidad de protección internacional. Visibiliza el gran desconocimiento o desinformación que hay sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y el desincentivo por los tiempos del procedimiento.

El Informe resalta la necesidad de fortalecer el acceso a este mecanismo, teniendo en cuenta la necesidad de medios de generación de ingresos y las características de la ciudad para acceder al procedimiento.
Se identificaron casos de explotación, en especial de trabajo sin remuneración. Frente a la situación de trata de personas, el informe plantea la existencia de un subregistro de casos y falta de herramientas de las víctimas para enfrentarlo.

Este diagnóstico partió del análisis de la información recopilada de las 27.000 personas atendidas por la Personería Distrital, entre 2018 y 2019, así como la focalización en 5 grupos, que generó la realización de 40 entrevistas con los migrantes para esbozar tipologías y conceptos de la situación.

¿Cómo llegan?

Podrían identificarse 4 “picos” migratorios: de 1999 a 2005, migración de élites tras la elección de Hugo Chávez; 2005 a 2009, despidos masivos en PDVSA, originando la llegada de capitales empresariales a Colombia y expertos en materia petrolera; 2012 a 2015, crisis económica tras la elección de Nicolás Maduro; 2015 en adelante, cierre fronterizo y gran “éxodo” como estrategia de supervivencia.

La población que se tomó como muestra para el informe identificó su salida a partir del año 2015, coincidiendo con el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario que dice que han entrado a Colombia un aproximado de un 48%, en el año 2015 y 2016, “en 2 años migraron tantas personas como habían migrado en los 4 años anteriores”.

¿Cómo ingresaron?

La población ingresó a Colombia a través de La Guajira, Arauca y Norte de Santander. Un 76.79% cruzó la frontera por los medios regulares frente a un 22.34% que pasó por medios no convencionales, tipo trochas, caminos verdes o ríos.

Del 75,79% de la población que cruzó la frontera por puestos de control fronterizos, el 60.64% está compuesto por venezolanos y el 15.16% por población retornada colombiana. El 22.34% de personas que cruzaron la frontera por otro medio no convencional, el 19.41% es venezolana y tan sólo el 2.92% es población retornada.

Las personas que ingresaron al país de manera irregular, su llegada a Bogotá estuvo precedida por múltiples estancias de corto y mediano plazo en otras ciudades, caminaron entre 15 a 30 días, arriesgando sus vidas, su integridad y en condiciones de alta vulnerabilidad buscando una manera de “subsistir”.

Recomendaciones

Se destacan los esfuerzos institucionales de la Alcaldía de Bogotá, desde sus diferentes Secretarías por establecer rutas o adelantar acciones para atender a la población proveniente de Venezuela, estableciendo servicios como el CIAM o el SuperCade Social en el terminal de transporte, la facilidad para el acceso y permanencia en el sistema escolar y de jardines infantiles, y acceso a salud de acuerdo con el marco normativo principalmente a urgencias.
Sin embargo, se recomienda una mayor claridad y visibilidad de estas rutas de atención, así como impulsar el trabajo en forma conjunta. También la integración como primer paso para la búsqueda de soluciones para la población proveniente de Venezuela. El Informar pide combatir y prevenir la xenofobia, así como avanzar en la regularización migratoria y acceso al reconocimiento de refugiado para dar garantías mínimas de protección de derechos.

Las personas que ingresaron al país de manera irregular, su llegada a Bogotá estuvo precedida por múltiples estancias de corto y mediano plazo en otras ciudades, caminaron entre 15 a 30 días, arriesgando sus vidas, su integridad y en condiciones de alta vulnerabilidad buscando una manera de “subsistir”.

Descargue el informe en el siguiente link

• Exmandataria que firmó el contrato ya había sido destituida, en primera instancia, por irregularidades en otro contrato similar.
• Funcionaria con maniobras dilatorias retrasó sanción.
• Presuntas anomalías en alcaldías locales de Administración anterior superan los $100 mil millones.
• Van 80 fallos sancionatorios, en los últimos 3 años y medio, contra servidores de alcaldías de las últimas 3 administraciones.

La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar contra la exalcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio con el sistema universitario del Eje Cafetero por unos $19.000 millones para intervenir la malla vial de la localidad.

Según la queja, la funcionaria, al parecer, no sólo habría eludido una licitación o concurso público para escoger la mejor oferta, sino que presuntamente pactó un anticipo del 50% del contrato, con la presentación de un plan de trabajo.

El Ministerio Público Distrital, en primera instancia, ya había destituido e inhabilitado por 12 años a la mandataria saliente por irregularidades en contratación. La sanción fue precisamente por la suscripción de un convenio con Fonade, por $9.594 millones, para la intervención de la malla vial local, espacio público, interventoría y el mobiliario de la sede de la Alcaldía.

Demoras

La mandataria fue citada a audiencia para presentar descargos el 11 de enero de 2018, pero no asistió. A lo largo de 2018 fue citada en 31 ocasiones hasta el 11 de diciembre para continuar con el proceso disciplinario verbal.

En sólo 2018, la investigada no asistió en 14 ocasiones a la citación a audiencia y sus abogados defensores en 12 ocasiones. 8 veces ni la mandataria ni abogados asistieron y en 8 citaciones dicen que la alcaldesa no concurre por incapacidad médica, pero en 2 de ellas no anexa certificación. Se verificó con la Secretaría de Gobierno y ninguna de las incapacidades médicas fue presentada ante esa entidad para justificar alguna ausencia laboral.

Durante el proceso, la defensa presentó 4 solicitudes de nulidad, una recusación, 4 solicitudes a la Procuraduría para que asumiera la investigación las cuales fueron negadas y una acción de tutela. La mandataria ha tenido 6 abogados. La decisión, luego de diferentes maniobras dilatorias, está en apelación.

Sanciones de 3 años y medio

La Personería de Bogotá profirió 80 fallos sancionatorios contra alcaldes locales, en los últimos tres años y medio, de servidores de las últimas 3 administraciones. Las decisiones fueron, en su mayoría, por irregularidades en contratación.

De la Administración saliente van 4 alcaldes locales sancionados de 14 investigados. Las irregularidades en contratación superan los $100 mil millones.

• Sector histórico está siendo depredado por actividades derivadas del funcionamiento de instituciones educativas y obras urbanas.
• Esas actividades generan ocupación de espacio público y establecimientos de comercio en zonas residenciales.
• El Distrito ni siquiera cuenta con un listado confiable de las instituciones que operan en el sector de interés cultural y mucho menos de los impactos.
• Alcaldía Local dice que tiene limitaciones para sancionar el daño al patrimonio.
• Ninguna entidad de Administración anterior hizo nada para evitar el daño.
• De 13.800 predios de patrimonio, sólo hay en trámite del Plan de Regulación y Manejo (PRM) 16 inmuebles, de los cuales, 7 lo han adoptado.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, presentó una acción popular en la que solicita que se detenga la destrucción del patrimonio de conservación arquitectónico y cultural de Teusaquillo, depredado por actividades comerciales derivadas del funcionamiento de instituciones educativas y obras urbanas que vulneran los derechos colectivos a un ambiente sano, goce del espacio público y la memoria urbana de la ciudad.

En la demanda, admitida por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Teusaquillo, las secretarías de Planeación, Movilidad, y Cultura, Recreación y Deporte, así como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se solicita que se declaren responsables de violar los derechos colectivos de los capitalinos, en especial de los habitantes del sector, por no hacer respetar las normas de control urbano y afectar su calidad de vida.

El Ministerio Público Distrital pide que se vinculen a la demanda, en principio, a 12 instituciones educativas: la Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI), la Corporación Universal de Investigación y Tecnológica (Coruniversitec), la Corporación Educativa Indoamericana; las universidades Innca, Católica, Cooperativa y Colegio Mayor de Cundinamarca; las fundaciones Inpahu, San Mateo, Panamericana, San Alfonso (FUSA) y Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa.

Los establecimientos educativos sin una infraestructura urbana adecuada generan a su alrededor ocupación indebida de espacio público por el parqueo de motos y vehículos, así como el surgimiento de ventas informales, bares, tabernas, restaurantes, casinos, entre otros, que causan desorden urbanístico en ese sector emblemático de la capital.

De esa forma, se vulneran los derechos colectivos, al patrimonio cultural con el daño de las viviendas de conservación, al goce del espacio público con el funcionamiento de instituciones educativas sin la instalaciones dotacionales para prestar el servicio y la vulneración del ambiente sano con establecimientos comerciales prohibidos en la zona que impactan la tranquilidad de sus habitantes y el mobiliario urbano.

UPZ
Tres áreas de la Unidad de Planificación Zonal (UPZ) 101 de Teusaquillo fueron declaradas como sector de interés cultural. Allí están barrios tradicionales como Teusaquillo, Palermo, La Soledad, La Magdalena, Santa Teresita, Américas y Armenia, que tenían a 2012 más de 13.800 predios de conservación.

La UPZ Teusaquillo admite, con una serie de condicionamientos, el funcionamiento de universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación, y prohíbe la actividad de tabernas, discotecas, casinos, entre otros establecimientos de comercio que aumentan los decibeles permitidos para la zona, lo que perturba la tranquilidad de quienes habitan este lugar, sin que el Distrito hagan nada para impedirlo.

Según la comunidad, el daño arquitectónico, ambiental y patrimonial del Distrito y la Nación cobija algunos parques como el Brasil, del barrio la Magdalena, que al ser ocupados como campus universitarios alternativos, ocasionan la destrucción de jardines a cargo del Jardín Botánico de Bogotá, sin que se haya realizado ninguna acción de las autoridades distritales para evitarlo o recuperarlos.

Sin control ni articulación
La comunidad de la UPZ y la Corporación Cívica de Propietarios para la Defensa de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural (Corpopatrimonio), han buscado que cese la afectación al sector patrimonial, solicitando a la Alcaldía Local y otras autoridades distritales el cierre o traslado de los establecimientos que contrarían las normas.

No obstante, la Alcaldía de Teusaquillo dice que carece de competencia para ejercer facultades sancionatorias sobre esas instituciones y propietarios, pues no hay una claridad en las normas que están vulnerando. Agrega que tiene limitaciones para realizar el control urbano y de uso del suelo en la localidad.

La Secretaría de Planeación afirma que creó el Plan de Regularización y Manejo (PRM) para mitigar los impactos urbanísticos negativos, con el fin de generar espacio público, soluciones viales, de estacionamientos y otros servicios para su funcionamiento. Sin embargo, los planes tienen dos dificultades para constituirse en una solución real. Primero, se activan únicamente por solicitud de las instituciones interesadas, segundo el plan no es un requisito para poner a funcionar el establecimiento. Además, el poco interés de las instituciones es tal, que de los 13.800 predios de conservación del sector, hay en trámite de PRM 16, de ellos, sólo 7 lo adoptaron.

Para completar, el Distrito no ha expedido el plan maestro de instituciones de educación superior, a pesar de que el POT lo contempló y dispuso que se adoptaran desde 2004.

El Sistema Distrital de Patrimonio Cultural no está funcionando para salvaguardar los inmuebles declarados de interés cultural y patrimonial. En los últimos años, en sus reuniones ni siquiera trató el tema de inclusión de más predios de conservación.
La Secretaría de Ambiente responsable de mantener jardines y plantas de varios parques y espacios verdes del sector, no se conoce que haya realizado actividad alguna para protegerlos.

En resumen, las dependencias distritales no cuentan con información unificada. Los datos difieren desde el nombre del establecimiento, hasta la identificación predial. Todos se pasan la responsabilidad de uno al otro, sin que ninguno asuma como Administración su tarea. No hay articulación entre ellas.

Hasta la Alcaldía Mayor, de la Administración anterior, no emitió respuesta alguna a una solicitud de la Personería, y sólo envió copia de los oficios a cada una de las entidades del orden distrital, sin que ninguna atendiera el problema.

POT acababa con el patrimonio
Incluso la Administración anterior, en 2019, propuso un nuevo POT, en el que dijo, sin ninguna pena, que la UPZ 101 había perdido su “homogeneidad”, es decir, que se convirtió en una zona mixta que admitiría cualquier tipo de uso de suelo. Eso significa que la Administración conocía la problemática de la zona, y en ese sentido, desprotegieron el patrimonio cultural de la Nación, y en específico, el del Distrito, desatendiendo las necesidades de la UPZ Teusaquillo.

Por lo anterior y para mayor claridad, la Personería pidió al juez que se decrete que de la UPZ 101 Teusaquillo debe ser protegida por su valor arquitectónico y patrimonial ordenando que se expida una normatividad fuerte respecto de su uso y sanciones por su violación.

Más peticiones
El ente de control pidió que se ordene a las entidades demandas para que máximo en un año actualicen el listado de los bienes de interés cultural, a través del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural con representantes de la comunidad.

También que se declare la UPZ 101 Teusaquillo como una zona de especial protección por sus características arquitectónicas y patrimoniales. Que se les exija a todas las instituciones educativas y demás establecimientos la adopción del Plan de Regulación y Manejo para mitigar los impactos urbanísticos negativos. Se ordene a la Secretaría de Movilidad a que realice una intervención constante para garantizar el debido uso de espacio público y la movilidad en la zona.

Así mismo, se ordene al Distrito que intervenga de forma precisa, directa y efectiva en la toma de medidas inmediatas para la preservación de un ambiente sano, y conservación de los bienes declarados patrimonio cultural en Teusaquillo.

Balance de cuatro años

• De 2016 a 2019 le ahorró a la justicia ordinaria unos 30.000 litigios.
• La mayoría de los casos tiene que ver con arriendos, deudas y asuntos de familia.
• El ente de control atiende peticiones de conciliación en nueve puntos de la Capital.

La Personería de Bogotá en su Centro de Conciliación recibió 70.489 solicitudes de acuerdo, de enero de 2016 a diciembre de 2019, que permitieron lograr 26.428 conciliaciones, de ellas 596 arreglos parciales y 12.916 uniones maritales de hecho.

También se presentaron 3.990 desistimientos, la mayoría por acuerdos previos. Hubo 150 solicitudes no admitidas, 27.645 inasistencias de una o de las dos partes y en 12.383 audiencias sin acuerdo.

Las conciliaciones gratuitas evitaron no sólo cuantiosos gastos, tiempo y demora a los interesados, sino que permitieron disminuir la congestión de procesos que adelanta la rama judicial, al no presentarse unos 30.000 litigios ante esa instancia.

En los casos en que no hubo acuerdo, el Ministerio Público Distrital entregó un documento que certifica que fue agotado el requisito de procedibilidad; es decir, ya cumplieron la etapa de conciliación y se pueden presentar las acciones judiciales que consideren los interesados.

La mayoría de los conflictos, resueltos de forma gratuita, se relacionan con cuotas alimentarias, responsabilidad extracontractual, accidentes de tránsito sin lesiones personales, préstamos o deudas no canceladas por concepto de ventas o pago de facturas, cuota de administración en propiedad horizontal, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, conflictos de convivencia, custodia de hijos y regulación de visitas, entre otros.

Por años

Durante 2019 se recibieron 15.203 solicitudes de las cuales se lograron 3.530 acuerdos totales, 129 acuerdos parciales, 1.057 desistimientos por arreglos previos entre las partes y 1.891 uniones maritales de hecho. Con esa labor del Centro de Conciliación evitó 6.607 engorrosos pleitos a los capitalinos y mayor congestión a la justicia.

La Personería, durante este año, inadmitió 16 solicitudes por no ser conciliables y declaró fracasadas 2.849 conciliaciones. La inasistencia de una o las dos partes, se registró en 5.731 audiencias.

En 2018 recibió 16.967 peticiones de conciliación, con 3.210 acuerdos totales, 137 parciales, 1.004 desistimientos y 30 peticiones inadmitidas. En 3.186 no hubo arreglo y en 6.571 hubo inasistencia por alguna de las dos o por las dos partes.

Puntos de atención

Las audiencias se llevan a cabo en el Centro de Atención a la Comunidad (C.A.C.), ubicado en la Carrera 43 No. 25B – 17, Supercades de la Carrera 30, Américas, 20 de Julio, Suba, casas de justicia de Ciudad Bolívar, Usme y Mártires, y SAU (Salas de Atención al Usuario de la Fiscalía) de Suba.