• En Suba hay un derecho de petición sin respuesta solicitado desde agosto del 2009. En solo esa localidad hay 6.591 solicitudes sin contestar.
• La Personera hizo un llamado de atención urgente a la Secretaría de Gobierno para que adopte medidas inmediatas.

La Personería de Bogotá encontró 14.838 derechos de petición en las alcaldías locales sin contestar, la mayoría recibidos, de enero 2016 a junio de 2018, lo que evidencia un gravísimo nivel de atraso, por una presunta negligencia y desorden en la gestión pública.

Incluso se encontró un derecho de petición del 31 de agosto de 2009, es decir, de hace nueve años, aún sin contestar, de la Alcaldía de Suba.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar hizo un llamado de atención urgente al Secretario de Gobierno para que se adopten correctivos inmediatos que permitan a los ciudadanos obtener las respuestas de la Administración en los términos que la Ley establece, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que esta omisión pueda generar.

 Atendiendo las reiteradas quejas de los capitalinos por la vulneración al derecho fundamental de petición, el Ministerio Público Distrital no solo revisó el tema, sino que solicitó una solución inmediata y respuestas de fondo para las solicitudes de los ciudadanos.

 En la localidad de Suba están sin contestar 6.591 en total, 4.231 en el 2016, 1.314 en 2017 y 1.046 en lo corrido de 2018. Las otras localidades con más atraso son Usaquén 2.734, Kennedy 1.199; Chapinero, San Cristóbal y Santa Fe tienen más de 600 sin respuesta. Las menos congestionadas son Puente Aranda con 4, Tunjuelito con 10, y Sumapaz con 1.

 En Suba en promedio reciben 250 derechos de petición diarios, en Kennedy 200, en Chapinero 150, Teusaquillo 100, Santa Fe 90, Rafael Uribe 50, La Candelaria 40, Usaquén 38 y Tunjuelito 30. Los que menos solicitudes diarias reciben son Sumapaz 1, Fontibón y Bosa 5 cada uno, Barrios Unidos y Antonio Nariño 8, Los Mártires y San Cristóbal 10, Engativá 11 y Usme, al igual que Puente Aranda 12.

La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años al docente de enlace del programa 40 por 40 Javier Martín Cano, quien, abusando de su función de profesor, a comienzos del presente año, accedió sexualmente a un menor de 14 años.

Contra el citado docente, quien apoyaba este programa en secundaria, también cursa una investigación penal por ese mismo hecho y actualmente está privado de la libertad.

La decisión no fue apelada y por lo tanto quedó en firme.  

La Personería de Bogotá, junto con la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y la Veeduría Distrital, tienen el gusto de invitar a la sociedad capitalina a la actividad de carácter cultural que se realizará hoy 9 de septiembre para conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos.

Al evento, que se realizará en el Park Way, entre Calles 35 y 42 de 2:00 a 6:00 p.m., asistirán servidores públicos, representantes de organizaciones sociales y personas que han sido víctimas de maltrato, violencia o vulneración de sus derechos (mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, miembros de la comunidad LGTBI, universidades y etnias).

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

¡Los esperamos!

• Siete meses después de suscribir el contrato, firmaron el acta de inicio. La causa de la demora: no tenían interventor.
• El contrato, pactado por un año, duró 30 meses, por $6.900 millones, tuvo 6 prórrogas y una suspensión.
• La Alcaldía pagó por unas actividades preliminares que no se entregaron en el plazo establecido.
• La interventoría costó $268 millones más de lo previsto y algunas obras establecidas no se hicieron.

Un auténtico ‘alud’ de irregularidades encontró la Personería de Bogotá en un contrato suscrito por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y el Consorcio Obras de Mitigación, en febrero de 2013, por cerca de $6.900 millones para construir obras de estabilización en laderas de siete barrios de esa localidad.

Según un informe del órgano de control (los problemas empezaron desde el proceso de licitación y aún no terminan) se presentaron seis (6) prórrogas y una (1) suspensión del contrato, sobrecostos en la interventoría y obras que se hicieron diferentes a los diseños contratados o no se hicieron. Incluso hoy, 31 meses después, el contrato está pendiente de liquidación.

Ante las irregularidades, la Personería iniciará una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Alcaldía Local, incluida la mandataria Diana Mabel Montoya Reina y envió copia del informe a la Contraloría Distrital, por un presunto detrimento patrimonial.

Licitación

El Consejo de Estado, en sentencia de acción popular de enero de 2011, ordenó al Distrito realizar las obras necesarias para proteger la seguridad y vida de la comunidad de Rafael Uribe Uribe, amenazada por el riesgo de un deslizamiento.

La Alcaldía Local, el 30 de noviembre de 2012, publicó el proyecto del pliego de condiciones y el 24 de diciembre abrió la licitación.

En el desarrollo de las actividades propias del proceso contractual se verificaron las siguientes irregularidades.

1. El contrato se suscribió el 6 de febrero de 2013 y sólo hasta el 23 de julio del mismo año, se firma el contrato de interventoría (requisito de orden legal para dar inicio al contrato) lo que generó el primer retraso en las obras.
2. Las seis (6) prórrogas de los contratos no son justificadas; por ejemplo, prorrogar el contrato de obra por seis meses y luego por cuatro, por el replanteo de los diseños o por permisos ambientales, no dan cuenta de un estudio detallado acerca del tiempo real de extensión del contrato. En la prórroga del 10 julio de 2015 se evidencia una falta de claridad en el tiempo real de ejecución, cuando se aduce que es por situaciones administrativas, sin identificar cual es la razón real.
3. La suspensión de obra no está argumentada en las situaciones legales establecidas en la Ley 80 de 1993, fuerza mayor o caso fortuito, sino en las mismas razones y escusas expuestas en la tercera prórroga.
4. De las conclusiones del informe se evidencia que realizaron modificaciones del diseño original sin estudios o documentos técnicos que soportaran dicha necesidad.
5. Se vulneró el principio de planeación con el retraso y aplazamiento del contrato, que es evidente al revisar el plazo final, muy distante del originalmente propuesto desde los pliegos de condiciones.
6. De los siete sectores a intervenir, en el denominado El Rosal no se realizó ninguna obra.

• Un paciente recién salido de una intervención quirúrgica debía ser llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero, por falta de personal médico, tuvo que permanecer en el quirófano.

La Personería de Bogotá encontró que las tres Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidado Intermedio del hospital El Tunal, están funcionando con sólo dos médicos, cuando se debe garantizar la atención permanente de un especialista en cada una de ellas, situación que pone en riesgo la vida de los pacientes trasladados allí.

Las cuatro salas de cuidados intensivos del hospital El Tunal se componen, en promedio, de 10 camas. Durante la visita se observó el traslado de siete pacientes de una sala a otra para concentrar más convalecientes en una sola unidad y así compensar el faltante médico.

También se pudo evidenciar cómo, por ejemplo, un paciente recién salido de una cirugía debía ser llevado a la UCI, pero, por la falta de personal médico, tuvo que permanecer en la sala en que fue operado, pues necesitaba monitoreo constante.

Según estableció el ente de control, los médicos especialistas que estaban a cargo de estas dos UCI renunciaron hace más de una semana por la inestabilidad laboral y bajos salarios. Las especialidades que se requieren para estas Unidades de Cuidado Intensivo corresponden a cirujano general, internista, anestesiólogo, emergenciólogo e intensivista.

La Personería de Bogotá demandó acciones administrativas reales e inmediatas a la gerencia del hospital El Tunal, para evitar el peligro que esta situación conlleva, pues se trata del cuidado intensivo que requieren los pacientes que, por su alta vulnerabilidad, tienen en riesgo la vida misma.

Ante el Concejo de Bogotá asumió hoy como primera Personera Distrital la abogada santandereana Carmen Teresa Castañeda Villamizar quien llegó al cargo luego de haber ganado un concurso de méritos entre abogados de todo el país.

La nueva personera es especialista en procesal penal con énfasis en el sistema acusatorio, derecho disciplinario, derecho constitucional y administrativo y en la actualidad es candidata a Magister en derecho penal y ciencias criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. La funcionaria se ha desempeñado como juez de instrucción criminal y fiscal delegada ante los jueces penales del circuito de Barrancabermeja y como asesora del despacho del Procurador General de la Nación.

En un emotivo discurso, acompañada por sus padres, hermanos e hijos, la Personera  de los bogotanos dijo ante la plenaria del Concejo Distrital que “(…) hay mujeres que viven sufriendo la violencia en el anonimato, por esas mujeres estoy aquí”, destacando la dignidad de las mujeres en el país.

Además, resaltó su compromiso de trabajo por la ciudad y recalcó la frase de la Madre  Teresa de Calcuta: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, en clara referencia al trabajo que deben realizar los servidores públicos.

La Personera una vez posesionada, agradeció  al Concejo en pleno por su elección y se comprometió en la defensa de los derechos de los capitalinos: “Gracias por haberme acogido y darme su voto de confianza” y subrayó que “entre hombres y mujeres podemos construir este país, en ese orden de ideas la batalla tiene que ser conjunta”.