• Sólo el 5,39% de 622 espacios disponible, algunos por empresas formales.
• Distrito incumplen reubicación ordenada por Consejo de Estado.
• A octubre de 2015, el IPES registró 3.815 vendedores; dentro de ellos, la Personería encontró personas no vulnerables, fallecidas y propietarios de industrias, entre otros.
• El arrendatario del Recinto debe por concepto de arriendo $25.700.000.

La Personería de Bogotá encontró que mientras el sector del 20 de Julio, al sur oriente de la ciudad, está invadido por los vendedores informales, el Recinto Ferial construido por el Distrito para reubicarlos, tiene una ocupación de sólo 5,39%. Dentro del escaso nivel de ocupación se evidenció que allí opera un par de firmas formales como una agencia de viajes y una escuela de conducción. El Distrito invirtió en el Recinto Ferial $6.362 millones para reubicarlos, a precios de 2013.

De acuerdo con el Organismo de Control hay un incumplimiento por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal, del fallo de 2003 del Consejo de Estado, que obliga a la recuperación del espacio público en el sector del barrio 20 de Julio. El área a recuperar comprende desde la Carrera 3ª hasta la Carrera 10ª y desde la Calle 22 Sur hasta la Calle 27 Sur.

La Personería encontró que el Instituto para la Economía Social (IPES), entregó en administración del Recinto a un representante de una asociación de vendedores, quien de un lado hace parte de la población beneficiada y de otro suscribe contrato de arrendamiento con el IPES para dicha administración, al parecer decide tanto la ubicación de los espacios, como las personas que pueden entrar a trabajar.

Censo

El IPES, durante el 2013 censó a 1.099 vendedores que debían ser reubicados en espacios acondicionados para poder salir de la calle. No obstante, la Alcaldía Mayor en octubre de 2015, emitió la resolución 422, que aumentaba el número de beneficiarios a 3815 vendedores. Sin embargo, se encontró que en ese aumento significativo se incluyó población no vulnerable como asociaciones de vendedores que no son informales, menores de edad y propietarios de industrias y viviendas afiliados al régimen contributivo.

Eso no es todo, la Personería hizo un estudio aleatorio del 10% con los documentos de identidad, para corroborar que efectivamente esas personas se encuentran en condición de vulnerabilidad. El resultado arrojó que de 382 personas, 153 personas pertenecen al régimen subsidiado, 152 personas pertenecen al régimen contributivo, 51 no aparecen con registro, 10 superan el puntaje del SISBÉN y las 16 personas restantes aparecen como fallecidas.

Desocupado

El 1 de diciembre de 2015, el IPES entregó mediante contrato de arrendamiento el Recinto Ferial al Presidente del Comité de Vendedores del 20 de Julio (Coopnalven), para la reubicación de los vendedores del sector del 20 de Julio, que cuenta con 500 módulos, 42 locales, 20 cocinas y 60 nichos.

En visita al lugar, la Personería encontró una ocupación de tan sólo 40 espacios; es decir el 5,39%. El resto de espacios se encontraban vacíos y algunos locales están ocupados por empresas prestadoras de servicios, que no deberían estar operando en este recinto; pues su uso es exclusivo para la reubicación de la población beneficiada por el fallo.

No pagan

No solo se percibió que el Recinto ferial está siendo utilizado a conveniencia, rentándolo a algunas personas que no son vendedores informales del sector. También la Personería evidenció que existe un incumplimiento de 5 meses en el pago del canon de arrendamiento por parte del contratista, el cual asciende a $25.700.000, a junio de 2016.

El IPES como entidad responsable de la reubicación de los vendedores y la administración de los respectivos espacios, no ha tomado las acciones para terminar el contrato, como lo indica la cláusula que al retraso de 3 meses, el arrendador puede terminar el contrato unilateralmente.

Actualmente los vendedores permanecen en la calle y cada día aumenta la población informal en ese sector de la ciudad, mientras que continúa el incumplimiento del fallo que obliga a la recuperación del espacio público.

• Administración distrital ha sido negligente en renta y compraventa de vehículos afiliados al SITP, en favor de propietarios del transporte público.
• Hacienda tampoco ha resuelto solicitudes pendientes.
• Centenares de familias derivan su sustento de vehículos que pasaron al SITP, pero el Distrito ha incumplido su obligación de acatar el Plan de Desarrollo.
• Personería dispuso iniciar acción disciplinaria contra responsables.

 La desaparición del antiguo Transporte Público Colectivo (TPC) y su reemplazo por el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), llevó a la crisis económica a numerosos pequeños propietarios de buses, cuyas familias derivaban su sustento de los vehículos del TPC.

 Así lo dejó ver un informe de la Personería de Bogotá, según el cual la presunta negligencia del Distrito sería la causante de la crisis que hoy agobia a muchos antiguos transportadores del TPC no sólo en lo económico, sino en su salud física y hasta emocional.

 La puesta en marcha del SITP implicó la entrega en concesión de diferentes zonas de la ciudad a empresas operadoras que estaban en la obligación de comprar a sus propietarios los vehículos del TPC, para continuar operándolos o chatarrizarlos.

 Sin embargo, ese proceso de chatarrización se ha venido desarrollando de manera paulatina y lenta porque, de un lado, los concesionarios no solicitan a los propietarios los vehículos para comprarlos y, de otro, muchos de los adquiridos aún no han sido pagados, como tampoco se han cancelado las rentas mensuales acordadas.

 Por su parte, la Secretaría de Movilidad (SM), de un tiempo hacia acá, ha venido cancelando las tarjetas de operación de esos vehículos sin resolver la situación a sus propietarios, por lo que los mismos no los pueden poner a trabajar en la modalidad de SITP provisional. Eso los ha obligado a dejar los vehículos en parqueaderos, en absoluto lucro cesante, en grave afectación especialmente para su sustento y su salud emocional y física.

 Para subsanar la problemática, la Administración anterior expidió el Decreto 580 de 2014 para autorizar a Transmilenio a adquirir y pagar los vehículos, con posterior recobro a los concesionarios, bajo la figura de Cesión Económica de Derechos. En consecuencia, recibió 2.109 solicitudes con base en las cuales suscribió 1.263 contratos y desembolsó $128.000 millones.

 Al finalizar dicha Administración, se expidió el Decreto 526 de diciembre 15 de 2015, que reasignó a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de resolver las solicitudes pendientes y recepcionar nuevas, pero, a la fecha, el citado despacho no ha efectuado trámite alguno.

 El plan de desarrollo Bogotá mejor para todos ordena al Gobierno distrital, en su Artículo 78, asumir las obligaciones de renta o compraventa de vehículos afiliados al SITP, en favor de los propietarios de vehículos del TPC. A la fecha eso tampoco se ha cumplido.

 Existe una certificación según la cual, en junio de 2016, había 716 vehículos sin Tarjeta de Operación, de los cuales 313 operaban en el SITP provisional; es decir, en ese momento 403 familias vivían sin poder operar el mismo número de vehículos. El problema se agrava si se tiene en cuenta que no hay a la vista una solución por parte de la Administración y, al contrario, la Secretaría de Movilidad continúa cancelando las tarjetas de operación que se van venciendo.

 La Personería verificó las acciones de la Administración, en cabeza de Transmilenio, como gestor del SITP, y de la Secretaría de Hacienda como responsable del trámite de cesión de derechos y pago de vehículos, para garantizar la protección de los derechos de los cientos de familias que derivan su sustento de la operación de vehículos del transporte tradicional.

 Como quiera que se evidenció negligencia al no dar solución alguna a la problemática durante 2016, el ente de control inició una acción disciplinaria y exhortó a la Administración para que, con carácter urgente, reglamente lo pertinente y cumpla lo ordenado por el Plan de Desarrollo.

• Además, se realiza jornada de sensibilización  a  víctimas para que se postulen para conformar las mesas de participación.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, programa de la Presidencia de la República creado para la atención a personas afectadas por el conflicto armado interno, comenzó hoy la entrega, en las instalaciones de la Personería de Bogotá, de indemnizaciones administrativas a una parte de dicha población.

La Unidad citó previamente a los beneficiarios de la ayuda para, lista en mano, entregarles personalmente una carta-cheque, cuyo valor depende del tipo de hecho victimizante, la situación particular en que se encuentre la víctima o el marco jurídico bajo el cual declaró.

La jornada de entrega de este componente de la reparación, que se extenderá hasta mañana miércoles, se adelanta en la sede central de la Personería  Distrital que actúa como garante de los derechos de las víctimas, y en virtud de los principios de cooperación establecidos por la Ley.

En este mismo espacio, la Personería dispuso un equipo de trabajo para realizar la sensibilización y brindar información a todas las víctimas presentes, para que conozcan de cerca el proceso de inscripción que deben surtir los delegados de las organizaciones de víctimas y defensoras de sus derechos, que deseen postularse para conformar las mesas de participación de víctimas, establecida en la Ley 1448 de 2011.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una entidad del orden nacional, con autonomía administrativa y patrimonial, perteneciente al sector de la inclusión social y la reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad Social (DPS). La Personería de Bogotá, en cumplimiento de la función legal de cooperación dentro del proceso de reparación, se ha vinculado de esta manera a la jornada.

• Al parecer, aún no cumple con el Plan de Emergencias y Contingencias (PEC).
• Una señora de 78 años y un niño resultaron lesionados por presuntas deficiencias en obras del Centro Comercial.
• Según las quejas, la apertura del lugar sin haberse terminado las obras civiles ha puesto en peligro a los visitantes.

La Personería de Bogotá solicitó a las autoridades distritales que, de manera inmediata, tomen las medidas a que haya lugar para que el funcionamiento del centro comercial La Colina deje de representar un riesgo para la integridad y la vida de los capitalinos.

 De acuerdo con el Ministerio Público distrital, si el centro comercial no ha cumplido completamente los planes de mitigación de movilidad, emergencias y contingencias o cualquier otro requisito fundamental para su adecuado funcionamiento, las autoridades deben emprender las acciones inmediatas contempladas en el ordenamiento jurídico.

 Hace unas semanas, en desarrollo de una mesa de trabajo en la sede de la Personería Distrital, los representantes del centro comercial informaron que habían atendido las observaciones y que estaban ajustándose a las exigencias legales. Durante la reunión, los funcionarios de la Administración distrital hicieron algunas precisiones sobre lo dicho por los empresarios.

 La Personería conoció recientemente que a finales de enero del presente año, la Subdirección de Gestión de Riesgo del Cuerpo Oficial de Bomberos le informó a La Colina que no cumple aún con varios requisitos fundamentales del Plan de Emergencia y Contingencias (PEC).

 Dentro de los requisitos no cumplidos están el concepto técnico de seguridad humana y sistema de protección contra incendios, certificación de brigadas, concepto funcional, certificaciones de mantenimiento y otras.

 Visitantes afectados

 Se conocieron dos casos de personas lesionadas en el centro comercial. Uno de ellos es el de una señora de 78 años, que en el sector de comidas, en forma imprevista, se le desprendió la tapa del butaco y cayó de espaldas sufriendo un fuerte golpe en el coxis, un brazo y la cabeza. El otro es el de un niño que resultó lesionado dentro de las instalaciones del Centro Comercial, luego de caer a un vacío.

 Según las quejas de los afectados, se observaron cinco sillas más en mal estado y baldosas sueltas que han provocado la caída de varios visitantes del Centro Comercial.

 Las quejas indican falta de señalización y la apertura del lugar sin haber concluido las obras civiles, necesarias para su cabal funcionamiento; por eso la Personería solicitó a las autoridades que revisen el cumplimiento y tomen las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los capitalinos.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, lamentó profundamente y rechazó la explosión ocurrida en el Barrio La Macarena, en horas de la mañana en la que resultaron heridos 24 policías y 2 civiles.

“Rechazo cualquier acto de violencia y acción que dañe, afecte o repercuta negativamente la dignidad, derechos y principios de respeto por la vida, como lo sucedido con el artefacto explosivo que puso en riesgo la vida de varios uniformados y transeúntes. No hay ninguna justificación", dijo Castañeda Villamizar.

Al mismo tiempo, en horas de la tarde exaltó el buen comportamiento de los defensores de los animales al manifestarse de manera pacífica, durante la programada culminación de la temporada taurina.

“Quiero dar un parte de tranquilidad frente a la protesta de los que defienden y protegen a los animales. Se evidenció que sí podemos expresarnos en paz. Defiendo los actos pacíficos que realizan los defensores de los animales al expresar su opinión frente a las actividades taurinas, así mismo, rechazo los actos de violencia que se vivieron en el día de hoy”, agregó la Personera Distrital.

Explicó que independientemente de la concepción, postura o conciencia que se tenga con respecto a estas manifestaciones culturales, “repudio de manera enfática cualquier acto de violencia”.

• “Es más legal, en los casos graves, suspender provisionalmente a los educadores que trasladarlos a labores administrativas”, dijo la Personera.
• “La Ley disciplinaria tiene las herramientas; no hay que buscar soluciones a largo plazo”, agregó.

La Personería de Bogotá asumirá los procesos disciplinarios más importantes o que estén a punto de prescribir en la Secretaría de Educación que involucran a docentes, por casos de presunto abuso sexual contra alumnos de colegios del Distrito.

La medida, ordenada por la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, busca agilizar las investigaciones para proteger a los niños y evitar nuevos abusos contra los estudiantes.

“No se necesitan cambios en la normatividad, como lo pidieron algunas personas de la Administración. Están buscando soluciones a muy largo plazo. La Ley disciplinaria tiene las herramientas. Que suspendan provisionalmente a los docentes en los casos graves”, explicó la personera distrital.

La Jefe del Ministerio Público Distrital indicó que está estudiando “si es legal la medida de poner a los docentes en labores administrativas. Es mucho más legal aplicar la Ley disciplinaria existente, tomar las medidas cautelares que implica separarlos del cargo de manera preventiva e inmediata por tres meses, prorrogables por tres más”, agregó la jefe del ministerio público distrital.

“La medida de suspensión es primordial, más aún cuando el servidor puede reincidir en la conducta y afectar de manera gravísima la integridad y formación de los niños. Además esto obliga a las oficinas de control disciplinario, a los investigadores, a fallar los procesos de una manera rápida, oportuna y pública”, puntualizó la personera.

• La señora quedó embarazada y dio a luz a un bebé que fue entregado al ICBF.
• Pese a que se conoce al presunto responsable, Distrito sólo casi un año después y por solicitud de la Personería, informó del hecho a la Fiscalía.
• Responsables no trasladaron a la víctima a otro centro para protegerla.

La Personería de Bogotá descubrió que una persona en condición de discapacidad fue presuntamente abusada en el Centro de Protección Integrarte, ubicado en fuera del perímetro urbano del Distrito, adscrito a la Secretaría de Integración Social (SIS).

Profesionales del Hospital Simón Bolívar, el 23 de agosto de 2016, encontraron embarazada a Giovana*, una mujer con diagnóstico de esquizofrenia. La señora, de más de 40 años de edad y en condición de discapacidad, tenía más de 30 semanas de gestación, sin que nadie del Centro de Protección ni personal médico, al parecer, se hubiera percatado de su estado.

La señora, presuntamente víctima de abuso sexual, indicó en la entrevista con el psicólogo que el padre del bebé era “el doctorcito de blanco Wilson”; al revisar la nómina del Centro de Protección, el nombre coincide con el de un auxiliar de enfermería. El abuso debió ocurrir a principios de 2016.

¿Nadie se dio cuenta?

En la historia social de la señora aparecen cinco consultas médicas en el Hospital Simón Bolívar. El 29 de abril de 2016 le practicaron una citología, el 6 de junio una radiografía de tórax; el 16 de ese mes asistió a cita médica y el 5 de julio le ordenaron una ecografía pélvica por dolor abdominal, aunque ésta no se realizó. Curiosamente, después de cuatro consultas, nadie detectó su estado de embarazo.

Finalmente, el 23 de agosto de 2016, a través de una ecografía, se determinó que Giovana tenía más de 30 semanas de gestación y los médicos consignaron la sospecha de un abuso sexual. En otra palabras, durante 8 meses la paciente no recibió atención médica como madre gestante de alto riesgo; por el contrario, continuó siendo presuntamente medicada y sometida incluso a un examen de rayos X, con el peligro que eso representa para el bebé y para ella.

El 13 de octubre Giovana dio a luz a una niña, que fue entregada en adopción a la Dirección Seccional de Usaquén del ICBF.

La Ley del silencio

La víctima, que estaba desde enero de 2013 en ese centro, ante los abusos pidió traslado del lugar. La Personería descubrió el hecho en noviembre de 2016 durante una visita al lugar, e inmediatamente pidió el traslado de la afectada o retirar al presunto responsable, pero ni la solicitud de la afectada ni las de la Personería fueron atendidas.

Pese a la gravedad del hecho, los funcionarios de la Secretaría de Integración Social no presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunto abuso sexual y tampoco solicitaron una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal.

En concepto de la Personería, hubo incumplimiento por parte de la Secretaría en la ruta de atención a la afectada, pero, sobre todo, desconocimiento del deber establecido en las normas para todo servidor público de denunciar en forma oportuna los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tenga conocimiento.

Pasado casi un año de la presunta violación, el 7 de diciembre de 2016, el supervisor del convenio suscrito con el Centro de Protección, luego de la visita del Ministerio Público Distrital, presentó la denuncia ante las autoridades, sin precisar a ningún responsable ni solicitar la evaluación de Medicina Legal. Por su parte, la Personería remitió oficios con los soportes de la historia social de la señora a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Seccional del ICBF.

El Organismo de Control encontró, además, que la señora se encontraba aún institucionalizada en el mismo Centro de Protección y no evidenció ninguna medida de protección para salvaguardar sus derechos y seguridad.

La Personería inició una indagación preliminar para determinar los servidores públicos del Distrito responsables del proteger a la adulta en condición de discapacidad, quien, por el contrario, presuntamente fue vulnerada dentro de las instalaciones del Centro de Protección.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la afectada.

• Funcionarios no iniciaron las acciones contra responsables de millonarias condenas contra el Distrito.
• De $52.241 millones que el erario capitalino tuvo que pagar, sólo iniciaron acciones para rescatar 6.108 millones, es decir el 11,69%. El resto se perdió.
• En sólo el IDU se dilapidaron $45.000 millones, el 97%.

La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar para determinar a los funcionarios del sector de Movilidad que dejaron caducar las acciones de repetición contra servidores públicos y particulares con funciones públicas, responsables de condenas contra el Distrito por $46.133 millones, del primero de octubre de 2011 al primero de octubre de 2016.

El estudio del Ministerio Público Distrital encontró que la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UARMV), Transmilenio y la Empresa Terminal de Transporte han tenido que pagar por sentencias, conciliaciones y transacciones, la suma de $52.241 millones.

De acuerdo con las normas, una vez el Estado es condenado o se compromete a responder por actuaciones de dolo o culpa gravísima de algún funcionario o de particulares con funciones públicas, tiene un plazo máximo de dos años para iniciar las acciones de repetición contra los responsables para recuperar los recursos.

Pese al deber legal de repetir contra los responsables, la Personería encontró que sólo iniciaron acciones para rescatar $6.108 millones, es decir el 11,69% del total perdido.

IDU el peor

El IDU, responsable del 97% de las condenas contra el sector Movilidad, tuvo que pagar más de $50.538 millones, para cuya recuperación inició acciones de sólo $5.215, lo cual generó una pérdida superior a los $45.322 millones.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad ha tenido que pagar $883 millones, de los cuales están en recuperación $419 millones; los restantes $464 millones, más del 50%, ya se perdieron.

La Terminal de Transporte pagó $346 millones, pero no ejerció ninguna acción de repetición con el argumento de que es una Empresa de Economía Mixta que se rige por el derecho privado y no por la Ley 678 de 2001.

Por último, Transmilenio tuvo que pagar $289 millones y la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial $37 millones; ambas iniciaron acciones para recuperar esos dineros. 

• Por ser un sector de conservación arquitectónica sólo pueden funcionar estacionamientos en altura o subterráneo diseñados para ese uso.
• Pero, el 67% de los parqueaderos de la localidad funcionan en superficie.
• No se evidencia ninguna medida efectiva de la Alcaldía Local para hacer respetar las normas.

 La Personería de Bogotá solicitó a la Alcaldía Local de La Candelaria tomar medidas inmediatas ante el funcionamiento irregular de 40 de los 60 parqueaderos de vehículos, que según la propia Administración existen en la zona.

De acuerdo con las normas que buscan conservar el patrimonio arquitectónico y cultural de la localidad, allí sólo pueden existir parqueaderos según el Decreto 336 de 2013: “En construcciones en altura o subterráneas, solamente en edificaciones diseñadas o construidas para el uso”.

No obstante, el 67% de los estacionamientos, con cupo para recibir 1.850 vehículos, funcionan en superficie, en contravía de los usos establecidos en la Ley.

Lo más preocupante, es que pese a ser un hecho notorio, la Alcaldía Local sólo tiene 11 querellas contra igual número de parqueaderos por funcionar ilegalmente y al parecer, ninguna medida efectiva o inmediata se ha tomado por parte del mandatario local para hacer respetar las normas.

Según el informe de la Personería: “Se evidencia que no existe avance procesal, lo cual configura una renuencia por parte de la Administración Local, y omisión a las disposiciones legales y administrativas… la injustificada mora constituye una omisión a los deberes”.

De acuerdo con las quejas, los dueños de algunos inmuebles de la localidad los descuidan para solicitar a las autoridades que se los declaren en amenaza de ruina y así volverlos parqueaderos, cambiando el uso previsto para el predio.

Por todo lo anterior, la Personería inició una indagación preliminar para determinar los funcionarios responsables y solicitó aplicar las medidas inmediatas establecidas en las normas para hacer respetar el uso del suelo.

La Personería de Bogotá informa que la convocatoria pública para aplicar a las vacantes del ente de control, fueron reportadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad encargada de realizar los trámites de selección de aspirantes a cargos públicos. La Personería no recibe hojas de vida directamente, para proveer esas plazas.

En estos momentos hay 267 vancantes, de las cuales 181 son del nivel profesional y 86 del asistencial. Estos cargos salieron a concurso de méritos, a través de convocatoria efectuada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La Personería invita a los ciudadanos interesados en aplicar a las vacantes del ministerio público distrital y de otras entidades oficiales, a visitar la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil https://www.cnsc.gov.co/ en la que encontrarán información completa sobre la citada convocatoria.