La Personería de Bogotá realizará una Jornada Especial de Conciliaciones de Unión Marital de Hecho, el próximo 17 y 18 de julio, en nueve puntos de la ciudad, incluida el Centro de Atención a la Comunidad (Carrera 43 No. 25B-17), supercades, casas de justicia y SAU (Salas de Atención al Usuario de la Fiscalía) de Suba.
Las solicitudes para esta jornada se están recibiendo en las diferentes sedes, desde el 9 de julio. Para inscribirse hay que diligenciar un formulario, radicarlo con los registros civiles con nota marginal para matrimonio, con fecha de expedición no mayor a tres meses y fotocopias de las cédulas.
Beneficios
La jornada busca facilitar a las personas que quieren legalizar su relación, pero que sin estar casadas forman una comunidad de vida permanente y no tienen impedimentos legales para contraer matrimonio.
La legalización de la unión sirve para la protección de la mujer y la familia, además, brinda los mismos privilegios que se dan a las parejas de casados. Otros derechos que adquieren son el de la sustitución de pensión de vejez o invalidez, alimentos y acceso a la protección por violencia intrafamiliar, entre otros.
La jurisprudencia amplió a parejas del mismo sexo este derecho. La Corte Constitucional estableció que estas parejas presentan requerimientos análogos de protección y que no existen razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferenciado.
Los horarios de las audiencias en los supercades de Américas, Suba, Carrera 30 y 20 de julio, son de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. También en las Casas de Justicia de Los Mártires, Ciudad Bolívar, Usme y SAU de Suba. En la sede del Centro de Atención a la Comunidad (C.A.C.) de la Personería son de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Personería de Bogotá llevó a cabo 477 audiencias que permitieron celebrar 141 acuerdos, incluidas 30 uniones maritales de hecho y 34 desistimientos por arreglos previos que evitaron engorrosos y costosos procesos judiciales, durante la IV Jornada Nacional de Conciliación.
La actividad, celebrada del 21 al 23 de mayo, facilitó el arreglo de conflictos en derecho y equidad entre personas en su mayoría de escasos recursos. De manera armónica y coordinada, se generaron espacios de acceso a la justicia que favorecieron la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.
Se presentaron también 91 no acuerdos, 190 inasistencias de una de las dos partes en conflicto y 11 audiencias fueron suspendidas. De las 30 uniones maritales de hecho, 2 fueron de parejas del mismo sexo.
La mayoría de conflictos, resueltos de forma gratuita, tuvieron que ver con cuotas alimentarias, responsabilidad extracontractual, accidentes de tránsito sin lesiones personales, préstamos o deudas no canceladas por ventas o pago de facturas, cuotas de administración en propiedad horizontal, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, conflictos de convivencia, alimentos, custodia de hijos y regulación de visitas, entre otros.
Las audiencias se llevaron a cabo en la sede del Centro de Atención a la Comunidad, en las casas de justicia de Ciudad Bolívar, Mártires y Usme, la SAU de Suba, los Supercades de Américas, Carrera 30, Suba y 20 de Julio, y la sede central de la Personería.
Cuando no hay acuerdo durante la audiencia de conciliación, las personas agotan el requisito legal sin costo y pueden entrar a demandar de manera inmediata. La conciliación es requisito previo para iniciar algunos procesos y representa un mecanismo de solución de conflictos; hace parte de la justicia alternativa y es un camino para la reconciliación y la paz.
Últimos 16 meses
El Ministerio Público recibió 21.267 solicitudes de conciliación, en desarrollo de las cuales facilitó 4.294 acuerdos totales, 174 acuerdos parciales y registró 1.317 desistimientos por arreglos previos entre las partes, con lo cual evitó 5.785 complejos pleitos judiciales y, con ello, ayudó a descongestionar el sistema de justicia.
Así mismo, inadmitió 32 solicitudes por tratarse de temas no conciliables; declaró 3.786 no acuerdos y en 8.069 audiencias registró inasistencia, muchas de ellas por haberse presentado arreglos previos entre las partes.
Durante el lapso citado, el Centro de Conciliación de la Personería realizó 3.595 uniones maritales de hecho y tramitó 4.468 conciliaciones sobre restitución de inmuebles, cuidado y tenencia de menores, alimentos, responsabilidad civil, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial, incumplimiento de contrato, pago de deudas, convivencia, propiedad horizontal y seguros.
Gracias a la intervención de la Personería de Bogotá, el inspector 2C distrital de Policía, Pedro Francisco Rodríguez, declaró la nulidad de la orden de comparendo impuesta como medida correctiva contra el joven Pedro Esteban Carrillo, por supuestos actos obscenos con su pareja en el Centro Comercial Andino, el pasado 14 de abril.
Ante la supuesta contravención al Código de Policía por comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, la orden de comparendo fue impuesta al joven, basada solamente en el testimonio de la persona que se sintió agredida por la presencia de dos jóvenes homosexuales, sin valoración probatoria.
El ente de control comprobó que el agente de Policía dejó incompleto el procedimiento al imponer la orden de comparendo al joven sin haberlo escuchado en descargos, lo cual conllevó a la nulidad del proceso por una falla objetiva que evidencia que la actuación policial en el proceso verbal inmediato, fue precaria.
La Personería, al revisar los videos aportados por la Segunda Estación de Policía, descubrió que ante la falta de resolución y claridad, no se pueden detallar las conductas denunciadas; tampoco se evidencian escenas de actuaciones policiales como la toma de declaraciones y revisión de pruebas al atender la situación, ni el proceso de descargos por parte de la Policía.
Ante los hechos, el ente de control evidenció vulneración a los derechos al debido proceso, a la contradicción, a la defensa y a un proceso público, como lo consagra la Constitución.
Además de la nulidad de la orden de comparendo contra el joven Pedro Esteban Carrillo, también se ordenó la desanotación del Sistema de Información y del Registro Nacional de Medidas Correctivas.
La Personería de Bogotá recibió, durante los últimos 16 meses, 21.267 solicitudes de conciliación, de las cuales logró 4.294 acuerdos totales, 174 acuerdos parciales y registró 1.317 desistimientos por arreglos previos entre las partes, con lo cual evitó 5.785 engorrosos pleitos judiciales y ayudó a descongestionar el sistema de justicia.
Así mismo, inadmitió 32 solicitudes por no ser conciliables. Declaró 3.786 no acuerdos, con lo que las personas agotan el requisito legal de procedibilidad sin ningún costo y pueden entrar a demandar de manera inmediata. En 8.069 audiencias se registró inasistencia, muchas de ellas por arreglos previos entre las partes.
Durante el lapso citado, el Centro de Conciliación de la Personería realizó 3.595 uniones maritales de hecho; tramitó 4.468 conciliaciones sobre restitución de inmuebles, cuidado y tenencia de menores, alimentos, responsabilidad civil, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial, incumplimiento de contrato, pago de deudas, convivencia, propiedad horizontal y seguros.
Conciliatón
La Cuarta Conciliatón Nacional, programada por el Ministerio de Justicia, se realizará durante los días 21, 22 y 23 de mayo y contará con la vinculación y colaboración de las autoridades del orden nacional, departamental y distrital o municipal, los centros de conciliación públicos y privados, las casas de justicia, los centros de convivencia ciudadana y autoridades públicas habilitadas por la ley para conciliar, para que de manera armónica y coordinada se generen espacios de acceso a la justicia que favorezcan la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.
Para esta jornada la Personería Distrital atenderá unas 500 solicitudes en sus nueve centros de conciliación, ubicados en el Centro de Atención a la Comunidad (C.A.C.), Carrera 43 No. 25B-17; en los Supercades de la Carrera 30, Suba, Las Américas y 20 de Julio; en la Casas de Justicia de Suba, Los Mártires, Ciudad Bolívar y Usme, y en la SAU de Suba.
La Personería atenderá las peticiones a través de 22 abogados que estudiarán, orientarán y buscarán un arreglo amigable.
Las audiencias de conciliación son gratuitas, evitan cuantiosos gastos y pérdida de tiempo a los interesados, y ayudan a disminuir la congestión de la rama judicial.
Cuando no hay acuerdo, las personas agotan el requisito legal sin costo y pueden entrar a demandar de manera inmediata. La conciliación es requisito previo para iniciar algunos procesos.
La conciliación representa un mecanismo de solución de conflictos, hace parte de la justicia alternativa y es un camino para la reconciliación y la paz.
La Personería de Bogotá determinó, en una muestra aleatoria, que de 498 antenas (estaciones radioeléctricas de telecomunicaciones) visitadas en toda la Ciudad, 467 funcionan de manera irregular; es decir, el 94%. En otras palabras, sólo el 6% de ellas operan legalmente al estar aprobadas por la Secretaría de Planeación.
De las antenas encontradas en sus visitas por el Ministerio Público Distrital, más de 300 no están relacionadas dentro del inventario de Planeación que establece la existencia de 4.758, sin embargo, tan sólo cerca de 1.700 están aprobadas, en proceso o les fue negada la autorización.
Mientras tanto, en 19 alcaldías locales revisadas, sólo se encontraron 144 procesos por el posible funcionamiento irregular de las estaciones radioeléctricas, lo que representa únicamente el 3% del registro total de Planeación, situación que evidencia la falta de vigilancia por parte de las autoridades locales, encargadas de su control.
El muestreo realizado por la Personería al 10,3% de total de antenas, no sólo demostró la falta de vigilancia, sino que en un radio de 200 metros pueden existir de 8 a 10 estaciones radioeléctricas, sin que ninguna autoridad ponga orden.
Se identificó que, de las 498 antenas visitadas, 65 de ellas, es decir el 13%, se encuentran ubicadas en espacios públicos. De acuerdo con el estudio, si el valor promedio de arriendo pagado por las empresas a los particulares de $2’700.000 mensuales por cada estación radioeléctrica, la compensación por la ocupación del espacio público, le deberían equivaler como mínimo un ingreso mensual al erario capitalino de $175’500.000.
Según el anterior cálculo, el Distrito debería recibir aproximadamente $1’670 millones al mes por el 13% de las 4.758 antenas que se encuentran registradas en las bases de datos de la Secretaría de Planeación, y anualmente un promedio de $20.040 millones como compensación por la utilización de dicho espacio público.
Además, el Decreto 397 del 2017 otorgó un plazo de tres años a los proveedores de servicios de telecomunicaciones para la regularización de dichas antenas y como sanción el desmonte de las infraestructuras instaladas, lo cual, según las visitas de la Personería, al parecer no se está cumpliendo.
Localidades
El estudio de la Personería surgió luego de decenas de solicitudes de ciudadanos relacionados con la ubicación, manejo y control de las estaciones radioeléctricas en la Ciudad.
Por esta razón se realizaron visitas de campo a estaciones radioeléctricas de la siguiente manera: Usaquén 75, Chapinero 22, Santa Fe 24, San Cristóbal 20, Usme 32, Bosa 24, Tunjuelito 19, Kennedy 24, Fontibón 6, Engativá 21, Suba 28, Barrios Unidos 64, Teusaquillo 17, Mártires 31, Antonio Nariño 27, Puente Aranda 16, Candelaria 24, Rafael Uribe 15 y Ciudad Bolívar 24, para un total de 498 visitas a antenas, de las cuales 65 se encuentran en predios de propiedad pública.
Acciones
Ante este panorama, la Personería de Bogotá iniciará una indagación preliminar para identificar a los responsables de la omisión en la vigilancia del funcionamiento de las antenas en la Ciudad.
Por otro lado, recomendó que las instituciones como el IDRD, IDU y DADEP, realicen actualización y control en cuanto a la ubicación e identificación de las antenas que están en espacios o bienes públicos, así como la nomenclatura del lugar donde se encuentran localizadas.
Para finalizar, resaltó que es necesario capacitar y sensibilizar a la comunidad, al igual que a los profesionales de apoyo de las alcaldías e inspecciones de Policía, sobre el Decreto 397 de 2017, por medio del cual se establecen los procedimientos, las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la localización e instalación de estaciones radioeléctricas, utilizadas para la prestación de los servicios públicos de TIC en Bogotá.
La Personería de Bogotá realizará el Primer Festival Artístico y Musical LBGTI, con motivo del Día Internacional contra la Homolesbitransfobia, como una forma de apoyo a la no discriminación y defensa de grupos vulnerables, en su papel de garante de derechos de los capitalinos.
El evento se desarrollará en el Parque Bicentenario, frente a la Torre Colpatria, mañana viernes 17 de mayo a las 5 p.m., con el apoyo de Enterritorio, Distrito Diverso, Alcaldía de Bogotá y la Mesa LGBTI de la Localidad de Santa Fe. Los artistas que participarán en el festival son: Colectivo Teatral 3D Producciones, La Banda 250 Miligramos, el Coro Orfeo, las Artistas RCK y Alejandro Quiroga, con la conducción de “La Negra”.
Según una encuesta del Distrito, el 69,4% de las personas de sectores LGBTI han sido discriminados o sus derechos han sido vulnerados por cualquier razón. La valoración por sectores indicó un porcentaje de discriminación para las mujeres lesbianas del 62,6%; para hombres gay del 70,5%; para hombres bisexuales del 44,9%; y para mujeres bisexuales del 67,1%. Son las personas transgénero, mujeres y hombres, quienes tienen los mayores porcentajes: 92,9% y 88,8%, respectivamente.
El 45,83% de las personas de los sectores LGBTI han sentido que vulneran sus derechos, en razón de su orientación sexual, identidad o expresiones de género. Los derechos más vulnerados a la comunidad LGBTI son: a la salud, educación, trabajo, participación, cultura, recreación, vida y seguridad, según la Secretaría de Planeación.
Así mismo, los últimos dos eventos de violencia contra la comunidad LGTBI en Bogotá, corresponden, de un lado, al registrado el 8 de marzo de 2019 en la localidad de Los Mártires cuando una mujer transgénero fue golpeada por su pareja, llevada al Hospital Santa Clara, donde permaneció dos días en cuidados intensivos, y falleció.
El segundo caso se presentó el 10 de mayo de 2019 en Kennedy, donde fueron golpeadas cinco mujeres transgénero, hecho que se encuentra en proceso de investigación.
La Personería de Bogotá encontró que las obras civiles del Distrito, la tala de árboles, los vertimientos de aguas negras y de basuras, así como la falta de control por parte de las autoridades a esa contaminación, tiene en grave peligro el ecosistema del humedal Juan Amarillo.
De acuerdo con el Ministerio Publico Distrital, los contratos de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) por cerca de $50 mil millones y del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) de $30 mil millones para la construcción de la infraestructura en la zona de manejo y de preservación ambiental y áreas aledañas, no contemplan recuperar el humedal, dar cumplimiento al plan de manejo ambiental, ni enfrentar sus graves problemas de contaminación.
Además, las obras no atienden el cumplimiento del Plan de Acción de la Política Distrital de Humedales, máxime cuando en 2018 el Distrito presentó la solicitud de declarar RAMSAR este ecosistema.
Sólo se contrató la construcción de 2 umbrales, 2 puentes, 3 miradores, una pasarela elevada, una calzada dura de 3 metros de ancho para peatones y ciclistas, canchas sintéticas, aula ambiental, baños, zonas de juegos, zonas administrativas, zonas comerciales concesionables, casetas de vigilancia, pérgolas, zonas de dunas, paisajismo, zonas duras, redes hidrosanitarias, redes eléctricas y postes de iluminación.
Eso no es todo. La Secretaría, encargada de organizar y adelantar las mesas territoriales de los diferentes humedales, no conoce si la EAB está garantizando la participación ciudadana en proyectos a realizar dentro de los ecosistemas protegidos en el Distrito.
Tala y vertimientos
En la última visita de la Personería al humedal (abril de 2019), se evidenció tala de árboles (acacias), más vertimientos de aguas negras en volúmenes que comprometen la salubridad del ecosistema acuático, perros ferales (salvajes) que atentan contra la fauna del humedal y ocupaciones ilegales en la zona de manejo y preservación ambiental y en la ronda del parque.
Además, se encontró una inadecuada disposición de biosólidos en la franja terrestre del humedal, resultantes del mantenimiento de franja acuática, presencia de basuras y material de construcción y demolición.
Se evidenció una ocupación ilegal de la franja terrestre del humedal, de cambuches con residentes permanentes que colonizan el suelo, impactando con residuos sólidos y líquidos el ecosistema, ahuyentando y poniendo en riesgo la fauna silvestre.
Las obras implican riesgo al ecosistema, pues la obra cortara la franja terrestre, impidiendo la infiltración y escorrentía de aguas lluvias, situación que altera la morfología del terreno y generará retención de aguas o encharcamientos que impactaran sobre suelo, flora y fauna y obligara a más obras civiles de drenaje para garantizar desagües hacia la franja acuática.
Adicionalmente, sobre el borde norte del humedal hay un jarillón (carreteable) de unos 2 metros de alto con respecto a la lámina de agua, para control de inundaciones, el cual es utilizado para el paso de la maquinaria y equipos para la obra, este altera el funcionamiento hidrológico del humedal.
Pese a toda la inversión en infraestructura civil, las obras no recuperan el humedal sino lo dejan en mayor riesgo, habrá más talas de árboles para las diversas construcciones. La calzada de 3 metros (ciclovía y peatonal), implica la apertura de una zanja de unos 80 centímetros de profundidad, en una distancia de 6 kilómetros que se llenará con materia de cantera y concreto. La norma permite realizar senderos de máximo un metro sin materiales duros, que no genere fragmentación de la cobertura vegetal nativa ni del hábitat de la fauna.
La Personería de Bogotá hizo un llamado al Gobierno nacional, para que tome medidas urgentes que permitan dar solución definitiva a la grave situación de salubridad que se presenta en el Complejo Penitenciario y Carcelario La Picota, la cual está afectando la salud y vida de los internos, visitantes, guardianes y personal administrativo.
En una visita del Ministerio Público Distrital y la Secretaría de Salud se encontraron problemas en las instalaciones sanitarias, manejo inadecuado de protocolos básicos de asepsia, inadecuada manipulación de alimentos, mala disposición de basuras, cableado eléctrico expuesto, inconvenientes en la tenencia de animales, malos olores y un gran deterioro físico en las estructuras 2 y 3. A las precarias condiciones hay que sumarle el hacinamiento, denunciado en reiteradas oportunidades.
Salubridad
Desde finales de noviembre se originó un brote por enfermedad diarreica aguda, el cual ha afectado a 197 personas con síntomas de malestar general, vómito, dolor abdominal, fiebre, inapetencia y deshidratación, hasta mediados del mes pasado. No obstante, las medidas de mitigación han sido insuficientes.
Se evidenciaron graves problemas de suministro de agua potable, baterías e instalaciones sanitarias deterioradas o inservibles, y no se ejecutan adecuadamente los protocolos de limpieza y desinfección.
Hay presencia de basuras, filtraciones de agua contaminada con excremento de ganado en tanques para el almacenamiento del vital líquido, hongos en paredes y techos, escape de lixiviados, entre otras anomalías que facilitan la incubación y propagación de enfermedades infectocontagiosas.
Además, el servicio de aseo se encuentra suspendido y el deterioro de la infraestructura física es evidente, al punto de que algunas podrían colapsar.
Tampoco hay suficiente personal médico, odontológico y de enfermería para atender a los internos, y no se cuenta con instrumentos y dotaciones necesarios e idóneos para el ejercicio de los procedimientos hospitalarios.
Alimentación
Se evidenciaron factores de riesgo contaminante en zonas de preparación y reparto de alimentos, lo que facilita el cultivo de bacterias y la proliferación de plagas. No hay una limpieza ni desinfección adecuada durante la manipulación de víveres, ni una inspección oportuna a la caducidad de los insumos para las raciones.
Así mismo, hay un riesgo latente de contaminación cruzada durante el desplazamiento de los alimentos hacia el cuarto de cocina, lo que puede originar una propagación de enfermedades a otras zonas del centro carcelario.
Ante la gravedad de los hechos, la Personería solicitó al Inpec, Uspec, Ministerios de Salud, Justicia e Interior, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, que dentro de sus competencias tomen medidas urgentes destinadas a garantizar la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales vulnerados, a fin de evitar una posible calamidad pública.