• Medida no fue sociliazada en debida forma. Únicamente la conocieron algunos vigilantes de conjuntos residenciales.
• Ministerio Público Distrital pidió presentar un proyecto paisajístico que justifique la decisión de talar 1.192.

La Personería de Bogotá solicitó a la Administración Distrital suspender la tala de árboles en la ciudad por algunas inconsistencias encontradas en el desarrollo de esta labor.

También se pidió al Jardín Botánico presentar un proyecto paisajístico que justifique la decisión de talar 1.192 árboles en la ciudad y las compensaciones a realizar. Los cortes empezaron hace unos días con 54 árboles en la localidad de Chapinero y otros puntos como la NQS y el barrio Niza.

El Ministerio Público Distrital encontró que el programa se está llevando a cabo sin una adecuada socialización a los capitalinos. La medida, al parecer, fue informada únicamente a los vigilantes de algunos conjuntos, sin que en ella se indicara la razón de esta medida y las compensaciones que se harían por el corte de los árboles y con cuales especies.

Toda esta situación motivo la convocatoria a una mesa de trabajo en la que se expusieron las inquietudes del organismo de control, con el fin de que la Admistración tome medidas inmediatas que eviten un daño al medio ambiente capitalino.

La Personería de Bogotá lideró una mesa de trabajo con representantes de la comunidad Embera, el Gobierno Nacional y Distrital en la que se logró un acuerdo que permitió el desalojo del edificio de Avianca por parte de los indígenas y el compromiso de las autoridades de retornarlos a Puerto Rico, Risaralda, el próximo 25 de septiembre.

Según el acuerdo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) se encargará de organizar la logística para el traslado en principio de más de 200 embera y la Procuraduría General de la Nación realizará la vigilancia de ese proceso.

Entre tanto, el próximo viernes la secretarías de Gobierno y Seguridad convocará para informar la ruta a seguir frente a las amenazas a líderes y liderezas de esa comunidad.

También, la Unidad de Víctimas organizará jornada de atención a las familias de paga diario, en la casa del pensamiento indígena, los días 7, 10 y 11 de septiembre con la presencia de 2 operadores de esa entidad.

La UARIV a partir del viernes 7 de septiembre entregará la información frente a los giros de atención humanitaria, aclarando que ese día no hará pagos.

En la reunión liderada por la Personería estuvieron, además, representanes de la Defensoría del Pueblo, Alta Consejería para las Víctimas del Distrito, Ministerio del Interior y ICBF.

• No había contrato vigente para realizar exámenes de radiología e imagenología, por eso nunca se hizo. Análisis determinaría si tenía apendicitis aguda.
• Fallas en servicio de imágenes diagnósticas también fue detectada en abril del presente año en la Subred del Sur.
• Personería pidió a la Secretaría de Salud medidas para superarla ante el impacto negativo y las dificultades en la continuidad de los servicios para los pacientes.
• Personería envió informe a la Procuraduría y la Superintendencia de Salud para las respectivas investigaciones.

La Personería de Bogotá encontró que el periodista Yesid Mauricio Orjuela Bernal permaneció más de 38 horas en el Hospital de Engativá a la espera de una TAC abdominal (Tomografía Axial Computarizada) para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda, situación que retardó de manera injustificada la atención oportuna y puso en grave riesgo la integridad del paciente.

La demora en la realización del examen de imágenes diagnósticas, según los documentos del Hospital, se debió a la falta de insumos y contratación oportuna en

el manejo del servicio de radiología e imagenología que fue tercerizado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

En mayo del presente año, por fallas en el servicio de entrega de resultados de imágenes diagnósticas a los pacientes en la Subred Sur, la Personería solicitó a la Secretaría de Salud tomar medidas inmediatas ante el impacto negativo del acceso a los servicios y las dificultades en la continuidad a los tratamientos o intervenciones clínicas de los pacientes.

Hace cinco meses se advirtió de los riesgos que esa situación genera al derecho a la salud, vida e integridad de los usuarios. El Ministerio Público Distrital encontró que al 17 de abril de 2018 estaban 15.361 exámenes diagnósticos pendientes de lectura, de ellos fueron 1.666 TAC (realizados entre octubre de 2017 y abril de 2018). También se detectó falencia en el sistema de información del servicio de radiología. La Secretaría dijo que iniciaría una investigación administrativa.

Atención

De acuerdo con las diligencias iniciales, el periodista llegó el 10 de julio de 2018 a las 10:28 p. m. al Hospital de Engativá, con dolor abdominal y vómito. Más de dos horas después fue valorado y le ordenan unos exámenes de laboratorio. A las 03:31 a. m. del 11 de julio fue solicitada una interconsulta con cirugía general, allí, al poco tiempo, piden un TAC abdominal para descartar una apendicitis aguda. El examen nunca se realizó.

Ante la falta del TAC los médicos, el 12 de julio al medio día, realizan una laparoscopia diagnóstica, en donde se encontró el apéndice perforada. Se realiza apendicectomía más sección del intestino comprometido. Debido a lo anterior tuvo una hospitalización más prolongada requiriendo, además, de manejo antibiótico. El 23 de julio de 2018 se da salida hospitalaria por cuanto se descartó una obstrucción intestinal.

Sin contrato

La Personería determinó que el Hospital de Engativá está habilitado para prestar el servicio de radiología e imágenes diagnósticas, sin embargo, precisamente el 10 de julio venció el contrato de operación.

El contrato había empezado el 26 de marzo, con una duración de 2 meses. La Subred realizó dos prórrogas de 2 meses y 15 días y finalizó el día en que Orjuela ingresó por urgencias. Un día antes, el 9 de julio, fue declarada desierta la invitación a cotizar.

Se descubrieron más problemas. El área de insumos de radiología se encuentra en mantenimiento por presentar problemas de humedad, por lo cual tienen un ventilador prendido todo el día. El equipo fue calibrado en 2017, pero no en el presente año. Además, se observó desorden y desactualización de la información solicitada, entre otros.

La Personería envió copia del informe a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud para las respectivas investigaciones.

• Muchas conductas investigadas implican actos de corrupción, especialmente las relacionadas con anomalías en contratación.
• Se han sancionado 99 servidores del Distrito, en segunda instancia. Más del 33% de ellos, son de las alcaldías locales.

La Personería de Bogotá adelanta 2.850 procesos disciplinarios contra servidores del Distrito por irregularidades administrativas, muchas de ellas por conductas que pueden implicar actos de corrupción que ponen en riesgo los recursos públicos.

Dentro de los procesos en los que se han formulado cargos, el 89% de las faltas fueron calificadas como gravísimas o graves y allí la principal conducta es la presunta violación al régimen de contratación, a través de los cuales se invierte la mayoría del erario Distrital.

El sector con más averiguaciones disciplinarias es el de Gobierno con 1.040 servidores de las localidades, le siguen educación con 278, hábitat y servicios públicos 252, movilidad 248, salud 238, cultura 164, seguridad 137, ambiente 131, integración social 120, desarrollo económico 98, hacienda e impuestos 80. Con 35 o menos aparecen gestión pública, planeación, Concejo de Bogotá, mujeres y órganos de control.

De los procesos vigentes, 237 acabaron de llegar como queja disciplinaria, 1.102 están en indagación preliminar, 1.369 en investigación disciplinaria y 142 en etapa de juzgamiento.

Decisiones

En los dos últimos años y tres meses, la Personería confirmó en segunda instancia la sanción a 99 servidores públicos, en 80 decisiones disciplinarias, de las cuales el 82% son destituciones y suspensiones en el ejercicio del cargo. La mayoría de las sanciones por anomalías en la contratación.

Las decisiones afectaron a 40 servidores de las alcaldías locales, 8 a la Secretaría de Educación (especialmente docentes acusados de acoso o abuso sexual a menores), 3 de la Secretaría de Integración Social, 3 del Instituto para la Economía Social (IPES) y 2 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. También aparecen funcionarios del Instituto de Turismo, Bomberos, Alcaldía Mayor, Empresa de Renovación Urbana, Concejo de Bogotá, Secretaría de Gobierno y la Mujer, Fondo de Vigilancia, Instituto de Patrimonio Cultural, Universidad Distrital y Empresa de Acueducto.

• Cobertura disminuyó definitivamente en un 17,24% entre 2016 y 2018.
• 90 comedores han cerrado por vencimiento de contratos entre junio y agosto de este año.
• Solo el 23,6% de los comedores se encuentran en servicio a julio de 2018. Actualmente no funcionan el 76,4% de los existentes a enero de 2016.
• Ciudadanos alertaron al Ministerio Público Distrital sobre el cierre de los comedores de la Secretaría de Integración Social.

La Personería de Bogotá descubrió que dejaron de funcionar 110 comedores comunitarios de los 144 que estaban abiertos a enero de 2016, 20 de ellos, clasurados definitivamente y 90 cerrados por terminación de contrato, en entre junio y julio de 2018, dejando en un grave riesgo alimentario a más de 28 mil capitalinos.

De acuerdo con el Ministerio Público Distrital, de marzo de 2017 a julio de 2018, se han dejado de entregar 499.485 raciones de alimentos a personas de escasos recursos que requieren una ayuda nutricional. Solo en los dos últimos meses fueron cerrados 90 comedores por la Secretaría de Integración Social (SIS), dejando de entregar aproximadamente 28.050 raciones de alimentos diarios.

También, se halló que en dos localidades no se brinda el servicio. En Sumapaz la atención nutricional se realiza mediante la entrega de bonos canjeables por alimentos y canasta alimentaria. En Teusaquillo se brinda el servicio por medio del comedor ubicado en la localidad de Barrios Unidos.

Entre junio y agosto de este año, en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe y Usaquén se dejó de prestar el servicio debido al vencimiento de contratos con los operadores, dejando sin cobertura a más de 5.830 personas.

A pesar que la Secretaría estipuló la entrega de bonos canjeables por alimentos o de canasta alimenticias a los beneficiarios durante el periodo que permanezcan cerrados los comedores, ésta medida no es suficiente. Indica el informe de la Personería que no se da cobertura al total de la población, no son claras las estrategias de socialización y difusión con la comunidad de dicha alternativa, pues los beneficiarios no se acercan a las subdirecciones a reclamar los respectivos bonos por desconocimiento.

La Personería inició una indagación preliminar para determinar los responsables del cierre de los comedores sin una alternativa eficaz de solución para los afectados y solicitó a la SIS adelantar las gestiones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria de las personas afectadas, con el fin de no dilatar la atención nutricional a la población más vulnerable.

• Existe un subregistro de esta población.
• Personera pide realizar un censo real de personas dedicadas a este oficio.
• Distrito no tiene ni capacidad económica ni administrativa para atender el fenómeno.
• Policía debe revisar directiva que no contempla la presencia de Ministerio Público en operativos de recuperación de espacio público.
• Bogotá Humana infló cifras de atención.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar reveló que no existe una política seria para atender a los vendedores informales de la ciudad, ni hay cifras reales del número de personas dedicadas a esa actividad, y tampoco el Distrito cuenta con la capacidad económica y administrativa para brindar ofertas reales de formalización.

De acuerdo con un informe del Ministerio Público Distrital, el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto para la Economía Social (IPES), a 9 de agosto de 2018, reporta 51.605 personas reconocidas por las Alcaldías Locales. El propio IPES, en otra base de datos incluye a 29.992 vendedores más, para un total de 81.597.

Sin embargo, lo único claro es que existe un subregistro, dice el estudio. Muchas personas, nunca se han acercado a solicitar los servicios, pues no encuentran alternativas para su reubicación, mientras que la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del DANE, establece que hay unos 176.000 vendedores informales en la ciudad.

Si bien, la Personería reconoce el esfuerzo que el IPES realiza para atender a esta población, el Instituto no cuenta con la capacidad económica y administrativa suficiente para atender sus necesidades. La oferta institucional sigue siendo mínima para enfrentar el fenómeno, agregó la jefe del Ministerio Público.

A pesar del aumento en la cantidad de vendedores informales, desde hace varios años no se han habilitado nuevos espacios para su reubicación ni ha crecido la oferta institucional. Al comparar la asignación presupuestal en pesos constantes, se encuentra que han estado prácticamente congelados durante las dos últimas administraciones, siendo a todas luces insuficientes los recursos apropiados. Pasó de $142.7 millones a $144.4 millones, es decir, creció solo el 1,2%.

En el segundo semestre del año 2018 se tiene previsto ampliar la cantidad de puestos en 35 quioscos nuevos y en 343 mobiliarios itinerantes, para un total de 378 nuevos espacios. Sin embargo, pese a este esfuerzo, el aumento resulta insuficiente para las demandas por alternativas de reubicación dados los múltiples procedimientos de recuperación y restablecimiento del espacio público.

En resumen, Bogotá no tiene una política pública para atender los vendedores informales, por eso la Personería hace un llamado a la Administración para atender verdaderamente el problema y propuso la creación de un Comité para generar soluciones concretas para esta población.

El llamado también es para la Policía, dijo la Personera. Se debe revisar la implementación de sus procedimientos y solicitó la modificación de la directiva 006 que no contempla la presencia del Ministerio Público en los operativos de recuperación del espacio público.

Por último, se reveló que la Bogotá Humana infló las cifras de atención a los vendedores informales. Según la Administración anterior fueron 12.000 personas beneficiadas con los programas, cuando la realidad muestra que solo se atendieron 3.000.

• Los exmandatarios de la actual Administración habrían desconocido los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación pública.
• Los contratos de las dos localidades suman unos $31.000 millones.

La Personería de Bogotá formuló cargos y citó a audiencia pública a los exalcaldes de la actual administración distrital de las localidades de Teusaquillo, Julián Rodrigo Bernal Balmes y de Ciudad Bolívar, Edwar Alberto Moreno Álvarez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la intervención de la malla vial, por más de $31.000 millones.

Los funcionarios estuvieron como mandatarios de sus localidades de abril de 2016 y mayo de 2017. Durante su permanencia en el cargo, a finales de 2016 adjudicaron varios contratos de obra, al parecer, desconociendo los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación pública.

Ciudad Bolívar

La Personería encontró varios contratos de obra pública de 2016 que suman $25.992 millones: uno por $10.200 millones para el mantenimiento vial y otro para su interventoría por $1.019 millones. Otro contrato para la construcción y rehabilitación por $9.212 millones y la interventoría por $920 millones.

Además, se observaron tres contratos más, uno para el suministro de mezcla asfáltica MDC1 por $3.788 millones, suministro de emulsión asfáltica con transporte por $600 millones y contratación del servicio de 17 conductores de maquinaria amarilla por $253 millones.

Por esta situación, la Personería le formuló cargos a Edwar Alberto Moreno Álvarez por la presunta división artificial o fraccionamiento de contratos al planear, convocar y adjudicar una serie de contratos para un fin similar, el arreglo de la malla vial local.

También se le cuestiona al funcionario, la posible deficiencia en estudios de mercado para soportar el valor estimado del contrato de $10.200 millones para el mantenimiento vial.

Se le formuló un cargo más por la supuesta insuficiencia de garantía de estabilidad y calidad de la obra, al constituirse en el contrato de $10.2000 millones, por un término inferior a cinco años, sin previa justificación de un experto.

Teusaquillo

En esa localidad, también a finales de 2016 se adjudicó un contrato para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y espacio público por $5.724 millones.

Al exmandatario Julián Rodrigo Bernal Balmes se le cuestionó por aceptar a un proponente (Consorcio CR Vías Teusaquillo) una hoja de vida de un especialista en pavimentos con un título de la Universidad Católica, que según esa institución nunca expidió. Además, en contravía de lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación, al parecer, permitió cambiar la hoja de vida por otro profesional y adjudicó a esa firma el contrato.

Según el pliego de condiciones de la propia Alcaldía Local, una propuesta será rechazada cuando no cumpla con los requisitos habilitantes para la participación y cuando se evidencie que no es veraz la información suministrada.

Los exmandatarios deberán presentarse a la audiencia pública para rendir versión libre y descargos por una falta que fue calificada inicialmente como gravísima.