• Los exmandatarios, uno de la pasada Administración Distrital y otro de la actual, permitieron la ejecución de un contrato de obra sin interventoría.
• La obra buscaba la preservación ambiental del humedal La Vaca.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 12 y 14 años, respectivamente, a los exalcaldes de Kennedy César Henry Moreno Torres y Juan Felipe Zapata Álvarez, por irregularidades en un contrato de obra pública de $541,9 millones celebrado en diciembre de 2015, para la adecuación de la zona de manejo y preservación ambiental del humedal La Vaca.

La Ley 80 de 1993 establece la obligación de contratar una interventoría externa e independiente, para los contratos de obra resultado de una licitación pública. Además, desde los estudios previos y en el mismo contrato se previó la obligación de tener un interventor para vigilar la adecuación ambiental del predio Monte Verde contiguo a ese humedal. Sin embargo, se inició su ejecución sin cumplir con este requisito y se pagaron $288 millones sin tener certeza del cumplimiento de la obra.

Así las cosas, se encontró responsable a César Henry Moreno Torres de iniciar la ejecución de la obra pública sin contar con una interventoría externa que vigilara la correcta ejecución del contrato, ordenada legal y contractualmente, violando el principio de responsabilidad.

Mientras tanto, Juan Felipe Zapata Álvarez permitió la continuación de la ejecución del contrato sin seguimiento técnico, y adicionalmente procedió a modificarlo para hacer viable la certificación sin interventor y hacer el pago, en detrimento del patrimonio público.

Una cláusula del propio contrato estableció que los desembolsos del avance de la obra se harían con actas parciales firmadas por el contratista, el interventor y el supervisor. Pese a ello, el mandatario local certificó el cumplimiento sin soportes de verificación de las obras.

El fallo de primera instancia puede ser apelado por los funcionarios, ante la personera de Bogotá.

• Entidades de control junto a representantes de la academia, la Administración Distrital y la ciudadanía evaluarán el problema de la calidad de aire en Bogotá.
• La Audiencia Pública se realizará en Tunjuelito, una de las localidades más afectadas por los altos niveles de polución.
• En el evento se analizará el avance de la ciudad frente a la meta 3.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS relacionados con la salud: “Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo".

El Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción CDLCC realizará mañana miércoles 24 de abril la Audiencia Pública “Control a la calidad del aire en Bogotá” como un espacio para discutir los avances de la gestión ambiental implementados por la Administración Distrital frente al mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad.

El Comité, creado bajo el Acuerdo 202 de 2005 e integrado por la Veeduría Distrital (actual Secretaría Técnica), la Contraloría de Bogotá y la Personería de Bogotá, convocó a representantes de la academia, el sector privado, la Administración Distrital y la ciudadanía para discutir los logros y retos de la ciudad dirigidos a disminuir las concentraciones de los contaminantes atmosféricos emitidos por las fuentes fijas y móviles que utilizan combustibles fósiles, las cuales afectan la salud de los ciudadanos y deterioran el ambiente de la capital del país.

Para que la ciudadanía haga control social sobre la calidad del aire en Bogotá, la Veeduría Distrital entregó el Informe “Balance de logros y retos de ciudad: Bogotá 2016- 2018” que registra retos importantes como: el aumento de controles de fuentes móviles y el desarrollo de las acciones conducentes a la reducción permanente del material particulado en la ciudad. El documento resalta avances como la ampliación de la cobertura de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá RMCAB y la creación de la aplicación móvil para el cálculo del Índice Bogotano de Calidad del Aire IBOCA que le permite a la ciudadanía suministrar información en tiempo real con el fin de contribuir a la toma de decisiones en materia ambiental.

Otra herramienta que publicó la entidad de control preventivo para la ciudadanía, es la Nota Técnica “Contaminación atmosférica y calidad del aire en Bogotá D.C.”, en la que precisa que por ser las fuentes móviles las que más aportan contaminantes a la atmósfera de la ciudad, se hace oportuno promover, en el marco de la licitación de la flota de Transmilenio fase I y II, la inclusión de tecnología de baja o cero emisiones para cambiar la composición de la actual flota, que en el mejor de los casos llega a Euro V (sin contar con los híbridos de la Carrera Séptima, el articulado eléctrico y el biarticulado a Gas Natural Vehicular GNV, que en términos comparativos tiene un porcentaje muy pequeño en tamaño de flota).

En similar sentido la Personería de Bogotá, en mayo de 2018, hizo más de 50 reparos a los proyectos de pliegos de las licitaciones para el suministro de buses y operación de las fases I y II de Transmilenio, incluido el tema ambiental. En noviembre del año pasado, se anunció una indagación preliminar contra servidores públicos del Distrito, por posibles irregularidades en la licitación al priorizar el tema económico sobre el ambiental. En ese mes se presentó una serie de observaciones al proyecto de pliego del proceso abreviado de adquisición de buses biarticulados y operación del patio de Las Américas, por la limitación a la participación de tecnologías limpias.

A la Audiencia Pública asistirán la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda; el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo y el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. Por parte de la academia, se contará con la participación del profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández Flórez y la Administración Distrital estará representada por los secretarios Distritales de Ambiente, Francisco Cruz Prada; de Salud, Luis Gonzalo Morales y de Desarrollo Económico, José Andrés Duarte; la gerente General de Transmilenio, María Consuelo Araújo y por la directora del Jardín Botánico de Bogotá, Laura Mantilla, entre otros miembros del gabinete.

El evento tendrá lugar en el auditorio de la biblioteca pública El Tunal Gabriel García Márquez, ubicada en la calle 48b sur # 21-13 desde las 8:00 a.m. del miércoles 24 de abril.

• No cumple con los requisitos de seguridad para su funcionamiento.
• Tiene vencidos algunos documentos y permisos
• No cumplieron con plan de evacuación ni de atención a heridos.

La Personería de Bogotá solicita se aplique el Código Nacional de Policía y se suspenda la operación a la empresa Teleférico Monserrate S. A., medio de transporte para llegar al Cerro de Monserrate, por no cumplir requisitos de seguridad y operatividad.

Falta de documentación y requisitos de funcionamiento fueron los hallazgos del Ministerio Público Distrital y las autoridades locales, en reunión de gestión de riesgo y como seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en el Teleférico, en la que se solicitó la documentación para su operación encontrándose inconsistencias en cumplimiento de normas de sanidad y seguridad, además de no presentar documentos vigentes, como el de Sayco Acinpro.

También se evidenció que pese a que cuentan con concepto favorable del plan de emergencias por parte de Bomberos (UAECOB) el día de la emergencia, no hubo atención por parte de los brigadistas, ni funcionarios responsables de la operación para un correcto plan de evacuación, ni de atención a heridos, ya que esto lo asumió la Policía Nacional.

En consecuencia, la Personería de Bogotá solicita el cierre preventivo del teleférico, ya que se debe garantizar la seguridad de los turistas, visitantes, deportistas, trabajadores, y de la comunidad en general que visita este emblemático lugar de la capital.

• Revocó licitación para intervención de malla vial y contrató de manera directa.
• La mandataria no asistió en 14 ocasiones a la citación a audiencia y sus abogados defensores en 12 ocasiones. 8 veces no concurrieron ni ella ni sus apoderados.
• La Personería enviará copias del proceso a la Fiscalía para que se investigue si la disciplinada incurrió en un delito en contra de la recta administración de justicia.
• Se ordenó compulsar copias en contra del apoderado Antonio Luis González por presuntas maniobras dilatorias y faltas a los deberes como abogado.
• Durante el proceso tuvo 5 abogados y presentó 4 nulidades, una recusación y una acción de tutela.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 12 años a la alcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya por irregularidades en la contratación por $9.594 millones con Fonade, para la intervención de la malla vial, espacio público, interventoría y el mobiliario de la sede de la Alcaldía Local.

La mandataria, el 29 de noviembre de 2016, inició un proceso licitatorio para adjudicar el contrato de obra, pero incluyó en el pliego de condiciones definitivo un formulario de propuesta técnica y económica que no correspondía con el estudio de mercado ni con el anexo técnico del pliego de condiciones.

A pesar de que intentó subsanar las inconsistencias con una resolución del 12 de diciembre de 2016, los problemas persistieron, al punto que revocó la apertura de la licitación pública, por $8.119 millones, situación que evidenció la falta de planeación.

Luego suscribió un contrato interadministrativo, el 28 de diciembre de 2016, con Fonade por $9.594 millones, incluido el pago de una cuota de gerencia del 10% correspondiente a $954 millones, sin que en los estudios previos se hiciera el análisis de la necesidad y conveniencia de contratar una gerencia del proyecto.

Demoras

La mandataria fue citada a audiencia para presentar descargos el 11 de enero de 2018, pero no asistió. A lo largo del presente año se necesitaron 31 citaciones hasta el 11 de diciembre para continuar con el proceso disciplinario verbal.

La investigada no asistió en 14 ocasiones a la citación a audiencia y sus abogados defensores en 12 ocasiones. 8 veces ni la mandataria ni abogados asistieron y en 8 citaciones dicen que la alcaldesa no concurre por incapacidad médica, pero en 2 de ellas no anexa certificación. Se verificó con la Secretaría de Gobierno y ninguna de las incapacidades médicas fue presentada ante esa entidad para justificar alguna ausencia laboral.

También varios ciudadanos informaron y adjuntaron copias de videos de la mandataria hablando en dos eventos, al parecer, durante los días que dijo que no podía asistir por no tener voz para hablar.
Durante el proceso, la defensa presentó 4 solicitudes de nulidad, una recusación y una acción de tutela. La mandataria tuvo 5 abogados.
La Personería enviará copias del proceso a la Fiscalía para que se investigue si la disciplinada incurrió en un delito en contra de la recta administración de justicia por las maniobras ejecutadas a lo largo del proceso.
Adicionalmente se ordenó compulsar copias en contra del apoderado Antonio Luis González por presuntas maniobras dilatorias y faltas a los deberes como abogado.
La decisión de primera instancia puede ser apelada ante el despacho de la personera de Bogotá.

• Con el carné de edil pidió una “colaboración” a algunos miembros de la policía para evitar el cierre de un establecimiento de comercio.
• El negocio no tenía los documentos en regla para funcionar.

La Personería de Bogotá solicitó a las Junta Administradora Local de Fontibón (JAL) aplicar sin demora la sanción de destitución e inhabilidad por doce años al edil, Ómar Angulo Torres, en fallo de segunda instancia, por influir indebidamente en los miembros de Policía para evitar el cierre de un restaurante-bar. 

La investigación determinó que el 27 de agosto de 2016, cuando las autoridades procedían a sellar en forma temporal ese establecimiento de comercio por no tener los documentos al día, se identificó con el carné de edil de Fontibón y pidió una “colaboración” a los agentes de la Policía para no cerrar el local.   

Con la conducta el edil influyó en forma indebida y trató de persuadir a las autoridades para evitar el sellamiento del negocio, deesta manera, trasgredió el principio de moralidad en la Administración Pública.

Al implicado se le probó que realizó actos tendientes a influenciar irregularmente en el proceder de los agentes de Policía, para que tuvieran en cuenta su condición de edil de la JAL de Fontibón y no cumplieran sus obligaciones.

• La Personería encontró 30 historias clínicas de niños en la UCI de El Tunal, en las que los médicos consignan falta de medicamentos e insumos para atenderlos.
• El déficit de elementos fundamentales puso en riesgo a los menores e hizo que se negara la atención a nuevos pacientes en condición crítica.

La Personería de Bogotá, en fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años a la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Claudia Helena Prieto Vanegas, y la subgerente, Jeannette Pava Laguna, al permitir el desabastecimiento de medicamentos e insumos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de El Tunal, como lo evidenciaron 30 historias clínicas de esa área, lo que generó un grave riesgo para la vida de un sinnúmero de niños del sur de la Ciudad.

El órgano de control halló que, debido a la situación, los médicos tuvieron que negar la atención a nuevos pacientes, muchos de ellos en condición crítica, por la falta de elementos básicos y fundamentales en la unidad pediátrica del centro hospitalario, en mayo de 2017.

El Ministerio Público Distrital evidenció en la UCIP 348 anotaciones en 30 historias clínicas de niños, en las que los galenos consignaron la falta de medicamentos o insumos, lo que demuestra el sistemático y permanente desabastecimiento en la Unidad.

La investigación determinó que los valores de esos elementos médicos están entre $4.000 y $20.000, situación que agrava y deja sin justificación todo faltante.

Las funcionarias sancionadas transgredieron una serie de normas como responsables de la atención a población vulnerable y, en especial, desconocieron que la Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

La decisión de primera instancia puede ser apelada ante el despacho de la personera de Bogotá.

Bogotá, D. C., diciembre 5 de 2017