• Distrito, en lugar de garantizar mayor participación en nuevo proceso de compra de más de 200 buses para patio de Las Américas, la restringió.
• No existe justificación técnica ni jurídica para limitar condiciones.
• Proyecto de pliego de la nueva convocatoria no genera un equilibrio entre la oferta económica y el uso de tecnología eléctrica y de gas, para hacerla más asequible.

La Personería de Bogotá, en carta enviada a Transmilenio S. A., presentó una serie de observaciones al proyecto de pliego del proceso abreviado de adquisición de buses biarticulados y operación del patio de Las Américas, por la limitación a la participación de tecnologías limpias.

De acuerdo con las normas, cuando un proceso de licitación se declara desierto, la nueva convocatoria debe ser similar a la anterior, pero ajustando los parámetros, no restringiendo las condiciones, para garantizar que exista un mayor número de firmas participantes.

Agrega la misiva que no se encontró que el nuevo proceso genere un equilibrio entre la oferta económica y el uso de tecnologías limpias como la eléctrica y la de gas, para mejorar el aire que respiran los capitalinos.

¿Pliego excluyente?

Pese a todo lo anterior, en el numeral 4.5.1. del proyecto de pliego, se impone una limitación que hace referencia a que no podrán participar quienes hayan resultado adjudicatarios en forma directa o indirecta dentro de la licitación pública del 8 de noviembre, si superan los 620 buses “biarticulados equivalentes”.

En ese orden de ideas, de los 3 consorcios adjudicatarios de la licitación anterior, el único que no está habilitado para presentarse al proceso es la firma que ofreció vehículos de gas natural, pues si ganaran la convocatoria tendrían 649 buses “biarticulados equivalentes”. De esa forma, los buses con tecnología Diesel V, que actualmente representan el 49% de total de la flota a renovar, pasarían al 67%.

El análisis de la Personería encontró que la nueva condición de que una empresa no pueda vender más de 620 buses “biarticulados equivalentes”, no tiene ningún sustento técnico ni jurídico. Se podría presumir que el propósito es evitar un supuesto monopolio que no había sido fijado en la licitación inicial. En esa primera convocatoria una sola empresa hubiera podido ganar toda la licitación sin ninguna restricción. ¿Por qué ahora sí hay restricciones?

Tampoco en la licitación inicial existía la figura de los “biarticulados equivalentes”, para generar topes por empresas o tecnología. ¿Es ahora lógico que se imponga un nuevo requisito, restringiendo un proceso que debería ser más asequible?

Además, se pregunta la Personería ¿Por qué no se aprovechan estos procesos licitatorios de renovación de flota, justamente para mejorar la calidad del aire que respiran los bogotanos, a través de tecnologías limpias en la flota rodante?

¿Qué son buses “biarticulados equivalentes”?

En la más reciente convocatoria se incluyó una nueva definición llamada “biarticulados equivalentes”, que son el resultado de un cálculo matemático para realizar la conversión de la capacidad de los buses articulados a biarticulados. Ese cálculo, de ganar la licitación, dejaría a la firma de gas con 649 “biarticulados equivalentes” de Las Américas, mientras dos empresas de Diesel quedarían máximo con 602 y 467 biarticulados de ese tipo. En otras palabras, las firmas de Diesel quedan como únicas empresas habilitadas para participar, porque el tope máximo es de 620 “biarticulados equivalentes”.

• Demoras en lectura y análisis de resultados retardan atención oportuna.
• Además, afectan tratamientos y ponen en riesgo integridad de los pacientes.
• Se encontraron cerca de 8.000 exámenes pendientes de lectura.
• No se están cumpliendo protocolos de mantenimiento ni de infraestructura del servicio. La Personería inició una indagación preliminar.

La Personería de Bogotá determinó que las cuatro subredes integradas de servicios de salud de Bogotá (SISS), Sur, Suroccidente, Centro Oriente y Norte, vienen registrando graves fallas en la prestación de los servicios de radiología e imágenes diagnósticas, situación que genera un retardó injustificado en la atención oportuna y pone en riesgo el tratamiento e integridad de los pacientes.

De acuerdo con el estudio realizado durante todo 2017 y el primer semestre de 2018, hay falta de oportunidad en la lectura y entrega de resultados de imágenes diagnósticas, así como déficit de recurso humano en los hospitales que conforman la red distrital de salud. Se encontraron 7.961 exámenes pendientes de lectura.

Esta situación, dice el informe, ha conllevando al incumplimiento de lo dispuesto en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud (SOGCS) en materia de accesibilidad, pertinencia, oportunidad y continuidad de los servicios médicos.

Subredes

Por ejemplo, en la Subred Sur está fallando la entrega de resultados de rayos X y Tomografía Axial Computarizada (TAC). En la unidad de El Tunal, a mayo del presente año, fueron encontrados 1.819 exámenes pendientes por lectura, de los cuales 722 corresponden a TAC y 1.097 a radiografías. En la unidad de Meissen se hallaron 2.512, de los cuales 4 son TAC y 2.508 radiografías.

En la Subred Suroccidente, concretamente en Kennedy, a 29 de mayo de 2018, se detectaron 3.630 exámenes pendientes de lectura, de los cuales 3.098 corresponden a rayos X y 532 a TAC. Adicionalmente, se evidenció demora en la transcripción de resultados.

Para el órgano de control lo grave de la demora en la entrega de resultados de imágenes diagnósticas, es que ésta constituye una barrera que impide que los pacientes puedan programar las citas de control para iniciar los tratamientos médicos, lo cual pone en riesgo su condición de salud.

Otros hallazgos de la Personería permitieron establecer que existen fallas en la actualización de la documentación e incumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo en todas las subredes de los equipos de imágenes diagnósticas; tampoco se están cumpliendo las condiciones de infraestructura del servicio de imagenología señaladas en la Resolución 2003 de 2014, particularmente en las unidades de Kennedy, Meissen y Engativá (esta última es de la Subred Norte).

El Ministerio Público Distrital encontró, además, que la prestación de los servicios de imagenología está siendo impactada por irregularidades en los procesos de contratación de personal y de servicios, así como de adquisición de repuestos biomédicos.

En cuanto a la oportunidad en la asignación de citas señalada en la Resolución No. 0256 de 2016 de la Secretaría de Salud, las subredes Norte, Sur y Suroccidente están incumpliendo de manera reiterada lo dispuesto sobre la apertura permanente de agendas para brindar el servicio oportuno a los pacientes.

La Personería indicó que es urgente la implementación de un sistema de información que permita hacer seguimiento a los tiempos de atención, lectura y entrega de resultados, para verificar el cumplimiento de los tiempos señalados en los contratos, la oportunidad de prestación de los servicios y el seguimiento al proceso en todas las fases.

El órgano de control envió una alerta a la Subred Sur para que tome medidas inmediatas e inició una indagación preliminar para determinar los posibles responsables.

• En los primeros 8 meses del año, el hurto se incrementó en un 51% con respecto a 2017. Cada 5 minutos un capitalino es víctima de ese delito.
• Unas 22 bicicletas son hurtadas diariamente en la Ciudad y cerca de 4 hogares en la localidad de Suba, así como 2 vehículos y 2 motos en Kennedy.
• En Los Mártires, Antonio Nariño, Kennedy y Ciudad Bolívar, se incrementó el número de homicidios en 2018.
• Ciudad Bolívar tiene 1,5 homicidios por día: Una tasa de 26,35 por cada 100.000 habitantes, 2 puntos más que el promedio del País durante 2017.
• Cada minuto se presenta una riña y cada 18 un caso de violencia intrafamiliar.
• Mientras tanto, a agosto de 2018 Bogotá registró 1.062 policías menos que los que tenía a noviembre de 2017. Actualmente hay 17.225.
• Sólo 5.782 policías realizan vigilancia por cuadrante; diariamente hay 1.927 policías, es decir 1,8 por cuadrante, que algunos son de 46 hectáreas.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, reveló una alarmante situación de inseguridad en la Capital, expresado en cinco problemas: altos índices de delitos que impactan la convivencia ciudadana, disminución del número real de policías patrullando las calles, llegada de migrantes venezolanos y desplazados del conflicto, y la escasa acción y articulación entre el Distrito, fuerza pública y comunidad.

De acuerdo con datos de la Policía cotejados con la Fiscalía, en Bogotá hubo un incremento del 51,2% en hurtos. Se pasó de 43.876 robos, entre enero y agosto de 2017, a 66.365; en igual periodo de 2018, se registraron 22.489 casos más. Cada 5 minutos una persona sufre este flagelo.

El robo a residencias tiene reportados 7.480 casos, entre enero y septiembre de este año. En Suba son hurtados casi 4 hogares diariamente. El robo de automotores alcanza 2.731 casos reportados; en Kennedy, diariamente, 2 vehículos y 2 motos son hurtados. En Suba se presentaron 901 casos de hurto a bicicletas, a septiembre de 2018; en Engativá, 846; en Kennedy 731, y en Usaquén, 605: Casi 22 bicicletas al día en toda la Ciudad.

Homicidios, riñas y violencia intrafamiliar

Si bien la Administración informó de una reducción en el número de homicidios, en Kennedy se aumentó en un 19,78%; en Los Mártires, 22,86%; Antonio Nariño 20%, y en Ciudad Bolívar 17,65% de enero a septiembre de 2018, en relación con 2017. En Ciudad Bolívar, cuya población es similar a la de un país como Montenegro, unos 650 mil habitantes, se han presentado 180 homicidios en lo que va de 2018, lo que representa una tasa de 26,35 por cada 100.000 habitantes, 2 puntos por encima del promedio del país en 2017; es decir, cada día se presentan 1,5 homicidios.

Entre enero y septiembre de 2018, en violencia intrafamiliar se han reportado 22.088 casos, es decir 81 casos diarios. Por su parte, el Número Único de Seguridad y Emergencias reportó en ese periodo 359.989 riñas, es decir cada minuto se presenta una, y cada 18 un caso de violencia intrafamiliar.

Menos policías

La Policía Metropolitana informó en agosto de este año que contaba con 17.225 uniformados, lo cual implica 1.062 policías menos que en noviembre de 2017, fecha en la cual se anunciaron 700 efectivos adicionales; en marzo de 2018 se habló de la incorporación de más de 1.800 policías, pero eso no se cumplió.

De los 17.225 policías, 8.092 están en las localidades y 5.782 se encuentran asignados al modelo de vigilancia por cuadrante, 183 menos que a noviembre de 2017. Si se dividen en 3 jornadas de operación diaria en las calles, hay 1.927 policías. Si este número se divide en los 1.051 cuadrantes que tiene Bogotá, se estaría hablando de 1,8 policías por cuadrante, algunos de los cuales tienen una dimensión de 46 hectáreas. Hay cuadrantes sin patrullaje y una patrulla por turno para cinco cuadrantes.

¿Estrategias de control?

Para la Personería existen normas sobre el tema de seguridad, pero ¿hay estrategias para hacerlas cumplir? En diciembre de 2017, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2268, con el cual se restringió el porte de armas de fuego. En octubre de 2018, el Distrito expidió el Decreto 599 que restringe la compra y venta de armas blancas, algo que ya consagraban el Código de Policía de Bogotá de 2003 y el Acuerdo 517 de 2012.

Si el marco normativo existe, cabe preguntarse si el problema ha sido la ausencia de estrategias operativas de reacción y control preventivo, porque sólo en hurtos a personas, en lo corrido de 2018, van 66.365 casos, de los cuales 20.156 fueron perpetrados con armas blancas o contundentes y 6.526 con armas de fuego. En materia de homicidios, de los 762 casos de 2018, 344 fueron cometidos con arma blanca y 382 con arma de fuego.

Según el Acuerdo 397 de 2009, Bogotá tiene la obligación de efectuar un censo de establecimientos dedicados a la comercialización de autopartes usadas. Una efectiva verificación unida a actividades de control preventivo, podrían desalentar la venta de autopartes hurtadas y reducir los índices del hurto a vehículos y motocicletas, que este año suman 2.731 casos para automotores y 3.008 para motos.

En materia de hurto a celulares, desde 2015 el Gobierno nacional dispuso la verificación del número IMEI de los móviles, con el propósito de dejar en desuso aquellos equipos que resultaran alterados, medida dispuesta en la Ley 1453 de 2011. Sin embargo, los objetivos aún no parecen materializarse pues en Bogotá, de enero a septiembre de 2018, se presentaron 46.722 hurtos a celulares, 57,2% más que en 2017. En Usaquén el delito aumentó en 105% y en Chapinero, 126%.

Con el nuevo Código de Policía, la Policía impuso más de 14.000 comparendos en temas de consumo de drogas, porte de armas, invasión del espacio público y evasión del pago de transporte público, entre otros. No obstante, pareciera que las medidas aún no desalientan esos comportamientos, pues continúan cometiéndose.

Para la Personería es urgente el fortalecimiento y articulación entre la Policía y la Administración distrital, a fin de que se planeen acciones conjuntas más contundentes, y se ejecuten estrategias orientadas a superar el fenómeno de inseguridad.

Participación y migrantes

Sobre este tema, hay comités de seguridad, convivencia y orden público distritales y locales; consejos y planes, así como 1.709 juntas de acción comunal que se dedican a promover y realizar acciones para mejorar la seguridad. Además, existen juntas zonales de seguridad pero, luego de una revisión pormenorizada, se determinó que este año en cinco localidades no se han reunido y en las demás muy pocas veces lo hacen.

La Personería también detectó dificultades en el proceso de denuncia, que limitan la acción efectiva de las autoridades. Sobre este aspecto cabe resaltar la creación de la herramienta electrónica “A denunciar”, medida de la cual se espera que permita eliminar de alguna forma las barreras existentes para el cumplimiento de ese propósito.

Otros dos factores que presentan ausencia de atención oportuna y complican la situación de seguridad, son el desplazamiento por el conflicto interno y la situación de los migrantes venezolanos que buscan refugio y trabajo.

Por todo lo anterior, la Personería exhortó a las secretarías de Seguridad y Gobierno a cumplir con el debido seguimiento a las acciones que deben adelantar los alcaldes locales, haciendo uso de las medidas normativas de participación para enfrentar la inseguridad en la Ciudad, pues el compromiso no recae únicamente en la fuerza pública; ésta es una labor a la que todas y todos nos encontramos vinculados.

• Se priorizó el tema económico sobre el ambiental.
• Infraestructura de patios y estaciones no está adecuada para biarticulados.

Una indagación preliminar sería abierta por la Personería de Bogotá contra servidores públicos de Transmilenio, por posibles irregularidades detectadas en los procesos de licitación para el suministro de buses y operación de las Fases I y II de ese sistema de transporte masivo.

El órgano de control había presentado 50 observaciones generales cuya atención se está revisando, pero se determinó en principio que, para la adquisición de los buses articulados, se dio prioridad al tema económico sobre el ambiental.

De otra parte, se busca precisar si los buses biarticulados, que equivalen al 70% de la flota licitada, fueron adquiridos sin tener en cuenta que la mayor parte de las 138 estaciones del sistema no cuentan con las adecuaciones necesarias para ese tipo de automotores.

Finalmente, la Personería determinó que existen interrogantes sobre factores como la sostenibilidad financiera, tecnología de los motores, infraestructura para el suministro de combustible, disposición de sillas perimetrales, estado de los patios del sistema, empalme de los operadores, adecuación de estaciones para los biarticulados y procesos de contratación independientes del suministro de buses y su operación.

• Se realizó la segunda mesa de trabajo.
• En trabajo conjunto, vendedores informales y entidades distritales ajustan detalles.
• Feria Navideña tendrá tres puntos de operación.

Con éxito se desarrolló en la sede central de la Personería de Bogotá la Segunda Mesa de Trabajo de Plan Navidad San Victorino 2018, que vienen coordinando conjuntamente los vendedores informales del sector, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto para la Economía Social (IPES), la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Policía Nacional.

La Feria Navideña, cuya organización está entrando a su etapa final, se llevará a cabo el presente año desde el 1 hasta el 30 de diciembre en tres puntos estratégicos: Manzana 22, ubicado en el sector de la Calle 10 con Carrera 11; Bulevar Caracas, en la Calle 13 con Avenida Caracas, y en el Parque Nacional, ubicado en la Carrera 7 entre Calles 36 y 39.

Entre los aspectos ya definidos, se tiene que cada puesto de ventas tendrá un costo de $791.100, de los cuales el IPES cancelará $474.600 y el vendedor informal, $316.500, que podrá pagar en dos cuotas: una el 30 de octubre y la restante el 30 de noviembre.

El IPES anunció que la Corporación Minuto de Dios podrá asignar préstamos a los comerciantes interesados, con el propósito no sólo de ayudarles a adquirir las mercancías para surtir sus puestos de venta, sino para cubrir los gastos que implica el montaje del negocio.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, agradeció al IPES y a las demás entidades el trato diferencial preferencial a las mujeres que participarán como vendedoras en la Feria, pues para nadie es secreto que muchas de ellas son cabeza de hogar y perciben ingresos considerablemente inferiores a los de comerciantes hombres.

La Mesa informó que la Feria Navideña 2018 contará con alrededor de 600 puestos de venta, que podrían extenderse a 700 de acuerdo con la demanda que de ellos llegue a presentarse.

• Hay 93 establecimientos de comercio de alto impacto en el sector.
• Bares, tabernas, discotecas y clubes sociales generan riñas, venta de estupefacientes y licor adulterado, ruido, inseguridad e invasión de espacio público.
• Vecinos denuncian operación de casas de lenocinio con fachada de centros de masajes y spa.
• Personería pide la demolición de obras en antejardines construidos para extender el área comercial de los establecimientos, por invasión del espacio público.

La Personería de Bogotá presentó una acción popular ante el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito, para solicitar que ordene el cierre definitivo de establecimientos de comercio de alto impacto como discotecas, bares, tabernas, clubes sociales y otros, que operan en la zona residencial de Modelia en la localidad de Fontibón, y se protejan así los derechos colectivos de los habitantes del sector.

El Ministerio Público Distrital busca garantizar de manera efectiva los derechos a un ambiente sano, el disfrute del espacio público, seguridad, salubridad y calidad de vida de los habitantes del sector, que se ven afectados por el funcionamiento irregular de establecimientos de comercio de alto impacto, en una zona exclusivamente residencial.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Decreto 190 de 2004, que determinó el uso del suelo, estableció la UPZ del barrio Modelia como residencial y prohibió el desarrollo de actividades de alto impacto.

Según las normas, Modelia tiene como usos permitidos la vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. Como uso complementario está el comercio vecinal y local; es decir, actividades económicas limitadas y equipamentos de cultura, educación y bienestar social, no negocios de alto impacto. Después el nuevo POT, Decreto 364 de 2013, que permitía el comercio en la zona, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado; en otras palabras, no está vigente.

El caos

Los residentes explican que tienen que soportar día y noche el exceso de ruido, las riñas de los borrachos, ocupación del espacio público, vehículos parqueados en sus andenes o frente a sus casas, venta de estupefacientes y licor adulterado, prostitución e insalubridad.

De otro lado, existe inconformidad por la presunta vulneración de las normas de edificabilidad para la zona con la construcción de un mayor número de pisos a los permitidos, así como la invasión del espacio público con la construcción en antejardines

para extender el área comercial a los andenes a través de camellones, materas y toldos. Así como la posible existencia de centros de masajes y spa como casas de lenocinio, según los vecinos.

De acuerdo con la Alcaldía de Fontibón, en la zona hay 93 negocios de alto impacto ubicados entre las Carreras 75 y 80C, y entre la Avenida La Esperanza (Calle 24) y la Calle 24D. La Alcaldía Local tramita 93 procesos administrativos contra los establecimientos del sector por incumplir las normas del uso del suelo, ruido, horario, ubicación y destinación. No obstante, sólo ha ordenado 31 cierres definitivos, muchos de ellos pendientes de la materialización de la medida.

Cierres y demoliciones

La Personería solicita que se decrete la ilegalidad de la explotación de servicios de alto impacto, de diversión y esparcimiento en la zona y se ordene su cierre definitivo, que, en contravía de las normas, modificó las características urbanísticas del sector y el uso del suelo.

Además, se ordene la demolición o desmonte de los antejardines construidos como la extensión del área comercial a los andenes de los establecimientos, por la invasión y violación al espacio público.

Finalmente, se conmine a las autoridades administrativas distritales, locales y de Policía, para que en adelante realicen las acciones tendientes a evitar la proliferación de actividades alto impacto; para ello, pidió que se realicen los operativos necesarios para determinar el grado de afectación y se apliquen las sanciones a que haya lugar.

• El profesor incurrió en maltrato físico y verbal contra alumnos de su clase de informática.
• La falta fue calificada como grave.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, suspendió del ejercicio de su cargo por once meses, a José Enrique Pérez Hurtado, profesor del colegio distrital Instituto Técnico Laureano Gómez por maltrato físico y verbal contra alumnos de su clase de informática.

Según la investigación, el 3 de septiembre de 2013 el docente encontró a dos de sus alumnos de cuarto de primaria jugando en el computador de clase, en el salón de informática. Ante la situación, el profesor tomó por el cuello de forma agresiva a los dos estudiantes, los sacó de la silla, los tiró al suelo junto con sus maletas y, después de gritarlos, los envió a la Rectoría.

El ente de control consideró que el docente debía ser sancionado disciplinariamente por faltarle al respeto a sus alumnos con el maltrato físico y verbal al que los sometió, conducta inadecuada en la relación que se espera entre profesor y alumno. La falta fue calificada como grave a título de dolo; es decir, que, pese a conocer el docente el carácter dañino de su conducta, la realizó en forma deliberada.

Contra la decisión procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personera de Bogotá en segunda instancia.

• La legalización de la unión brinda protección a la mujer y a la familia, pues las nuevas parejas adquieren los mismos privilegios de las casadas.
• Desplazados, extranjeros y personas de la tercera edad también accedieron a este beneficio.

La Personería de Bogotá, a través de su Centro de Conciliación, realizó la Tercera Jornada Especial de Uniones Maritales de Hecho, en la que logró hacer realidad el anhelo de 58 parejas de unirse conforme a la ley.

La jornada permitió facilitar la legalización de su unión a parejas que, sin estar casadas, formaban una comunidad de vida permanente y no tenían impedimento para formalizar su unión.

La jornada se llevó a cabo en ocho puntos de la Ciudad, incluido el Centro de Atención a la Comunidad, supercades, casas de justicia y SAU (Salas de Atención al Usuario de la Fiscalía) de Suba. Entre las parejas se contó una de personas en condición de desplazamiento, una de extranjeros y dos integradas por adultos mayores.

La legalización de la unión es un acto que permite acceder a la normatividad que regula la protección de la mujer y la familia, y brinda a los cónyuges los mismos derechos y privilegios que se otorgan a las parejas de casados. También confiere derechos como el de la pensión de sustitución por vejez, invalidez o muerte; alimentos, salud y acceso a la protección por violencia intrafamiliar, entre otros.

Para agilizar el proceso, se recibieron solicitudes en todas las sedes de la Personería y solamente se exigieron los registros civiles con fecha de expedición no superior a tres meses y nota marginal para matrimonio, y fotocopias de las cédulas.

El órgano de control anunció que la cuarta y última jornada de legalización de uniones maritales de hecho, se realizará en el mes de diciembre en fecha que dará a conocer oportunamente.

• Adolescentes infractores tienen acceso a drogas y armas cortopunzantes. En 2018 se registraron dos víctimas fatales.
• Vacío normativo permite que adolescentes y mayores de edad retenidos compartan el mismo espacio, hecho que interfiere el proceso educativo.
• No existe una política pública que regule el proceso restaurativo de jóvenes infractores. El modelo pedagógico es arcaico.
• Personería ha venido advirtiendo, pero autoridades competentes no han tomado medidas a fondo para solucionar la problemática.

La muerte dos jóvenes este año, sinnúmero de intentos de evasión, armas blancas y droga en el Centro de Atención Especializada El Redentor, son parte de los hechos que muestran el caos y la problemática del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, reveló la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar.

Según un informe del Ministerio Público Distrital, si una persona que hoy tiene 25 ó 30 años es sancionada por un delito que cometió cuando tenía entre 14 y 18 años, la norma obliga a que la privación de la libertad por ese hecho se realice en un centro para adolescentes y no en un centro penitenciario para adultos. Incluso algunas personas que han estado en cárceles para mayores por otro delito son trasladadas a El Redentor cuando se dan cuenta de que tiene una sanción anterior por hechos cometidos cuando era adolescente.

Esa situación permite que convivan personas adultas involucradas en gravísimos crímenes, con adolescentes en algunos casos acusados de infracciones menores, lo que genera una ruptura en el proceso formativo al que los jóvenes deberían incorporarse, situación que va en contravía del propósito teórico de proteger, educar y restaurar.

La Personería encontró que los adolescentes tienen fácil acceso a armas cortopunzantes y a sustancias psicoactivas, debido a la falta de control del personal encargado de la vigilancia, lo que hace reiterativos los episodios de amotinamientos y evasiones en los que muchas veces se presentan violaciones a los Derechos Humanos, como los casos de quienes han perdido la vida en riñas, o el de una persona que murió por inhalación del químico de un extintor, al parecer para drogarse.

Para completar existe un grave vacío legal, pues no existe un código de procedimiento para adolescentes infractores; los jueces tienen que acudir al Código de Procedimiento Penal que se aplica a los mayores de edad.

Durante 2018, la Personería ha enviado cerca de 20 comunicaciones a las autoridades competentes para exponer la problemática que se viene presentando en los centros de atención especializada, a fin de que se cumpla el fin educativo de la privación de la libertad establecido en las normas, pero aún no ha obtenido una respuesta clara y contundente. Incluso desde 2017 se viene alertando a las autoridades nacionales y distritales, sin que se tenga eco de ninguna de ellas.

Este tipo de situaciones evidencia la inexistencia de una política pública integral para el manejo del proceso restaurativo de los infractores, que se suma a la imposición de un modelo pedagógico arcaico ante la realidad que enfrentan los jóvenes hoy.

Salud y educación

Se observaron problemas de salud mental y un alto consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes infractores, sin que se les esté brindando una atención especializada que permita una rehabilitación eficaz. No hay un protocolo para la atención en salud que dé respuesta a las necesidades de esa población; todo queda a la buena voluntad de alguna EPS.

Por otra parte, el modelo educativo implementado presenta falencias; los encargados de impartir pedagogía tienen la educación, pero carecen de experiencia y se ven obligados a ejercer actividades de vigilancia que no hacen parte de sus funciones ni de su fortaleza.

Procedimientos, logística y personal

Los operadores del servicio en los centros especializados desconocen los procedimientos que deben aplicarse en el manejo de la cadena de custodia; tampoco conocen sus responsabilidades cuando proceden a la incautación de estupefacientes, armas cortopunzantes y elementos no permitidos.

Existe falta de logística y de personal de la Policía de Infancia y Adolescencia para impedir evasiones y realizar los traslados que los privados de la libertad necesitan para cumplir citas médicas y audiencias ante los jueces. En muchos casos, los infractores son trasladados a pie desde el centro preventorio hasta el centro de internamiento, vulnerando la reserva de sus identidades.

Así mismo, hay pocos funcionarios de la Policía Judicial para evacuar los procesos del sistema penal adolescente, por lo que se presentan represamientos en los despachos. Tampoco hay suficiente personal de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, para cubrir las audiencias de control de garantías.

Responsables

El Ministerio Público Distrital exhortó al Ministerio de Justicia para que proponga una ley en la que los infractores que adquieren la mayoría de edad cumplan su sanción en centros penitenciarios para adultos, y no en lugares para adolescentes.

Así mismo, instó al ICBF a revisar el modelo pedagógico de atención, para que se ajuste a perfiles adecuados a las realidades de los jóvenes y en garantía de sus derechos. Hizo también un llamado a implementar una estrategia de seguridad para mejorar la convivencia de los infractores y prevenir episodios fatales. Además, solicitó que se contrate personal de vigilancia y se revalúe el perfil profesional del educador.

Finalmente, pidió agilidad en la implementación de los protocolos de atención especializada en salud física y mental, y recomendó a las autoridades realizar una veeduría exhaustiva a las obligaciones contractuales de los operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.