• A junio de 2018 había 60.312 comparendos por resolver en las inspecciones, y otros 56.597 querellas relacionados con otros asuntos entrabados.
  
• Saturación administrativa en inspecciones de policía deniega derecho a la justicia para los presuntos infractores, atenta contra sus bolsillos y derecho al trabajo.
  
• No hay suficiente personal ni recurso físico en inspecciones para cubrir la alta demanda de procesos.
  
• Personería pide a las autoridades tomar medidas urgentes.

La Personería de Bogotá encontró que las inspecciones de policía de la ciudad tienen más de 116.000 expedientes sin resolver, generando un represamiento administrativo que no permite la implementación adecuada del Código de Policía y Convivencia, ni cumplir con su función de resolver los conflictos entre vecinos que ocurren en la Capital.

 Al mes de junio laboraban 61 inspectores de policía para cubrir los requerimientos de la ciudad, lo que representa el 76%, contrario a los 80 que debían operar permanentemente, según el Decreto Distrital 606 de 2017.

Cada inspector tiene en promedio entre 780 y 3.000 procesos por resolver, cifra que se hace de difícil manejo y va en contravía de los principios de celeridad y eficacia.

El Ministerio Público Distrital halló que los inspectores de las 18 localidades, excepto Sumapaz y Candelaria, tenían asignados 60.312 comparendos para resolver. Adicionalmente, tienen 56.597 procesos de asuntos que ya tramitaban y otros que les fueron asignados en virtud del Código de Policía y Convivencia. Ahora las inspecciones manejan querellas por infracción al régimen urbanístico (construir sin licencia o por fuera de ella) y establecimientos de comercio.

 De igual manera, constató que no todas las Alcaldías Locales realizan el reparto oportuno de los comparendos hacia las Inspecciones de Policía. Solo en la localidad de Bosa, en los primeros 6 meses del año existen 3.000 de ellos radicados sin direccionar.

Además, se pudo evidenciar la existencia de fallas en la plataforma tecnológica “Si Actúa II”, los inadecuados espacios físicos y tecnológicos para el desarrollo de audiencias públicas, instalaciones inapropiadas, y la falta de recurso humano que se traduce en exceso de carga laboral.

 Vulneración al debido proceso

 Se detectaron falencias por parte de la Policía al no orientar al ciudadano infractor acerca de la posibilidad de interponer los recursos de ley y los términos que tienen para presentarlos, así como inconsistencias en el procedimiento que dejan muchas veces al infractor sin posibilidad de defensa.

 Ante la falta de un criterio unificado sobre el procedimiento y el modo de notificación de los comparendos, la persona infractora no puede conocer desde el momento que empieza a regir la multa, aumentando día a día, lo que estaría afectando el patrimonio de esa persona.

La situación se agrava al conocerse que las audiencias públicas donde las inspecciones de policía citan al presunto infractor, están siendo programadas entre 3 a 12 meses por el represamiento administrativo, lo cual va en contravía de los 5 días siguientes a la medida, que establece el Código de Policía y Convivencia.

Recomendaciones

 La Personería hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura a tomar acciones urgentes para evitar que se deniegue el derecho a la justicia de los presuntos infractores, tras la desmedida saturación administrativa de las Inspecciones de Policía.

Así mismo, sugiere la unificación de lineamientos administrativos, en la asignación, notificación y toma de decisiones sobre los comparendos, donde se involucre a la ciudadanía, uniformados de la policía, alcaldías locales e inspecciones de policías.

• En Suba hay un derecho de petición sin respuesta solicitado desde agosto del 2009. En solo esa localidad hay 6.591 solicitudes sin contestar.
• La Personera hizo un llamado de atención urgente a la Secretaría de Gobierno para que adopte medidas inmediatas.

La Personería de Bogotá encontró 14.838 derechos de petición en las alcaldías locales sin contestar, la mayoría recibidos, de enero 2016 a junio de 2018, lo que evidencia un gravísimo nivel de atraso, por una presunta negligencia y desorden en la gestión pública.

Incluso se encontró un derecho de petición del 31 de agosto de 2009, es decir, de hace nueve años, aún sin contestar, de la Alcaldía de Suba.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar hizo un llamado de atención urgente al Secretario de Gobierno para que se adopten correctivos inmediatos que permitan a los ciudadanos obtener las respuestas de la Administración en los términos que la Ley establece, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que esta omisión pueda generar.

 Atendiendo las reiteradas quejas de los capitalinos por la vulneración al derecho fundamental de petición, el Ministerio Público Distrital no solo revisó el tema, sino que solicitó una solución inmediata y respuestas de fondo para las solicitudes de los ciudadanos.

 En la localidad de Suba están sin contestar 6.591 en total, 4.231 en el 2016, 1.314 en 2017 y 1.046 en lo corrido de 2018. Las otras localidades con más atraso son Usaquén 2.734, Kennedy 1.199; Chapinero, San Cristóbal y Santa Fe tienen más de 600 sin respuesta. Las menos congestionadas son Puente Aranda con 4, Tunjuelito con 10, y Sumapaz con 1.

 En Suba en promedio reciben 250 derechos de petición diarios, en Kennedy 200, en Chapinero 150, Teusaquillo 100, Santa Fe 90, Rafael Uribe 50, La Candelaria 40, Usaquén 38 y Tunjuelito 30. Los que menos solicitudes diarias reciben son Sumapaz 1, Fontibón y Bosa 5 cada uno, Barrios Unidos y Antonio Nariño 8, Los Mártires y San Cristóbal 10, Engativá 11 y Usme, al igual que Puente Aranda 12.

• No se conocen los mecanismos establecidos por el Distrito, para prevenir la manipulación o alteración de las aplicaciones autorizadas y las ‘tablets’.
• No se ha definido qué entidad se encargará de vigilar y auditar la operación de las nuevas plataformas tecnológicas.
• El alto valor de los dispositivos podría aumentar la inseguridad de los taxistas, así como el costo del servicio.
• El difícil acceso y baja cobertura de internet móvil en algunas zonas de la Ciudad, afectaría la implementación del nuevo sistema. Hubo improvisación.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, puso en evidencia la falta de un marco normativo consistente para el control efectivo a la implementación de las nuevas tecnologías en el servicio de taxis que ordenó adoptar el Distrito.

La jefe del Ministerio Público Distrital, en el Concejo de Bogotá, recomendó a la Secretaría de Movilidad no implementar la medida hasta tanto se resuelvan las inquietudes planteadas frente la puesta en servicio de las nueva tecnología, y el Ministerio de Transporte culmine la expedición de la reglamentación que corrige los errores de la Resolución 2163 de 2016, como lo ordenó el Consejo de Estado.

Indicó que se desconoció el concepto previo establecido en las normas, que debe rendir la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de regulación que puedan tener incidencia sobre la competencia en los mercados, es decir, se creó una competencia desleal a los taxímetros, pues no hay como controlar la nueva tecnología. Como se recordará, el alto tribunal levantó la medida cautelar que suspendió la implementación de las tablets, pero aclaró que la dejó supeditada al trámite de una nueva resolución, para lo cual dio un plazo de seis meses.

La personera dijo que no son claras las acciones que desarrollará la Administración para prevenir el hurto de estos dispositivos y si las compañías aseguradoras estarían dispuestas a brindarles cobertura.

También se preguntó por las dificultades que pueden surgir del difícil acceso y baja cobertura de internet móvil en algunas zonas de la Ciudad, lo cual afectaría la implementación del nuevo sistema.

Sin control

De acuerdo con un análisis de la Personería, no existe una sanción para los conductores de taxis que no adquieran las nuevas tecnologías, la infracción C-18 establecida en el Código Nacional de Tránsito, que la Secretaría de Movilidad aplicará, pues ésta sólo hace referencia a los taxímetros. La norma dice: “Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibraciones vencidas o adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o este no esté en funcionamiento, además el vehículo será inmovilizado”.

Adicionalmente, para la Superintendencia de Industria y Comercio las tablets no son consideradas taxímetros, no se encuentran sujetas a control metrológico y están en contravía de la norma que la autoridad de tránsito pretende implementar para la aplicación de sanciones.

Pero eso no es todo. Hasta el momento no se conocen los mecanismos o procedimientos establecidos por la Secretaría de Movilidad para prevenir la manipulación o alteración de las aplicaciones autorizadas y de los dispositivos electrónicos tipo tablet. Tampoco se ha definido qué entidad se encargará de vigilar, controlar y auditar la operación de las nuevas plataformas tecnológicas.

¿Sin socialización?

A la fecha, 5.249 vehículos tienen instalado el sistema de cobro de plataforma tecnológica, de los 49.842 taxis legales que existen en la Ciudad, situación que deja en evidencia que la medida no ha sido socializada ni aceptada por parte del gremio de taxistas. El 95% de los taxis tiene cilidraje menor a 1500 c.c. situación que incumpliría el Decreto 2297 de 2015 que reglamenta la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en el nivel básico y de lujo.

La Personería advirtió sobre la necesidad de informar, difundir y capacitar de manera práctica a los usuarios sobre el funcionamiento de las nuevas plataformas tecnológicas, para garantizar el acceso a la población de adultos mayores y personas en condición de discapacidad.

Taxímetros y costos

El Plan de Gestión Social para los fabricanes de taxímetros ha sido rechazado por ellos, al considerar que no fue estructurado en un proceso de caracterización que determinara el valor económico de sus establecimientos de comercio y, por ende, el monto de afectación, con el fin de ser indemnizados.

De acuerdo con el gremio de taxistas, las tarifas tendrán un incremento derivado de la implementación de las nuevas plataformas, que será trasladado al usuario. De esa manera, se puede afectar la economía de quienes utilicen el servicio y el aumento de tarifas podría incentivar el uso de plataformas tecnológicas que prestan el servicio de manera ilegal.

Finalmente, la ilegalidad y competencia desleal en la prestación del servicio por parte de aplicaciones tecnológicas como Uber y Cabyfy, entre otras, que operan bajo un vacío normativo y sin control efectivo, causan una afectación económica grave a los taxistas que prestan sus servicios en la legalidad, pues ellos deben asumir costos de operación como seguros, rodamientos y el cupo del vehículo.

• Pese a que los convenios de asociación no son para comprar bienes, utilizó esa figura para eludir un proceso de convocatoria pública.
• Infringió los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva en la contratación estatal, a través de la figura de un convenio de asociación.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años a la exsecretaria distrital de Integración Social Teresa Muñoz Lopera, por irregularidades en un proceso de contratación del suministro de bienes para la protección integral a personas adultas con discapacidad mental.

De acuerdo con la investigación, la Secretaría de Integración Social suscribió un convenio de asociación por más de $971 millones con la Fundación para la Salud, la Bioética y el Medio Ambiente (FUNSABIAM), eludiendo el proceso de convocatoria pública, en contravía de lo dispuesto en las normas de contratación estatal.

Según el convenio, la Secretaría Distrital aportaba la suma de $893,6 millones y la Fundación $77,7 millones. El plazo de ejecución fue de once meses contados a partir del acta de inicio, suscrita el 31 de enero de 2013.

La exfuncionaria contrató con FUNSABIAM para aunar esfuerzos administrativos y técnicos, orientados al mejoramiento de la calidad de vida y la garantía de los derechos de esos adultos discapacitados.

Según el fallo, con la firma del convenio se eludieron los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva de la contratación estatal. Además, se determinó que, en realidad por la naturaleza de las obligaciones del contrato, suministro de bienes, éste no cumplió con las condiciones para la suscripción directa de convenio y debía ser abierto un proceso de selección pública para escoger la mejor propuesta para la Secretaría.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, que al ser solicitado sería resuelto en segunda instancia por la Personera de Bogotá.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar solicitó al Consejo de Justicia Distrital dar prioridad y celeridad al expediente por ocupación irregular del espacio público en los parqueaderos sur y norte de la Unidad Deportiva de El Campín.

La petición la realiza teniendo en cuenta que son bienes de uso público que gozan de una garantía constitucional especial y están dedicados a la satisfacción del interés general y utilización colectiva.

En su solicitud, la jefe del Ministerio Público Distrital dice que se evalúen las condiciones especiales del caso y autorice el adelanto del turno del expediente para su estudio, con el fin de acelerar la decisión definitiva del importante bien.

Luego de la decisión de primera instancia que demoró seis años, la Alcaldía Local radicó el expediente el 21 de agosto del presente año, en el Consejo de Justicia Distrital para el pronunciamiento de segunda instancia.

La querella fue iniciada en la Alcaldía Local de Teusaquillo en el año 2012, por una contravención a las normas que regulan el espacio público. El fallo de primera instancia declaró contraventor de las normas al ocupante irregular del terreno.