• Ministerio Público recibió queja de ciudadano por presunto abuso de autoridad de dos agentes de Policía. 
• Se les explicó sus derechos y las acciones que debe emprender.

Gracias a la intervención del Ministerio Público Distrital, la Secretaría de Movilidad ordenó la devolución de la camioneta del señor Didier Alexis Gutiérrez, a quien dos agentes de Policía le enviaron a los patios de Fontibón su vehículo, en forma presuntamente irregular.

Al ciudadano se le atendió la queja contra los agentes de Policía que intervinieron en la inmovilización de su vehículo, que será enviada a las autoridades pertinentes para que investiguen a los servidores públicos, por presunto abuso de autoridad. 

En la mañana de ayer, luego de permanecer más de 12 horas encerrado en su camioneta, la Personería logró convencerlo para que se bajara de su vehículo y emprendiera las acciones legales para recuperarlo y defender sus derechos.

A Gutiérrez, el Ministerio Público Distrital le explicó sus derechos y las acciones que se deben emprender para garantizar el debido proceso en su caso.

• En la ciudad sólo 13 tienen registro para operar.
• Todo indica que Alcaldías Locales no ejercen ninguna vigilancia real, con el riesgo que ello implica para los usuarios, principalmente niños.

La Personería de Bogotá determinó que de 52 parques de diversiones con atracciones mecánicas que aparecen en la base del Distrito, sólo 13 cumplen con registro ante la Secretaría de Gobierno para funcionar.

De acuerdo con una respuesta de la Secretaría al Ente de Control, 39 parques de diversiones con atracciones mecánicas no cuentan con registro y, por lo tanto, según las normas, no pueden operar, sin embargo funcionan sin ningún control real del Distrito, con el riesgo que esto implica para la seguridad de los usuarios.

Según las leyes y algunos decretos distritales, los parques tienen el deber de registrarse ante la Secretaría de Gobierno, cumpliendo unos requisitos. Luego, los registrados reciben una autorización anual para funcionar.

Por su parte, las alcaldías locales deben ejercer la vigilancia y control sobre las atracciones ubicadas en establecimientos privados abiertos al público, para verificar el buen funcionamiento y evitar que se puedan presentar situaciones que pongan en riesgo a los usuarios, en especial a los niños.

No obstante, parece que no se está realizando una vigilancia efectiva al funcionamiento de estos parques, acorde con las normas de seguridad que exigen este tipo de atracciones mecánicas para evitar accidentes que lesionen a los capitalinos.

La Personería de Bogotá determinó que 17 centros Crecer, que deben atender a 1.500 niños y adolescentes entre los 6 y 17 años en condición de discapacidad, están cerrados desde el 9 de diciembre de 2016.

Los centros Crecer, adscritos a la Secretaría de Integración Social, que siempre funcionan desde mediados de enero, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., están cerrados porque no se ha contratado aún el talento humano requerido.

La falta de planeación de las autoridades distritales viene afectando a niños con graves discapacidades y a sus familias de bajos recursos, que no tienen dónde dejar a los menores y menos cuentan con la posibilidad de obtener atención especial para sus hijos.

Los niños y adolescentes, por su condición, requieren una atención interdisciplinaria en nutrición, terapia ocupacional, trabajo social, educación especial, fonoaudiología, talleres, primeros auxilios, educación física, psicología y estilos de vida saludable.

El Ministerio Público Distrital solicitó a la Secretaría de Integración Social que restablezca a la mayor brevedad la atención y garantice los derechos de las familias y beneficiarios del servicio.

• Dos camionetas fueron reparadas 12 veces, después de dadas de baja.
• Cuatro vehículos sacados del servicio, fueron “tanqueados” más 150 veces.
• No existió un control serio al uso, tanqueo y reparación de la maquinaria y automotores de propiedad de la Administración Local.
  Se hallaron irregularidades en contratación y ejecución con proveedores de combustible y mantenimiento de vehículos.

La Personería de Bogotá descubrió que en la Alcaldía Local de Suba pagaron el suministro de combustible de 16 vehículos, pese a que tenían sólo 12. Además, realizaron la reparación de 2 camionetas, por más de $19 millones, que ya habían dadas de baja. Incluso facturaron el tanqueo de un vehículo con gasolina y diesel, el mismo día.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público Distrital, a los problemas evidenciados de 2014 a 2016, se unen irregularidades en la contratación y ejecución de ellos, así como la falta de una adecuada supervisión o interventoría que garantizara el cumplimiento de los contratos.

Combustible

Acogiendo un concepto técnico, el Fondo Desarrollo Local, a partir del 2 de marzo de 2015, dio de baja 2 camionetas (una Nissan D22 placa OBE-770 y otra Chevrolet Rodeo OBE-634). Sin embargo, un día después, el 3 de marzo de 2015 y hasta el 24 de abril de 2016, el vehículo OBE-634 fue tanqueado 67 veces, por $712.337. Mientras que la Nissan OBE-770, recibió combustible 85 veces, desde el 4 de marzo de 2015, hasta el 28 de abril de 2016, por $1.144.625.

Una situación similar ocurrió con otras 2 camionetas, una Rodeo de placa OBE-929 y una Luv doble cabina placa OIL-039 que habían sido dadas de baja a partir del 31 de agosto de 2014, pero después de esa fecha, siguieron llegando a la Alcaldía facturas de consumo de combustible de esos automotores. A uno de estos dos vehículos, según la factura, le suministraron gasolina y diesel el mismo día.

Parque automotor

Las camionetas, volquetas, maquinaria pesada, plantas eléctricas, motobombas, retroexcavadoras, entre otras deben tener un chip para el tanqueo. Los 17 chips están a cargo de un funcionario, sin que haya un control para el manejo de los mismos.

Pese al número de vehículos y maquinaria la Alcaldía Local no tiene una bitácora para llevar el control del uso y mantenimiento de los equipos. Sólo hasta el 1 de noviembre de 2016, después de las solicitudes de la Personería, la Alcaldía dispuso un supervisor para llevar el reporte diario del sitio de trabajo de la maquinaria y volquetas. El único control que existía era de los vigilantes del parqueadero, que anotaban día y hora que salían los vehículos, con firma de quienes lo llevaban.

Contratación

Para el suministro de combustible el Fondo de Desarrollo Local contrató, en septiembre de 2014, al Grupo EDS Autogas SAS, por $400 millones y durante 10 meses o hasta agotar el presupuesto. La supervisión quedó a cargo de funcionario de la Alcaldía.

La Personería encontró irregularidades en la contratación. Por ejemplo, los estudios previos establecen un análisis de mercado y precios de combustible en la localidad, que difieren del pliego de condiciones. Se encontró que por solicitud del proponente Auto-Gas, en ese momento, las condiciones fueron variadas.

En la ejecución del contrato se evidenció la falta de entrega al supervisor de un archivo magnético mensual en Excel e impreso, de los listados de cada suministro de combustible, relacionando fecha, hora, placa, nombre del conductor, kilometraje del vehículo, galones cargados y valor. Además, el registro de cada chip.

Todo indica que el supervisor del contrato nunca dijo nada frente al suministro irregular de combustible a los vehículos dados de baja, ni exigió al contratista el archivo magnético mensual con los soportes. Por el contrario, el contrato tiene una adición por $200 millones y 3 prórrogas, cada una de 6 meses, es decir, pasó de 10 a 28 meses de ejecución.

Mantenimiento

Las irregularidades no paran allí. Los 2 vehículos dados de baja el 2 de marzo de 2015, fueron reparados 12 veces, entre el 21 de marzo y el 3 de diciembre de 2015, según las facturas recibidas por el Fondo de Desarrollo Local por $19.146.815.

Tal como establece el contrato, la firma encargada del mantenimiento Toyocars debe elaborar un recibo por cada servicio prestado y debe ser firmado por el responsable del vehículo. El soporte debe adjuntarse a la factura. Sin embargo, esto no se cumplió. Además, con la factura debe ir el informe detallado, incluyendo registro fotográfico de cada servicio y reparación realizada, indicando el tipo de servicio, vehículo, fecha y valor. Esta situación se incumplió, sin que el supervisor advirtiera ninguna anomalía.

En septiembre de 2014 Toyocars fue contratada por $256 millones, por un año, para el mantenimiento de los vehículos, pese a que en la evaluación preliminar y la definitiva del proponente, éste no cumplía con las buenas prácticas ambientales frente a los residuos o desechos peligrosos generados por su actividad. Tampoco se encontró evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité de evaluación de la propuesta.

Se detectó que la oferta del proponente, las dos prórrogas, la adición de $128 millones, la terminación y liquidación del contrato no se publicó en la página de contratación estatal.