La Personería de Bogotá determinó que el edificio en que opera la estación de bomberos Las Ferias - B7 de la localidad de Engativá, está en riesgo de colapso parcial.
El órgano de control halló que el Cuerpo de Bomberos no ha acatado las recomendaciones que ha hecho en varias oportunidades el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), ante el riesgo que compromete la estabilidad y funcionalidad de la Estación, y que tiene en riesgo la vida del personal operativo, transeúntes y, en general, Engativá que pagaría las consecuencias de las limitantes que se generarían en la prestación del servicio.
El 17 de octubre de 2014, por solicitud de la estación de bomberos, el IDIGER realizó un diagnóstico detallado sobre el estado real de la edificación, donde encontró grietas, fisuras, dilataciones, pérdida de verticalidad de las columnas, desprendimientos, hundimiento de placa producido por las raíces de los árboles sembrados en el sector y deficiencias estructurales que ponen en riesgo la estabilidad de la edificación.
Con base en lo anterior, el Idiger solicitó a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB) realizar un estudio de patología y vulnerabilidad estructural, con el fin de determinar las medidas para mitigar daños, asegurar la estabilidad de la edificación y garantizar óptimas condiciones de seguridad.
Las directivas de Bomberos hicieron caso omiso a esas recomendaciones y decidieron, por cuenta propia, demoler el segundo piso sin ningún estudio que avalara esa intervención. Transcurrieron seis meses, durante los cuales la estación continuó prestando sus servicios en medio del riesgo que implica el peso de elementos sobre el primer nivel, los posibles desprendimientos de mampuestos y colapsos parciales que podrían generarse bajo cargas normales del servicio, por el hecho de haber actuado sin un diagnóstico oficial.
Incumplimientos
La estación no cumple con las normas sismorresistentes señaladas en el Decreto 340 de 2012 o Reglamento Colombiano de Construcción sobre el tema.
En segundo lugar, según el Decreto 563 de 2007, la Estación es de tipo A y por lo tanto debe cumplir con ciertas especificaciones como: áreas adecuadas para entrenamiento físico y suficientes baterías sanitarias que a la fecha no se están cumpliendo; además se presenta hacinamiento en el lugar que fue acondicionado como alojamiento, después de la demolición del segundo piso.
En tercer lugar, la sala de máquinas no está pintada de colores azul y amarillo, de acuerdo con la reglamentación que, además, exige que sea de tráfico pesado.
Por último, las rutas de evacuación se encuentran obstruidas por equipos de entrenamiento físico, que impedirían el fácil desplazamiento de los bomberos, en caso de una emergencia.
¿Qué dice Bomberos?
Como respuesta a los hallazgos de la Personería, Bomberos dijo que está pendiente su reubicación en el predio de la Calle 64C No. 71-22, adjudicado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
Agregó que se hizo un concurso abierto de méritos para el estudio, diseño, licencia y demás trámites para la construcción de la Estación, que a la fecha no se ha podido ejecutar debido a que el predio no se encuentra alinderado conforme al ordenamiento legal y la comunidad se opone por el ruido, pues no quieren que éste afecte la tranquilidad de los niños y en general la del barrio El Paseo.
La Personería iniciará una actuación disciplinaria para determinar los responsables de las irregularidades encontradas en la UAECOB.
En el lugar está prohibida actividad comercial, por ser una reserva forestal que está en zona de recuperación ambiental.
La Personería Distrital solicitó a la Alcaldía Local de Santa Fe hacer cumplir el fallo del 29 de septiembre de 2016 del Consejo de Justicia de Bogotá, que ordenó el cierre definitivo del Restaurante Casa San Isidro Monserrate, por no estar permitido ningún uso o actividad comercial, al ser una zona de reserva forestal.
La decisión de segunda instancia quedó en firme el 14 de octubre de 2016. Cuatro días después fue enviada la providencia por el Consejo de Justicia a la Alcaldía de Santa Fe para que materialice la orden. No obstante, pasado más de un mes, aún la Administración Local no ha ejecutado el cierre.
De acuerdo con el fallo, el restaurante está ubicado en la parte alta del Cerro de Monserrate, lugar en el cual no está permitido el desarrollo de ninguna actividad comercial por tratarse de una zona de recuperación ambiental, que está dentro de la reserva forestal protectora Bosque Oriental de la Capital.
La Personería de Bogotá recibió, durante los primeros diez meses de 2016, 15.667 solicitudes de conciliación, de las cuales logró 2.275 acuerdos totales, 126 acuerdos parciales y registró 765 desistimientos por arreglos previos entre las partes, con lo cual evitó 3.166 engorros pleitos judiciales y ayudó a descongestionar el sistema de justicia.
Así mismo, inadmitió 20 solicitudes por no ser conciliables y declaró 2.540 no acuerdos. En 6.542 audiencias se registró inasistencia.
Durante el lapso citado, el Centro de Conciliación de la Personería realizó 3.589 conciliaciones de unión marital de hecho; tramitó 4.941 conciliaciones, de las cuales el 30% corresponde a restitución de inmuebles, 22% a cuidado y tenencia, y alimentos, 18% a responsabilidad civil, 15% a liquidación de sociedad conyugal o patrimonial, 7% a incumplimiento de contrato, 5% a pago de deudas y 3% a convivencia, propiedad horizontal y seguros.
Conciliatón
Para la Conciliatón Nacional, que programó el Ministerio de Justicia y se realizará durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, hay más de 100 centros habilitados en todo el país donde se encuentran 33 personerías de diferentes ciudades, el ICBF, F.G.N., la Cámara de Comercio y Policía Nacional, entre otras. En total, participarán 126 municipios de 32 departamentos.
Para esta jornada la Personería de Bogotá fue la entidad más requerida con 511 solicitudes, de las cuales 300 se tramitarán en la sede central; las 211 restantes, en las 9 sedes externas.
Las conciliaciones son gratuitas, evitan cuantiosos gastos y pérdida de tiempo a los interesados y ayudan a disminuir la congestión en la rama judicial.
Cuando no hay acuerdo, las personas agotan el requisito legal sin costo y pueden entrar a demandar de manera inmediata. La conciliación es requisito previo para iniciar algunos procesos.
La Personería atiende peticiones en el centro de la ciudad, en la Carrera 7 No. 21-24, en los Supercades de la Carrera 30, Suba, Las Américas, Bosa, 20 de Julio, y la Casas de Justicia de Suba, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Usme y la SAU de Suba.
Para los acuerdos, el ente de control cuenta con 31 abogados que estudian, orientan y buscan un arreglo amigable. En total en los primeros diez meses la Personería ha realizado 22.119 atenciones a usuarios que han pedido orientación o ayuda para llegar a un acuerdo por un conflicto.
La conciliación representa un mecanismo de solución de conflictos, hace parte de la justicia alternativa y es un camino para la reconciliación y la paz.
La Personería de Bogotá determinó que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), pagó $2.940 millones por la compra y puesta en servicio de un radar meteorológico Doppler, pese a que no opera.
De acuerdo con el informe, no sólo el Idiger recibió el aparato a satisfacción en febrero de 2016, sin ser puesto al servicio, sino que liquidó el contrato sin tener claras las cuentas con el contratista.
Inclusive, el Instituto tuvo que hacer prórrogas al contrato porque no tenía claro el sitio para instalarlo y no previó capacitar personal para el manejo y uso de la información del radar.
El aparato fue comprado para ayudar a prevenir emergencias por fenómenos climáticos. Servirá para monitorear en tiempo real la generación y desplazamiento de nubes, tormentas eléctricas, granizadas, hacer seguimiento a incendios forestales, apoyar el pronóstico del tiempo y verificar la dispersión de contaminantes atmosféricos. En resumen, brindará información para tomar decisiones oportunas ante eventos adversos que afecten a los capitalinos.
Según el Idiger, el Radar si opera en la Fase I (dicen que son tres). No obstante, el contrato, ya liquidado, no establece ninguna fase, sino su puesta en servicio para beneficio de la ciudad, situación que aún no ha ocurrido.
Sin planeación
En 2014 el Idiger adjudicó una licitación en la que el contratista se compromete a entregar, instalar y poner en servicio un sistema de radar meteorológico Doppler, de doble polarización en banda X, para el fortalecimiento de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito. El plazo era de ocho meses.
Uno de los primeros tropiezos fue la demora en definir el sitio de ubicación del radar, ante la ausencia de planeación y la escasa previsión del Idiger. El Instituto asignó al contratista obligaciones inherentes al Distrito, como la definición del lugar de instalación del radar; es más: tenía un estudio técnico en el que contempló unos sitios para ser colocado. Sin embargo, los análisis resultaron no ser óptimos, desvirtuando la tecnicidad de ellos. De esa forma, las demoras en decidir el sitio generaron dos prórrogas que el contratista asoció a situaciones ajenas a su labor.
Sin IVA
Aún después de liquidado el contrato, al parecer el Instituto no tiene claridad sobre si el radar y todos sus elementos adquiridos están exentos del impuesto del IVA.
El Idiger estableció que el contratista debía tramitar las exclusiones de IVA necesarias para el radar banda X y sus accesorios. No obstante, a pesar de que el Distrito canceló el 95% del valor del contrato, actualmente no se ha reintegrado el impuesto, por la adquisición de equipos exentos del gravamen.
¿Quién lo opera?
En diciembre de 2015, el Distrito anunció la inauguración del centro de monitoreo de riesgos y cambio climático de Bogotá. El radar fue instalado, pero no puesto en servicio como lo establece el contrato.
Según las pruebas, el equipo funciona pero no está en servicio y para hacerlo requiere calibrar y compatibilizar la información con otras entidades; aun así, fue recibido a satisfacción.
Para completar, el Idiger no cuenta con personal idóneo para el manejo, obtención, procesamiento y uso de la información obtenida del radar. Si bien se contempló en las obligaciones del contratista la capacitación a funcionarios, no se evidencia en actas ni informes que se haya cumplido dicha obligación.
Otro punto que preocupa es la responsabilidad en el mantenimiento del radar posterior a la liquidación del contrato, pues a la fecha si bien está instalado, no se sabe cada cuánto se debe hacer el mantenimiento y en caso de requerirse alguna reparación cuál es el procedimiento a seguir.
Pese a todas estas inconsistencias, el Instituto liquidó el contrato en septiembre del presente año y el aparato instalado completó casi un año sin ponerse en servicio. La Personería iniciará una actuación disciplinaria para determinar los responsables de estos hechos y remitirá copia a la Fiscalía General de la Nación.
La Personería de Bogotá informa que en su papel de garante de los derechos de los capitalinos y representante de la sociedad, pudo verificar que el Distrito hizo oferta social de albergue, transporte y atención médica permanente a los campistas de la Plaza de Bolívar durante la recuperación del espacio público. Además, durante el procedimiento de las autoridades no hubo detenidos ni conducidos a la UPJ. Hubo un ejercicio constante de diálogo y búsqueda de concertación.
También se permite informar que:
La Personería de Bogotá determinó que el 65% de los requerimientos presentados por los usuarios, entre 2014 y 2015, por problemas en el servicio que presta Gas Natural Fenosa, corresponden a temas relacionados con irregularidades en la reconexión, cobros excesivos o por servicios no autorizados.
En los últimos 2 años y 9 meses el organismo de control ha recibido 393 quejas contra Gas Natural. La cifra en 2014, fue de 128; en 2015, de 162 y en el presente año a septiembre, asciende a 103.
El mayor número de quejas que se presentan apunta a la suspensión injustificada del servicio y a la reconexión del mismo; en muchos casos las suspensiones se llevan a cabo sin importar que el usuario se encuentre a paz y salvo, tanto en el pago como en la revisión periódica.
Suspensión del servicio
Los ciudadanos se quejan de que Gas Natural, antes de cumplirse los últimos cinco meses de plazo de revisión obligatoria (cada 5 años), les corta el servicio; es decir, lo suspenden, hasta tanto se haga la revisión.
La Personería encuentra que existe gran desconocimiento de la normatividad por parte de los usuarios, quienes son los responsables de solicitar la revisión periódica, obtener el certificado de conformidad y finalmente enviar ese documento al distribuidor en un plazo establecido. Obviamente, eso no autoriza a Gas Natural para realizar suspensiones del servicio antes de lo establecido.
Muchos usuarios manifiestan que solicitar dichas revisiones e inspecciones telefónicamente es casi imposible; que cuando se ordena la visita es necesario permanecer todo el día pendiente y que en algunos casos no llegan a realizarla.
Sobre la reconexión existen varias inconformidades: la primera, es la demora en el restablecimiento del servicio, que toma más de 2 días. La segunda, las reparaciones que realizan empresas adscritas (autorizadas) son muy poco confiables, pues cuando llega la visita para la expedición del certificado de conformidad, se detectan nuevos problemas o persisten algunos defectos que supuestamente habían sido corregidos, lo que genera sobrecostos a los usuarios, que se ven obligados a nuevas reparaciones y más demoras en el restablecimiento del servicio. Además, las visitas son cobradas individualmente; es decir, cada nueva visita acarrea un nuevo cobro.
Otros problemas
De acuerdo con los usuarios, también existen problemas en la facturación por cobros adicionales o incremento injustificado del mismo.
En ocasiones se incluyen seguros en la factura de gas natural, sin ninguna clase de autorización de afiliación por parte de los usuarios y para suprimir esos servicios adicionales, las empresas obstaculizan el procedimiento con diferentes trabas para evitar la desafiliación.
En el caso de ServiGas, que es un servicio voluntario ofrecido por Gas Natural, éste debe ser autorizado de manera escrita previamente por parte del usuario. Sin embargo, los usuarios manifiestan que son afiliados con engaños informándoles que el servicio es obligatorio, que se les suspende el servicio o con el argumento de que las revisiones son anuales, cuando son cada 5 años.
Acciones
La Personería orienta permanentemente a los usuarios en los trámites para que sean retirados los cobros diferentes al consumo del servicio, como seguros de diferente índole y los incrementos injustificados en el valor de la factura.
Además informó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre los resultados de la veeduría para que tomen las medidas que permitan mejorar la prestación del servicio a los usuarios y evitar abusos.
En cuanto al tiempo que debe disponer un usuario para las visitas técnicas, la Personería sugirió a la Superintendencia establecer medio día u horas concretas, pero no todo el día.
En el mismo sentido, instó a la entidad para que realicen campañas informativas ante el desconocimiento que se presenta por parte de los usuarios de los cambios normativos, especialmente el de la obligación de las revisiones periódicas.
Pese a que existen 40 querellas en la Alcaldía Local de Usaquén por construcción ilegal en plena reserva forestal, en los cerros orientales de la ciudad, en sector Lomitas, sólo tres tienen orden preventiva de sellamiento, evidenció la Personería de Bogotá.
Una revisión del Ministerio Público Distrital a las actuaciones de las autoridades locales, permitió determinar que sólo 10 procesos tienen fallo definitivo (1 de 2009, 6 de 2010, 2 de 2011 y 1 de 2012), pero, a la fecha, no hay ninguno materializado. Las decisiones de fondo son de agosto y octubre de 2015, es decir, se demoraron de entre tres y seis años.
Entre tanto, de las 29 querellas que fueron abiertas en 2015 y una en 2016, sólo 7 tienen auto de cargos y uno de pruebas; 6 de las actuaciones fueron realizadas en agosto y septiembre del año pasado, sin que después de ellas se hubiera movido el proceso.
El informe indica que de las otras 22 querellas, 21 fueron abiertas en 2015 y sólo tienen actuaciones a partir de 2016. Pese al grave daño ambiental conocido por la Administración local, sólo se evidencian trámites inocuos.
De acuerdo con las normas, las querellas son procesos administrativos abreviados. Incluso las normas establecen que transcurridos tres años de iniciada la investigación administrativa sin que se haya fallado, operará la caducidad; es decir, se perderá la competencia para imponer la sanción, si hubiere lugar a ello.
Teniendo en cuenta la lentitud en estos procesos, la Personería iniciará actuación disciplinaria para determinar a los responsables de la protección de la reserva forestal que, para la ciudad, representan los cerros orientales.
Pese a las órdenes de cierre de autoridades sanitarias a 16 hogares geriátricos, que albergan a 258 adultos mayores en la Localidad de Los Mártires, la Personería encontró que siguen funcionando, debido a que las personas no son entregadas o recibidas por su red de apoyo familiar, ni la Secretaría de Integración Social los asume.
Ante la falta de lugares para reubicarlos y para evitar que los abuelos queden en la calle, los hogares siguen funcionando en medio de precarias condiciones: alimentos y medicamentos vencidos, deficiente manipulación de alimentos, desaseo y falta de atención médica y de enfermería. También hay problemas de hacinamiento, conviven con animales y algunos adultos mayores en condición de discapacidad, habitan en terceros o segundos pisos sin rampas de acceso ni ascensores.
Para enfrentar el problema, la Personería solicitó a la Secretaría de Integración Social asumir a los adultos mayores de los hogares que funcionan de manera irregular, para proteger sus derechos y poder hacer efectivos los cierres de establecimientos.
El Ministerio Público Distrital también pidió a los ciudadanos que denuncien, pues muchos hogares geriátricos funcionan de manera clandestina y en peores condiciones que los registrados ante las autoridades.
Hogares visitados
Los hogares clausurados son: Fundación Amor al Corazón de Jesús, Fundación Hogar de Abuelitos Fe y Luz, Fundación San Luis Rey de Francia, Hogar Gerontológico Abuelitos de Alejo II, Hogar Gerontológico mi Tierna Vejez, Kairos Hogar Gerontológico, Fundación el Señor de los Milagros, Hogar Gerontológico Abuelitos de Alejo I, Fundación San José Corazón de Jesús, Fundación Amigos del Abuelo, Casa Linda Hogar Gerontológico, Abuelitos Amados (sede Calle 1G No. 26-73), Abuelitos Amados (sede Calle 2A No. 26-08), Hogar Gerontológico Canitas de Amor, Fundación Rincón de Paz y el Centro Día Zasua (medida de cierre temporal parcial).
Al hogar Abuelitos de Mami Concha le fue levantada la medida, al cumplir los compromisos fijados por la Secretaría de Salud; los hogares Mi Dulce Refugio y Disfrutando mi Vejez tienen requerimientos, pero no medida de cierre.
Tras una visita liderada por la Personería de Bogotá a hogares geriátricos de la Localidad de Los Mártires, la Secretaría de Salud ordenó el cierre de seis establecimientos, ante las precarias condiciones de atención a 128 adultos mayores.
Las inspecciones a los hogares surgieron luego de quejas recibidas por el Ministerio Público distrital, sobre malos tratos y deficiente atención a los adultos mayores en algunos de los 47 establecimientos de la localidad.
Las anomalías detectadas van desde desaseo en la cocina y los sanitarios (algunos con roedores e insectos), hasta falta de valoración médica y servicio permanente de enfermería.
En cada uno de los hogares, las autoridades encontraron más de 20 observaciones en cuanto a falta de termómetros para neveras, certificación de manipulación de alimentos, minuta nutricional, señalización de rutas de evacuación, depósito de residuos, forros plásticos para colchones y almohadas, certificado de lavado de tanques y ausencia de material sanitario para limpieza, entre otros.
Tampoco hay asesoría mensual de enfermería, ni cuentan con hoja de vida del personal especializado; no garantizan valoración médica de ingreso ni permanencia; no hay privacidad en cuarto de enfermería y tampoco se encontraron resúmenes de salud ni fórmulas médicas recientes.
De acuerdo con el informe, pese a que en algunos hogares geriátricos hay concepto de clausura total por graves hallazgos o tienen medida de cierre reiterativa, los problemas no han sido corregidos y siguen funcionando sin cumplir con los estándares de calidad de prestación del servicio.
En total en los últimos meses hay orden de cierre definitivo para 17 hogares en Los Mártires, pero la mayoría siguen prestando servicio, por eso, la Personería solicitó a los encargados de los establecimientos entregar, de manera inmediata, a los adultos mayores a su familia o red de apoyo; en caso de no tenerla, a la Secretaría de Integración Social.
La Personería de Bogotá determinó que en la unidad de Urgencias de la Clínica Jorge Piñeros Corpas no sólo los pacientes permanecen en precarias condiciones de atención, en sillas, cartones y hasta en el piso, sino que hay una sobreocupación del 225%.
La visita del Ministerio Público Distrital encontró además que la UCI coronaria se encuentra inhabilitada desde hace 8 meses y el TAC permanece fuera de servicio.
Detectó así mismo que hay 170 pacientes esperando que los remitan a especialistas en Ginecología, Cardiología, Medicina Interna, Oncología y Ortopedia.
En resumen, la Clínica tiene gran cantidad de usuarios de Cafesalud y Cruz Blanca, pero cuentan con una reducida red de servicios para atenderlos.
Sin solución
De 9.066 quejas que llegaron a la Personería durante el primer semestre del año, el 44% (3.989) fueron contra la EPS Cafesalud, por barreras de acceso al derecho a la salud.
El 33% de esos problemas en atención de la EPS tienen que ver con la negativa o demora en dar citas médicas, 22% con entrega de medicamentos, 9% con autorización de procedimientos, 8% con aprobación de exámenes y 10% con dilación en las remisiones y otros servicios.
La Personería había advertido desde noviembre de 2015 acerca de las graves deficiencias de atención en la Clínica Jorge Piñeros Corpas. Además, reiteró que cerca de 500 quejas recibidas contra Cafesalud y Cruz Blanca, estaban sin respuesta o solución por parte de las EPS.