La Personería de Bogotá solicitará a la Procuraduría General de la Nación investigar los responsables por el lanzamiento del gas lacrimógeno a personas en condición de discapacidad que realizaban una protesta pacífica en la Plaza de Bolívar, en la tarde de hoy. Además, hace un llamado a la sensatez y al uso racional de la fuerza pública, atendiendo los protocolos y estándares internacionales, especialmente de los elementos y armas no letales que pueden generar graves lesiones y afectación a la comunidad.  Por eso reprueba y rechaza el uso indebido de la fuerza, en especial, contra personas en condiciones de indefensión.

• En contravía de las 5.115 obras propuestas en los cabildos ciudadanos, el Distrito intervino sólo 1.180, de ellas 312 no escogidas por la comunidad.
• Muchas obras quedaron mal construidas, en sitios innecesarios y no tienen póliza de calidad y garantía. Sobrecostos de interventoría fueron del 105%.
• Durante la ejecución en las 19 localidades, se registró disminución del 15% de las obras, pero aumentó el 61% en el valor.
• La Personería adelanta 5 investigaciones disciplinarias.

La Personería de Bogotá encontró que de 5.115 obras viales propuestas por la comunidad en 19 localidades durante los cabildos ciudadanos en el año 2012, el Distrito intervino sólo 1.180 obras; es decir, el 23% del total. Por estos hechos, la Personería está adelantando cuatro investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de este convenio.

De acuerdo con el informe, en las obras se invirtieron cerca de $168.928 millones, pero muchas de ellas quedaron mal construidas, se deterioraron prematuramente y se ejecutaron en sitios innecesarios. Para completar, no tienen póliza de calidad y garantía, situación que obligará a la inyección de nuevos recursos públicos que saldrán del bolsillo de los bogotanos.

Además del presunto detrimento patrimonial, se detectó una grave improvisación en la ejecución del programa de vías locales, sobrecostos superiores al 105% en la interventoría y varias obras realizadas sin ninguna supervisión técnica.

En resumen, se le incumplió a la ciudadanía lo pactado en los cabildos ciudadanos. No se tuvieron en cuenta los criterios para aumentar la movilidad y conectividad con los barrios, con la malla vial intermedia o arterial, o con un corredor de movilidad local. Al contrario, la Personería encontró intervenciones en vías cerradas.

Historia

Para ejecutar las obras, la Administración suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación 1292 del 21 de diciembre de 2012, en el que se estableció trasladar de los 19 fondos de Desarrollo Local $168.928 millones a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), para intervenir únicamente 2.006 obras viales.

El convenio inicialmente fue por tres años, que también incluyó, entre otras, a las Secretarías de Gobierno, Movilidad, IDU y  Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB)  para coordinar la inversión que estableció la construcción, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de las vías locales.

Sin embargo, todo salió en contravía de lo establecido. Las 2.006 obras viales establecidas para intervenir en el Convenio, se redujeron a 1.701, con el agravante de que 312 de ellas fueron incorporadas sin ser parte de las acordadas con la comunidad en los cabildos ciudadanos.

Además el  convenio se redujo a dos años;  la rehabilitación de las vías empezó en agosto de 2013 y se dio por terminada el 1 de enero de 2016 y a la fecha no se ha liquidado en su totalidad. 

En conclusión, la expectativa de arreglar 5.115 vías se redujo en 66.7%, sin contar que el 18% del total de las 1.701 obras finalmente incluidas no fueron acordadas con la comunidad.

Para completar, los $168.928 millones destinados para intervenir 2.006 obras, sólo alcanzaron para 1.180 vías; es decir, los costos fueron mayores a los previstos y sirvieron únicamente para el 59% de lo inicialmente pactado en el Convenio.

En principio, el promedio de intervención vial por localidad era de 105 obras. Luego se redujo a 89 tramos viales, disminuyendo un 15%. Por su parte, el promedio inicial de los recursos para ejecutar cada obra, que era de $94 millones, con las modificaciones pasó a $154 millones, subiendo en un 61%; es decir, se disminuyó la cantidad de obra, pero se incrementó su valor.

Sobrecostos en interventoría

La interventoría del Convenio fue encargada a las universidades Nacional y Distrital por un total de $5.936 millones, con un plazo de 11 meses. Con los retrasos de las obras, se prorrogaron los contratos en 17 meses y se hicieron adiciones por valor por $6.287 millones; de tal manera, el valor final del contrato de interventoría ascendió a más de $12.223 millones, que representan un sobrecosto del 105%.

Pero eso no es todo. Las interventorías con las universidades Nacional y Distrital fueron suspendidas por cuatro meses, tiempo durante el cual la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial continuó con la ejecución de varias obras.

De mediados de febrero a junio de 2014, la Universidad Nacional tuvo suspendido el contrato de interventoría; mientras tanto la Unidad finalizó 17 segmentos viales e inició 18 más, sin ninguna supervisión técnica del trabajo realizado.

La Nacional realizó la interventoría a 604 obras finalizadas por la Unidad; de ellas, a 311 les hizo observaciones de tipo técnico constructivo; es decir, al 51,5% del total. Por su parte, con la Universidad Distrital, del 22 de febrero al 12 de junio, se realizaron 80 intervenciones viales sin ninguna interventoría.

Más irregularidades

El Convenio estableció que la EAB debía informar luego de cada arreglo de redes de alcantarillado a la Unidad, para que ésta realizara la pavimentación de la vía. Sin embargo, la Personería halló que la EAB entregó 125 obras de rehabilitación de redes de aguas lluvias y aguas servidas en el mes de octubre de 2015, cuando el plazo vencía el 30 de septiembre de ese año, por lo cual la Unidad de Mantenimiento Vial no las incluyó en la programación de obra para el arreglo de las vías, afectando a la ciudadanía.

Dentro del Convenio, la Secretaría de Movilidad asumió la demarcación de todas las vías que fueron intervenidas por la Unidad. Sin embargo, sólo 196 tramos viales de las 1.180 obras, fueron señalizados, lo que equivale sólo al 17%. Así mismo, durante las visitas de campo realizadas por la Personería, se evidenció, en varios tramos, que la demarcación no cuenta con todos los elementos que debe tener una vía. 

• En 2 proyectos el Distrito podría dejar de recaudar más de $10.000 millones.
• Hay dificultades administrativas para asegurar el recaudo de la plusvalía.
• Personería solicitó reformas para asegurar el cobro de este gravamen y revisar el cálculo que se realiza sobre el máximo potencial.

La Personería de Bogotá alertó a la Administración distrital y solicitó medidas inmediatas para evitar un detrimento patrimonial, por el no pago del gravamen de plusvalía por parte de algunos constructores, quienes sin salirse de las normas, consolidad y venden edificaciones sin cumplir con esa obligación.

La plusvalía es el monto en que se “valoriza” un predio a partir de la expedición de una autorización urbanística que permite, por ejemplo, construir más pisos o destinar el predio a un uso más rentable.

Una revisión a lo tributado en sólo dos proyectos, podría dejar al Distrito sin más de $10 mil millones. Dos edificios de 8 y 11 pisos, cuya construcción se adelanta en un sector residencial de casas de 2 y 3 plantas, al amparo del Decreto que permitía grandes alturas, podrían “eludir” el pago de la participación en plusvalía.

Resulta que la resolución que liquida e impone el gravamen se anotó en los certificados de libertad y tradición de 12 predios que hoy día jurídicamente no existen porque fueron englobados (unidos) por los constructores en uno o dos predios para el desarrollo del proyecto. Lo que encontró la Personería es que la norma no previó este tipo de casos. De esa forma, sin salirse de lo que ordena la ley, si los constructores gestionan prontamente sus proyectos inmobiliarios, pueden consolidar y vender las edificaciones, sin que la Administración les liquiden oportunamente el gravamen de la plusvalía.

En la Constitución se estableció que los municipios y distritos pueden participar de esa “ganancia” del suelo y Bogotá ha venido ‘haciendo la tarea’ para lograr recaudarla; incluso ha ideado diversos mecanismos para acelerar el proceso y garantizar la exigibilidad del pago. Sin embargo, bajo el régimen normativo que nos rige y con el actual ritmo de construcciones, existen varios factores que dificultan el cobro.

Pese a todos los esfuerzos de la Administración distrital para garantizar el oportuno recaudo de la plusvalía, preocupa al Organismo de Control, de una parte, que dados los riesgos advertidos ésta pueda esfumarse y, de otra, que se generen impactos en las finanzas públicas y en el equilibrio financiero de proyectos inmobiliarios de particulares, sobre todo cuando las plusvalías se calculan sobre el máximo potencial que confiere la norma.

El estudio fue enviado a la Administración distrital, para que se analice la posibilidad de modificar las normas vigentes y acelerar el proceso de cálculo, liquidación y recaudo de la plusvalía, y que se garantice una socialización a la ciudadanía sobre la plusvalía y sus alcances.

• El 41.1% de las víctimas registradas por la Personería son menores de edad.
• Habrá capacitación de Unicef a servidores para mejorar atención de población infantil afectada por el conflicto armado, en especial en el aspecto psicosocial.
• Se busca fortalecer la atención, generar alertas e identificar necesidades.
• Con ese trabajo mancomunado, se pretende lograr mejores intervenciones de la Nación y Distrito, con medidas reales que garanticen sus derechos.
• Se presenta exposición de 100 pinturas de niños sobre el conflicto.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar y el representante en Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Roberto De Bernardi, firmaron un Acuerdo de Entendimiento que busca garantizar y defender los derechos de la población infantil víctima del conflicto armado que llega al Distrito Capital.

En sólo los últimos tres años (2014, 2015 y 2016), la Personería Distrital recibió 35.000 declaraciones de personas cabezas de familia víctimas del conflicto armado interno, cada una representa en promedio tres personas de su núcleo familiar, lo que significa que llegaron a la ciudad unas 105.000 víctimas, de ellas, 43.253 son menores de edad, es decir, el 41.1% del total afectadas. La mayoría de población infantil llega a la Capital procedentes de Valle del Cauca, Boyacá, Tolima, Nariño y Cundinamarca.

En el país, hay más de 2.400.000 niños víctimas, es decir, cerca del 30% del total de la población afectada por el conflicto, según los datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Estas dolorosas cifras y la deficiente atención del Estado a la población infantil, motivaron la unión de esfuerzos de la Unicef y la Personería para trabajar en alcanzar una atención digna y real de la Nación y el Distrito a los hijos de la guerra interna.

Aunando esfuerzos

La Personería, como primer organismo de contacto al que llegan las víctimas, evidenció la falta de atención oportuna y suficiente para las necesidades de la población infantil por parte del Distrito y la Nación. Además, encontró que la oferta institucional y en especial las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos son limitadas.

Con el ánimo de mejorar el proceso de atención y orientación en sus derechos a las familias víctimas del conflicto armado, el Ministerio Público distrital dispuso de una ludoteca para atender a los niños, mientras sus padres son orientados. En el lugar, los menores esperan a sus padres con ejercicios lúdicos y artísticos, que permiten identificar sus carencias y fortalezas. Además, reciben en muchas ocasiones juguetes de regalo, donados por funcionarios de la Personería. Como ejemplo de lo anterior, en el año 2016 fueron acogidos en la ludoteca cerca de 1.200 niños.

El Organismo de Control realiza una exposición de 100 dibujos realizados por niños, entre los 3 y 12 años, 40 de ellos, pintados en tela con marcador y pintura que expresan su visión sobre el conflicto armado y la familia. 60 dibujos más que hacen parte de la muestra, fueron realizados en papel con marcador, lápiz y colores.

Por su parte, la Unicef con toda su experiencia y capacidad técnica a nivel mundial en la protección de la infancia en situaciones de riesgo y violencia, puede aportar capacitación y transferencia de metodologías para la identificación, mitigación de factores de riesgo y atención con enfoque diferencial a población infantil víctima, cuyo contexto familiar y social se ha visto afectado por estas circunstancias.

De esa forma, la Unicef hará capacitación a los servidores de la Personería para cualificar y mejorar la atención de población infantil afectada por el conflicto armado, así como aportará todo el apoyo técnico en el fortalecimiento y acompañamiento psicosocial de los menores.

Con esa atención especializada y el trabajo mancomunado se generarán alertas e identificarán necesidades para solicitarle a las autoridades nacionales y distritales, mejorar las intervenciones y medidas reales que fortalezcan las políticas públicas y su ejecución para proteger a los niños víctimas del conflicto.

• Barrios Unidos, Fontibón y Usaquén, se unen a los problemas encontrados en Suba, Teusaquillo y Los Mártires.
• Hubo contrataciones, presuntamente, sin estudios previos o amañados.
• Otros directos, por convenio, con anticipos o adiciones millonarias, al parecer, sin sustento. Presuntas anomalías ponen en riesgo más de $50.000 millones.
• Copia de procesos se enviarán a la Fiscalía.

La Personería de Bogotá inició seis indagaciones preliminares por graves irregularidades detectadas en contratación en las alcaldías locales actuales de Barrios Unidos, Fontibón y Usaquén. Las averiguaciones se unen a las iniciadas por anomalías en Suba, Teusaquillo y Los Mártires.

De acuerdo con un informe se encontraron procesos contractuales, al parecer, sin estudios previos o con estudios de mercado amañados, suscripción de convenios para eludir convocatorias a licitaciones públicas, millonarios anticipos irregulares, entre otras. Los hallazgos serán enviados también a la Fiscalía General de la Nación.

Barrios Unidos

El 27 de octubre de 2016, la Alcaldía adjudicó un contrato por más de $14.402 millones para el mejoramiento, mantenimiento y/o reconstrucción de la malla vial y espacio público de la localidad. La ejecución se haría en 12 meses.

El contrato sólo tuvo acta de inició casi dos meses después, el 21 de diciembre, pero 9 días más tarde fue suspendido y se reinició hasta el 23 de enero de 2017. La suspensión del contrato estatal, es una medida excepcional por situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal, circunstancias estas que no fueron justificadas.

Los estudios previos, pliego de condiciones y luego el contrato estableció que el pago se realizaría mediante actas mensuales de recibo parcial hasta completar el 95%. El 5% restante se pagaría hasta la terminación total de las obras.

La Alcaldía, durante el proceso licitatorio, rechazó peticiones de los proponentes de modificar la forma de pago, pero, en contravía de lo establecido en la licitación y el contrato, 40 días antes de empezar la ejecución, el 12 de diciembre, realizó un anticipo del 50% de su valor, por $7.201 millones. El anticipo fue aprobado, pese a haberse pactado un contrato de tracto sucesivo, que se pagaba en la medida que había avances en la obra y que permitía hacer un seguimiento a su ejecución.

Se observó que la licitación tiene dos estudios previos, uno con precios de referencia del IDU y otros tomados de un proceso licitatorio anterior de 2015. Los dos son disímiles. Pero en ninguno es claro como la Administración determinó el presupuesto del contrato, vulnerando el principio de planeación, toda vez que un pliego de condiciones no puede elaborarse sin estudio de mercado que determine el valor.

Un detalle más, el monto inicial de la licitación era por $13.465 millones. Un proponente solicitó aumentarlo en $179.9 millones. La Alcaldía aceptó la observación y sin sustento incrementó el valor en $757.4 millones.

Usaquén

La Alcaldía Local sin licitación realizó un convenio con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, por $10.461 millones para que contratarán el diagnóstico, estudios, diseños, conservación, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial, incluida la interventoría, supervisión y gerencia de la inversión de los recursos. El 10% del contrato, es decir, $1.050 millones son para Fonade, entidad que hará la gerencia de los recursos.

La Personería encontró que la Alcaldía desconoció su plan anual de adquisiciones que contemplaba procesos licitatorios para los contratos de obra, publicado en el Secop (página de contratación pública), en los que demostraba que tenía capacidad financiera, jurídica y técnica para ejecutar sus proyectos sin delegar a un tercero.

Después de casi un año, sin realizar ninguna actuación para la contratación de las obras, en tiempo record la Alcaldía emitió unos estudios previos el 16 de diciembre de 2016, tres días después el Comité de Contratación los aprobó y el 23 de diciembre se suscribió el Convenio, es decir, se realizó en 8 días.

En la carpeta contractual no se encontró ningún documento en el que indique como la Administración Local evaluó propuestas alternas a Fonade, ni se observó ningún estudio de mercado que permitiera el análisis de más de una oferta.

Se determinó que la Alcaldía, que tiene el deber legal de administrar los recursos públicos, transfirió ese manejo del presupuesto, del erario, a un tercero para que este lo administrara, delegando lo indelegable, incluso la supervisión de los contratos.

También desconoció la Directiva 012 de noviembre de 2016, del Alcalde Mayor y el Secretario de Gobierno, que obliga a los Alcaldes Locales a consultar y justificar la contratación de obra pública con los análisis técnicos, jurídicos y financieros previos. No obstante, la Alcaldía Local ni siquiera hizo la consulta y realizó la contratación directa, al parecer, vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva.

Fontibón

El Fondo de Desarrollo Local realizó un convenio con Fonade para que gerencie y contrate la intervención de la malla vial de la localidad, la interventoría y adquiera el mobiliario de la nueva sede de la Alcaldía. El contrato por más de $9.594 millones se suscribió el 28 de diciembre de 2016, por 10 meses, con acta de inicio del 2 de febrero de 2017.

Antes de la suscripción del convenio, la Alcaldía realizó una licitación que luego revocó por diferencias entre el pliego de condiciones y el estudio de mercado. No obstante, con esos estudios técnicos y de mercado previos sustentó el convenio.

Para completar, a los oferentes que habían participado en la frustrada licitación y que esperaban el nuevo concurso público, nunca les avisaron que habían realizado la contratación directa.

Como en el caso de Usaquén, la Alcaldía Local, delegada por el Distrito para contratar, delegó en Fonade lo indelegable, incluida la adquisición del mobiliario, la interventoría y hasta la supervisión. Fontibón si solicitó a la Secretaría de Gobierno la revisión de los estudios previos, pero no esperó la respuesta y suscribió el convenio.

Otras

La Personería también indaga las irregularidades reveladas en Suba (contratación de combustible y mantenimiento de vehículos) en Los Mártires (arrendamiento de sede y adquisición de elementos) y de Teusaquillo (construcción de la sede local por $22.000 millones, mantenimiento vial, servicio de vigilancia, entre otros).

En general, el Ente de Control encontró una presunta vulneración a los principios de contratación, planeación, transparencia y el deber de selección objetiva.

Frente a la jornada de protesta por el alza de la tarifa del pasaje de Transmilenio, la Personería de Bogotá pidió a los ciudadanos que ejerzan este derecho, de manera pacífica, con respeto y tranquilidad.

El Ente de Control ha dispuesto un acompañamiento en terreno y verificará el respeto de los derechos y garantías, no obstante, debe advertir que ese derecho no es ilimitado y que exige de cada uno el cumplimiento de sus deberes.

• Para la contratación de la sede local realizaron unos estudios de mercado, al parecer amañados.
• Alcaldía funciona en centro comercial, en contravía del uso autorizado para ese lugar.
• Contrataron la opción más costosa.

La Personería de Bogotá detectó una serie de irregularidades en la elaboración del contrato de arrendamiento, suscrito en septiembre de 2016, para el funcionamiento de la Alcaldía Local de Los Mártires, por cerca de $370 millones.

De acuerdo con un informe del Ente de Control, se encontraron estudios presuntamente ‘amañados´, posible realización de obras de adecuación sin licencia de construcción, al parecer ocupación irregular de zonas comunes de propiedad horizontal y el funcionamiento de la Alcaldía en un centro comercial, en contravía del uso permitido al lugar.

Historia

La Personería halló dos contratos del Fondo de Desarrollo Local con una inmobiliaria, para tomar en arriendo, como sede de la Alcaldía de Los Mártires, 13 locales ubicados en el segundo piso del Centro Comercial Sabana Plaza, ubicado en la Carrera 19 No. 12-51.

El primer contrato se firmó en marzo de 2017 por cuatro meses, por $103.1 millones, el cual fue prorrogado por dos meses por $51.5 millones. Según el informe, los estudios que se realizaron fueron deficientes. Se revisaron 3 propuestas que fueron evaluadas con variables diferentes y con un valor de metro cuadrado por áreas con características desiguales.

A una de las propuestas de arriendo le incluyeron el IVA y el valor de la Administración, para calcular el valor del metro cuadrado a arrendar. A otra le incluyeron el IVA, mientras que al Centro Comercial (la propuesta ganadora), le tomaron el precio, sin IVA y sin cuota de Administración. Con esas cuentas tergiversaron el valor real por metro cuadrado, al punto de que terminaron contratando la más cara, una propuesta $33.754 más costosa por metro cuadrado que la segunda opción y $16.150 por metro cuadrado más que la tercera.

Segundo contrato

Con los mismos estudios, el Fondo de Desarrollo Local contrató por 12 meses, por $379.3 millones, el arriendo de los locales comerciales; es decir, $5,8 millones más costosos por mes, que el primer contrato.

La Alcaldía dijo que el costo aumentó por una ampliación del área a utilizar en 48,31 metros cuadrados, pero lo que encontró la Personería es que esa superficie adicional se está pagando a $88.988, mientras que los 479,66 metros cuadrados del primer contrato se siguieron pagando a $53.754, incluido IVA y cuota de Administración.

Se encontró que la sede de la Alcaldía estaba allí desde 2007 por cuenta de la Secretaría de Gobierno; por eso la Alcaldía dijo que era más costoso cambiar de lugar de arrendamiento, pero no hay ningún estudio dentro del contrato que lo sustente.

La Alcaldía pidió así mismo un concepto de viabilidad favorable de la Secretaría de Gobierno, pero no le mencionaron que existían dos ofertas más para arriendo, generando confusión a la hora de decidir, en derecho, la mejor opción.

El Ministerio Público distrital encontró, además, que el lugar arrendado tiene aprobado uso del suelo para la operación de un centro comercial, no para el funcionamiento de una entidad oficial.

Se conoció, que el Centro Comercial está en proceso de extinción de dominio y que una firma se está encargando de su administración.

Por último, una queja que llegó a la Personería indica que a la Alcaldía, en el contrato de arrendamiento, se le permitió usar una zona común del Centro Comercial, sin que exista para ello autorización de la Asamblea de Copropietarios del predio.

Por todo lo anterior, la Personería inició una indagación preliminar para determinar los funcionarios responsables de las presuntas irregularidades en el citado contrato de arrendamiento.

• Alertar los comités locales de emergencia.
• Poner en ejecución todos los planes de prevención de cada alcaldía local.
• Evaluar los posibles riesgos y plan de mitigación por la ola invernal en toda la ciudad.
• Tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tragedia.
• La Red Hospitalaria en alistamiento - Alerta Amarilla.

La Personería de Bogotá solicitó a todas las entidades distritales realizar una evaluación estricta de los posibles riesgos por la ola invernal y las zonas de alto riesgo, en cada una de las localidades de la ciudad y emprender acciones inmediatas para evitar graves afectaciones a los capitalinos.

El Organismo de Control pidió ejecutar los diferentes planes de contingencia y prevención en todas las zonas expuestas a inundación, como las cercanas a cuerpos de agua, canales y humedales. También revisar los sectores de viviendas en riesgo de deslizamiento para evacuar y salvaguardar la vida de numerosas familias.

El Ente de Control recordó al Distrito la importancia de tomar todas las medidas y acciones necesarias para evitar cualquier tragedia, así mismo, solicitó a la ciudadanía la colaboración con las autoridades. 

• Más de 230 habitantes de las veredas “La Unión” y “Nazareth”, recibieron asesorías y apoyo.
• Personería recibió 71 declaraciones de víctimas del conflicto armado.
• 70 funcionarios realizaron la jornada especial de atención.

Con la participación de más de 236 habitantes de las veredas “La Unión” y “Nazareth” en la localidad de Sumapaz, la Personería de Bogotá organizó y lideró la convocatoria para atender, brindar asesoría y orientación a víctimas del conflicto armado.

Durante tres días de jornada especial, 11, 12 y 15 de marzo, la Personería recibió 71 declaraciones de familias víctimas y brindó información sobre los procesos de asistencia, atención y reparación integral establecida por el Estado, bajo un entorno de confianza y respeto.

La Entidad convocó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, el IDPAC, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Sumapaz y la Secretaría de Integración Social.

La labor mancomunada de más de 70 funcionarios fue tan positiva durante los dos primeros días, que la Personería realizó una tercera jornada el miércoles 15 de marzo.

El objetivo previsto fue el de acercar parte de la institucionalidad que conforma el Sistema Distrital y Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a la población de esta localidad.

Esta es la única localidad exclusivamente rural que tiene Bogotá, además de ser la más extensa. En ella hay una sola vía de acceso y no existen facilidades para transporte de sus habitantes hacia el sector urbano, haciendo necesaria la presencia y compromiso del estado.

La evidente carencia de medios de comunicación idóneos produjo limitantes en el desplazamiento de las personas desde las veredas, teniendo que llegar al sitio de encuentro en bicicleta, a pie o en caballo, luego de haber hecho recorridos de más de 3 horas.

Sumado a lo anterior, en esta localidad, no ha sido permanente ni suficiente, la presencia de instituciones distritales y nacionales, lo cual representa una gran barrera de acceso a la información y a la oferta institucional para la garantía de sus derechos.

En el territorio hubo presencia durante muchos años de los frentes 51 y 53 de las FARC. Esta situación dejó secuelas y miedos que se manifestaron en el momento de expresarle a la Entidad sus declaraciones.

La Personería pretende, con este encuentro entre entidades y comunidad, fomentar una mayor cercanía con quienes en algún momento han sido vulnerados por la violencia, y de esta forma, fortalecer los lazos de confianza y credibilidad en las instituciones, accediendo a información completa y oficial.