La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar hace presencia en este momento en la Iglesia San Francisco, ante la toma realizada por cerca de 26 maestros, quienes se declararon en vigilia permanente por la educación pública.

Los maestros piden hablar con un alto jerarca de la iglesia colombiana y una comisión del Congreso de la República para que ayuden a mediar con el Gobierno Nacional en la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Funcionarios del Ministerio Público Distrital acompañan a los maestros desde anoche, cuando ingresaron al templo, velando porque se respete el lugar y los derechos de los manifestantes. 

La Personera Distrital, como garante de los derechos de los capitalinos, con su grupo para el acompañamiento en escenarios de posible vulneración de derechos (GAEPVD),  continuará como mediadora de la situación para buscar una solución a la toma el día de hoy, que garantice los derechos de las partes y de los feligreses que usan habitualmente el templo.

• El 77% de las trece Unidades de Servicio de Salud (USS) de nivel de atención II y III presentan sobreocupación.
• Hospitales Tunal, Bosa y Santa Clara con hacinamiento hasta del 300%.
• 23% de las USS no tienen concepto higiénico sanitario.
• Sólo hay 512 camas instaladas en las 4 Subredes para la atención de más de 7 millones de personas.
• No hay capacidad para responder a las necesidades actuales de la población.

 La Personería de Bogotá evidenció que el 77% de las Unidades de Servicio de Salud del Distrito (urgencias) de nivel de atención II y III, se encuentran en sobreocupación y el 23% no tienen concepto higiénico sanitario, pues fue aplazado por incumplimientos, de acuerdo al informe de la  última visita realizada a los hospitales de la red.

 El Ente de Control descubrió que Bosa y Tunal son los casos más graves de hacinamiento en el servicio de urgencias, con el 240% y 324% respectivamente. Le siguen en sobreocupación Santa Clara con 161%, Simón Bolívar con 153%, Meissen 128%, Kennedy 125% y Engativá 121%. Solamente Suba, Centro Oriente y Tunjuelito están por debajo del 100% de ocupación.

 También, se halló que de las trece Unidades, el 23% presentan concepto higienico sanitario aplazado. Se encontraron pacientes en corredores al lado del área de limpieza, lo que evidencia, en algunos casos, que no hay protocolos de desinfección en los servicios de urgencias. Además, las USS de Fontibón, Engativá y Tunjuelito presentaron faltantes de medicamentos e insumos médicos.

 En algunos casos el Ente de Control realizó dos visitas a los servicios de urgencias, como por ejemplo al Hospital de Kennedy, que desde la primera visita informada al centro hospitalario presentó hacinamiento en el servicio de urgencias de un 148% y un 125% en la segunda, realizada de manera sorpresiva. Además se encontró falta de personal y demoras en la atención.

 Además, no se respetan los tiempos de espera para la atención. El usuario no tiene conocimiento sobre la normatividad de estos tiempos en el servicio de urgencias, ni hay información clara al respecto en las unidades de urgencias. De esa forma, las personas pueden pasar hasta 24 horas esperando un exámen de laboratorio y hasta 20 días en una silla reclinable en urgencias, sin una atención definitiva.

No hay red de información

Se determinó que no hay continuidad en la atención a pacientes enviados a consulta externa u otros Hospitales, tampoco de los usuarios que deben volver al día siguiente para continuar con su valoración y tratamiento. Esto se presenta en todas las cuatro Subredes por que las EPS’s, no gestionan con la debida oportunidad e inmediatez las autorizaciones.

Se determinó que no se realiza la sistematización de historias clínicas, asignación y registro de triage, lo que dificulta el seguimiento de pacientes que han ingresado al servicio. No existe un sistema de información que disminuya las barreras de acceso. Los hospitales no están en capacidad para responder a las necesidades actuales de la población.

• Ocupación del hasta el 267, 3%.
• Personas en el piso, en cartones y en sillas, durante días sin atención digna.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, en una visita sorpresa a los hospitales Santa Clara, Kennedy y Jorge Piñeros Corpas, el día de ayer, encontró a pacientes en unas condiciones deplorables e infrahumanas, al punto que algunos esperaban atención tirados en el piso, en cartones, en sillas rimax y con heridas expuestas sin ninguna asepsia.

En Jorge Piñeros Corpas de Cafésalud se detectó un ocupación de 267,3%, en Santa Clara de 134% y en Kennedy 17 personas en sillas, sin que allí se pueda determinar la ocupación, porque los funcionarios del hospital dijeron no tener los datos sobre el tema.

Durante la visita Jorge Piñeros Corpas, un ciudadano, que estuvo durante cuatro días en una silla de plástico, murió esperando atención para un cáncer en el esófago. Mientras tanto, un niño con un diagnóstico de torción testicular esperaba infructuosamente que lo atendieran y en general había un gran número de personas con días y semanas esperando sobre cartones  en el piso, una atención digna.

En Kennedy, cerca de una docena de niños sin atención, llevaban varios días esperando remisión a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, muchos de ellos con cuadros clínicos muy complejos. Además, sin ninguna consideración con los menores, se realizan junto a ellos, unas obras de ampliación de infraestructura.

En Santa Clara, durante 20 minutos se le negó la entrada la Personería. Cuando se logró ingresar se evidenciaron muchas personas en sillas sin atención, que llevaban algunas horas, otros días y hasta semanas. Allí los tiempos de respuesta para exámenes son inciertos.

• Interesados pueden postularse hasta el 27 de junio.
• Se conformará con representantes de organizaciones sociales de 25 sectores.
• El comité investiga, analiza, denuncia, plantea soluciones y asesora víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

La Personería de Bogotá convocó a los representantes de las organizaciones sociales y no gubernamentales a postularse, presentando sus hojas de vida hasta el 27 de junio del presente año en el Ente de Control, para conformar el Comité Distrital de Derechos Humanos.

Los interesados podrán participar si llenan el formulario de postulación, adjuntan la hoja de vida, la certificación de la personería jurídica y copia del acta de la reunión en la cual se realizó la postulación por parte de la organización que representa.

Los documentos de los postulados deberán entregarse en la sede central de la Personería, Carrera 7 No. 21-24, en la ventanilla de Correspondencia, o en las Personerías Locales.

El 5 de julio, el Ministerio Público Distrital publicará a través de la página web: www.personeriabogota.gov.co, los representantes designados.

El Comité Distrital de Defensa, Protección, Promoción de los Derechos Humanos tiene el deber de analizar los principales problemas de derechos fundamentales en el Distrito y plantear políticas, realizar campañas de educación sobre el tema, apoyar a la Personera en la denuncia e investigación por violaciones a los derechos humanos y asesorar a las víctimas, entre otras.

El Comité es un organismo asesor de la Personera de Bogotá conformado por representantes de 25 sectores: dos de la jerarquía eclesiástica, dos de las demás iglesias reconocidas por el Estado, dos de la Federación Comunal, dos de las federaciones sindicales, dos de organizaciones de Derechos Humanos, dos de la mujer y dos de la juventud.

Además, de un representante del Alcalde Mayor, uno de comunidades indígenas, uno de directores de establecimientos educativos, uno de organizaciones gremiales de educadores, uno del sector deportivo, uno de pensionados, uno de Fiscalía General de la Nación, uno de establecimiento de salud del Distrito, uno de participación comunitaria, sector de la cultura, rectores de universidades, centro de investigación social, desplazados por la violencia, desaparecidos y los Comandantes de la Policía Metropolitana y la Institución Militar con jurisdicción distrital.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar rechaza y lamenta la agresión de la que fue víctima Otoniel Martínez Ramírez, servidor público de este Ente de Control, por parte de manifestantes de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, sede Tecnológica del Sur, ayer en la tarde.

Otoniel Martínez, quien pertenece al grupo para el acompañamiento en escenarios de posible vulneración de derechos de la Personería (GAEPVD), fue golpeado por un elemento contundente que rompió su cabeza y lo dejó inconsciente. Luego fue llevado de urgencias a una clínica de la ciudad, en la que se recupera satisfactoriamente.

Los estudiantes protestaban por la muerte de un compañero de la Universidad ocurrida hace justamente un año en una pedrea.

El grupo GAEPVD fue creado precisamente para velar por los derechos de los ciudadanos durante el ejercicio de la protesta pacífica. Por eso, la Personería repudia cualquier acto de violencia que deslegitime ese derecho e insta al respecto, la integridad y vida de nuestros funcionarios y los Gestores de Convivencia para que puedan continuar con su ejercicio de la garantía de derechos y la gestión del conflicto.

La Personera Distrital agradece la atención brindada por los Gestores de Convivencia, la Secretaría de Salud y la Policía Nacional a Otoniel Martínez, quien aún en el piso, seguía recibiendo piedras.

• El 2% de las declaraciones de víctimas que llegan a la Capital, corresponden a agresiones sexuales, entre enero de 2014 y febrero de 2017.
• La mayoría de afectadas no denuncian el delito, por el miedo de las víctimas a ser revictimizadas o razones culturales. Hay impunidad.
• Hoy es el día Nacional de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual.

 La Personería de Bogotá recibió 603 declaraciones de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, entre enero de 2014 y febrero de 2017, que representan cerca del 2% de las 37.000 declaraciones de víctimas cabeza de familia que llegaron al Distrito Capital.

Las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del uso de la violencia sexual en el conflicto, debido al miedo de las afectadas a ser revictimizadas o a razones culturales. El problema es más grave, teniendo en cuenta que la mayoría de afectados por el conflicto son mujeres y menores de edad.

Dentro las culturas indígenas, por ejemplo, revelar el abuso sexual implica dañar la imagen o la honra de una mujer, quien pierde la integridad, por eso, muchas mujeres que sufren estos hechos no lo declaran.

También en el marco del conflicto hay una especie de licencia para que se cometan estos abusos consecutivos, convirtiendo a la mujer en trofeos de guerra.

Ante esa realidad, la Personería para contribuir con la visibilización y combatir la impunidad de la violencia sexual, viene realizando acercamientos con las mujeres lideresas víctimas del conflicto y diferentes entidades nacionales y distritales, para establecer lazos de confianza en la institucionalidad e incentivar su denuncia.

Según la primera encuesta de prevalencia sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2001-2009 (Envise) en 407 municipios con presencia de actores armados, se estimó que cerca de medio millón de mujeres fueron víctimas directas de la violencia sexual.

• Muchos jardines distritales funcionan sin cumplir parámetros y estándares técnicos de educación inicial.
• Niños de 0 a 5 años se les debe garantizar sus derechos de manera prioritaria.

La Personería de Bogotá encontró déficit de 779 funcionarios en 359 jardines de la Secretaría de Integración Social (SDIS), que brindan atención a 32.948 niños, entre los 0 y 5 años.

El ente de control estableció que existe un faltante de 26 coordinadores, 63 auxiliares administrativos, 433 docentes y 257 auxiliares pedagógicos.

El Ministerio Público distrital detectó que pese a los problemas de contratación de personal, dichas instituciones educativas continúan en funcionamiento, sin cumplir con los parámetros establecidos en los lineamientos y estándares técnicos de educación inicial. 

Los 32.948 menores que están en los 359 Jardines, según las normas, son sujetos de especial protección, que se les deben garantizar el cumplimiento de sus derechos de manera prioritaria.

Por todo lo anterior, la Personería solicitó a la Subdirectora para la Infancia de la Secretaría de Integración de manera inmedita tomar las medidas necesarias para cubrir los 779 cargos y garantizar el funcionamiento adecuado de los jardines distritales, asegurando el cumplimiento de los derechos de los infantes beneficiarios.  

• Se le inició proceso verbal y fue citado a audiencia pública para que presente versión libre y descargos.
• Vicepresidente o Presidente ad hoc de la JAL deberá ejecutar suspensión preventiva.

La Personería de Bogotá suspendió de manera provisional del cargo, por tres meses, al edil de la Junta Administradora Local de Teusaquillo, Oscar Antonio Caro Suárez, por presunto maltrato físico al Secretario de la JAL.

Al mismo tiempo, al funcionario se le inició un proceso verbal, formuló cargos y citó a audiencia pública, el 23 de mayo 2017, para que rinda versión libre y descargos.

De acuerdo con la queja, el 21 de febrero de 2016, el Edil, al parecer, ejerció actos de violencia en contra del señor secretario de la Junta Administradora, Adolfredo Pinedo Cháves, consistentes en arrebatarle un documento, darle golpes en la cabeza y patadas, estando en las instalaciones de la JAL.

Con la conducta, el servidor público, presuntamente, vulneró el Código Disciplinario que prohíbe ejecutar actos de violencia contra los superiores, subalternos o compañeros de trabajo y demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos.

La medida preventiva busca evitar que la permanencia en el cargo pueda reiterar la conducta supuestamente irregular.

Suspensión

La Personería informó a la Presidencia de la Junta Administradora Local de Teusaquillo para que proceda de inmediato a dar aplicación a la orden de suspensión del servidor público, debiendo informar a la Personería sobre el cumplimiento de la medida.

Teniendo en cuenta que Caro Suárez, es el presidente de la JAL, el funcionario deberá declarase impedido y el Vicepresidente aplicar la medida, o si median otras circunstancias, la Junta en sesión, puede nombrar un presidente ad hoc para que aplique la medida.

• Se encontraron 31 contratos de asesorías técnicas y jurídicas con presuntas irregularidades.
• La Unidad contrató servicios que no estaban incluidos en el plan anual de adquisiciones.
• No realizó la publicación de toda la documentación de los procesos de contratación.
• Habría estudios previos que difieren de lo finalmente contratado.
• No hay claridad en el margen de remuneración a profesionales, unos reciben $17 millones mensuales,otros con calidades similares, $8 millones.
• Supervisores no verificaron cabalmente cumplimiento de contratos.

La Personería de Bogotá encontró que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) realizó contratos directos para asesorías, por cerca de $4.000 millones en 2016, al parecer, desconociendo las más elementales normas y principios rectores de la contratación estatal.

De acuerdo con el informe, la mayoría de los 31 contratos directos revisados, con un valor superior a los $90 millones, no estaban contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones (bienes, obras y servicios), es decir, no obedecen a una planeación o estudio previo que determinara la necesidad para la UAESP de contratar esos servicios.

En algunos contratos se observó que en los estudios previos de la etapa precontractual se exigían requisitos profesionales específicos de estudios y experiencia, pero fueron contratados, presuntamente, sin cumplir las exigencias establecidas por la propia Unidad Administrativa.

Por ejemplo, la UAESP estableció en unos estudios previos que necesitaba una persona jurídica con experiencia en la ejecución de más de 5 proyectos, en temas de servicios públicos. No obstante, la Unidad lo adjudicó a una empresa que ha acompañado estudios y diseños con asesoría técnica y legal, pero que no ha ejecutado ningún proyecto.

Se evidenció que la Unidad no publicó todos los documentos de los procesos contractuales celebrados bajo modalidad de contratación directa, a partir de los $90 millones. En otros casos, algunos estudios previos fueron publicados de manera extemporánea, situaciones que no permitieron a la comunidad tener acceso a toda la información de contratación, especialmente a la justificación de necesidad y pertinencia del gasto.

Todas estas situaciones representan, presuntamente, un incumplimiento de los  principios de transparencia, publicidad, responsabilidad y planeación en materia de contratación. Por lo anterior, la Personería inició una indagación preliminar para determinar los responsables de las presuntas irregularidades.

Honorarios

El organismo de control determinó que en el año 2015 la Unidad estableció una escala de honorarios, sin embargo, no fue renovada para el año 2016. Para 2017, al parecer, sin estudios del sector que determinen las necesidades técnicas de la Unidad, realizó contratos, al parecer, sin criterios específicos que justifiquen el pago de honorarios y sus montos.

Por ejemplo, un abogado con 10 años de experiencia lo contrataron por $17.4 millones mensuales, en otro contrato un abogado con más de 12 años de experiencia le pagan $15.7 millones. Mientras que a un ingeniero ambiental, civil o sanitario con posgrado (Maestría–Especialización) y 7 años de experiencia profesional, le pagaron sólo $8.3 millones y en otros casos $9.5 millones y a un periodista o comunicador social, con más de siete años de experiencia se le fijaron $11.6 millones.

Sin supervisión

Según el informe del Ministerio Público distrital, al parecer, en algunos casos el supervisor  asignado, delega sus funciones a otro funcionario sin dejar una resolución administrativa que así lo señale. En otros, los supervisores no documentan, soportan y dejan evidencias del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.