• Ante solicitud de la Personería, Alcaldía Local suspendió la obra.
• Constructora rompió los sellos. Los responsables fueron judicializados por fraude a resolución administrativa.
• Ministerio Público Distrital pidió a Superindustria y Comercio investigar posible publicidad engañosa y a la Fiscalía, presuntas conductas punibles.
• Se solicitó a la Secretaría de Hábitat que ejerza el control a la urbanización ilegal.

El proyecto de vivienda Balcones del Rincón, compuesto por apartamentos de 60 metros cuadrados en tres torres de 13 pisos cada una, ubicadas en la Calle 130C con Carrera 95A de Suba, se edifica y vende sin licencia de construcción, determinó la Personería de Bogotá.

Ante el hecho, el órgano de control solicitó a la Alcaldía Local suspender en forma inmediata la obra. Además, teniendo en cuenta la valla publicitaria y sala de ventas que se encuentra en el lugar y quejas de los vecinos del sector, pidió a la Secretaría de Hábitat controlar las actuaciones de la constructora DYH y proteger a los compradores que separaron apartamentos construidos sin los permisos de las autoridades.

La Personería solicitó así mismo a la Superintendencia de Industria y Comercio defender a las familias que adquirieron apartamentos, por posible publicidad engañosa.

El pasado viernes 20 de octubre, la Personería encontró que la Constructora rompió los sellos y continuó las obras y la venta de apartamentos. Ante la situación, solicitó a la Policía poner a disposición de la Fiscalía a los responsables por fraude a resolución administrativa para que sean judicializados.

Además, pidió al Comandante de Policía de Suba que continúe con el seguimiento al cumplimiento del sellamiento y a la Fiscalía General de la Nación investigue si los constructores incurrieron en conductas punibles, por la venta irregular de inmuebles.

Grietas

DYH solicitó la licencia de construcción el 5 de abril del presente año, a la Curaduría Urbana No. 3. Al mismo tiempo y pese a no tener el permiso legal, inició las obras de cimentación de Balcones del Rincón e instaló la sala de ventas.

Las casas de la urbanización Gloria Lara Etapa II, vecinas a la obra, empezaron a tener problemas. La primera carta de la comunidad a la alcaldía local, a mediados de mayo, denunció grietas y levantamiento de pisos en sus viviendas por la instalación de pilotes para las torres. Si bien la valla amarilla en el lugar mostraba la iniciación del trámite de la Licencia, no tenían autorización real para realizar esas obras.

La obra, al no contar con licencia de construcción, tampoco cuenta con Plan de Manejo de Tránsito para mitigar los problemas a los vecinos de la edificación.

La Personería cuestionó a la Constructora, además, por no haber realizado el acta de vecindad con los propietarios de las viviendas aledañas, antes de iniciar obras y la conminó a responder por los daños generados en los predios vecinos.

Licencia

La Personería indagó sobre el trámite de la licencia y encontró que la Curaduría Urbana No. 3, a comienzos de mayo y luego de una revisión jurídica, arquitectónica y estructural del proyecto, le solicitó a DYH hacer más de 50 correcciones de diversa índole a la solicitud de permiso. Para ello, dio un plazo de 30 días hábiles.

La Constructora pidió 15 días hábiles más y el 15 de julio se venció el plazo, pero, analizados los documentos, la Curaduría encontró que no subsanaron la totalidad de las observaciones, especialmente las arquitectónicas, y declaró desistida la solicitud de la licencia de construcción.

• El propósito era que, con la inversión asignada, 7.000 campesinos lograran comercializar directamente sus productos en Bogotá.
• El Distrito no presenta evidencia de beneficio para la ciudad. Según el hallazgo, sólo fue del 0,01%.
• Hubo un presunto detrimento patrimonial.

La Personería de Bogotá encontró que de los $12.486 millones destinados por el la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) para vincular a 7.000 campesinos a procesos de comercialización y producción de sus productos, no hay evidencia que se ayudó a uno sólo de ellos ni existe un beneficio real para la ciudad.

El objeto de la meta consistía en que más de 7.000 campesinos de la zona rural pudieran comercializar sus productos en las diferentes plazas de mercado de la ciudad, sin intermediarios, y que los insumos fueran vendidos a un precio cómodo, generando un beneficio para la ciudad y obviamente para los campesinos.

La inversión fue de $12.486 millones suscritos en 58 contratos, de los cuales 37 corresponden a prestación de servicios, 10 a convenios de asociación y 7 a interadministrativos.

La millonaria contratación de las universidades se hizo con el fin de generar capacitaciones en planes de negocio, empresarización y caracterización de la oferta. El resultado es una base de datos con cerca de 10.000 integrantes, de los cuales a la fecha no hay ninguno vinculado al programa de comercialización en la ciudad.

Evidencia

Durante la veeduría, la Secretaría de Desarrollo Económico generó un documento en el que asegura que la meta en la estrategia de empresarización rural y la consolidación de la oferta, se ejecutó en su totalidad.

Sin embargo, a la fecha no hay documentos que prueben la vinculación de la población rural, mediante el proceso de comercialización y/o planes de negocios en las plazas de mercado de la ciudad.

Se evidencia que, producto de la inversión del Distrito de $12.486 millones en la región central rural bogotana, se obtuvo un beneficio para los capitalinos de tan sólo 0,01%, cosa que demuestra el muy bajo nivel de impacto comparado con la inversión realizada, hecho que constituye presunto detrimento al patrimonio.

Según el informe, no se cumplió con el objetivo de la meta, por cuanto no hay evidencia de la vinculación de 7.000 productores campesinos a procesos de producción y comercialización sostenible. La SDE no demostró dicha vinculación bajo parámetros medibles y cuantificables.

La Secretaría, al parecer, tampoco realizó control y seguimiento, una vez finalizados las capacitaciones para garantizar el abastecimiento en el Distrito, mediante la consolidación de nuevos canales de comercialización.

La caracterización de la oferta no se encuentra articulada a ningún proceso de producción ni comercialización, que redunde en beneficio de los capitalinos, ya que el trabajo que contrató la SDE con las diferentes universidades y/o asociaciones, no arrojó resultado diferente al de una base de datos actualizada respecto a los productos que sembraban los campesinos en sus tierras.

Por todo lo anterior, la Personería envió copia del informe a la Contraloría Distrital para que investigue las irregularidades fiscales e inició una indagación preliminar para determinar los responsables de la ejecución de los recursos.

•   Se encontraron irregularidades en un contrato para producir un video.

La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos, en primera instancia, a María Eugenia Martínez Delgado, quien se desempeñó como Directora del Instituto de Patrimonio Cultural, y a la asesora jurídica de esa entidad, Patricia Vélez Fernández, por irregularidades en la celebración de un contrato para la realización de un video de televisión.

La investigación del organismo de control encontró que las exfuncionarias contrataron con la sociedad Ziggurat Records SAS, la realización de un video, pese a que esa firma no cumplía el requisito de estar constituida como persona jurídica mínimo tres años antes, como lo estableció el pliego de condiciones del Instituto, vulnerando de esta manera el principio de transparencia señalado en la Ley 80 de 1993.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personera de Bogotá, en segunda instancia.

• Alcaldía local ordenó el sellamiento, pero infractor no lo acató ni autoridad hizo seguimiento. La clínica se construyó y está funcionando.
• En la misma localidad se perdió un expediente por otro tema, sin que la Alcaldía haya realizado ninguna acción para reconstruirlo y determinar a responsables.
• Se encontraron otras irregularidades en más de una docena de querellas.

Cuatro casas fueron demolidas y una clínica fue edificada sin licencia de construcción, ante la pasividad de las autoridades de la localidad de Kennedy que no realizaron ninguna acción efectiva para evitarlo, por lo que la Personería de Bogotá inició una investigación disciplinaria para determinar a los responsables del hecho.

De acuerdo con el informe de investigación, el 19 de agosto de 2015 un patrullero de la Policía en la Calle 36A Sur con Carrera 77, detectó la demolición y construcción de la obra e impuso un comparendo a la Clínica Medical Proinfo para que se presentara en la Alcaldía Local con la licencia para construir.

Teniendo en cuenta la falta de permisos para edificar, la Alcaldía ordenó el sellamiento de la obra en septiembre del mismo año. Luego, dentro de la querella contra la Clínica, formuló cargos.

La orden de sellamiento no fue cumplida, los sellos fueron rotos por la Clínica y no hubo seguimiento, pese a las diferentes comunicaciones que presentó la Personería Local desde diciembre de 2015 para que la Alcaldía de Kennedy hiciera cumplir las normas.

En julio de 2016, durante una nueva vista de la Personería, se determinó la inexistencia de voluntad de la Administración local para enterar al infractor de la medida y la falta de notificación de algunas de las actuaciones del proceso al Ministerio Público distrital.

Se evidenció igualmente que la Alcaldía tampoco presentó de manera oportuna una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra los representantes de la Clínica, por presunto fraude a la resolución administrativa al seguir construyendo, pese a habérsele impuesto sellos a la obra.

En septiembre de 2016, en nueva revisión al expediente, se encontró que no tenía ningún impulso el proceso, mientras que la Clínica ya está completamente construida y en funcionamiento.

Se perdió expediente

En la misma Alcaldía local, un expediente que se lleva por el funcionamiento irregular de un establecimiento de comercio se extravió desde hace varios meses, sin que se haya iniciado aún su reconstrucción. En la querella se ordenaba sellar un bar.

El 26 de mayo la Personería encontró la situación y, luego de varias visitas en junio, julio y septiembre, no aparece el expediente y aún no se ha reconstruido el proceso.

Además, el órgano de control halló irregularidades en otras 12 querellas, la mayoría de las cuales ordena el sellamiento de establecimientos de comercio.

Ante las omisiones en el cumplimiento de sus funciones, la Personería inició una investigación para determinar a los responsables de las situaciones presentadas en la Alcaldía Local de Kennedy.

• Los ciudadanos pueden denunciar cualquier irregularidad a los funcionarios del Ministerio Público Distrital en las mesas de justicia ubicadas en los puestos de votación, o llamando a la línea 143.

Más de 400 funcionarios de la Personería de Bogotá, distribuidos en 257 puestos de votación, con 5.921 mesas de 19 localidades de la ciudad, vigilarán los comicios y velarán por la garantía del sufragio el próximo domingo, durante la jornada que decidirá la suerte del plebiscito convocado por el presidente de la República.

Durante la jornada, la Personería se encargará de asegurar la transparencia del proceso, prevenir delitos electorales y garantizar que los servidores públicos participen en la contienda electoral sin atentar contra la participación ciudadana. Además, orientará a quienes deseen formular denuncias, quejas o tengan alguna duda sobre el particular.

La Personería, en 19 localidades, verificará la asistencia de jurados, que el material electoral esté completo en cada mesa, que se cumplan los horarios, que el proceso de conteo sea transparente y que las actas finales se ajusten a lo contabilizado por los jurados.

Adicionalmente, los ciudadanos podrán denunciar cualquier irregularidad durante el proceso electoral, no sólo acudiendo a los funcionarios del Ministerio Público en las mesas de justicia ubicadas en los puestos de votación, como se dijo, sino llamando a la línea 143.

En los puestos de votación que no cuenten con el servicio de la Personería de Bogotá, habrá funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y/o de la Defensoría del Pueblo, ejerciendo conjuntamente labores de control y vigilancia a la jornada electoral.

• Casi 2 mil fueron víctimas de homicidio o masacre de algún familiar; 657, de desaparición forzada; 171 de violencia sexual y 554 fueron torturados.
• A grupos armados fueron vinculados 256 menores de edad, 470 fueron secuestrados y 144 fueron víctimas de minas antipersona.
• La mayoría de afectados por el conflicto son menores de edad.
• Guerrilla, paramilitares y bandas criminales, causantes de los hechos violentos.
• Este año ha disminuido el número de declaraciones de víctimas del conflicto armado.
• Afrocolombianos e indígenas, etnias más desplazadas.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, reveló que en los últimos 2 años y 8 meses, el ente de control recibió 33.488 declaraciones de víctimas que corresponden a 101.167 personas (con su grupo familiar) que llegaron a la ciudad huyendo de hechos violentos causados por los grupos armados.

En las declaraciones, 1.777 personas informaron ser víctimas del homicidio o masacre de uno o varios familiares; 675 de desaparición forzada de un allegado; 171 de delitos contra su integridad sexual y 554 de tortura.

Además, 1.296 explicaron que fueron blanco de atentados terroristas, combates u hostigamientos; 256 denunciaron la vinculación de menores de edad a grupos armados; 470, que padecieron secuestro; 144 declarantes dijeron haber sido víctimas de minas antipersona, 587 del despojo de tierras, 11.793 de amenazas y 68.929 de desplazamiento forzado. 

Según las declaraciones, la mayoría de personas víctimas, 44.130 en total, son menores de edad; les siguen los afectados entre 18 y 35 años, con 30.718; luego de 36 a 50 años, con 14.558, y finalmente los mayores de 50 años, con 11.761.

Las víctimas dijeron que las bandas criminales fueron, en 4.048 casos, los causantes del hecho violento; los paramilitares, en 7.055; la guerrilla en 20.188, y en 2.172 casos no saben o no responden.

Baja número de víctimas

En los últimos 4 años y 8 meses la Personería recibió en total 45.779 declaraciones de víctimas. En 2013, 12.291; en 2014, 15.508; en 2015, 12.732 y en los ocho meses que van de 2016, sólo 5.248. De sostenerse ese promedio, las declaraciones no pasarán de 8.000.

De acuerdo con las declaraciones, el número de víctimas por etnia, en los últimos 32 meses, fue de 5.538 afrocolombianos, 1.117 indígenas, 116 gitanos; 26.317 manifestaron no pertenecer a ningún grupo racial.

De las 33.488 personas que declararon en los últimos 32 meses, como cabezas de familia, 18.877 fueron mujeres, 14.547 hombres y 64 LGTBI.

Durante los 2 años y 8 meses llegaron a la ciudad, por departamento, 3.578 víctimas del Valle del Cauca, 3.135 de Cundinamarca, 2.519 de Córdoba, 2.016 de Antioquia, 2.035 de Nariño, 1.939 de Tolima, 1.376 de Caquetá, 1.266 de Chocó, 1.139 de Huila, 1.019 de Boyacá, 1.014 de Magdalena y la misma cantidad del Cauca.

• Al año se presentan cerca de 20 mil quejas en Comisarías de Familia por casos de violencia entre parejas, la mayoría contra mujeres.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, ordenó la primera agencia especial de su gestión para intervenir dentro de la investigación que cursa en la Fiscalía contra Camilo Sanclemente Vásquez, por lesiones contra su exnovia María Isabel Covaleda.

De acuerdo con la afectada, durante un evento en el Teatro Faenza el pasado viernes, el agresor le pidió a Covaleda reiniciar la relación que tenían pero ella se negó. Sanclemente, entonces, la golpeó en el rostro causándole lesiones en la nariz, tabique, ojos, labios y una herida de siete puntos, y la dejó inconsciente. Durante los trámites de la denuncia ante la Fiscalía, Sanclemente continuó insultando a la víctima pero fue dejado en libertad.

La vigilancia especial permite al agente del Ministerio Público, como representante de la sociedad, actuar dentro del proceso para darle impulso e intervenir buscando evitar impunidad en el caso.

En Bogotá, al año, se denuncian 27 mil casos de violencia intrafamiliar, en las comisarías de familia; cerca de 20 mil de ellas, tienen que ver con maltrato entre parejas, la mayoría contra mujeres.

Este año, la Personería ha intervenido en 8.328 procesos en las Comisarías por violencia intramiliar, ha realizado acompañamiento o revisión de 4.071 casos y ha brindado orientación y asesoría a 7.772 usuarios, que acudieron en busca de la ayuda del Ministerio Público Distrital.

• Más del 56% de víctimas, son mujeres.
• Personería analizó el papel de la mujer en un escenario de postconflicto, durante el conversatorio “En Bogotá las mujeres hablamos de paz”.
• La jornada tuvo lugar el 21 de septiembre en el Hotel Tequendama.

El 56,10% de las 45.730 personas que se declararon víctimas del conflicto armado en la Personería de Bogotá, en los últimos 41 meses, son mujeres; es decir, 25.656 esposas, hijas, hermanas, abuelas, tías, fueron afectadas por hechos violentos que las dejaron, viudas, cabeza de familia, entre otras secuelas de la guerra.

Esa fue una de las conclusiones que dejó el conversatorio “En Bogotá las mujeres hablamos de paz”, que tuvo lugar en el Salón Monserrat del Hotel Tequendama, el pasado miércoles 21 de septiembre.

Al evento asistieron cuatro expertas en el tema, algunas víctimas directas del conflicto, que hablaron de la mujer como parte fundamental en la construcción de un mejor país en el nuevo horizonte de paz.

De acuerdo con los registros de la Personería, el número de víctimas del conflicto que llegaron al Distrito Capital en los últimos 3 años y 7 meses, supera las 200 mil personas, teniendo en cuenta que cada una de las 45.730 declaraciones corresponde a un núcleo familiar, compuesto, en promedio, por cinco personas, la mayoría mujeres.

Los departamentos con mayor número de mujeres víctimas del conflicto armado que han presentado declaraciones en Bogotá son: Valle del Cauca con 3.821; Tolima, 3.143; Cundinamarca, 2.488; Antioquia, 1.602 y Nariño, 1.374.

Voceras de víctimas

Una de las conferencistas fue María Teresa Paredes, madre de familia, esposa del Mayor General Mendieta secuestrado por la guerrilla durante 11 años. Ella, como defensora de los derechos fundamentales de los policías, logró la expedición de las leyes 987 de 2005 y 1279 de 2009 para lograr el restablecimiento de derechos laborales de miembros de la fuerza pública. Paredes, estudiante de ingeniería agronómica y con estudios en Derechos Humanos y jurisdicción universal, intervino con la ponencia titulada “La paz verdadera”.

Martha Luz Amorocho de Ujueta, integrante de la Tercera Delegación de Víctimas de La Habana, madre de Alejandro, un joven de 20 años que murió en el atentado al Club El Nogal, y de Juan Carlos, de 22 años, quien permaneció en coma profundo durante 13 días, habló sobre “La esperanza de nuestro futuro en manos de la mujer”.

Expertas

Isabel Agatón Santander, jurista, poeta y escritora, promotora del proyecto de Ley Rosa Elvira Cely y autora de Justicia de Género: un asunto necesario, expuso sobre “La paz que reclaman las mujeres”.

Finalmente, Angélica Lozano, quien se ha caracterizado por su lucha contra la discriminación, el respeto de los derechos fundamentales y la diversidad, además de ser exconcejal, exalcaldesa local, abogada y actualmente Representante a la Cámara, participó con la ponencia titulada “Si quieres paz: Un nuevo horizonte para reducir la exclusión social”.

Durante los días jueves 22 y viernes 23 de septiembre de 2016, no se prestará atención jurídica ni habra recepción de declaraciones en la sede de la Carrera 8 No. 20 - 63.

Para tomar declaraciones, los interesados pueden acudir a las personerías locales.

• Preocupante tasa de homicidios de habitantes de la calle en Bogotá se mantiene y no se ha disparado gracias a las oportunas advertencias.
• “Tengo que prevenir, advertir a futuro. Evitar que nos rasguemos las vestiduras después de que ocurra una tragedia”, explicó.

Ante la problemática de habitante de la calle que vive actualmente la ciudad, la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, recordó que la Ley ordena a los servidores públicos denunciar todo acto delictivo que se pueda presentar.

"Tengo el deber de realizar las alertas tempranas. Prevenir, advertir a futuro. Evitar que nos rasguemos las vestiduras después de que ocurra una tragedia. No abrir investigaciones póstumas. Por eso la investigación la asumió la Unidad de Intervención Temprana de la Fiscalía General de la Nación", dijo.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, en Bogotá, en 2015, se presentaron en los primeros siete meses 38 homicidios de habitantes de la calle, en el presente año se registran 36 homicidios, en el mismo período.

“Las estadísticas no han aumento gracias a las oportunas alertas que hemos realizado. Las tasas de homicidios siempre deben bajar, si se mantienen o suben son un síntoma negativo de un grave problema social”, agregó.

Además, puntualizó: “Panfletos en árboles, ciudadanos vigilando parques y una exigua disminución del número de homicidios en habitantes de la calle durante los primeros siete meses de este año, muestran que es importante atender las alertas para evitar que se presenten casos de la denominada ‘limpieza social’ ”.