• Nadie les responde por el pago de sus cotizaciones en seguridad social.
• Hay más de 600 familias afectadas.
• Hay dudas hasta de quién es en este momento el empleador.
• Personero, Danilo Vega Arévalo pide a Mintrabajo y Superintendencia de Salud intervenir para dar solución al tema.

Representantes de más de 600 trabajadores de la EPS Saludcoop en liquidación y sus familias, denunciaron ante la Personería de Bogotá que no tienen ningún servicio de seguridad social, pese a que tienen contrato de trabajo a término indefinido desde el año 2000.

Según los empleados, no pueden acceder a servicios de salud y no hay aportes de su patrono para cubrir los riesgos laborales ni pensión. Lo más grave, dicen, es que nadie les responde por el pago de las cotizaciones en seguridad social desde octubre de 2015.

En la actualidad, ellos y sus familias tienen suspendidas sus afiliaciones y servicios de las EPS Cruz Blanca, Cafesalud y Famisanar, lo que ha hecho que se interrumpan los tratamientos a familiares enfermos y el seguimiento iniciado a los niños para garantizar sus controles de crecimiento y desarrollo.

Los trabajadores hoy no saben quién es el empleador. Manifiestan que firmaron un ‘otro sí’ al contrato de trabajo y que el empleador, registrado como Corporación Clínica Saludcoop Bogotá, fijó un horario de ocho horas diarias en la Clínica Policarpa. Sin embargo, las certificaciones laborales registran como razón social a IAC GPP SERV. Integrales Bogotá.

La Personería, como garante de los derechos fundamentales, envió solicitud a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP del Ministerio del Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Gerente de la EPS en liquidación, para que se verifique el caso y se dé pronta solución a la problemática.

• El Personero Distrital, Danilo Vega Arévalo, dijo que “En 2015, se revisaron más de 3,9 millones de metros cuadrados de licencias; es decir, el 70%, del total de las aprobadas para Bogotá, que equivalen a 5,7 millones de metros cuadrados.
• En la página web de la Personería puede, ahora, consultar el estado de trámite de su licencia, cuando el ente de control sea parte en el proceso.

Cualquier ciudadano que haya solicitado a la Personería de Bogotá la revisión de su Licencia de Urbanismo o Construcción, que tramita ante una Curaduría Urbana, ahora podrá consultar el estado de su petición en la página web del ente de control.

El ente de control creó el aplicativo “Ministerio Público, Curadurías Urbanas” como una herramienta sistematizada, que se convierte en un instrumento de planificación y control, que muestra la información de la revisión de las licencias, a través de una consulta ágil.

Dos ingenieros, cuatro arquitectos y tres abogados, conforman el equipo de la Personería que ejerce Ministerio Público a través de una revisión interdisciplinaria de las licencias de urbanismo y construcción.

Revisión metro a metro

Durante 2015, la Personería Distrital intervino y revisó el 70% de metros cuadrados nuevos licenciados para Bogotá (3,9 millones de m²), correspondientes a 316 licencias.

De las 316 licencias revisadas, se emitieron 673 observaciones: el 58% de ingeniería, el 33% arquitectónicas y el 9% jurídicas, lo cual pone en evidencia la importancia de la labor que se viene realizando.

Por eso, la nueva aplicación que entró en funcionamiento, permitirá a los ciudadanos estar atentos a la revisión legal y arquitectónica con una identificación de la norma aplicable y de los planos del proyecto arquitectónico. Además, una revisión que contempla la firma, inclusive, de los planos de elementos no estructurales, para evitar episodios lamentables como el del edificio Space de Medellín, por ejemplo.

El objetivo principal de esta aplicación es lograr mayor celeridad, eficiencia,acercamiento al sector, economía procesal, comunicación permanente, oportunidad y publicidad de las actuaciones.

La Personería realiza visitas semanales a cada Curaduría Urbana para facilitar los trámites ante la Administración y la comunidad.

En las tres casillas que aparecen en la aplicación de la Página, se puede visualizar:

Señor Ciudadano: Aquí se puede consultar el estado del proceso de las licencias en las cuales el Ministerio Público se ha hecho parte.

Señor Curador: Se recuerda tener a disposición del Ministerio Público todos los documentos que hacen parte integral del expediente del trámite de Licencia Urbanística.

Señor Funcionario: Se pide registrar la verificación que se realice sobre el cumplimiento de la normatividad.

La información contenida en este aplicativo corresponde al ejercicio del Ministerio Público de la Personería de Bogotá; sin embargo, en caso de requerir información referente a los actos administrativos que expiden las curadurías urbanas y la Secretaría Distrital de Planeación en el trámite de licencias urbanísticas, el interesado se debe dirigir a dichas entidades.

• El Personero, Danilo Vega Arévalo, pide al Inpec medidas inmediatas para evitar lesiones físicas irremediables o muertes en internos por falta de atención en salud.
• Detenidos de La Picota, La Modelo y El Buen Pastor están sin EPS.
• En el Distrito, el servicio que prestaba Caprecom aún no ha sido asignado realmente a nadie. Mientras tanto, Inpec contrató a Fiduprevisora, que escasamente atiende casos menores.
• Paciente con epilepsia y medio cuerpo paralizado, no tiene medicamentos, ni tratamiento ni atención desde hace más de dos años.

Pese a que Luis Enrique Charry Sáenz, de 53 años de edad, con detención domiciliaria, ganó tres tutelas, todas las autorizaciones de medicina y tratamiento de Caprecom para la atención integral de la epilepsia que padece y la rehabilitación de la parálisis parcial derecha de su cuerpo, no recibe ningún servicio de salud, primero porque su EPS oficial no tenía contrato o no pagaba a ninguna IPS y ahora, porque están liquidando a Caprecom.

La Personería de Bogotá determinó que, como Luis Enrique, hay 15.193 internos de las cárceles de La Picota (8.465), La Modelo (4.883) y El Buen Pastor (1.845) que se encuentran sin atención real de salud.

De acuerdo con las quejas de los familiares de los internos, el Inpec con Fiduprevisora, escasamente cubre algunos casos de atención primaria, pero para procedimientos quirúrgicos, exámenes, medicamentos, citas con especialistas y en general tratamientos, nadie responde.

En una visita a la Cárcel Modelo, la subdirección del penal informó que no existe suministro de medicamentos para los internos, no se han dado autorizaciones para procedimientos con especialistas, no hay cirugías programadas y la Previsora no ha enviado el personal completo para brindar la atención requerida.

Ante la situación, el Personero de Bogotá, Danilo Vega Arévalo, solicitó al Inpec que tome todas las medidas necesarias para que los internos tengan el servicio de salud y se eviten graves secuelas o muertes por falta de atención en salud. El ente de control a través de sus agentes de Ministerio Público desde hace varias semanas advirtió en cada uno de los centro de reclusión, la grave situación.

En teoría en Bogotá, la EPS Capital Salud asumiría la mayor parte de los internos; embargo, al parecer no se ha suscrito ningún convenio para que ésta brinde dicha atención.

Entre tanto, la familia de Luis Enrique Charry tiene que hacer todos los meses rifas para tratar de cubrir parte de los medicamentos que cuestan más de tres millones de pesos mensuales; un hermano suyo, en los últimos dos años, ha pagado de su bolsillo cerca de 45 millones de pesos, a costa de privar a sus hijos de la educación superior.

Luis Enrique convulsiona hasta ocho veces al día, mientras es cuidado por su sobrino de cinco años. Debido a sus convulsiones presenta golpes en todo su cuerpo, daños en su dentadura y pese a que tiene autorizaciones para reconstruirla, recibir los medicamentos y todo el tratamiento, no le entregan en materia de salud ni un vaso de agua.

Para completar, Luis Enrique ni siquiera puede articular palabras en forma normal y tiene que darle la comida en forma líquida, sin contar que no ha recibido la primera terapia para intentar revesar su estado de parálisis.

• 12,1% de los jóvenes de grados octavo a once, de un sólo colegio, reconocieron que ellos, o algún compañero, tienen problemas de drogadicción.
• “Hay planes de rehabilitación para los habitantes de calle, pero no existen programas reales para evitar que nuestros niños caigan en el consumo”, denunció el personero, Danilo Vega Arévalo. 
• Agregó que “por 10 ó 20 mil pesos, los delincuentes están reclutando a niños de 9, 10 u 11 años para que expendan droga”.

En un sólo colegio de la Ciudad, durante tres charlas de la Personería de Bogotá sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, dirigida a 576 jóvenes de grados octavo, noveno, décimo y undécimo, 70 estudiantes, de manera espontánea, indicaron que ellos, o algún compañero, tenían graves problemas de consumo.

Durante las exposiciones, 22 jóvenes, a través de papelitos redactados por ellos mismos, pidieron ayuda inmediata para salir de su problema de consumo, y 48 más informaron de la situación que aqueja a algunos de sus compañeros.

Este es el panorama que encontró la Personería durante el año 2015 en 120 colegios públicos y privados que visitó con su programa Construcción de Ciudadano, en los cuales llevó siempre el testimonio de dos personas que padecieron la adicción a la droga y al alcohol y que vivieron en los andenes, sumidos en la indigencia, y resurgieron de ese infierno para advertir a los jóvenes sobre el peligro que las adicciones representan.

En sólo ese colegio del norte de la Ciudad, en un sector de estrato alto, 57 jóvenes más escribieron que habían pensado en probar alguna sustancia, pero que luego de la charla nunca lo harán. Entre tanto, 325 estudiantes manifestaron que este tipo de charlas son imprescindibles y 10 de ellos agregaron que felicitan a los expositores por su claridad.

No hay planes serios de prevención

Ante la situación, el personero Distrital, Danilo Vega Arévalo, dijo que faltan políticas, planes y programas serios en materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en las escuelas y colegios de la Capital.

Agregó que “por 10 ó 20 mil pesos, los delincuentes están reclutando a niños de 9, 10 u 11 años para que expendan droga y, luego de involucrarlos en sus redes de microtráfico, les pagan con sustancias psicoactivas”.

Vega Arévalo dio las declaraciones durante la posesión de más de 1.000 personeros estudiantiles, en la que los invitó a promover el lema: “NO, también es una respuesta”, frente a quienes les piden que prueben o incursionen en el mundo de las drogas.

Concluyó que “las autoridades aplican planes de rehabilitación para los habitantes de calle, en su mayoría consumidores de droga, pero no existen programas reales para evitar que nuestros niños y jóvenes caigan en el consumo”. 

• Militares pidieron a Personería acompañar el proceso.

Con el propósito de evitar incorporaciones irregulares de jóvenes a la prestación del servicio militar, la Personería de Bogotá y la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional acordaron realizar acompañamiento al proceso de definición del servicio militar obligatorio.

Por invitación del Ejército Nacional, el ente de control asistirá a algunos procesos de incorporación en la ciudad y seguirá atendiendo las quejas o inquietudes de las personas que consideren que hubo irregularidades durante el proceso.

El Ejército informó que desde diciembre de 2015 ajustaron sus procedimientos para acatar la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe compeler a quien han sido citados formalmente a definir su situación militar (batidas).

Indicó que ahora todo joven mayor de 17 años debe inscribirse en la página de Internet de la institución para luego ser citado y definir su situación militar. El no asistir a dicha citación implica quedar como remiso y podrá ser incorporado. Entre tanto, quien no se inscriba podrá ser requerido para que cumpla con el registro y luego ser citado para los trámites pertinentes de incorporación o entrega de la Libreta Militar. En los dos casos, la no inscripción o incumplimiento de la citación, implican el pago de multas obligatorias sucesivas.

Actualmente hay dos proyectos de Ley para ajustar la normatividad sobre el tema, estableciendo incentivos como bonificaciones, estudio y otros para la prestación del servicio, especialmente de cara al posconflicto.

• Hay casos de usuarios con graves enfermedades sin respuesta desde hace más de tres meses.
• A pesar de la intervención de Supersalud no mejora el servicio a afiliados.

Cerca de 500 casos sin resolver, por deficiente atención a usuarios con graves padecimientos de la EPS Cafesalud y Cruz Blanca, algunos sin respuesta desde hace varios meses, encontró la Personería de Bogotá, pese a la intervención de la Superintendencia de Salud.

De acuerdo con las visitas del Ente de Control a las instalaciones de las dos EPS, se determinó que en muchos casos no están cumpliendo con las normas mínimas de atención al usuario, lo que deteriora la salud y calidad de vida de los pacientes y aumenta la falta de credibilidad de los proveedores y usuarios.

De Cafesalud, a la fecha hay 380 casos que llegaron a la Personería por falta de citas con especialistas, procedimientos, medicamentos, tratamientos, exámenes, prótesis, entre otros, que desde hace cerca de un mes no tienen una solución efectiva o algunos ni siquiera tienen respuesta.

En el caso de Cruz Blanca, hay 119 quejas por deficiente atención, con una mora en la respuesta efectiva que supera los tres meses.

En especialidades como ortopedia, oftalmología, oncología, entrega de medicamentos de alto costo, falta de equipos  y en general citas con diferentes especialistas están en veremos por no tener suficientes convenios con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para atender a los usuarios. Además, se evidenciaron protuberantes deficiencias en equipos médicos, problemas con proveedores, entre otras fallas. Al parecer, no es fácil que IPS u otras empresas contraten con las dos EPS por falta de pago oportuno de sus obligaciones.

• El menor diagnosticado con cáncer de nariz, lleva ocho meses esperando a que le extraigan un tumor, pero por la negligencia entre su EPS por un convenio, no ha sido posible.
• La enfermedad avanza rápidamente provocándole pérdida de la visión.
• El fallo de la tutela del 21 de octubre de 2015, aún no ha sido acatado.

Con tan sólo 9 años de edad, el menor Julián Esteban Callejas está a punto de perder la visión, e incluso la vida, todo por causa de un tumor maligno en la nariz descubierto hace un año y la falta de atención de su EPS Cruz Blanca, pese a una acción de tutela elaborada por la Personería de Bogotá y fallada a favor del paciente.

Su madre, la señora María Zuleny Ruíz Cortés, explica que la tutela que salió en su favor el 21 de octubre fue desacatada. Entre tanto, el tumor sigue creciendo y el niño empeora.

El organismo de control  encontró que Julián Esteban no ha recibido respuesta desde el 9 de febrero hasta la fecha por parte de Cruz Blanca, para que le sea realizado el examen que requiere y, así ser intervenido quirúrgicamente, y poderle extraer el tumor en su nariz llamado nasoangiofibroma juvenil.

El tumor, en la nariz de Julián Esteban, fue descubierto solo hasta después de un año de seguimiento  y presentaba constante sangrado también por la boca y su ojo derecho. La señora María logró, luego de un mes, que la EPS Cruz Blanca lo remitiera, en julio de 2015, al Hospital San José en el que lo intervinieron. Infortunadamente solo se logró extraer el tumor en un 70%, ya que el restante 30% tuvieron que dejarlo en espera para ser retirado, debido a un sangrado que se presentó en medio del procedimiento.

Cruz Blanca sin convenios

La culminación de la cirugía debía ser realizada en un mes máximo, por lo que le pidieron a su madre hacer la diligencia de los papeles y órdenes requeridas para la autorización de la segunda cirugía. No obstante, Cruz Blanca no autorizó la segunda parte de la intervención con el Hospital San José, asegurando que ya no tenía convenio con éste. Pasados dos meses, Julián Estebán y su madre fueron remitidos a otros hospitales en los que tampoco tenían convenio.

La EPS, sabiendo del fallo de tutela, aún se niega a cumplir lo solicitado. En esta espera han transcurrido más de cuatro meses. Así las cosas, a Julián le fue concedida una autorización para una cita médica por otorrinolaringología en el Hospital La Misericordia, pero no logró asistir, puesto que para la primera semana de febrero, el niño se agravó aún más, perdiendo, en ese momento, la totalidad de su visión. Ante estos hechos, la reacción sí fue rápida, hospitalizándolo en este último centro médico en el que solicitaron fuese intervenido de inmediato.

Los médicos de La Misericordia solicitaron un examen llamado Embolización, necesario para poder realizar la cirugía, sin embargo ellos no lo practicaban. La orden se envió a Cruz Blanca

desde el pasado nueve de febrero de este año y, hasta el presente, la EPS no ha dado respuesta para realizar el examen en otro centro de salud y así proceder a la cirugía.

Debido a la demora de Cruz Blanca para autorizar los procedimientos, el Hospital de La Misericordia, consciente del riesgo de crecimiento del tumor, pérdida de la visión y el inminente peligro que corría la vida de Julián Esteban,  intentó mandarlo a su casa sin realizarle la cirugía; pero, por una carta de su señora madre, responsabilizándolos de la vida del niño, se retractaron.

La Personería pide celeridad en el proceso para la realización de la cirugía del menor de edad que requiere ser atendido con urgencia y así poner a salvo su salud y su propia vida.

La Personería de Bogotá informa que no ha retirado del cargo al Personero Auxiliar, Danilo Vega Arévalo.

Sin entrar a calificar la versión, el ente de control la rechaza enfáticamente e indica que el alto servidor público permanece y permanecerá en el cargo hasta finalizar el período del actual Personero de Bogotá, Ricardo María Cañón Prieto.

• El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, planteó su tesis ¿Se puede hablar de estupidez en la hipermodernidad?
• El personero distrital, Ricardo María Cañón, hizó una reflexión sobre lo estúpido de abandonar el pensamiento como herramienta e instrumento fundamental de lo humano.
• Sobre “La estupidez que mantiene y promueve un mal periodismo”, habló la directora del portal La Silla Vacía, Juanita León.
• “El elogio de la estupidez: la biografía de la humanidad a través de sus momentos más estúpidos”, fue la disertación del escritor y columnista William Ospina.

Organizado por la Personería de Bogotá y la Universidad Externado de Colombia, el jueves 18 de febrero, de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, se llevó a cabo, en el Auditorio Principal Bloque G del alma máter, el segundo Foro“La estupidez, una reflexión urgente: Diálogo”, al que asistió el personero, Ricardo María Cañón Prieto, el escritor, filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, los escritores William Ospina y Juan Esteban Constaín, y la directora de La Silla Vacía, Juanita León, entre otros.

El Foro, que contó con el apoyo de la Universidad Nacional, la Universidad de Los Andes y la Universidad Javeriana, la instalación estuvó a cargo de  Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, que explicó por qué es urgente reflexionar, desde la academia, sobre la estupidez, mientras que el Personero Distrital hizó una reflexión sobre lo estúpido de abandonar el pensamiento como herramienta e instrumento fundamental de lo humano.

Gilles Lipovetsky, filósofo francés que aborda un mundo sin ideología ni religión, gobernado por el hedonismo y la ligereza, donde el individuo es el rey, es profesor y consultor de la asociación Progrès du Management, con doctorado Honoris Causa de seis universidades en diferentes países. El llamado padre del Posmodernismo habló en torno a su propia tesis: ¿Se puede hablar de estupidez en la hipermodernidad?

Constaín, Ospina y Juanita León

De otro lado, "El elogio de la estupidez: la biografía de la humanidad a través de sus momentos más estúpidos", fue la charla que ofreció Juan Esteban Constaín, escritor, traductor, historiador del Melton College, magíster en enseñanza de la Historia de la Università Ca' Foscari di Venezia y columnista de El Tiempo.

“La estupidez que mantiene y promueve un mal periodismo”, a cargo de la directora del portal La Silla Vacía, Juanita León, atrajo la atención, mientras que el editor de El Espectador, Jorge Cardona Alzate, aclamado en el anterior foro, retomó su exposición  sobre la estupidez con la charla “La estupidez en el día a día de la historia reciente de Colombia”.

El escritor, abogado y profesor de la Universidad Externado Gustavo Wilches Chaux, experto en Derecho ambiental, Desarrollo sostenible y Manejo de desastres de la Universidad de Oxford, trató el tema “Antídotos contra la estupidez: las estrategias están en la naturaleza”.

“El arte de novelar la estupidez en la sociedad colombiana”, a cargo del autor de “Ursúa” y “El país de la canela”, William Ospina, fue otro de los atractivos.

El médico coordinador de la Maestría de Fisiología de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional, Miguel Eduardo Martínez Sánchez, experto en Neurociencia, expuso: “La estupidez y la neurociencia, un diálogo necesario”.

“El maltrato de género, otro fracaso de la inteligencia”, a cargo de Víctor Gaviria, director de cine de cintas como “La vendedora de rosas”, también hizo parte de la programación.

Francisco Barbosa, columnista de El Tiempo, analista del Proceso de Paz y doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes, además de ser miembro de las Academias Colombiana de Jurisprudencia y de Historia, hizo unas reflexiones finales.

Con este segundo foro se buscó un diálogo permanente y abierto de reflexión sobre la estupidez, no sólo la ajena, sino también la propia. Además, es una invitación para que cada uno se pregunte sobre su participación activa o pasiva en actos como la guerra, la violencia intrafamiliar, el maltrato a mujeres y niños y la adicción a las drogas, entre otros. Este evento es un desarrollo del direccionamiento estratégico de Construcción de Ciudadano, en la tarea de la  transformación colectiva promovida por la Personería de Bogotá.

• Violaron los principios de transparencia en la celebración de contratos, utilizando la figura del convenio.
• Gracias a la acción de la Personería, descendió sustancialmente la suscripción de convenios para eludir la convocatoria pública durante la pasada administración.
• De 661 convenios firmados por el Distrito entre 2013 y 2014, se pasó a 117 en 2015.
• Hay 200 procesos disciplinarios en curso por este tema.

Por violar los principios de transparencia y selección objetiva que regula la Ley de Contratación Estatal, la Personería de Bogotá sancionó, en primera instancia, con destitución e inhabilidad por el término de 12 años a las alcaldesas locales de Fontibón, Betty María Afanador García, y de Suba, Marisol Perilla.

La mandataria de Fontibón suscribió, de un lado, un contrato por $1.650 millones con la Fundación Senarcol (Senderos de Armonía Colombiana), para el suministro de alimentos a las 1.830 personas beneficiarias de los 5 comedores comunitarios de la localidad. De otro lado, firmó otro contrato con la Fundación Chinos y Colombianos Unidos para Nutrir, por valor de $1.440 millones aproximadamente, con el mismo objeto que el anterior.

La Personería halló que las obligaciones pactadas corresponden a un contrato de suministro de alimentos y no a uno de “apoyo de actividades de interés público” como se denominó, a lo cual se agrega el hecho de haberse suscrito los mismos de manera directa con las fundaciones, eludiendo las reglas de selección consagradas en la Ley 1150 de 2007.

Suba

La alcaldesa local de Suba suscribió un contrato con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) por la modalidad de convenio de asociación para la realización de eventos deportivos en la localidad, que incluían la adquisición de insumos como refrigerios, sonido, tarimas, transporte, hidratación y baños; adicionalmente, la contratación de estrellas deportivas para que tomaran parte en el desarrollo y cierre de eventos, por unos $880 millones, y, como si esto fuera poco, el reconocimiento de gastos administrativos al contratista, por $40 millones.

La Personería encontró que dicho convenio fue suscrito sin tenerse en cuenta las reglas generales de contratación previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, y concluyó que se vulneró el principio de transparencia. Las dos funcionarias pueden apelar la decisión de primera instancia.

Bajan convenios

De la revisión hecha por el ente de control a un total de 1.669 contratos, se determinó que durante los años 2013 y 2014 se celebraron 611 convenios en los que el Distrito contrató con diferentes objetos, sin acudir a los procesos de convocatoria pública regulados por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Esta forma de contratación ha sido objeto de especial vigilancia por parte de la Personería, quien, además, adelanta casi 200 procesos disciplinarios relacionados con el tema, entre los cuales ya se han proferido sanciones contra los funcionarios que firmaron los contratos, que fueron destituidos e inhabilitados por más de 10 años.

Tras adelantar esa labor de seguimiento y sanción, este ente de control halló que durante el año 2015 el número de convenios celebrados por la pasada administración se redujo a 117, que, a la fecha, también se encuentran bajo la ‘lupa’ de la Personería.