La Personería de Bogotá, junto con la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y la Veeduría Distrital, tienen el gusto de invitar a la sociedad capitalina a la actividad de carácter cultural que se realizará hoy 9 de septiembre para conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos.

Al evento, que se realizará en el Park Way, entre Calles 35 y 42 de 2:00 a 6:00 p.m., asistirán servidores públicos, representantes de organizaciones sociales y personas que han sido víctimas de maltrato, violencia o vulneración de sus derechos (mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, miembros de la comunidad LGTBI, universidades y etnias).

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

¡Los esperamos!

• Siete meses después de suscribir el contrato, firmaron el acta de inicio. La causa de la demora: no tenían interventor.
• El contrato, pactado por un año, duró 30 meses, por $6.900 millones, tuvo 6 prórrogas y una suspensión.
• La Alcaldía pagó por unas actividades preliminares que no se entregaron en el plazo establecido.
• La interventoría costó $268 millones más de lo previsto y algunas obras establecidas no se hicieron.

Un auténtico ‘alud’ de irregularidades encontró la Personería de Bogotá en un contrato suscrito por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y el Consorcio Obras de Mitigación, en febrero de 2013, por cerca de $6.900 millones para construir obras de estabilización en laderas de siete barrios de esa localidad.

Según un informe del órgano de control (los problemas empezaron desde el proceso de licitación y aún no terminan) se presentaron seis (6) prórrogas y una (1) suspensión del contrato, sobrecostos en la interventoría y obras que se hicieron diferentes a los diseños contratados o no se hicieron. Incluso hoy, 31 meses después, el contrato está pendiente de liquidación.

Ante las irregularidades, la Personería iniciará una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Alcaldía Local, incluida la mandataria Diana Mabel Montoya Reina y envió copia del informe a la Contraloría Distrital, por un presunto detrimento patrimonial.

Licitación

El Consejo de Estado, en sentencia de acción popular de enero de 2011, ordenó al Distrito realizar las obras necesarias para proteger la seguridad y vida de la comunidad de Rafael Uribe Uribe, amenazada por el riesgo de un deslizamiento.

La Alcaldía Local, el 30 de noviembre de 2012, publicó el proyecto del pliego de condiciones y el 24 de diciembre abrió la licitación.

En el desarrollo de las actividades propias del proceso contractual se verificaron las siguientes irregularidades.

1. El contrato se suscribió el 6 de febrero de 2013 y sólo hasta el 23 de julio del mismo año, se firma el contrato de interventoría (requisito de orden legal para dar inicio al contrato) lo que generó el primer retraso en las obras.
2. Las seis (6) prórrogas de los contratos no son justificadas; por ejemplo, prorrogar el contrato de obra por seis meses y luego por cuatro, por el replanteo de los diseños o por permisos ambientales, no dan cuenta de un estudio detallado acerca del tiempo real de extensión del contrato. En la prórroga del 10 julio de 2015 se evidencia una falta de claridad en el tiempo real de ejecución, cuando se aduce que es por situaciones administrativas, sin identificar cual es la razón real.
3. La suspensión de obra no está argumentada en las situaciones legales establecidas en la Ley 80 de 1993, fuerza mayor o caso fortuito, sino en las mismas razones y escusas expuestas en la tercera prórroga.
4. De las conclusiones del informe se evidencia que realizaron modificaciones del diseño original sin estudios o documentos técnicos que soportaran dicha necesidad.
5. Se vulneró el principio de planeación con el retraso y aplazamiento del contrato, que es evidente al revisar el plazo final, muy distante del originalmente propuesto desde los pliegos de condiciones.
6. De los siete sectores a intervenir, en el denominado El Rosal no se realizó ninguna obra.

La Personería Local de Fontibón se permite informar que:

1. No está solicitando vigilantes para capacitación o proveer empleos en su sede de la Carrera 100 No. 22J-28, como lo está publicitando la firma Ecolvip Ltda. a través de avisos fijados en muchos postes de la localidad.
2. Solicitó a la Secretaría de Ambiente que investigue a Ecolvip Ltda., por presunta contaminación visual y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad que indague los permisos de esta firma para ejercer tal actividad.

La Personería de Bogotá, junto con la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y la Veeduría Distrital, tienen el gusto de invitar a la sociedad capitalina a la actividad de carácter cultural que se realizará el próximo viernes 9 de septiembre para conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos.

Al evento, que se realizará en el Park Way, entre Calles 35 y 42 de 2:00 a 6:00 p.m., asistirán servidores públicos, representantes de organizaciones sociales y personas que han sido víctimas de maltrato, violencia o vulneración de sus derechos (mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, miembros de la comunidad LGTBI, universidades y etnias).

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

¡Los esperamos!

· Personería inició indagación preliminar.
· Además, el servicio de educación a niños y personas en condición de discapacidad se encuentra restringido. 
· De otra parte, habitantes afirman que el Hospital de Nazareth está siendo desmantelado.

Pese a las advertencias de la Personería de Bogotá al Distrito con relación al riesgo de colapso de la casa que sirve de vivienda para 12 profesores del Colegio Jaime Garzón, en Nazareth, en la localidad de Sumapaz, la edificación se desplomó sin que se realizara ninguna obra para evitarlo.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger) había informado desde 2012 a la Secretaría de Educación y a la Alcaldía Local del hecho, sin embargo no se llevó a cabo ninguna acción concreta para evitar el colapso de la casa.

De acuerdo con la comunidad, por fortuna no ocurrió una tragedia mayor, pues el primer sector de la vivienda que se cayó es el de la cocina, pero la advertencia de no habitar el predio, realizada desde 2014, tendrá que ser acatada esta vez de inmediato.

El 18 de agosto pasado la Personería envió a la Secretaría de Educación la última advertencia y cuatro días después, en la primera visita de un titular del Ministerio Público Distrital a Sumapaz, la personera Carmen Teresa Castañeda Villamizar verificó la situación, escuchó a la comunidad y pidió una intervención urgente.

La vivienda queda a menos de un kilómetro del colegio, lo que facilita a los educadores cumplir con su deber. Para dictar clases en los establecimientos educativos de la localidad es indispensable que los educadores vivan allí, pues su traslado diario implicaría recorridos de hasta cuatro horas para llegar al colegio, el mismo tiempo que se requiere para salir de allí.

Más problemas

La comunidad educativa del colegio Jaime Garzón denunció, además, que la Secretaría de Educación les ordenó no atender a los menores de tres años, pese a que la institución tiene la capacidad física y humana para hacerlo. Según la queja, los niños serán atendidos por la Secretaría de Integración Social sólo en uno o dos días de la semana.

Mientras tanto, cerca de 30 alumnos, con alguna deficiencia cognitiva (dos de ellos con serios problemas auditivos) únicamente tienen una profesora intérprete, pero ningún programa especial para las personas en condición de discapacidad.

También los alumnos del colegio Jaime Garzón han tenido que pasar varios meses sin recibir almuerzo (alimentos calientes), al punto que tuvieron que recortar la jornada estudiantil, denunciaron los padres de familia.

Salud

En el tema de salud, Santiago Pacheco, corregidor de la vereda Nazaret, denunció que la comunidad está preocupada porque el único hospital rural está siendo desmantelado y sus servicios recortados paulatinamente. Él explicó que el Distrito unió los hospitales del sector en un solo, sin tener en cuenta que con la medida suprime el único rural.

Indicó que recogían a los usuarios en las veredas en camionetas y los llevaban al Hospital para que fueran atendidos, pero desde hace un mes se acabó el servicio. Hay semanas en que no hay médico en veredas tan lejanas como San José o el corregimiento de San Juan que queda llegando al departamento del Meta. Desde allí se requieren tres o cuatro horas en vehículo para llegar a recibir una atención que el hospital rural no puede brindar.

“Precisamente en Nazaret había una unidad de odontología y la sacaron con la disculpa de que iban a traer una nueva, pero nunca la regresaron”, agregó el Corregidor. Ahora les toca con una unidad portátil que no es la adecuada para un buen servicio. También en el sector de Nazaret existe un centro siquiátrico, Ecoterápia, con cien pacientes a los que les recortaron la ración alimenticia.

Entre tanto, los profesores se quejaron de no ser atendidos en Nazaret por falta de un convenio entre el Distrito y la EPS de los educadores. El problema es grave, pues un docente tiene que tomarse tres días para que lo atiendan en una cita médica. Un día para viajar a la zona urbana, en el siguiente lo atienten (si tiene suerte) y al tercero para regresar a Sumapaz. Con la situación los más perjudicados son los alumnos que pierden hasta una semana de clase.

• “La Personería no hace operativos: los acompaña”, afirma Personera.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, dijo que la Fiscalía General de la Nación inició una averiguación de oficio para determinar si hubo o no suministro de alimentos contaminados o envenenados a habitantes de la calle.

“Estamos enviando una voz de alerta para que se tomen las medidas necesarias y no se haga justicia por mano propia. Se requiere un trato digno. Pero también, sí existen desmanes de los habitantes de calle, que sean puestos en conocimientos de las autoridades competentes para que los judicialicen”, dijo la Personera.

También pidió a los capitalinos que no les suministren comida, dinero u otras ayudas. “Canalícenlas con el Distrito; para eso las autoridades tienen una serie de ofertas sociales para ellos”, puntualizó.

Indicó, de otro lado, que hay sospecha de que dos habitantes de la calle que han participado en las mesas de trabajo como representantes de esa población, podrían ser sayayines. “Esperamos que las autoridades investiguen y determinen con precisión si esa información es veraz o no”, aseguró.

Explicó la jefe del Ministerio Público distrital que la Personería no realiza operativos y que se limita sólo a hacer acompañamiento a los mismos para garantizar que se respeten los derechos de los todos los ciudadanos, incluidos obviamente los habitantes de la calle y las autoridades.

• “No podemos darnos el lujo de tener una generación perdida por las drogas”, afirma Carmen Teresa Castañeda Villamizar
• El Distrito necesita construir una verdadera política de prevención desde la escuela y en conjunto con la familia.
• Para los habitantes de calle “la solución no es llevarlos a guetos”.
• En el país, Bogotá es la pionera en establecer una política integral de rehabilitación, inclusión y restablecimiento de derechos del habitante de calle.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, expresó que no está de acuerdo con las propuestas de campamentos humanitarios para habitantes de calle u otras iniciativas discriminatorias, porque van en contravía de un Estado que respeta la libertad, la dignidad humana y la libre determinación.

“No se pueden imponer modelos de perfección y forzar por encima del consentimiento, tal como lo establece la sentencia de tutela 043 de 2015 de la Corte Constitucional. Lo que sí se debe construir es una política de prevención desde la escuela. No puede ser que a los 8 años tengamos casos de consumo de sustancias sicoactivas y estemos ad portas de crear  una generación perdida”, alertó.

Por el contrario, “lo que hay que pedirle al Distrito es que adopte de forma urgente una cátedra para prevenir el consumo de droga, desde temprana edad. Una fórmula que involucre a la familia con Escuelas de Padres en los establecimientos oficiales. La educación es fundamental”.

La Personera añadió que frente a los habitantes de calle se deben tomar acciones positivas que rescaten de manera especial, integral e incluyente a quienes tienen unas condiciones de vulnerabilidad. “Dejar el discurso y materializar acciones concretas para atender a los habitantes de calle. Un Estado social como el nuestro, pluralista y de derecho no aísla, ni discrimina ni estigmatiza. Por el contrario, incluye, integra, apoya y atiende ”, dijo.

Distrito pionero

Bogotá fue la primera ciudad del país en implementar una política pública Distrital para los habitantes de calle que rehabilita, incluye y reincorpora a la sociedad a esta población.

El diseño institucional del Distrito y sus acciones concretas, en materia social, están acorde con las reglas y principios de la Ley 1641 de 2013, que ordena la implementación de una política pública para el habitante de calle.

“No puede haber una coerción sin consentimiento libre e informado, por altruista que parezca la iniciativa. Sin embargo, eso no significa que la sociedad, el Estado y la familia no tengan un deber solidario para intervenir y proteger los derechos de personas en manifiesta vulnerabilidad”, aclaró.

El Estado debe entrar a actuar para eliminar las condiciones de marginalidad mediante acciones afirmativas que garanticen, protejan, mantengan y logren la inclusión social. “Se necesita que el Distrito no sólo brinde todas las ayudas y programas que tiene, sino que busque e involucre a las familias de los habitantes de calle que quieran colaborar y contribuir con su afecto, con su vínculo a la recuperación de estas personas; eso los fortalece”, recomendó.

“Acompañamos el proceso de intervención Distrital, siempre que se ajusten a los principios y rutas que se implementan en el Decreto 560 del 2015. Nos oponemos a las formas ocultas y alternas de supuesta socialización que discriminen, releguen o marginen a personas que se encuentren en máximas condiciones de vulnerabilidad como son los habitantes de calle”, puntualizó.

Delito

Otra cosa es que estas personas sean instrumentalizadas y que aprovechen su adicción para fomentar actividades criminales. Allí se necesita de una acción de inteligencia para identificar los expendedores camuflados en la indigencia y una intervención rápida de las autoridades judiciales y de Policía Nacional.

Agregó que “no se puede dejar espacio a justicia por mano propia; no debe existir, ni se pueden admitir avisos amenazantes y supuestas iniciativas de limpieza social. La solidaridad de la sociedad implica respeto, ayuda y denuncia, no intimidación”.

• De las 577 veedurías inscritas desde el año 2004, sólo 158 están activas.
• El 22% de solicitudes de registro de veedurías en la Personería, son rechazadas.
• El foro sensibilizará sobre la importancia de esta figura para el control social.
• Participarán la Personería, Contraloría, Veeduría, Secretaría de Gobierno y Transparencia por Colombia, entre otros.
• El evento se realizará mañana, 25 de agosto, en el Archivo Distrital.

De las 577 veedurías ciudadanas registradas en la Personería de Bogotá, el 21,05% se conformaron para realizar control social a los temas de infraestructura; 18,62% a salud, 16,19% a ambiente y 10,53% a movilidad. Los otros asuntos que vigilan son educación 4,86%, sector social 4,05% y seguridad, hábitat y transporte con 2,02%.

De acuerdo con el Ministerio Público Distrital, del total de veedurías ciudadanas inscritas  sólo 158 están activas. Las entidades o proyectos que vigilan, de acuerdo con el registro, son sobre asuntos del orden Distrital, con el 85%; 12% del nivel nacional y 3% departamental (Cundinamarca).

Entre tanto, el 22% de las 740 solicitudes de registro ante la Personería, son rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos en las normas para la conformación de veedurías.

El Foro

Teniendo en cuenta la importancia de estas organizaciones como un mecanismo democrático de participación para ejercer vigilancia sobre la gestión pública, el Consejo Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, conformado por la Personería, Contraloría, Veeduría y Secretaría de Gobierno Distrital, realizarán el 25 de agosto el “Foro de Participación y Control Social: retos para las veedurías ciudadanas”.

El evento será instalado por la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, en el Auditorio del Archivo Distrital (Calle 6B No. 5-75), a las 7:30 a.m.

En el foro intervendrán también el Secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, y el Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. También participarán la directora de Transparencia por Colombia, Elizabet Ungar, y miembros de veedurías ciudadanas.    

Las veedurías ciudadanas son una forma de participación democrática que, según la Ley 134 de 1994 (Participación Ciudadana), fueron creadas para dar a la sociedad herramientas jurídicas y metodológicas en su derecho de ejercer control social a las entidades, servidores públicos y a las organizaciones privadas que administran recursos públicos. El objetivo del foro es sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de las veedurías ciudadanas, en el control social que ejercen sobre el ámbito público distrital.

• “Quiero hacer un llamado a los capitalinos a la convivencia pacífica. A que mantengamos los estándares de respeto por los demás”.
• “Hay que reintegrarlos con una intervención social”.

 Ante los avisos amenazantes aparecidos en los árboles de un parque de la ciudad, que prohíben el ingreso a los habitantes de calle, la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, dijo que “nadie tiene autoridad para tomar la justicia por propia mano en la ciudad ni en el país”.

“Quiero hacer un llamado a los capitalinos a la convivencia pacífica. A que mantengamos los estándares de tolerancia, de respeto por los demás. Si se están presentando situaciones de delincuencia, llamen inmediatamente a las autoridades. Ni con violencia ni con intimidación se va superar el problema, sino con intervención social”, agregó la Personera Distrital.

La Jefe del Ministerio Público expresó que la solución “no es llevarnos a los habitantes de calle a ningún campamento, gueto ni lugar para discriminarlos. Tenemos que reintegrarlos a la sociedad, pero no organizando campamentos para no causarle molestias a ella”.

Explicó que a muchas personas les incomodan los habitantes de calle, pero estos son seres humanos que tienen derechos. Dijo que, obviamente, ellos están trasgrediendo los límites de sus propios derechos. “Quiero pedirle a la sociedad capitalina que entienda que estos procesos de intervención no son de un mes o de un día, ni son ni de cosmética ni de estética”.

No se hacía nada

“La Administración está actuando; lo que no había era actuación”, aclaró. “Puede que la intervención no sea perfecta, pero cuando se atacó la criminalidad organizada de ese sector, se salió de control. Por la intervención policial y judicial es que estamos conociendo todo lo que estaba guardado en esas calles”.

La Personería está haciendo un trabajo de acompañamiento para propiciar escenarios de diálogo. Se logró sentar a una mesa a habitantes de calle, comerciantes, residentes, Policía y Distrito para buscar soluciones.

Además, puntualizó, “(…) hemos hecho los requerimientos para que nos informen cómo están avanzando los programas de integración social y el acompañamiento de las intervenciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los habitantes de calle”.

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• El evento tendrá lugar este lunes 22 de agosto desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, en El Cubo de Colsubsidio.
• Se analizará el modelo de justicia transicional y la articulación interinstitucional, de cara a un escenario de postconflicto.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, instalará el próximo lunes 22 de agosto a las 7:30 a.m., el conversatorio “En Bogotá hablamos de paz”, en el auditorio Gran Salón del Centro Empresarial El Cubo de Colsubsidio en la Carrera 30 con Calle 53.

El evento busca discutir el modelo de justicia transicional en un contexto de reconciliación y analizar la articulación interinstitucional en la Capital, de cara al postconflicto, con el propósito de determinar qué tan preparadas están las instituciones para atender un escenario de paz.

Entre los conferencistas está el magistrado Wilson Ruiz Orjuela, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien hablará sobre el “Modelo de justicia para la paz”. Ruiz es doctorado en Derecho Administrativo de las universidades San Buenaventura y Pontificia Bolivariana, y en Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general de la Nación y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Bogotá, disertará sobre “Contenidos y alcance de la justicia transicional”.

Ángela Anzola de Toro, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, presentará la ponencia “El reto es de todos: la articulación interinstitucional de cara al postconflicto”. Anzola es politóloga y filósofa de la Universidad de York, Reino Unido, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford y magíster en Estudios Latinoamericanos de la misma alma máter. Trabajó en temas relacionados con procesos de paz y mediación de conflictos en diferentes partes del mundo, como parte del equipo de Inter Mediate, liderado por Jonathan Powell en Londres.

Finalmente, sobre las sobre las 11 de la mañana hará su intervención Francisco Barbosa, columnista de El Tiempo, analista del proceso de paz, doctor en derecho público de la Universidad de Nantes y miembro de las academias colombianas de Jurisprudencia y de Historia, quien abordará el tema “De la justicia ordinaria a la justicia transicional, una explicación para la paz”.