Ante los avisos amenazantes aparecidos en los árboles de un parque de la ciudad, que prohíben el ingreso a los habitantes de calle, la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, dijo que “nadie tiene autoridad para tomar la justicia por propia mano en la ciudad ni en el país”.
“Quiero hacer un llamado a los capitalinos a la convivencia pacífica. A que mantengamos los estándares de tolerancia, de respeto por los demás. Si se están presentando situaciones de delincuencia, llamen inmediatamente a las autoridades. Ni con violencia ni con intimidación se va superar el problema, sino con intervención social”, agregó la Personera Distrital.
La Jefe del Ministerio Público expresó que la solución “no es llevarnos a los habitantes de calle a ningún campamento, gueto ni lugar para discriminarlos. Tenemos que reintegrarlos a la sociedad, pero no organizando campamentos para no causarle molestias a ella”.
Explicó que a muchas personas les incomodan los habitantes de calle, pero estos son seres humanos que tienen derechos. Dijo que, obviamente, ellos están trasgrediendo los límites de sus propios derechos. “Quiero pedirle a la sociedad capitalina que entienda que estos procesos de intervención no son de un mes o de un día, ni son ni de cosmética ni de estética”.
No se hacía nada
“La Administración está actuando; lo que no había era actuación”, aclaró. “Puede que la intervención no sea perfecta, pero cuando se atacó la criminalidad organizada de ese sector, se salió de control. Por la intervención policial y judicial es que estamos conociendo todo lo que estaba guardado en esas calles”.
La Personería está haciendo un trabajo de acompañamiento para propiciar escenarios de diálogo. Se logró sentar a una mesa a habitantes de calle, comerciantes, residentes, Policía y Distrito para buscar soluciones.
Además, puntualizó, “(…) hemos hecho los requerimientos para que nos informen cómo están avanzando los programas de integración social y el acompañamiento de las intervenciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los habitantes de calle”.
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La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, instalará el próximo lunes 22 de agosto a las 7:30 a.m., el conversatorio “En Bogotá hablamos de paz”, en el auditorio Gran Salón del Centro Empresarial El Cubo de Colsubsidio en la Carrera 30 con Calle 53.
El evento busca discutir el modelo de justicia transicional en un contexto de reconciliación y analizar la articulación interinstitucional en la Capital, de cara al postconflicto, con el propósito de determinar qué tan preparadas están las instituciones para atender un escenario de paz.
Entre los conferencistas está el magistrado Wilson Ruiz Orjuela, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien hablará sobre el “Modelo de justicia para la paz”. Ruiz es doctorado en Derecho Administrativo de las universidades San Buenaventura y Pontificia Bolivariana, y en Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general de la Nación y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Bogotá, disertará sobre “Contenidos y alcance de la justicia transicional”.
Ángela Anzola de Toro, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, presentará la ponencia “El reto es de todos: la articulación interinstitucional de cara al postconflicto”. Anzola es politóloga y filósofa de la Universidad de York, Reino Unido, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford y magíster en Estudios Latinoamericanos de la misma alma máter. Trabajó en temas relacionados con procesos de paz y mediación de conflictos en diferentes partes del mundo, como parte del equipo de Inter Mediate, liderado por Jonathan Powell en Londres.
Finalmente, sobre las sobre las 11 de la mañana hará su intervención Francisco Barbosa, columnista de El Tiempo, analista del proceso de paz, doctor en derecho público de la Universidad de Nantes y miembro de las academias colombianas de Jurisprudencia y de Historia, quien abordará el tema “De la justicia ordinaria a la justicia transicional, una explicación para la paz”.
La Personería de Bogotá encontró que las tres Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidado Intermedio del hospital El Tunal, están funcionando con sólo dos médicos, cuando se debe garantizar la atención permanente de un especialista en cada una de ellas, situación que pone en riesgo la vida de los pacientes trasladados allí.
Las cuatro salas de cuidados intensivos del hospital El Tunal se componen, en promedio, de 10 camas. Durante la visita se observó el traslado de siete pacientes de una sala a otra para concentrar más convalecientes en una sola unidad y así compensar el faltante médico.
También se pudo evidenciar cómo, por ejemplo, un paciente recién salido de una cirugía debía ser llevado a la UCI, pero, por la falta de personal médico, tuvo que permanecer en la sala en que fue operado, pues necesitaba monitoreo constante.
Según estableció el ente de control, los médicos especialistas que estaban a cargo de estas dos UCI renunciaron hace más de una semana por la inestabilidad laboral y bajos salarios. Las especialidades que se requieren para estas Unidades de Cuidado Intensivo corresponden a cirujano general, internista, anestesiólogo, emergenciólogo e intensivista.
La Personería de Bogotá demandó acciones administrativas reales e inmediatas a la gerencia del hospital El Tunal, para evitar el peligro que esta situación conlleva, pues se trata del cuidado intensivo que requieren los pacientes que, por su alta vulnerabilidad, tienen en riesgo la vida misma.
La Personería de Bogotá suspendió del cargo durante cinco meses, en primera instancia, a Inocencio Bahamón Calderón, quien se desempeñó como rector de la Universidad Distrital. Además suspendió durante cuatro meses a los jefes de la Oficina Jurídica y de la División de Recursos Humanos de esa alma máter, Jorge Enrique Vergara Calderón y María Constanza Castro Zamudio, respectivamente, por irregularidades en el desempeño de sus funciones.
La suspensión del exrector, de quedar en firme, se convertiría en salarios, de acuerdo al monto devengado al momento de la ocurrencia del hecho.
La investigación determinó que los inculpados encargaron a un funcionario provisional en un puesto directivo, cuando las normas autorizan ese tipo de encargos únicamente para servidores públicos que estén en carrera administrativa o con cargos de libre nombramiento y remoción, según el régimen sobre la materia.
Chapinero
En otra decisión en primera instancia, la Personería suspendió durante tres meses al Inspector de Policía de la Localidad de Chapinero, Manuel Jiménez Mora, por no responder en forma oportuna un derecho de petición.
La investigación determinó que el funcionario no atendió a tiempo una solicitud de un ciudadano, con respecto a la tenencia de perros. Ante la falta de repuesta, el afectado presentó una queja en la Personería Local, que derivó en una averiguación disciplinaria.
El fallo del ente de control subraya que la Secretaría General de Inspecciones de Policía informó haber dado respuesta al peticionario a través de correo electrónico, sin embargo, este hecho nunca pudo ser corroborado dentro de la investigación.
Contra las decisiones de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personera de Bogotá.
La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, deplora las agresiones al periodista Víctor Ballestas, al camarógrafo David Romero y al asistente Jorge Mercado integrantes de Citytv, por parte de algunos miembros de la Policía Metropolitana cuando realizaban una labor periodística dentro de la Estación Museo Nacional.
“Rechazo los actos de agresión a la labor de informar. Son un atentado a la libertad de prensa. Las autoridades están para garantizar el ejercicio periodístico”, dijo la Jefe del Ministerio Público Distrital.
Además, solicitó a las autoridades que tomen las medidas correspondientes tendientes a esclarecer los responsables de los hechos y a evitar que se vuelvan a repetir situaciones similares.
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La Personería de Bogotá se permite aclarar que la alcaldesa de la Localidad de Engativá, Leonor Guatibonza Valderrama no ha sido sancionada por este organismo de control, en ninguna instancia, como se indicó ayer por un error involuntario.
Un total de 476 procesos disciplinarios contra funcionarios de las alcaldías locales, de los cuales 230 involucran a mandatarios locales que ocuparon el cargo hasta hace unos meses, viene adelantando la Personería de Bogotá por presuntas irregularidades administrativas.
Los exmandatarios locales contra los cuales se registra el mayor número de quejas son los de Suba con 64; Kennedy, 46; Engativá, 37; Usme, 29; Usaquén, 27; Teusaquillo, 26; Rafael Uribe Uribe, 23; Bosa y Antonio Nariño, 22; Santa Fe, La Candelaria y Tunjuelito, 21, y Fontibón y Chapinero 20. Le siguen Ciudad Bolívar con 17, Puente Aranda y San Cristóbal con 16, Los Mártires 12, Barrios Unidos 9 y Sumapaz con 3.
De las averiguaciones, 73 se relacionan con posibles irregularidades en contratación; 53 con derecho de petición; 21 querellas, 20 por abuso de autoridad y extralimitación de funciones, 13 con espacio público y medio ambiente, 9 con detrimento patrimonial, 6 con debido proceso, 5 tienen que ver con incumplimiento o negligencia en el cumplimiento de funciones, 4 con inhabilidad o incompatibilidad, 3 sobre uso de bienes públicos, una sobre acoso laboral y una sobre participación en política.
Sancionados
La Personería Distrital, ha proferido 16 fallos sancionatorios contra alcaldes locales, 10 de ellos por irregularidades en contratación, 4 por derechos de petición no respondidos a tiempo y 2 por negligencia en el desempeño de sus funciones. En total son siete providencias de segunda instancia y diez de primera.
Las decisiones en firme fueron decididas contra las alcaldesas de Fontibón, Betty María Afanador García, y Bosa, Diana Calderón Robles, así como contra los mandatarios de San Cristóbal, William Roberto Herrera Hernández; Kennedy, Jesús Antonio Mateus; Puente Aranda, César Moreno Torres; La Candelaria, Edilberto Romero Ramos, y Usme, Jhon Fredy Vargas Lozano.
En primera instancia existen tres fallos contra la alcaldesa de Usaquén, Julieta Naranjo Luján, y de Suba, Marisol Perilla; dos contra los mandatarios de Kennedy Luis Fernando Escobar Franco y Jesús Antonio Mateus, y uno contra la alcaldesa de Puente Aranda, Andrea Magali Álvarez Castañeda.
Bajan convenios
La revisión hecha por el ente de control a un total de 1.669 contratos, determinó que durante los años 2013 y 2014 se celebraron 611 convenios en los que el Distrito contrató con diferentes objetos, sin acudir, al parecer, a los procesos de convocatoria pública regulados por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Tras adelantar esa labor de seguimiento y sanción, la Personería halló que durante 2015 el número de convenios celebrados por la pasada administración se redujo a 117, que también se encuentran ‘bajo la lupa’.
La Personería de Bogotá recibió, de enero de 2015 a junio de 2016, 27.394 solicitudes de conciliación, de las cuales logró 10.303 acuerdos representados en 6.311 uniones maritales, 3.830 arreglos totales y 162 parciales.
Se registraron 1.089 desistimientos (la mayoría por acuerdos previos), que, si se suman a las conciliaciones logradas en año y medio, significa que se lograron evitar cerca de 11.000 engorrosos pleitos a los capitalinos.
Teniendo en cuenta esa labor y acogiendo la invitación del Ministerio de Justicia, la Personería participará en noviembre próximo en la jornada de Conciliatón Nacional.
En efecto, en noviembre, en día por concertar, se realizará en forma simultánea en todos los centros de conciliación del país una Gran Conciliatón, dirigida a gestionar el arreglo de conflictos en derecho y equidad de personas, especialmente de estratos uno, dos y tres.
El objetivo también es continuar posicionando la conciliación como un método alternativo de solución de problemas y una forma de acceso a la justicia de manera legítima y confiable.
En la Personería
De las 27.394 solicitudes de conciliación que llegaron a la Personería, hubo 65 no admitidas por no cumplir con los requisitos para un arreglo, 4.214 no acuerdos y 10.123 inasistencias de alguna de las partes.
La Personería atiende las peticiones en la actualidad en diez puntos de la ciudad. En el centro, en la Carrera 7 No. 21-24, en los Supercades de la Carrera 30, Suba, Las Américas, Bosa y 20 de Julio; en las Casas de Justicia de Los Mártires, Ciudad Bolívar y Usme, y en la SAU de Suba.
Las conciliaciones gratuitas evitaron no sólo cuantiosos gastos, tiempo y demora a los interesados, sino que permitieron disminuir la congestión de procesos que adelanta la rama judicial, pues cerca de 11.000 litigios dejaron de adelantarse. Cuando no hay acuerdo, las personas agotan el requisito legal sin costo, y pueden entrar a demandar de manera inmediata. La conciliación es requisito previo para iniciar muchos procesos.
¿Qué concilian?
De las solicitudes de conciliación, la mayoría tiene que ver con conflictos de tipo civil, especialmente arriendos, alimentos, deudas, problemas de personas que viven en régimen de propiedad horizontal y por responsabilidad extracontractual en temas médicos y de accidentes de tránsito. Otra gran parte de solicitudes se relacionan con la formalización de uniones maritales.
La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por doce años a Betty María Afanador García, alcaldesa local de Fontibón, durante las anteriores administraciones, y suspendió para ejercer cargos públicos durante tres meses a William Roberto Herrera Hernández, ex alcalde local de San Cristóbal.
La investigación disciplinaria determinó que la ex funcionaria celebró contratos inobservando los requisitos legales establecidos en la ley desconociendo los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal, razón por la que incurrió en falta gravísima.
El Ministerio Público, también en fallo de segunda instancia, suspendió por tres meses en el ejercicio de funciones públicas a William Roberto Herrera Hernández, ex alcalde local de San Cristóbal. En la investigación disciplinaria se pudo establecer que, el ex funcionario cometió irregularidades en la suscripción de un convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Universidad de Cundinamarca que buscaba aunar esfuerzos interadministrativos para el buen uso del tiempo libre a través de actividades culturales, lúdicas y recreativas para el adulto mayor.
Conforme con las previsiones del Decreto Ley 1421 de 1993, corresponde a la Personería de Bogotá, en primera instancia, investigar y juzgar la conducta oficial a los servidores públicos distritales, a fin de defender los intereses del Distrito Capital y de la sociedad en general, por eso recuerda a los ciudadanos que estas y otras irregularidades pueden ser denunciadas en esta entidad de control.
Debido a las 137 quejas de la población LGBTI relacionadas con la falta de defensa de sus derechos, situación de víctimas, salud, discriminación, educación, abuso de autoridad, violencia verbal y física, odio e intolerancia; recibidas por la Personería de Bogotá durante los últimos 12 meses, el ente de control ha venido actuando en la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual, buscando que sus actuaciones misionales atiendan la problemática discriminatoria que sufre la población LGBTI en Bogotá.
Adicionalmente, la entidad considera que se deben crear más programas y políticas públicas de impacto, y es necesario también realizar talleres de sensibilización y seguimiento a las políticas del Distrito; para buscar mayor cobertura en salud y apoyo en los trámites judiciales, que involucran la identidad y los derechos de familia de esta población.
La Personería de Bogotá asumió el reto de sensibilizar a gran escala a la ciudadanía para que sea más tolerante, incluyente y respetuosa en las diferencias y consciente de su obligación constitucional de respetar y propender porque se respeten los derechos de las minorías; para ello se realizará un conversatorio el día 28 de junio, fecha en la que los colectivos LGBTI celebran de forma pública para promover la tolerancia y la igualdad.
“Sabemos por estadísticas e informes, tanto distritales como de diferentes organizaciones, que las localidades de Kennedy, Mártires, Candelaria y Chapinero son las que cuentan con mayor población LGBTI; por eso también empezaremos capacitaciones en enfoque diferencial de género para los funcionarios de la Personería que laboran en esas localidades y luego las extenderemos a toda la ciudad”, explicó la personera de Bogotá.