• Baja incidencia de denuncia de casos ante las autoridades.
• Su invisibilidad agrava la problemática.
• Existe poco conocimiento para identificarla y escasos datos estadísticos.

Debido a la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación, la Personería de Bogotá en alianza con la Universidad Católica de Colombia realizará el primer encuentro internacional contra la trata de personas denominado “La Trata Captura”, el próximo primero de agosto.

El evento que se realizará en el auditorio de Las Torres de la Universidad Católica de Colombia, Avenida Caracas # 46-72, con la presencia de varios especialistas en el tema.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, de 2014 a julio de 2017, fueron atendidas y repatriadas 259 personas víctimas de trata externa. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que, entre 2013 y abril del 2018, se abrieron 673 investigaciones penales por delitos relacionados con la trata de personas, de los cuales el 86% de víctimas son mujeres y niñas.

De acuerdo con la Personería, sobre el tema hay pocas denuncias y pocos datos estadísticos, debido a que en muchos casos las víctimas no se identifican o no reconocen estar en medio de una situación de trata de personas. El Ministerio Público Distrital considera la problemática de inmensa gravedad por su invisibilidad y por poco conocimiento para identificarla.

Especialistas

En el evento María Teresa Paredes Hernández, defensora de Derechos Humanos de personas víctimas de trata de México, disertará sobre “La trata y las formas de explotación de personas durante el conflicto armado”.

Carolina Rodríguez Bejarano, docente de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Pereira, hablará de “Responsabilidad Internacional del Estado frente al delito de trata de Personas”.

Jaime Cubides Cárdenas y Misael Tirado Acero, docentes e investigadores Universidad Católica de Colombia, realizaran un diálogo sobre “La trata de personas, una visión desde la academia”.

Juan Navarrete Monasterio, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Colombia, tratara el tema de “Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre Trata y Tráfico de personas”.

Beatriz Eugenia Luna de Aliaga y Natalia Rojas Rodriguez presentaran la ponencia de OIM sobre los resultados de la investigación a la revisión documental sobre la configuración de la trata de personas en países de origen Colombia y destino (Costa Rica, Panamá y España) características del fenómeno.

Cristian Francisco Pulido Acuña, subsecretario de gobernabilidad presentará la ponencia de la Secretaría de Gobierno, “Comité Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas (Prevención, atención y judicialización. Acciones y retos para las entidades territoriales)”.

La intención principal de este primer encuentro internacional es visibilizarlo y realizar un trabajo de prevención y lucha para erradicar la trata de personas, así como evidenciar su dimensión en el contexto capitalino.

• En Bogotá hay másde 723 mil niños y niñas, pero solo el 49.7 % de ellos asisten a un establecimiento educativo formal.
• La Secretaría de Integración Social dispone de solo 12 jardines infantiles nocturnos y 366 diurnos para la atención de más de 125 mil niños y niñas.
• Entre 2015 y 2018 se han cerrado 9 jardines infantiles nocturnos.
• Entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017 la Secretaría ha cerrado 47 jardines infantiles.
• La jornada nocturna solo cubre el 0.36% de la meta total de atención.

La Personería de Bogotá evidenció que de los más de 723 mil niños y niñas, entre los 0 y 5 años, que hay en la ciudad, la Secretaría de Integración Social (SIS) solo tiene la capacidad de brindar atención al 17.34% de ellos, es decir a 125.436 menores a través de 366 jardines infantiles. El déficit es tal, que solo en Ciudad Bolívar hay aproximadamente 700 menores en espera de un cupo escolar.

Pese al grave déficit de cupos, entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, la Secretaría ha cerrado 47 jardines diurnos y, entre 2015 y 2018, 9 nocturnos. Por esa razón solo se atienden a 265 menores en la jornada nocturna en 12 jardines dispuestos para este horario.

En visitas a 91 jardines se hallaron irregularidades, el 50% de ellos presentan fallas en las condiciones sanitarias, en el 96% se hallaron incumplimientos de remisiones a centros de salud por riesgo nutricional, el 30% no cuenta con zonas de recreación y el 71% no cuenta con áreas adecuadas para menores con discapacidad.

Adicionamente, la Personería Delegada de Sector Social encontró que la SIS dejó de ejecutar más de $5.038’818.822. del presupuesto asignado para la atención integral a niños de 0 a 5 años en jardines infantiles diurnos y nocturnos en los primeros años de ejecución del proyecto, donde se hallaron costos exagerados en la adquisición de elementos de aseo para los niños como cepillos de dientes, pañitos húmedos, cortaúñas, etc.

Hallazgos

La Secretaría dice que tiene la capacidad de atender integralmente 125.436 niños, a través de 366 jardines infantiles, por medio de convenios interinstitucionales; 31 jardines sociales son operados a través de cajas de compensación familiar, 68 cofinanciados con diferentes operadores y 267 administrados directamente por Integración Social. Sin embargo, la Personería descubrió que la Secretaría ha cerrado 47 jardines infantiles en los dos últimos años.

El servicio ofertado no brinda la cobertura y protección a los menores que actualmente requieren un cupo ante el evidente nivel de vulnerabilidad que se presenta en esta población en algunas zonas de la ciudad. Todos los jardines infantiles de Integración tienen niños en lista de espera para acceder a un cupo.

También continúan las fallas en el funcionamiento de los jardines. En el 28% de ellos las condiciones sanitarias son desfavorables, el 53% no cumple con los niveles nutricionales adecuados y se evidenció en el 96% de los jardines, que no remiten a los menores con riesgo nutricional a servicios de salud. Se encontró que algunos alimentos no indican fechas de vencimiento u otras observaciones, evidenciando la falta de capacitación por parte de la Secretaría a funcionarios encargados de la preparación de alimentos.

El 84% del personal de los jardines tienen contratación por prestación de servicios, lo que generan traumatismos en el servicio ya que los cargos no se suplen oportunamente y las renovaciones de contratos son demoradas. Se detectó un faltante de 147 cargos entre administrativos, docentes y otros profesionales, para cumplir con el estándar de atención, lo que no permite realizar, entre otros, un efectivo control en la nutrición y seguimiento psicológico de los niños y las niñas.

En las últimas visitas de seguimiento realizadas por el ente de control a 30 jardines operados directamente por la Secretaría, entre el 3 y 4 de julio de 2018, se descubrió que faltan 65 docentes para garantizar una adecuada prestación del servicio. Además, el 95% del personal en estos 30 jardines, tienen contrato por prestación de servicios y hay vencimientos de contratos laborales al 30 de junio de 2018, los cuales no han sido reemplazados.

La Personería iniciará una indagación preliminar para evaluar la gestión de los funcionarios encargados de la prestación del servicio en estas unidades operativas y solicitará a Integración Social, que adopte las medidas necesarias para cumplir integralmente con los estándares técnicos de calidad emitidos por esa entidad para el servicio de educación inicial.

• Personería realizará jornadas de sensibilización de abuso escolar a los alumnos y padres de familia de colegio.
• Ministerio Público Distrital acompañará proceso e intervendrá ante las autoridades para que se garanticen derechos de las víctimas.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar rechazó la agresión y actos violentos de la que fue víctima la personera estudiantil y su compañera de curso del colegio Germán Arciniegas de Bosa, por parte de otra alumna y sus familiares.

Según la denuncia, a las afueras del colegio una estudiante y varios de sus familiares agredieron física y verbalmente a la personera estudiantil y su compañera. A la primera le dieron dos mordiscos en la cara, le halaron del cabello y le dieron patadas en el todo el cuerpo, y la segunda niña quedó con ojo amoratado y rasguños en su cuello. Solo la intervención de una docente logró detener la golpiza. Pese al insistente llamado a la Policía, nunca acudió.

Ante el hecho, la Personería realizó una visita al centro educativo y encontró que la víctima y victimaria habían tenido roces a través de redes sociales cerradas que manejan los propios estudiantes sin que, al parecer, los docentes y directivas del colegio estuvieran al tanto.

Se conoció por parte del cuerpo de docentes que la alumna agresora ha tenido serios problemas al interior de su núcleo familiar, presentando comportamientos difíciles de tolerar. Además tiene vigente un proceso de seguimiento por parte del ICBF.

Las estudiantes víctimas, pertenecientes al gobierno escolar, solicitaron medida de protección por parte de la Fiscalía General de la Nación, y les fue concedida.

Medidas

Las directivas del colegio realizarán el viernes, 13 de julio, un Comité Extraordinario de Convivencia Escolar, durante el cual la Personería participará como veedor.

Además, el ente de control propuso a la institución llevar a cabo el mismo 13 de julio, una jornada de sensibilización sobre abuso escolar a 240 estudiantes de los grados 10 y 11 de la jornada de la mañana, y los grados 8 a 11 de la tarde. También, a través del programa CIMA de la Personería se realizará un evento de concientización, dirigido a los alumnos y sus padres de familia o acudientes.

El Ministerio Público Distrital se comprometió a hacer el acompañamiento en lo relacionado a la salvaguardia de los derechos humanos de las víctimas, durante el tiempo que sea necesario.

Además, solicitó al colegio copias de la documentación del caso que la IED debe cargar al “Sistema de Alertas Tempranas”, así como las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y el ICBF, para intervenir o hacer seguimiento.

Por último, se conoció que fue enviada a la Procuraduría General de la Nación, una queja formal por la presunta negligencia del cuadrante 52 adscrito a la Estación de Policía de Bosa.

• 86 personas privadas de la libertad y 29 funcionarios del establecimiento carcelario se capacitaron.
• El certificado del Diplomado les da beneficio de redención de pena a los reclusos.

La Personería de Bogotá en cumplimiento de su función de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, realizó desde el 15 de abril al 14 de junio del 2018 un Diplomado en Derechos Humanos con énfasis en personas privadas de la libertad, con una intensidad de 120 horas a 86 reclusos y 29 funcionarios de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad La Modelo.

El objetivo del Ministerio Público con este diplomado es dotar a la población privada de la libertad de herramientas básicas, capacidad de análisis y conocimientos jurídicos dinámicos tendientes a conocer saberes propios en derechos humanos e interdisciplinarios que les permita ejercer acciones para su defensa.

También a través de la certificación de este diplomado la población privada de la libertad pueda acceder al beneficio de redención de pena.

Los temas tratados en el diplomado fueron: introducción a los derechos humanos, jurisdicción internacional de derechos humanos, acciones constitucionales, jurisdicción nacional de derechos humanos, derechos de las víctimas del conflicto armado, derechos de los hombres y masculinidades, justicia transicional y reconciliación, disciplinario interno y derecho a la salud.

El diplomado fue impartido por profesores de la Universidad Católica de Colombia y profesionales en derecho de la Personería de Bogotá, cumpliendo criterios de evaluación de estudio, conocimiento básico y necesario del bloque de constitucionalidad y ejercicio de los derechos humanos.

La clausura del diplomado se realizó el 14 de junio donde se les entregó la certificación a los internos de la población privada de la libertad, y a los funcionarios del establecimiento carcelario y del INPEC, entre ellos personal de la dirección, guardia, policía judicial, oficina jurídica, oficina de sanidad tratamiento y psicosocial, oficina de correspondencia, talleres y el Cónsul de Derechos Humanos.

Porque queremos marcar la pauta y tomar la delantera en esta nueva etapa. La escudería “Persodigital” aceptó el reto de la implementación de Gobierno Digital.

La estrategia de la Directora de la Escudería ha engranado a la perfección. En nuestro portal web, la ciudadanía puede acceder a numerosos trámites y consultas en línea, tales como descarga de formularios para conciliaciones, generar certificado de antecedentes disciplinarios, consulta de necesidades por parte de proveedores, chat, orientaciones, QRSD y toda la información misional, en aras de la democracia, la transparencia y la optimización de nuestros servicios.

Mejoramos algunos de nuestros procedimientos, incluyendo la visión estratégica de la Entidad. Esta ha sido nuestra carta fuerte para la “pole position” en la Turbo Booster 4. En la grilla de largada ya hemos tomado ventaja sobre el resto de competidores.

Al pasar la primera curva del circuito, tomamos la recta a una velocidad record gracias a que sincronizamos los componentes de TIC para Gobierno Abierto, para Servicios, para Gestión y Seguridad, y para privacidad de la Información, con lo que alcanzamos los primeros puestos producto de la identificación de una brecha significativa trabajada y gestionada durante la temporada 2017.

Alcanzamos un excelente tiempo que nos ubica en la primera línea de carrera. Y la clave para ganar el campeonato nacional, de acuerdo a nuestro Ingeniero de Carrera, es el desarrollo integral, eje conductor para el cumplimiento de las necesidades y problemáticas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Y ese es nuestro horizonte con la bandera a cuadros. Por eso seguiremos actuando y promoviendo el uso y el aprovechamiento de las TIC para consolidad un Estado y Ciudadanos competitivos, innovadores y proactivos que generen un valor de confianza en el entorno digital.

Nos volvemos a encontrar en la pista próximamente, confiados en que la escudería está desenvolviéndose de la manera más óptima en el campeonato digital.

• El mandatario de la actual Administración en una licitación de malla vial, al parecer, exigió requisitos habilitantes restrictivos y excluyentes.
• Se habrían desconocido los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación pública.

La Personería de Bogotá formuló cargos y citó a audiencia pública para el 4 de julio, al exalcalde de Kennedy, Juan Felipe Zapata Álvarez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la rehabilitación de la malla vial de la localidad, por más de $10.922 millones.

El Ministerio Público Distrital encontró que la Alcaldía Local en la etapa precontractual, al parecer, limitó la participación plural de oferentes dentro del proceso de licitación, al establecer requisitos habilitantes posiblemente restrictivos y excluyentes, como la capacidad financiera, capacidad organizacional y condiciones de experiencia.

Según la investigación, lo requisitos habilitantes presuntamente no fueron proporcionales ni razonables frente al objeto a contratar con lo que se habría desconocido los principios de transparencia y selección objetiva.

Pese a la falta de planeación y a que no se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente y tampoco las observaciones de la Cámara Colombiana de Infraestructura en el pliego de condiciones, el contrato fue adjudicado el 22 de diciembre de 2016.

El funcionario deberá presentarse a la audiencia pública para rendir versión libre y descargos por una falta que fue calificada inicialmente como gravísima.

La Personería de Bogotá, durante las elecciones de presidente y vicepresidente, encontró de falta de jurados titulares, en varias localidades que fueron remplazados por los remanentes y percibió una disminución del número de votantes frente a las elecciones de la primera vuelta.

Un informe preliminar indicó que en Corferias faltaron 58 jurados titulares. En la localidad de Kennedy faltaron 47 jurados, especialmente en los puestos de Roma, Casablanca y Britalia. En Santa Fe, en el puesto Las Nieves faltaron 15 jurados. En Barrios Unidos 19 jurados. En Tunjuelito faltaron 12 jurados y dos 2 llegaron tarde. En Rafael Uribe Uribe en el puesto 20 faltaron 8 jurados, en Bosa 29 y en Usme 3.

En San Cristóbal faltaron 19 jurados y dos remanentes, uno argumentó que trabaja en Presidencia y dejó abandonada la mesa de votación, así como se presentó la captura de un ciudadano con antecedentes judiciales.

• No hay articulación interinstitucional para la implentación de política de víctimas. 
• Pasados 7 años de promulgada la Ley de Víctimas y a 3 de terminar su vigencia, su avance en Bogotá es mínimo.
• La atención psicosocial a las víctimas no supera el 4.7%, entre 2014 y 2017.
• En indemnizaciones solo se ha garantizado el goce efectivo al 8,4% de víctimas. A este paso, en 98 años la Nación terminaría con el pago en Bogotá.
• En materia de vivienda, entre 2013-2017, el Distrito otorgó tan solo 2.283 subsidios, que representa el 2,6% del total de hogares víctimas en Bogotá.
• Víctimas pasan en promedio 112 días sin ningún tipo de ayuda.
• Muchas no reciben respuesta oportuna o los notifica generalmente por aviso, impidiendo su derecho a la información y a presentar recursos.

La Personería de Bogotá reveló que la implementación de las principales medidas de reparación integral a las víctimas por el conflicto armado radicados en la Capital aún es muy precaria. Los indicadores en indemnizaciones, estabilización socioeconómica, vivienda, atención psicosocial a los afectados están solo entre el 1.7% y el 8,4% de avance.

Esa grave situación fue analizada por la Comisión Distrital del Ministerio Público para la Justicia Transicional, conformada por la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, quienes determinaron, además, que existen falencias en la articulación interistitucional, demoras de hasta 112 días en la atención de emergencia y falta de respuesta efectiva a la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones a los afectados.

Ante esta situación, el Miniterio Público pidió medidas inmediatas a las autoridades, especialmente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y las Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas del Distrito.

Nación “colgada”

En torno a la reparación económica, reconocido por la Ley 1448 de 2011, en cabeza de la UARIV encontramos que entre 2009 y el primero de marzo de 2018, el Gobierno Nacional ha invertido más de $231.000 millones para el pago de indemnizaciones de víctimas radicadas en la Capital. Sin embargo, solo se ha garantizado el goce efectivo de este derecho al 8,4% del total de la población víctima, es decir, 30.681 personas, con hechos victimizantes susceptibles de indemnización y aún faltan 334.569 víctimas.

La Ley de Víctimas estipuló un periodo de 10 años para garantizar el derecho a la reparación económica de las víctimas, no obstante, a este paso, para pagar el total de indemnizaciones restantes en Bogotá, el Gobierno Nacional necesitaría por lo menos de 98 años más. Así mismo, la Unidad esta incumpliendo la orden de la Corte Constitucional (Auto 206 de 2017) de informar a las víctimas las condiciones de modo, tiempo y lugar para acceder a la reparación por vía adminsitrativa.

Distrito, a paso lento, en materia psicosocial

En materia psicosocial, el porcentaje de atención entre el 2014 y el 2017 no supera el 1,7% del total de víctimas incluidas en el régimen subsidiado de salud, con corte al 28 de febrero de 2018. Pese a que el Distrito ha hecho esfuerzos financieros para avanzar en esta tarea y ampliar la cobertura, con focalización puerta a puerta, la cifra de población víctima que ingresa y culmina programas de atención psicosocial resulta irrisoria. La Comisión del Ministerio Público pidió nuevas medidas para superar esa situación.

La estabilización socioeconómica no se escapa a esta realidad. De las cerca de 243 mil víctimas que se encuentran económicamente activas, entre 2012 y 2017, solo el 5.4% se ha beneficiado de programas de formación para el empleo. El 1.7% han sido remitidos a ofertas de empleo, y el 2,1% ha recibido apoyo para el fortalecimiento empresarial.

Para lograr esto, el Distrito invirtió $17.668 millones, con el agravante de que no existe medición alguna del impacto obtenido en torno a la superación de la línea de indigencia y de pobreza de esta población, tal como lo ordena la Corte Constitucional para garantizar el goce efectivo de este derecho.

La restitución en materia de vivienda para víctimas en la ciudad sigue estancada. Entre 2013 y 2017 se han entregado 2.283 subsidios de vivienda, que representa tan solo 2.6% del total de hogares de familias víctimas estimados en la ciudad de Bogotá.

Sin atención

Las víctimas se ven sometidas al peregrinaje institucional entre la Alta Consejería y la UARIV, por la ausencia de medidas que garanticen una transición entre la ayuda humanitaria inmediata y la atención humanitaria de emergencia, exponiéndolas a estar, en promedio, 112 días sin ningún tipo de ayuda, generando mayor vulnerabilidad y violación al debido proceso.

En la atención con enfoque étnico no encontró medidas concretas para materializar el derecho al retorno del pueblo Embera, que requiere acciones y un cronograma específicio de responsables de nivel territorial y nacional. Entre tanto, se esta vulnerando los usos y costumbres de la población víctima del conflicto.

Sin respuestas

Tampoco se conocen respuestas efectivas de la UARIV respecto a la entrega de ayudas humanitarias e indemizaciones. Las víctimas son sometidas a largas esperas, con notificaciones inadecuadas que no permiten conocer las decisiones de la Unidad y vulneran el debido proceso. De una muestra de actos administrativos revisados, más del 50% se notifican por aviso, lo que afecta el derecho oportuno de las víctimas a la información, el cobro de sus ayudas o indemnizaciones y al ejercicio del debido proceso, en caso de no compartir las deciones de las Unidad.

Tampoco la UARIV han actualizado el manual de valoración para calificar algunos hechos victimizantes ni la Alta Consejería ha actualizado el protocolo de ayuda humanitaria inmediata.

• De 145 estaciones de servicio de combustible visitadas, 118 no tienen sus surtidores calibrados, el 81%, cobrando a los usuarios un valor no suministrado.
• Los consumidores asumen pérdidas económicas mensuales por $458 millones, que reciben los propietarios de estaciones de servicio.
• Se determinó que 7 alcaldías locales no ejercen inspección, vigilancia y control en estaciones de servicio y 11 tienen contratos, pero la revisión es casi nula.
• Decreto 1521 de 1998 permite suministrar de +0 a -7 pulgadas cúbicas por galón, margen que los propietarios de las estaciones utilizan a su favor.
• Personería solicitó a autoridades redefinir el margen de calibración de surtidores establecido en la norma, y a las alcaldías locales realizar un verdadero control.

La Personería de Bogotá encontró que los capitalinos pierden al año $5.494 millones en la adquisición de gasolina, por la falta de calibración adecuada de los surtidores del servicio, luego de un muestreo realizado a 145 estaciones, que determinó que 118 no cumplen con la métrica legal, es decir, no suministran la cantidad adquirida por el usuario.

Para completar, el Decreto 1521 de 1998 establece un margen de calibración a los surtidores de gasolina, que permite suministrar de +0 -7 pulgadas cúbicas por galón a quienes adquieren el combustible. Eso significa que pueden cobrar por el galón completo, pero no surtir esa cantidad. De 94 a 98 pesos por galón se deja de suministrar.

Los capitalinos pagamos en promedio $9.100 pesos por galón de gasolina, una de las tarifas más altas de la región. Para el 2017 el parque automotor de vehículos particulares en Bogotá se incrementó a 2.182.578, que circulan en la ciudad, sin considerar el elevado número de vehículos públicos.

Atendiendo la norma que les permite surtir menos combustible y el volumen de automotores, una sola estación tendría mensualmente una ganancia extra aproximada de $4.900.000 y anualmente de $59.000.000. Escalado a las 460 registradas en Bogotá, habrían obtenido mensualmente ganancias adicionales por uno $2.265 millones, y anualmente los capitalinos asumirían un costo adicional no surtido a los vehículos de $27 mil millones. 

Los revisados

El Ministerio Público Distrital realizó una muestra a 145 estaciones de servicio de combustible determinando que 118 no cumplen con la métrica legal, es decir, los surtidores no se encuentran ajustados y calibrados.

Esas 118 estaciones venden al mes un aproximado de 7.800.000 galones de combustible, de los cuales 51.000 galones en promedio se dejan de surtir al consumidor. La descalibración de esos surtidores representa para los consumidores una pérdida económica de $458 millones mensuales y $5.494 millones al año.

Además, se determinó en las visitas que, de las 145 estaciones, 94 no se encontraban ajustadas con las normas vigentes en materia ambiental y de distancias de seguridad, sin embargo, algunas de ellas llevan funcionando más de 20 años.

Sin control

El Ministerio Público Distrital evidenció que siete localidades, Santa Fe, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe no cuentan con convenios o contratos vigentes para ejercer la inspección, vigilancia y control de pesas y medidas en las estaciones de servicio.

Las otras 11 localidades tienen contratos, pero solo realizan muestras aleatorias, control muy distante del protocolo riguroso que se debe implementar (Candelaria y Sumapaz que no registran puntos de suministro).

Se constató que en promedio se realiza una inspección al año que no cubre la totalidad de las estaciones, a pesar de que varias de ellas contratan con el mismo oferente y objeto para implementar el control de pesos y medidas por un monto que oscila entre $40 y $60 millones.

En promedio, desde los Fondos de Desarrollo Local, el Distrito destina $900 millones anuales para la realización del control de pesas y medidas en las localidades, dentro de los cuales solo se realiza la inspección a las estaciones de servicios una vez cada dos años, a lo que las alcaldías responden que no disponen de personal capacitado para cumplir con la obligación.

Recomendaciones

Lo evidenciado representa un significativo impacto económico para el bolsillo de los capitalinos, por lo tanto, la Personería solicito a las alcaldías locales capacitar y certificar al personal, para que realicen un control permanente a las estaciones de servicio, con la finalidad de proteger los derechos del consumidor.

Así mismo, se recomendó al Distrito realizar en el menor tiempo posible el proceso contractual para adquirir el servicio o los equipos para el control a las estaciones. Además, aconsejó exigir la actualización de los equipos y sistemas utilizados con tecnología de punta a las empresas que prestan el servicio de metrología, debido a que lo vienen desarrollando con técnicas manuales.

Por último, se hace un llamado a las autoridades nacionales para que estudien la posibilidad de reformar el Decreto 1521 de 1998, a fin de bajar el margen actual de calibración de los surtidores, lo que le evitaría al usuario un costo adicional por cantidad no suministrada.