La Personería de Bogotá, durante las elecciones de presidente y vicepresidente, encontró de falta de jurados titulares, en varias localidades que fueron remplazados por los remanentes y percibió una disminución del número de votantes frente a las elecciones de la primera vuelta.

Un informe preliminar indicó que en Corferias faltaron 58 jurados titulares. En la localidad de Kennedy faltaron 47 jurados, especialmente en los puestos de Roma, Casablanca y Britalia. En Santa Fe, en el puesto Las Nieves faltaron 15 jurados. En Barrios Unidos 19 jurados. En Tunjuelito faltaron 12 jurados y dos 2 llegaron tarde. En Rafael Uribe Uribe en el puesto 20 faltaron 8 jurados, en Bosa 29 y en Usme 3.

En San Cristóbal faltaron 19 jurados y dos remanentes, uno argumentó que trabaja en Presidencia y dejó abandonada la mesa de votación, así como se presentó la captura de un ciudadano con antecedentes judiciales.

• No hay articulación interinstitucional para la implentación de política de víctimas. 
• Pasados 7 años de promulgada la Ley de Víctimas y a 3 de terminar su vigencia, su avance en Bogotá es mínimo.
• La atención psicosocial a las víctimas no supera el 4.7%, entre 2014 y 2017.
• En indemnizaciones solo se ha garantizado el goce efectivo al 8,4% de víctimas. A este paso, en 98 años la Nación terminaría con el pago en Bogotá.
• En materia de vivienda, entre 2013-2017, el Distrito otorgó tan solo 2.283 subsidios, que representa el 2,6% del total de hogares víctimas en Bogotá.
• Víctimas pasan en promedio 112 días sin ningún tipo de ayuda.
• Muchas no reciben respuesta oportuna o los notifica generalmente por aviso, impidiendo su derecho a la información y a presentar recursos.

La Personería de Bogotá reveló que la implementación de las principales medidas de reparación integral a las víctimas por el conflicto armado radicados en la Capital aún es muy precaria. Los indicadores en indemnizaciones, estabilización socioeconómica, vivienda, atención psicosocial a los afectados están solo entre el 1.7% y el 8,4% de avance.

Esa grave situación fue analizada por la Comisión Distrital del Ministerio Público para la Justicia Transicional, conformada por la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, quienes determinaron, además, que existen falencias en la articulación interistitucional, demoras de hasta 112 días en la atención de emergencia y falta de respuesta efectiva a la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones a los afectados.

Ante esta situación, el Miniterio Público pidió medidas inmediatas a las autoridades, especialmente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y las Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas del Distrito.

Nación “colgada”

En torno a la reparación económica, reconocido por la Ley 1448 de 2011, en cabeza de la UARIV encontramos que entre 2009 y el primero de marzo de 2018, el Gobierno Nacional ha invertido más de $231.000 millones para el pago de indemnizaciones de víctimas radicadas en la Capital. Sin embargo, solo se ha garantizado el goce efectivo de este derecho al 8,4% del total de la población víctima, es decir, 30.681 personas, con hechos victimizantes susceptibles de indemnización y aún faltan 334.569 víctimas.

La Ley de Víctimas estipuló un periodo de 10 años para garantizar el derecho a la reparación económica de las víctimas, no obstante, a este paso, para pagar el total de indemnizaciones restantes en Bogotá, el Gobierno Nacional necesitaría por lo menos de 98 años más. Así mismo, la Unidad esta incumpliendo la orden de la Corte Constitucional (Auto 206 de 2017) de informar a las víctimas las condiciones de modo, tiempo y lugar para acceder a la reparación por vía adminsitrativa.

Distrito, a paso lento, en materia psicosocial

En materia psicosocial, el porcentaje de atención entre el 2014 y el 2017 no supera el 1,7% del total de víctimas incluidas en el régimen subsidiado de salud, con corte al 28 de febrero de 2018. Pese a que el Distrito ha hecho esfuerzos financieros para avanzar en esta tarea y ampliar la cobertura, con focalización puerta a puerta, la cifra de población víctima que ingresa y culmina programas de atención psicosocial resulta irrisoria. La Comisión del Ministerio Público pidió nuevas medidas para superar esa situación.

La estabilización socioeconómica no se escapa a esta realidad. De las cerca de 243 mil víctimas que se encuentran económicamente activas, entre 2012 y 2017, solo el 5.4% se ha beneficiado de programas de formación para el empleo. El 1.7% han sido remitidos a ofertas de empleo, y el 2,1% ha recibido apoyo para el fortalecimiento empresarial.

Para lograr esto, el Distrito invirtió $17.668 millones, con el agravante de que no existe medición alguna del impacto obtenido en torno a la superación de la línea de indigencia y de pobreza de esta población, tal como lo ordena la Corte Constitucional para garantizar el goce efectivo de este derecho.

La restitución en materia de vivienda para víctimas en la ciudad sigue estancada. Entre 2013 y 2017 se han entregado 2.283 subsidios de vivienda, que representa tan solo 2.6% del total de hogares de familias víctimas estimados en la ciudad de Bogotá.

Sin atención

Las víctimas se ven sometidas al peregrinaje institucional entre la Alta Consejería y la UARIV, por la ausencia de medidas que garanticen una transición entre la ayuda humanitaria inmediata y la atención humanitaria de emergencia, exponiéndolas a estar, en promedio, 112 días sin ningún tipo de ayuda, generando mayor vulnerabilidad y violación al debido proceso.

En la atención con enfoque étnico no encontró medidas concretas para materializar el derecho al retorno del pueblo Embera, que requiere acciones y un cronograma específicio de responsables de nivel territorial y nacional. Entre tanto, se esta vulnerando los usos y costumbres de la población víctima del conflicto.

Sin respuestas

Tampoco se conocen respuestas efectivas de la UARIV respecto a la entrega de ayudas humanitarias e indemizaciones. Las víctimas son sometidas a largas esperas, con notificaciones inadecuadas que no permiten conocer las decisiones de la Unidad y vulneran el debido proceso. De una muestra de actos administrativos revisados, más del 50% se notifican por aviso, lo que afecta el derecho oportuno de las víctimas a la información, el cobro de sus ayudas o indemnizaciones y al ejercicio del debido proceso, en caso de no compartir las deciones de las Unidad.

Tampoco la UARIV han actualizado el manual de valoración para calificar algunos hechos victimizantes ni la Alta Consejería ha actualizado el protocolo de ayuda humanitaria inmediata.

• De 145 estaciones de servicio de combustible visitadas, 118 no tienen sus surtidores calibrados, el 81%, cobrando a los usuarios un valor no suministrado.
• Los consumidores asumen pérdidas económicas mensuales por $458 millones, que reciben los propietarios de estaciones de servicio.
• Se determinó que 7 alcaldías locales no ejercen inspección, vigilancia y control en estaciones de servicio y 11 tienen contratos, pero la revisión es casi nula.
• Decreto 1521 de 1998 permite suministrar de +0 a -7 pulgadas cúbicas por galón, margen que los propietarios de las estaciones utilizan a su favor.
• Personería solicitó a autoridades redefinir el margen de calibración de surtidores establecido en la norma, y a las alcaldías locales realizar un verdadero control.

La Personería de Bogotá encontró que los capitalinos pierden al año $5.494 millones en la adquisición de gasolina, por la falta de calibración adecuada de los surtidores del servicio, luego de un muestreo realizado a 145 estaciones, que determinó que 118 no cumplen con la métrica legal, es decir, no suministran la cantidad adquirida por el usuario.

Para completar, el Decreto 1521 de 1998 establece un margen de calibración a los surtidores de gasolina, que permite suministrar de +0 -7 pulgadas cúbicas por galón a quienes adquieren el combustible. Eso significa que pueden cobrar por el galón completo, pero no surtir esa cantidad. De 94 a 98 pesos por galón se deja de suministrar.

Los capitalinos pagamos en promedio $9.100 pesos por galón de gasolina, una de las tarifas más altas de la región. Para el 2017 el parque automotor de vehículos particulares en Bogotá se incrementó a 2.182.578, que circulan en la ciudad, sin considerar el elevado número de vehículos públicos.

Atendiendo la norma que les permite surtir menos combustible y el volumen de automotores, una sola estación tendría mensualmente una ganancia extra aproximada de $4.900.000 y anualmente de $59.000.000. Escalado a las 460 registradas en Bogotá, habrían obtenido mensualmente ganancias adicionales por uno $2.265 millones, y anualmente los capitalinos asumirían un costo adicional no surtido a los vehículos de $27 mil millones. 

Los revisados

El Ministerio Público Distrital realizó una muestra a 145 estaciones de servicio de combustible determinando que 118 no cumplen con la métrica legal, es decir, los surtidores no se encuentran ajustados y calibrados.

Esas 118 estaciones venden al mes un aproximado de 7.800.000 galones de combustible, de los cuales 51.000 galones en promedio se dejan de surtir al consumidor. La descalibración de esos surtidores representa para los consumidores una pérdida económica de $458 millones mensuales y $5.494 millones al año.

Además, se determinó en las visitas que, de las 145 estaciones, 94 no se encontraban ajustadas con las normas vigentes en materia ambiental y de distancias de seguridad, sin embargo, algunas de ellas llevan funcionando más de 20 años.

Sin control

El Ministerio Público Distrital evidenció que siete localidades, Santa Fe, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe no cuentan con convenios o contratos vigentes para ejercer la inspección, vigilancia y control de pesas y medidas en las estaciones de servicio.

Las otras 11 localidades tienen contratos, pero solo realizan muestras aleatorias, control muy distante del protocolo riguroso que se debe implementar (Candelaria y Sumapaz que no registran puntos de suministro).

Se constató que en promedio se realiza una inspección al año que no cubre la totalidad de las estaciones, a pesar de que varias de ellas contratan con el mismo oferente y objeto para implementar el control de pesos y medidas por un monto que oscila entre $40 y $60 millones.

En promedio, desde los Fondos de Desarrollo Local, el Distrito destina $900 millones anuales para la realización del control de pesas y medidas en las localidades, dentro de los cuales solo se realiza la inspección a las estaciones de servicios una vez cada dos años, a lo que las alcaldías responden que no disponen de personal capacitado para cumplir con la obligación.

Recomendaciones

Lo evidenciado representa un significativo impacto económico para el bolsillo de los capitalinos, por lo tanto, la Personería solicito a las alcaldías locales capacitar y certificar al personal, para que realicen un control permanente a las estaciones de servicio, con la finalidad de proteger los derechos del consumidor.

Así mismo, se recomendó al Distrito realizar en el menor tiempo posible el proceso contractual para adquirir el servicio o los equipos para el control a las estaciones. Además, aconsejó exigir la actualización de los equipos y sistemas utilizados con tecnología de punta a las empresas que prestan el servicio de metrología, debido a que lo vienen desarrollando con técnicas manuales.

Por último, se hace un llamado a las autoridades nacionales para que estudien la posibilidad de reformar el Decreto 1521 de 1998, a fin de bajar el margen actual de calibración de los surtidores, lo que le evitaría al usuario un costo adicional por cantidad no suministrada.

• Eludió el principio de planeación al abrir una licitación pública con estudios previos incompletos.
• Adjudicó a la única firma participante sin que llenará los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.
• Después de haber dado de baja unos vehículos, los repararon y les suministraron combustible.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 14 años a la exalcaldesa de Suba, Marisol Perilla Gómez por irregularidades en los procesos de contratación y ejecución del suministro de combustible y reparación de vehículos de propiedad de la administración local.

Según la investigación, la Alcaldía local no sólo realizó dos contratos de forma irregular, sino que pagó el suministro de combustible de 16 vehículos, pese a que tenían sólo 12 y “tanqueó” más de 150 veces cuatro vehículos que habian sido dados de baja. Además, dos camionetas fueron reparadas 12 veces, por más de $19 millones, después haber sido incluidas en un acto administrativo que igualmente las retiraba del servicio.

Contratos

A finales de 2014 la mandataria contrató el mantenimiento de los vehículos por $256 millones, pese a que en la evaluación preliminar y definitiva la única firma participante, no cumplía con las buenas prácticas ambientales de manejo de residuos peligrosos generados por su actividad.

Por la misma época, la Alcaldía contrató el suministro de combustible por $400 millones, durante 10 meses o hasta agotar el presupuesto, el cual utilizó para tanquear hasta por más de $42.000.000. a vehículos dados de baja.

Cargos

Por las irregularidades, a la exalcaldesa se formularon cuatro cargos. En los dos primeros se le demostró que eludió el principio de planeación al abrir la licitación pública para el mantenimiento de vehículos, con estudios previos incompletos, así como adjudicarla sin el cumplimiento de requisitos.

En los otros dos cargos, se le comprobó que desconoció los principios de moralidad y responsabilidad, al no controlar y vigilar la correcta ejecución de los contratos, ni proteger los recursos de la entidad y faltar a las reglas sobre administración de bienes, al permitir el suministro de combustible, así como el mantenimiento y arreglo de vehículos dados de baja por la entidad pública.

Un cargo fue calificado como falta grave y los otros tres como falta gravísima, situación que le generó la sanción disciplinaria, en primera instancia, que puede ser apelada.

Mientras tanto, Miguel Antonio Cortés Garavito, quien estuvo encargado, durante tres meses como alcalde local, y José Humberto Pérez Lozano, auxiliar administrativo fueron absueltos de responsabilidad disciplinaria dentro del mismo proceso.

• En una licitación pública de malla vial, al parecer, se exigieron requisitos habilitantes restrictivos y excluyentes.
• Se habrían desconocido los principios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva que rigen la contratación pública.

La Personería de Bogotá formuló cargos y citó a audiencia pública para el siete de junio, al alcalde de Chapinero, Hernando José Quintero Maya, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y el espacio público, por más de $4.900 millones.

El ente de control encontró que en el pliego de licitación pública se establecieron condiciones técnicas de experiencia específica, personal mínimo requerido y de contenido financiero que, al parecer, vulneran los criterios de razonabilidad y proporcionalidad determinados en las normas de contratación estatal.

De esa forma, en la etapa precontractual, de finales de 2016, se habría limitado la participación plural de oferentes, al exigir requisitos habilitantes restrictivos y excluyentes, que limitaron la participación amplia de proponentes.

A pesar de las observaciones y solicitudes de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y de algunos proponentes, el pliego de condiciones se mantuvo inmodificable hasta el final del proceso licitatorio.

De esa forma, al parecer se desconoció los principios de moralidad, igualdad, transparencia, libre concurrencia y selección objetiva que rigen la contratación pública.

El funcionario deberá presentarse a la audiencia pública para rendir versión libre y descargos. La falta fue calificada inicialmente como gravísima.

• Está ubicado a una cuadra de la estación de Transmilenio de Corferias, Carrera 43 No. 25B-17.
• El año pasado en las sedes ubicadas en el centro de la ciudad se recibieron 128.749 peticiones que fueron resueltas.
• Atienden solicitudes en temas de salud, servicios públicos y defensa del consumidor.
• Orientación y asistencia en temas de violencia intrafamiliar, víctimas, tutelas, temas penales, civiles y policivos.

La Personería de Bogotá atendió 128.749 peticiones en 2017 del eje misional del Ministerio Público y Derechos Humanos, en tres sedes en el centro de la ciudad, que ahora se encuentra reunidas en el nuevo Centro de Atención a la Comunidad (CAC) ubicado en la Carrera 43 No. 25B-17, a una cuadra de la estación Corferias de Transmilenio, para brindar una mejor atención a los usuarios de nuestros servicios de forma gratuita.

Allí se atenderán los temas más reiterados por los ciudadanos como las peticiones en seguridad social, servicios públicos, defensa del consumidor, asistencia a víctimas del conflicto armado, elaboración de tutelas, orientación en casos civiles, penales, contravenciones de tránsito y querellas policivas, orientación jurídica, asistencia en el derecho de petición, orientación y asistencia en violencia intrafamiliar, niñas, niños y adolescentes, mujer y adulto mayor.

En la antigua sede del CAC, el grupo Personería de Asistencia en salud (Pas) recibió 15.232 durante el 2017 solicitudes en materia de salud y bienestar social, 24.094 en orientación jurídica, 9.708 en la elaboración de acciones de tutela, 6.210 en derechos de petición, 19.601 solicitudes de audiencias de conciliación, 4.645 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, y más de 3.200 en defensa y protección de los derechos del consumidor.

Las restantes peticiones tienen que ver con solicitudes de intervención en casos de violencia intrafamiliar ante Comisarías de Familia, procesos ante los jueces municipales y fiscalías locales, revisión de querellas, Secretaría de Movilidad, así como en cárceles, URI, Centro de Traslado por Protección, Unidad de Víctimas, entre otros.

• Contrató en forma directa la adquisición de unos bienes, cuando las normas obligan a realizar un proceso de convocatoria pública.
• Infringió los principios de transparencia, selección objetiva de la contratación estatal a través de la figura de un convenio de asociación.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por trece años a Iván Marcel Fresneda Pereira, ex­­alcalde local de Teusaquillo por suscribir un convenio de asociación por más de $243 millones con la Corporación Estratégica en Gestión e Integración Colombia (EGESCO), eludiendo el proceso de selección pública, en contravía de lo dispuesto en las normas de contratación estatal.

Según el convenio, el Fondo de Desarrollo Local aportaba la suma de $221 millones y la Corporación $ 22.1 millones. El plazo de ejecución fue de seis meses contados a partir del acta de inicio, suscrita en agosto de 2015.

La investigación determinó que el exfuncionario contrató con EGESCO para aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financiero para la ejecución de eventos culturales y artísticos de la localidad.

De acuerdo con el fallo, con la firma del convenio se eludieron los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva de la contratación estatal. Además, se desconoció la obligación de realizar un proceso de convocatoria pública para así poder escoger la mejor propuesta contractual para acceder a los bienes requeridos por la Alcaldía Local.

El fallo determinó que, en realidad por la naturaleza de las obligaciones del contrato, suministro de bienes, este no cumplió con las condiciones para la suscripción directa de convenio y debía ser abierto un proceso de selección objetiva. 

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación.

• Los tres organismos de control realizarán en conjunto su labor en Ciudad Bolívar y los puestos de Corferias.
• Personería estará en 7 localidades, Procuraduría en 8 y Defensoría del Pueblo en 4.
• Defensoría estará en los centros carcelarios de la ciudad.

El Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Defensoría del Pueblo) realizarán en conjunto la vigilancia de la jornada de votación del próximo 27 de mayo, en las 15.453 mesas de votación dispuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las 20 localidades del Distrito Capital.

La Personería Distrital vigilará los puestos de votación de Bosa, San Cristóbal, Usme, Teusaquillo, Santafé, Barrios Unidos y Sumapaz. La Procuraduría estará atenta en las localidades de Usaquén, Suba, Kennedy, Antonio Nariño, Puente Aranda, Chapinero, Los Mártires y Fontibón. La Defensoría del Pueblo en Engativá, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, La Candelaria y los centros carcelarios de la ciudad.

Mientras tanto, en Ciudad Bolívar y las 394 mesas de Corferias serán vigiladas de manera conjunta por los tres entes de control.

La Procuraduría dispondrá de más de 1.200 funcionarios, la Personería de 886 más y Defensoría del Pueblo de 350 para el control, durante del último domingo de mayo.

El Ministerio Público realizará adicionalmente una vigilancia especial en el punto de llegada del material electoral con los votos establecido en Corferias, para verificar el buen manejo y custodia de los elementos de la jornada democrática.

• En el Centro de Atención al Ciudadano atendió 88.287 personas.
• Elaboró 9.708 tutelas y llegaron 19.601 solicitudes de conciliación.
• En Derechos Humanos y Ministerio Público intervino en 128.749 casos.
• Las personerías locales atendieron y actuaron en 76.038 ocasiones.
• La mayor irregularidad es por contratación. Las más cuestionadas son las alcaldías locales, secretarías de Salud y Educación.
• El 82% de las faltas fueron calificadas como gravísimas o graves.

 La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar durante la Rendición de Cuentas de la gestión de 2017, indicó que durante esa vigencia fueron defendidos los derechos de 463.732 familias capitalinas.

 Las principales actuaciones se dieron para atender quejas y solicitudes de orientación e intervención en temas como salud, educación, consumidor, pensiones, servicios públicos, ambiente, movilidad, debido proceso y derechos humanos (en especial familia, víctimas y personas privadas de la libertad).

 El Centro de Atención a la Comunidad (CAC) atendió 88.287 personas, 24.094 en orientación jurídica, 9.708 en la elaboración de acciones de tutela, 6.210 en derechos de petición, 19.601 solicitudes de audiencias de conciliación, 4.645 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, cerca de 3.000 de defensa del consumidor y otros derechos fundamentales.

 Se atendieron 51.757 peticiones de los ciudadanos a través de la Línea 143. De ellos el 62% en temas de salud, 25% orientación jurídica, 5 % familia, 3% consumidor, 3 % pensiones y cesantías, y 2% servicios públicos.

Disciplinarios

Se recibieron 4.931 quejas por presuntas irregularidades, lo que generó un aumento de noticias disciplinarias con respecto al 2016 en 31% y un incremento de investigaciones en 41%. De esa forma, se tomaron 1.373 decisiones de fondo que permitieron impulsar la descongestión de procesos disciplinarios. Se iniciaron 1.372 indagaciones preliminares y 825 investigaciones disciplinarias. Se formularon 85 cargos, la mayoría contra servidores de alcaldías locales y secretarías de educación y salud. Se realizaron 62 citaciones a audiencia pública en procesos verbales, agilizando las investigaciones.

El 89% de las faltas fueron calificadas como gravísimas o graves. La principal conducta es violación al régimen de contratación. El 82% de los fallos son destituciones y suspensiones en el ejercicio del cargo. La mayoría contra servidores que se desempeñaron como alcaldes locales.

Veeduría

Se tramitaron 20.349 quejas, de ellas, en materia de salud y bienestar social se atendieron 15.232 casos, hábitat y servicios públicos 1.388, en educación 1.262, en movilidad y urbanismo 1.263, gobierno 549 y en impuestos y finanzas distritales 492.

Se efectuaron 145 informes de veeduría. En el tema movilidad 24, social 22, finanzas 22, hábitat 21, 20 educación, 18 de ambiente y 18 de gobierno.

Los principales temas de las veedurías fueron, entre otros: Transmilenio, Relleno de Doña Juana, casas de justicia, recaudo de cartera de multas y sanciones no tributarias, atención en hospitales del Distrito, estado de ciclorutas, entre otros. Y se realizó la conformación de las Redes de Veedurías, con la participación de 34 veedurías ciudadanas, en 7 temas.

Personerías Locales

Se llevaron a cabo 57.972 actuaciones en las alcaldías locales e inspecciones, entre revisiones y notificaciones de querellas. Hubo 60 jornadas de impulso procesal a querellas de las alcaldías, en las que se revisaron 15.112 expedientes sobre espacio público, establecimientos de comercio y régimen urbanístico. Se dieron 19.421 impulsos procesales para evitar nulidades, pérdida de fuerza ejecutoria, prescripciones y violación al debido proceso. Se intervino en 1.006 querellas para evitar su caducidad. Allí se detectaron presuntas irregularidades que derivaron en 481 solicitudes de investigación disciplinaria.

Se acompañaron 360 operativos de recuperación de espacio público y de verificación de funcionamiento de establecimientos comerciales. La revisión de la contratación y la gestión administrativa local, generó la solicitud de más de un centenar de investigaciones disciplinarias.

En derechos humanos se tramitaron 34.798 solicitudes. Se realizaron 938 visitas a centros educativos, de adultos mayores, jardines e instituciones de salud. Se recibieron 949 declaraciones de víctimas del conflicto armado. Se instalaron 19 mesas de víctimas y 20 comités locales de derechos humanos.

Ministerio Público y Derechos

En esa vigencia se dio trámite a un total de 128.749 peticiones. El 50.7% de las solicitudes por parte de mujeres, el 38,2% hombres, el 2% personas LGBTI y 10,9% que no se identifican.

Con la intervención de la Personería se logró que 18.469 personas no ingresaran irregularmente al Centro de Traslado por Protección. Se llevaron a cabo 1.077 visitas a celdas de las URI, visibilizando la grave situación de hacinamiento, deficiente infraestructura, problemas de salubridad y falta de atención en salud a los retenidos en esos lugares.

Se realizaron un total de 169.773 intervenciones del Ministerio Público, de las cuales el 95% corresponde a actuaciones de oficio y el restante a petición de una de las partes. Cabe resaltar que 16 de las 25 agencias especiales, tienen como sujetos pasivos a personas de género femenino, en atentados contra su vida, integridad y libertad sexual.

Se promovieron y acompañaron 10.361 diligencias de rescate o de restablecimiento de derechos en favor de los menores de edad, así como en la imposición y seguimiento a las medidas de protección ante situaciones de violencia intrafamiliar.

Se realizaron 26.299 actuaciones en expedientes penales, 25 agencias especiales y 201.817 enteramientos. Se sensibilizaron a 153.052 personas en derechos fundamentales.