Con acción de tutela

Juez atendió solicitud de medida provisional, para proteger mínimo vital y derecho al trabajo de 30 familias. Distrito programó recuperación de espacio público, al parecer, sin brindar alternativas de reubicación, como lo establece la Corte Constitucional. Desalojo estaba previsto para los primeros días de abril.

Una tutela elaborada por la Personería Distrital logró que el juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, ordenara a la Alcaldía Local de Engativá suspender de manera inmediata la diligencia de desalojo de 30 artesanos ubicados en el espacio público de la Transversal 94L con Calle 80.

La decisión del juez atendió una solicitud de medida provisional contenida en una tutela preparada por el Organismo de Control y presentada por Carlos Alirio Soacha Mora, artesano y vendedor informal.

La diligencia de recuperación del espacio público fue programada por la Alcaldía Local de Engativá para la primera semana de abril de 2019, pero el juez suspendió la medida por desconocer la Administración local los lineamientos de la Corte Constitucional frente a la reubicación de los vendedores informales, que son ciudadanos objeto de protección especial. Al parecer no les fueron brindadas a los artesanos y vendedores estacionarios, alternativas de reubicación ni de formalización.

La orden del juez deberá ser cumplida so pena de incurrirse en desacato, ante el inminente peligro de desconocer el mínimo vital y el derecho al trabajo de las familias que derivan su sustento de esta actividad.

La tutela fue presentada contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto para la Economía Social (IPES), la Alcaldía Local de Engativá, el Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público y la Policía Metropolitana.

La acción constitucional será fallada en los próximos días en primera instancia. Mientras tanto, la Administración deberá demostrar que está cumpliendo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional para estos casos.

Después de 9 años de aprobada la Ley de Víctimas

En indemnizaciones por vía administrativa, sólo se ha garantizado el goce efectivo al 10% de víctimas que están en Bogotá. A este paso, la Nación terminaría con el pago en 98 años. Hay avance en los indicadores de derechos de asistencia y atención.

La Personería de Bogotá determinó que existe un exiguo cumplimiento de los indicadores de reparación integral a las víctimas del conflicto armado radicados en la Capital y un avance significativo en las mediciones de asistencia y atención.

Según el Ministerio Público Distrital, hay un precario cumplimiento de algunos de los Indicadores del Goce Efectivo de Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado (IGED) establecidos por la Corte Constitucional y un Acuerdo Distrital, luego de 9 años de aprobada la Ley 1448 de 2011.

La Ley de Víctimas estableció un periodo de 10 años para garantizar el derecho a la reparación económica de los afectados por la violencia armada. No obstante, a este paso, para pagar el total de indemnizaciones restantes en Bogotá, el Gobierno nacional necesitaría cerca de 98 años más.

Indicadores

En indemnizaciones por vía administrativa sólo se ha garantizado el goce efectivo al 10% de víctimas que viven en Bogotá; en atención psicosocial, al 2.5%; en vivienda digna, al 23%.

De acuerdo con la Personería, la política de vivienda nueva está rezagada y estancada, pues la Administración en el último año no seleccionó un sólo proyecto de vivienda nueva de interés prioritario para que pueda ser destinado a población víctima, mientras que en el periodo anterior se seleccionaron 32 proyectos.

Siguiendo con los indicadores de reparación integral, la educación con enfoque étnico va en el 32% y en generación de ingresos para la superación de la línea de pobreza, en el 35%. En este último ítem existe una carencia de informaciones para poder medir realmente el impacto de esta política.

En materia de asistencia y atención, si bien el acompañamiento pedagógico en colegios con víctimas del conflicto armado registra un avance en el Distrito del 63% y existe una tasa de asistencia escolar del 99,8%, preocupa a la Personería un posible aumento del 3,5% en la tasa anual de deserción escolar de esta población y del 8,2% de alumnos repitentes en el año.

Los demás indicadores de asistencia y atención son muy positivos en Bogotá. En su orden son: Alimentación escolar al 100%; subsistencia mínima, 92%; acceso a la salud, 87%; cobertura en salud 70%, y alimentación, 48%.

La medición de los indicadores realizada por la Personería, se hizo con base en la información entregada por la entidades oficiales de los órdenes nacional y distrital.

Primera latinoamericana en recibirlo

El galardón busca reconocer la labor de quienes suscitan compromiso y solidaridad con el ejercicio de los derechos. Recibió el premio en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar recibió el premio Berg Institute de Derechos Humanos II Edición, por su sobresaliente desempeño para preservar los derechos fundamentales de los capitalinos, su visión de justicia y solidaridad, y su determinación ejecutiva para cumplir su mandato.

El galardón fue entregado por las directivas del Berg Institute, en ceremonia especial que tuvo lugar en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Según el documento oficial del Instituto, la vocación de la personera de Bogotá “(…) se ha visto refrendada por los valores con los que se ha comprometido a lo largo de su trayectoria, no sólo garantizando la legalidad constitucional, sino también los principios de democracia y humanidad”. Dice que “(…) Especialmente relevante ha sido su compromiso y liderazgo institucional, para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el orbe de Bogotá, aquellos en riesgo de exclusión y pobreza, mujeres y comunidad LGBTI, abrazando una visión de humanidad inclusiva, dentro de los valores que el Instituto Berg promueve (…)”.

El Premio Internacional de Derechos Humanos Instituto Berg fue creado en 2017 como reconocimiento a entidades o personas destacadas por su compromiso con los Derechos Humanos. Su contenido se relaciona con la labor de quienes, a través de su trabajo y de su compromiso social con los Derechos Humanos, tratan de generar conciencia, sentido de compromiso y sensibilidad para garantizar su ejercicio.

Otro galardonado, aparte de la personera, fue el profesor de la Universidad de Lovaina y juez, Paul Lemmens, miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Berg Institute trabaja con instituciones en Europa, Oriente Medio y Latinoamérica con firme convicción que la educación de la ciudadanía constituye la manera más efectiva de protección de los Derechos Humanos, por delante de las políticas públicas y privadas, los mecanismos judiciales y las estrategias jurídicas de protección internacional de los derechos humanos.

Ministerio Público acompañará audiencia

Existe una excesiva demora en el reparto a los inspectores de policía, de los procesos por comparendos. Las audiencias se están programando para 8 meses después. Medida correctiva fue una interpretación desmedida.

La Personería de Bogotá solicitó a la Inspección de Policía 12D de la Localidad de Barrios Unidos, priorizar, por ser de interés general, el caso del comparendo impuesto al joven Steven Claros por la compra de una empanada en espacio público, para que se realice la audiencia en el menor tiempo posible. Las audiencias de comparendos se están programando para fechas de hasta ocho meses después de impuesta la medida correctiva.

Además el Ministerio Público Distrital, en defensa del debido proceso, acompañará la diligencia de apelación de la medida, que fue impuesta el 11 de febrero.

El organismo de control considera como una interpretación desmedida del personal de la Policía, el hecho de imponer un comparendo por comprar comida en el espacio público.

En la pedagogía realizada por la Personería, se ha indicado la obligación del agente de Policía de informar a la persona sobre el derecho que tiene de presentar el recurso de apelación y dejar consignado en el recuadro, que para el efecto tiene la proforma del comparendo, si se hará o no uso del recurso. El Inspector de Policía pondera y valora los hechos mediante el proceso verbal abreviado, para así tomar la decisión de imponer o no la medida correctiva.

Si bien Steven Claros pagó el comparendo, tiene derecho a impugnar y solicitar que se revoque la medida correctiva y le devuelvan el dinero que canceló.

En 2018, el ente de control capacitó a 4.881 personas entre uniformados y la comunidad, sobre el Código de Policía; sin embargo, es evidente que aún falta mucha pedagogía sobre la norma, por lo que solicitó a la Administración distrital emprender campañas para difundir el Código, incluidas las autoridades.

La Personería, en el seguimiento a la implementación del Código de Policía, le ha advertido a la Administración distrital sobre la falta de orientación al ciudadano por parte de los policías, así como la mora en el reparto de los comparendos a los inspectores, la falta de recurso humano, espacios físicos y tecnológicos y en general fallas en toda la logística que implica poner en marcha la norma. El año pasado, precisamente, se había advertido que en las inspecciones de Policía había 60.312 comparendos por resolver.

“Los jóvenes tienen la responsabilidad de cambiar el rumbo de nuestro país” Carmen Teresa Castañeda Villamizar

El viernes 22 de febrero en Cajicá, Cundinamarca, la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, y el grupo CIMA, aunaron esfuerzos con la Personería de dicho municipio para llevar un mensaje de respeto, autoestima, prevención de drogadicción y alcoholismo; además, fomentar los valores y buenas prácticas de los jóvenes de diferentes colegios de la población vecina.

Con los consejos del profesor Luis Fernando Montoya y un concierto del grupo Maká, los jóvenes vivieron un momento de esparcimiento e identificaron las diversas problemáticas a las que son susceptibles; asimismo la manera en que deben hacer frente a los obstáculos que se presentan en la vida de los seres humanos.

La Personera mencionó el significativo papel que juegan los jóvenes en nuestra sociedad y la responsabilidad que tienen para asumir el futuro del país; por tal motivo es indispensable cultivar valores, empezando por respetarse a sí mismos, alejarse de vicios y de todo aquello que pueda hacer daño a sus vidas.

Para finalizar, el personero de Cajicá, Pedro Ávila Orjuela, agradeció el gesto de hermandad por parte de la Personería de Bogotá y resaltó la importancia de trabajar de la mano con otras entidades para generar estos espacios que buscan la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes del país.

Queja ciudadana prendió alarmas

Un contrato previsto para 9 meses duró 2 años y medio, y nunca fue terminado. El otro, pactado para 4 meses, demoró más de 2 años y sólo ejecutaron el 15%. Los contratos, al parecer, fueron “subcontratados” a una misma firma privada. Se indaga a los servidores que adjudicaron el contrato, interventores y supervisores. Personería solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, investigar posibles acuerdos anticompetitivos para lograr la adjudicación de contratos. También pidió a la Fiscalía que determine delitos en que pudieron incurrir y a la Contraloría Distrital indagar un presunto detrimento.

La Personería de Bogotá inició una averiguación disciplinaria contra funcionarios del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y la Universidad Distrital, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la construcción de la primera etapa del Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa por $24.734 millones y obras de los parques vecinales de la UPZ Rincón de Suba por $9.683 millones, El Ministerio Público Distrital envió copia del informe preliminar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para la respectiva investigación por posibles acuerdos anticompetitivos de firmas privadas para lograr la adjudicación de contratos en el IDRD en 2015. También solicitó a la Contraloría Distrital que determine un presunto detrimento patrimonial, a la Fiscalía por los delitos en los que pudieron incurrir los responsables y a Procuraduría investigar al contratista.

Los contratos, una vez firmados, al parecer, fueron entregados para su ejecución en su totalidad a una firma privada dedicada a trabajos en canteras y yacimientos minerales. Las obras nunca fueron terminadas. El Porvenir de Bosa, prevista para 9 meses, duró más de 2 años y 7 meses con una ejecución del 83,17% y los parques de Rincón de Suba, previstos para 4 meses, tardaron más de 24 meses y no llegaron al 15% de avance. En ambos casos, sólo hasta 2018 fue declarada la caducidad de los contratos.

La Personería indaga la actuación de los servidores de la Universidad Distrital que realizaron la interventoría de las obras en los 2 contratos y de los supervisores del IDRD quienes, al parecer, avalaron las adiciones, prórrogas, suspensiones y pagos sin el avance de las obras.

Cuestionada licitación

Las 2 licitaciones fueron abiertas y adjudicadas en 2015 por el entonces subdirector Técnico de Construcciones del IDRD, Juan Carlos Montes Fernández. En ellas, al parecer, no hubo un adecuado estudio previo ni planeación, lo que permitió estimar de manera errónea los plazos de ejecución y que se exigieran unos requisitos financieros inferiores a la magnitud de las obras. Para la construcción del parque El Porvenir de Bosa hubo 6 firmas interesadas, pero sólo 2 se presentaron. Una empresa, no obstante estar habilitada y cumplir todos los requisitos, sólo obtuvo 200 puntos. La otra firma fue calificada con 1.280 puntos y ganó el contrato.

Según el informe, habrían podido existir presuntos acuerdos anticompetitivos para burlar el proceso de selección de contratistas, fingiendo ser competidores cuando probablemente actuaban para simular una gran participación y dejar un solo proponente como candidato a ganar el contrato.

Los contratos fueron adjudicados a finales de 2015 a los Consorcios Parque Porvenir y Consorcio Parques de Suba, respectivamente, ambos con el mismo representante legal. Al Consorcio Porvenir le fue entregado el anticipo antes de lo establecido en el contrato y 5 días después subcontratró las obras con Transportes Lamd S.A.S., empresa dedicada a la explotación de canteras y yacimientos minerales.

El plazo de ejecución inicial del contrato del Porvenir era de 9 meses, terminando el 28 de septiembre de 2016; fue prorrogado en 4 oportunidades y suspendido en otras 5, hasta que el 27 de abril de 2018 fue caducado, sin haberse culminado las obras. A los 9 meses, justo cuando debían terminar las obras y con un avance del 40%, no se requirió ni sancionó al contratista por incumplimiento; por el contrario, le dieron una adición por $5.400 millones y una prórroga de 4 meses, con los avales del interventor y del supervisor.

Se adicionó la construcción de 2 canchas de baloncesto, 2 de microfútbol, 2 de fútbol, 4 graderías, 4 microestancias, 2 módulos de administración, patinódromo, senderos de conexión, la reubicación de rampas, escaleras y taludes, parqueaderos, continuidad de graderías, cuerpo de agua y continuidad de instalaciones eléctricas y juegos infantiles.

De esa forma, el valor del contrato de $19.363 millones pasó a más de $24.763 millones, sin que la interventoría ni el supervisor advirtieran demora alguna. Sólo 2 meses después de terminado el plazo inicial, la interventoría informó sobre algún posible incumplimiento y 4 meses más tarde, en marzo de 2017, lo reiteró.

EI IDRD impuso una multa al contratista por $193 millones en enero de 2017, 13 meses después de iniciada la ejecución de la obra. Aplicó otra multa en mayo de 2017 por $247 millones y únicamente decretó la caducidad del contrato por incumplimiento, en abril de 2018, 31 meses después de comenzada la obra.

La averiguación surgió por quejas ciudadanas debido al retraso de la obra, el no pago a trabajadores, frecuentes parálisis de los trabajos por falta de materiales, paralización de maquinaria pesada por falta de combustible o por deuda a los operadores, así como no pago de la seguridad social y la falta de dotación a los obreros.